Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Antonio Sanguino

Oposición parroquial

¿Porque somos tan parroquiales? fue la pregunta que se hizo con acierto la profesora y ahora directora de relaciones internacionales de la Alcaldía de Bogotá, Sandra Borda. Un parroquialismo al que se acude con frecuencia para negarse al acatamiento de principios universales en materia ambiental, derechos humanos o estándares democráticos. Y quien mejor ha hecho gala de esa especie de deformación en nuestra tradición política, es la oposición de derecha al gobierno del Presidente Petro. Exhiben un parroquialismo que combina ignorancia académica, inocultable envidia y torpeza política.

La pregunta de Sandra Borda cobra relevancia por lo que hemos visto en lo que va del actual gobierno. En esta semana que termina, la primera gira internacional del Presidente Petro en el 2024 suscitó una destemplada reacción de distintas voces de la derecha política. Algunos se apresuraron a mentir desconociendo o minimizando la visita inmediata de Petro al Chocó luego de la tragedia que cobró medio centenar de victimas en la maltrecha carretera que comunica a Quibdó con Medellín. Otros, aparentando un tono más “serio” cuestionaron el costo del inmueble arrendado en Davos (Suiza) para promocionar el país en el marco de la Cumbre Económica Mundial. Hubo quienes ignoraron deliberadamente las razones de la visita al Vaticano, como si una reunión del Presidente con un líder de la talla del Papa Francisco no resultase importante para cualquier gobierno y Estado del mundo. Y no faltaron quienes lanzaran piedras por el papel de Colombia en la protección de la democracia guatemalteca y Centroamericana, a propósito de la posesión saboteada por la derecha, del Presidente Bernardo Arévalo.

Desde este anacrónico “ombliguismo” que consiste en que Colombia se mantenga obsesionado con su ombligo, se busca justificar una actitud de aislamiento internacional o de arrodillamiento a los intereses y la política exterior de Estados Unidos, característica de nuestra diplomacia desde la abrupta pérdida de Panamá a comienzos del siglo XX. Les da pavor que un Presidente colombiano en ejercicio proponga con altivez una revisión a la política antidrogas que se nos ha impuesto desde el norte. Les produce urticaria que en las Naciones Unidas o en las conferencias sobre el clima o en el foro económico mundial Colombia juegue un papel de liderazgo proponiendo iniciativas que comprometan a los Estados del mundo en acciones para enfrentar la crisis climática del planeta. Se burlan de la búsqueda de otros horizontes en nuestras relaciones internacionales como lo ha venido haciendo la Vicepresidenta, Francia Márquez, con los países africanos. Y les parece que el papel de Colombia en la mediación en conflictos internos de países del vecindario latinoamericano, es un asunto de vanidad del Presidente de la República.

Esta derecha es la expresión más atrasada de unas elites políticas que nos sometieron a una fracasada, costosa y violenta guerra contra las drogas. La misma que nos incorporó a la megatendencia de la globalización económica, celebrando a diestra y siniestra Tratados de Libre Comercio, sin adoptar medidas que protegieran y consolidaran nuestro aparato productivo. La misma que se rasgas las vestiduras con los informes de organismos internacionales de derechos humanos sobre Colombia. La misma que considera inaceptable que La Paz de Colombia acate el Estatuto de Roma y cuente con una permanente vigilancia, acompañamiento y apoyo de la comunidad internacional. La misma derecha que se niega a la transición energética y que puso el grito en el cielo por la aprobación en el Congreso de la República del Acuerdo de Escazú, el único acuerdo continental en materia ambiental hasta ahora expedido.

Es una derecha que no oculta su envidia del liderazgo internacional de Colombia bajo un gobierno alternativo, mientras que su líder más destacado es cuestionado política y judicialmente por graves violaciones a los derechos humanos. Pero sobre todo es políticamente torpe porque se estrellan contra un mundo globalizado en todos los terrenos. No quieren darse cuenta que no estamos solos en nuestra parroquia y que la humanidad de la que hacemos parte implica inevitables estándares que aseguran la supervivencia de la especie y del planeta.

Encuentre aquí más columnas de opinión de Antonio Sanguino

¿Ministerio del Deporte para la Alianza Verde?

Aunque no se ha confirmado la salida de Astrid Rodríguez del Ministerio de Deportes, por la pérdida de los Juegos Panamericanos, desde ya empiezan a sonar los nombres de quienes podrían reemplazarla en el cargo.

El primero de estos es el exsenador de la Alianza Verde y exconcejal de Bogotá, Antonio Sanguino, quien fue además jefe de Gabinete de la Alcaldía de Claudia López. Confidencial Colombia le contactó para verificar si el ofrecimiento se ha dado y su respuesta fue negativa. “Al día de hoy no me han llamado para ofrecerme ningún puesto”, dijo.

El segundo nombre que suena es el del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien cerró el período como mandatario local en medio de fuertes cuestionamientos.

Los dos posibles sucesores de la actual ministra de Deportes pertenecen a la Alianza Verde, partido que no ha decidido si mantiene su apoyo al Gobierno de Gustavo Petro o se declara en independencia.

¿Regiones autonómicas o republiquetas bananeras?

Es música para los oídos de quienes luchamos por cambios en la sociedad colombiana. Proponer una cirugía a la estructura político-administrativa del Estado colombiano que signifique sustituir el asfixiante centralismo bogotano por un modelo de regiones autonómicas, es una aspiración democrática tan aplazada como necesaria. Fue una de nuestras frustraciones en la Constituyente del 91 que mantuvo, eso sí con mayores niveles de descentralización, el modelo centralista heredado de la constitución de 1886. Curiosamente ha sido una reivindicación reclamada por elites políticas regionales, liberales nostálgicos de nuestro federalismo del siglo XIX y expresiones políticas de izquierdas.

No es un debate de poca monta. Es la contradicción más antigua y aun no resuelta de nuestra historia republicana. Recordemos que a ella se le atribuye el periodo de “la patria boba” que dividió, enfrentó y entretuvo a la generación protagonista del grito de independencia de 1810, mientras el imperio español recomponía sus fuerzas para reconquistar su dominio a este lado del Atlántico. Luego, los centralistas y federalistas se alinearon en los dos partidos políticos nacientes: los primeros en el Conservador y los segundos en el Liberal. Y los conflictos políticos y armados a lo largo del sangriento siglo XIX con todas sus constituciones impuestas entrañaron esta disputa, incluyendo la Constitución de Rionegro de corte liberal y federalista; o la de 1886 de corte más conservador y centralista. Hoy, esas alineaciones ideológicas resultan bastante difusas o sino escuchemos las coincidencias de un liberal como el gobernador del Atlántico, Verano De La Rosa, y un conservador uribista de derecha como el gobernador de Antioquia, Rendón.

Por eso no hay caer en ingenuidades absolutistas que nos conduzca a una especie de patria boba 2.0 o del siglo XXI. Atribuir todos nuestros males y violencias al odioso centralismo conduce a la ilusión de unas virtuosas regiones autonómicas que nos traerían mágicamente paz y prosperidad. Sería tanto como creer que el presidencialismo, otra característica o deformación de nuestro sistema político, sea la responsable de nuestras tragedias, para lo cual bastaría con avanzar hacia un régimen parlamentario que nos conduciría a “ríos de leche y miel”. En ambas ingenuidades se olvidan las enormes y estructurales desigualdades sociales y territoriales que nos aquejan y las características de nuestro régimen político plagado de autoritarismos subnacionales y del imperio de clanes familiares y mafias políticas en buena parte de nuestras regiones y territorios, ligados a todo tipo de ilegalidades.

Si la parapolítica, esa mezcla muy colombiana de estructuras políticas tradicionales, ejércitos ilegales y mercados criminales, se tomaron los territorios aprovechando la descentralización política, administrativa y fiscal de municipios y departamentos, imaginémonos con realismo y crudeza lo que puede ocurrir con atribuciones, competencias y recursos más poderosos derivados de regiones autonómicas. Felices quedarían los Chares, los Gneccos y demás clanes familiares si su poder político está condimentado con un manejo absoluto de las riquezas naturales y los ingresos fiscales de regiones bajo su dominio o las elites cuyas regiones no están obligadas a compartir sus excedentes con las regiones más pobres, como lo propone el recién electo gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón con su referéndum fiscal. Y más felices aún, si dicha reforma autonómica mantiene intactas las formas autoritarias y dictatoriales del ejercicio del poder que ellos ejercen a sus anchas.

No nos digamos mentiras: sin democratización del régimen político, sin democracia de “alta intensidad” en las regiones de Colombia, la obsesión por una república unitaria con regiones autónomas puede terminar en el despeñadero de un archipiélago de vulgares republiquetas bananeras.

Encuentre aquí más columnas de Antonio Sanguino

La multiplicación de las jugaditas

Este aporte a nuestra jerga política se lo debemos al Exsenador uribista Ernesto Macías. “Nos toca por obligación que ellos hablen después del presidente…  y entonces le pido a la comisión que acompañe al presidente y lo saco de aquí… Este es mi última jugadita de presidente” le susurró Macías, entonces presidente del Senado a Eduardo Pulgar su vice y compinche en la mesa directiva, luego detenido y condenado por corrupción.  Ese 20 de julio de 2019, Macías saboteó a Jorge Enrique Robledo la réplica de la oposición a la intervención del entonces presidente Iván Duque. Con esa “torcida de pescuezo” al estreno del Estatuto de Oposición, Macías inauguró “la jugadita” como práctica política de especial gusto en las fuerzas tradicionales.

Pero quienes han seguido el ejemplo de Macías se burlan de la historia o hacen gala de una ignorancia inaceptable. Para nadie es un secreto que nuestra reiterada violencia política hunde sus raíces en la también violenta persecución y exclusión contra el opositor político. Ha sido la más grotesca deformación de nuestro régimen político que empujó a sucesivas generaciones al alzamiento armado para reclamar espacios en la disputa política. Las guerras y conflictos armados del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, tuvieron en la sectaria e implacable violencia contra el opositor un común denominador. Y el pacto del Frente Nacional que terminó la guerra entre liberales y conservadores instituyó la repartición por igual del poder público y la alternancia presidencial entre estos dos partidos tradicionales, variable poderosamente explicativa de nuestro mas reciente conflicto político armado.

Los viejos y recientes amantes de las jugaditas “olvidan” que los derechos de la oposición gozan de rango constitucional. La Constitución de 1991, en su pretensión por ser un pacto de paz, estableció en su artículo 112 los derechos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica para “ejercer libremente la función crítica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas”. La reforma constitucional de 2003 avanzó tímidamente en algunas disposiciones para proteger derechos de las minorías políticas. Solo fue hasta el 2018, veintisiete años después de la orden constitucional y luego de 12 intentos fallidos, que el Congreso de la República expidió la Ley 1909 o Estatuto de Oposición a instancias del Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y la ex guerrilla de las FARC, haciendo uso del mecanismo excepcional del fast track. Tuve la oportunidad de representar al partido alianza verde en la mesa que con representación de todos los partidos instaló el Ministerio del Interior en el gobierno del presidente Santos para construir por consenso el articulado del Estatuto.

Un repertorio de derechos establece el Estatuto. Curules para quienes obtengan la segunda votación para Presidencia de la República, Gobernaciones y Alcaldías,  participación en las Mesas Directivas de las corporaciones públicas (Congreso, Concejos y Asambleas) para las fuerzas de oposición, derecho a réplica a las alocuciones presidenciales, que deberían extenderse a las de Gobernadores y Alcaldes, acceso a medios y representación de la oposición en instancias del Estado como la comisión asesora de relaciones exteriores o la de inteligencia y contrainteligencia. Derechos que han empezado a violar coaliciones mayoritarias en concejos de grandes ciudades como Bogotá o Medellín, y en ciudades intermedias o municipios como en Valledupar, Riohacha o Codazzi (cesar), raponeándole a las fuerzas opositoras el asiento al que tienen derecho en las mesas directivas respectivas.

Los émulos de Macías acuden a toda suerte de artilugios. Algunos posan de juristas para “encontrar” vacíos jurídicos que justifiquen la trampa. Otros, en complicidad con los mandatarios se disfrazan de opositores para ocupar el asiento que no les pertenece. Y hay quienes se hacen elegir en estos espacios por encima de aquellos llamados a ser la voz de la oposición, con el inocultable propósito de incidir perversamente en la elección de los nuevos personeros y aumentar su capacidad de extorsión y chantaje a los Alcaldes.  Las reacciones que se ha generado en la opinión pública y en distintas fuerzas políticas dirigidas a proteger el Estatuto de Oposición, deben conducir a revocar la elección tramposa de estas mesas directivas y enviar el mensaje de que en toda democracia es tan importante el respeto a las mayorías, como la garantía de los derechos de minorías y opositores. Que no todo vale.

Encuentre aquí más columnas de opinión de Antonio Sanguino

Petro, los nuevos gobernantes territoriales y el 2024

Junto al 2023 terminan los gobiernos territoriales elegidos a mitad del gobierno Duque. Entran en escena los gobernantes elegidos en la era Petro. Los que se van gobernaron al ritmo de la agenda politica de un Uribismo que retornaba al poder para desmantelar La Paz, conservar privilegios, ahondar desigualdades sociales y territoriales, reprimir violentamente la protesta social y popular, perseguir a la oposición política, negar el cambio político y alienarse internacionalmente con Trump para derrocar a Maduro como prioridad en nuestra política exterior. Estos gobernantes, algunos con mayor diligencia y acierto como los alternativos, debieron sortear los estallidos sociales del 2019 y el 2021, y el inesperado riesgo global de la pandemia del COVID 19.

Los gobernantes que llegan a gobernaciones y alcaldías deben comprender que están frente a un nuevo escenario. Los que ejercieron el poder en el pasado y retornan ahora, se equivocan si se repiten mecánicamente en su segundo capítulo en el gobierno; quienes representan reelegidas estructuras políticas tradicionales o clanes familiares se equivocan si creen que todo será igual en su relación con los ciudadanos y con el gobierno nacional; y quienes, como en Antioquia y Santander, abrazan agendas de la derecha dura, castigarán a sus gobernados si caen en la tentación de convertir sus gobiernos en trincheras de oposición política a Petro. Hasta los gobernantes de la orilla alternativa, la misma del gobierno nacional, están conminados a leer adecuadamente la feliz ocasión de contar con un gobierno nacional aliado para adelantar cambios y transformaciones en sus territorios.

Los nuevos mandatarios dedicarán el primer semestre del próximo año a la formulación y aprobación de su plan de desarrollo que, como lo ordena la ley, debe estar en coherencia con el plan de gobierno votado por la ciudadanía en las elecciones de octubre. Pero sería imperdonable que no le peguen una leidita al Plan Nacional de Desarrollo para identificar las prioridades nacionales del gobierno y las líneas de inversión que esta hoja de ruta ha identificado para sus respectivos municipios, departamentos y regiones. Resultaría una torpeza que no se enteren de las 8 prioridades que en el Consejo de ministros de esta semana identificó el presidente Petro para el 2024, pues renunciarían a obtener victorias tempranas en sus primeros 100 días de la mano del gobierno nacional. Y colocarse una venda en los ojos para no ver los compromisos internacionales de Colombia en materia ambiental, liderados por el propio jefe de Estado, sería un acto de chovinismo anacrónico y contraproducente.

No se trata de que alcaldes y Gobernadores caminen como borregos detrás del gobierno nacional. Que se dediquen a la diplomacia de rodillas, la del cepillo y adulación a ministros y directores de las entidades públicas del orden nacional; o peor aún, que acudan a congresistas amigos y turbios como los del escándalo de “Las Marionetas” del gobierno Duque, para obtener proyectos y recursos. Lo que se esperaría de gobernadores y alcaldes comprometidos de verdad con sus territorios y sus gentes, desde la defensa de la descentralización y autonomía territorial, es su capacidad para liderar agendas propias de sus municipios y departamentos, pero en dialogo con las prioridades y énfasis del gobierno nacional. La Paz y la seguridad, las urgencias y derechos sociales, y las acciones de mitigación y adaptación al cambio climática, resultan insoslayables como referentes para su acción gubernativa.

El Gobierno Nacional tiene en el 2024 y 2025, dos años electoralmente tranquilos, para acelerar la ejecución de su Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y profundizar los cambios en marcha. Su gabinete y equipos de gobierno deben pasar de la narrativa del cambio a la acción transformadora en los territorios; y deben saber comunicar sus propósitos y prioridades a la opinión pública, comunidades y gobiernos locales. Con los gobiernos afines, elevar exponencialmente el impacto y sostenibilidad de las acciones de gobierno; y con los menos próximos ideológicamente, practicar con destreza la cohabitación política. Estos días de fin de año son propicios para pensar en ello.

Encuentre aquí más columnas de Antonio Sanguino

Los siervos de la nube

Una amenaza se cierne sobre la política: el tecnofeudalismo. Esta nueva macro tendencia global consiste, según el economista greco-australiano y Ex ministro griego Yanis Varoufakis, en el traslado vertiginoso del poder económico y político derivado de la posesión de bienes de capital, tierras e industrias a los propietarios del “capital de la nube”, esto es, a quienes controlan “un sistema basado en la nube” capaz de sondear, reforzar y explotar nuestras más profundas emociones. Ahora incursiona dramáticamente en el debate democrático y en el oficio parlamentario o gubernativo para envilecerlo y socavarlo. La figura central de este riesgoso escenario es el “Influencer” o “activista digital”, que se comporta la mayoría de las veces sin saberlo, como “un siervo de la nube”. Fenómeno que no se concentra en una sola orilla ideológica. El espécimen se riega como verdolaga en playa por todo el espectro político.

Es innegable las posibilidades en la democratización de la información que han abierto las redes sociales. Sería una tontería no reconocer que establecen innovadores posibilidades de relaciones entre el emisor y el receptor de un mensaje o contenido. Que puede enriquecer la interacción entre ciudadanos y ciudadanas en las muchedumbres solitarias en las que hoy habitamos. Pero seria ingenuo o una estupidez imperdonable, para quienes nos proponemos transformar la vida y el mundo que heredamos y recibimos, no advertir que el mundo digital se mueve con hilos que escapan a nuestro control. Que somos más vulnerables a la manipulación de nuestras emociones y preferencias. Que nos moldean explotando esas emociones para que consumamos los contenidos y mensajes que las satisfagan.

Lo que empezó a aplicarse en el campo de la publicidad en general, ahora trasmutó en una poderosa arma de marcketing político. Que los “influencer” hayan emergido como los publicistas de la nube, vaya y venga, pero cuando sustituyen a los clásicos “formadores de opinión” de las democracias modernas e ilustradas o peor aún, cuando asumen ellos mismos el lugar de los líderes políticos, la cosa se pone “color de hormiga”. Y ese es el drama que empezamos a padecer en el escenario político colombiano. Porque estos “influencer” no representan ideas de Estado y Sociedad con vocación de permanencia en el tiempo o de coherencia en las consignas que agitan y defienden. Sus referentes no son los grandes paradigmas sociales, sino el apetito inmediato del consumidor de sus diatribas. No persiguen el respaldo a una tesis o un argumento, sino la aceptación irracional de un superficial y emotivo mensaje. Ahora metidos en el oficio político, se afanan por conseguir “likes” y “me gustas” y por aumentar exponencialmente el número de seguidores, que luego aspiran a convertir en votos, sin importar que ello se haga con Fake News o con virulentos ataques al contradictor. Es la postverdad convertida en política por otros medios.

Ello es el más dramático rasgo de lo que ocurre en el Congreso de la Republica actual y en general en la actividad politica de los colombianos. Al lado de la vieja política o de las estructuras tradicionales, poco a poco emergen estos curiosos personajes que no protagonizan grandes debates parlamentarios, ni defienden con solidez una perspectiva de sociedad con arreglo a las teorías sociales; pero si se encarnizan en bochinches y se especializan en gritos y pataletas para aumentar audiencias en sus redes y canales. Sus Unidades de Trabajo Legislativo no son equipos de expertos para mejorar la calidad de su trabajo parlamentario, sino asesores en redes y de marcketing. Nada mas. Sus oficinas en el Congreso no se usan para atender a los ciudadanos y comunidades o preparar debates a profundidad, sino que han terminado convertidas en salas de grabación y edición de “contenidos” sin contenido. Son curules de la levedad, la superficialidad, el narcisismo y los Fakes News. Les resulta anticuada la política como el campo de la confrontación de ideas y la gestión de propuestas y prefieren trabajar para el consumo y la inmediatez, sin saber a que intereses responden o qué implicaciones tendrá para la sociedad.

Quienes habitamos en este lugar de la política transformadora debemos refundar la actividad política en su sentido esencial. Fortalecer los partidos como actores colectivos claves en toda democracia; construir ciudadanías capaces de incidir en decisiones públicas de calidad; y promocionar y consolidar liderazgos que acudan al argumento y la evidencia en el debate público. No se trata de prescindir de las redes sociales como otro escenario de comunicación y acción ciudadana, sino mas bien de situarlos en su justa proporción. No hay que sucumbir al Facebook o al X, al YouTube o al Tik Tok, ni endiosarlos; hay que utilizarlos adecuadamente para nuestro proyecto de cambio social y político. Es la mejor manera de superar esta amenaza de los “influencer” o “siervos de la nube” convertidos en “nuevos políticos”.

Lea más columnas de Antonio Sanguino

La oportunidad de una nueva fiscal

Es una gran oportunidad. Varios hechos justifican la importancia para la administración de justicia la elección de la nueva Fiscal General de la Nación.

La relación entre criminalidad y política, sigue operando con la complicidad de jueces y fiscales. El pasado 30 de noviembre reapareció la matrona de su clan familiar y primera dama del Cesar Cielo Gnecco. Lo hizo en actos oficiales entregando obras y subsidios en Valledupar, luego de estar 50 días prófuga de la justicia, a propósito de una orden de captura en su contra por el secuestro y asesinato de dos contratistas de la Gobernación del Cesar, hechos ocurridos en noviembre del 2002. Todavía nos preguntamos por cual será la reacción del Fiscal General de la Nación ante tan insólita y temeraria reaparición de “Doña Cielo”, si el mismo Barbosa públicamente prometió impedir una nueva burla a la justicia, luego de que la oscura fiscal vallenata Nancy del Carmen Martínez revocara la orden de captura en su contra emitida por un Fiscal Delegado ante el Tribunal de Valledupar. Barbosa anunció “enérgicamente” que el proceso sería trasladado a Bogotá y que solicitaría de inmediato a la Comisión de Disciplina Judicial se investigara la conducta de la fiscal Martínez, de quien se dice es pariente de la familia Gnecco.

En las últimas semanas, una investigación del periodista Daniel Coronel, como resultado del trabajo de inteligencia de dos agentes encubiertos del CTI de la propia Fiscalía, puso al descubierto un entramado delictivo que compromete de manera grave al director del ente investigador en Buenaventura. Lo mas insólito es que al parecer personas cercanas a Martha Mancera, Vicefiscal y mano derecha del Fiscal General, ocultaron la información derivando en una inquietante inacción desde los mas altos niveles del ente investigador del Estado. Un manto de duda han dejado otros escándalos en el pasado en un organismo creado por la Constitución de 1991 para fortalecer y cualificar la investigación criminal en Colombia como eslabón central en el funcionamiento de la justicia. La infiltración de los carteles del narcotráfico y de los grupos paramilitares, las actuaciones dudosas en graves casos de corrupción como el de Odebretch o el entrampamiento al proceso de paz, para solo mencionar algunos de ellos. Pero no solo ello ha socavado la legitimidad de la Fiscalía General. También le ha hecho mucho daño la tentación política y electoral en la que han caído algunos fiscales generales. Es como si la silla del Fiscal General estuviese poseída por un extraño embrujo como para convertirlos, por arte de la exposición mediática y el inmenso poder del cargo, en candidatos presidenciales.

Por ello es una buena noticia que la Corte Suprema de Justicia haya iniciado, después de muchos avatares, el proceso de elección de la nueva Fiscal General de la Nación y que según el alto tribunal concluirá a finales de enero o en la primera semana de febrero del 2024, para que la nueva Fiscal inicie su periodo sin contratiempos y dilaciones, cuando termine el de Barbosa. El Presidente Gustavo Petro acertó finalmente en la selección de la terna. Por primera vez en la historia de la fiscalía es una terna de solo mujeres. Son ademas tres mujeres de altos quilates profesionales y con una destacada trayectoria como penalistas. Ángela Maria Buitrago ademas de su alto perfil académico, es reconocida por la investigación sobre los desaparecidos de la cafetería en la toma del Palacio de Justicia; Amelia Pérez, como Fiscal de Derechos Humanos adelantó investigaciones sobre el paramilitarismo por masacres como las de El Aro, Trujillo y Mapiripán; y Luz Adriana Camargo hizo parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) donde actuó como jefa de investigación y litigio. Para destacar que, contrario al pasado reciente, ninguna de las ternadas pueden ser consideradas candidatas de las entrañas del Presidente de la República, lo que ofrece plena garantía de independencia. Cero riesgo de equivocación para la Corte.

La nueva Fiscal tiene la enorme responsabilidad de recuperar y fortalecer la credibilidad nacional e internacional de la Fiscalía General de la Nación. Debe enfrentar de manera decidida todo tipo de organizaciones y estructuras criminales, desempolvando investigaciones que extrañamente han sido engavetadas en las anteriores administraciones y eliminar cualquier duda de penetración o infiltración de organizaciones ilegales en el ente investigador. Las investigaciones sobre los entramados delictivos que dan cuenta de las perversas relaciones entre criminalidad, política y justicia que rodean a clanes políticos como los Gnecco, Char y otros en el Caribe o en el resto del país, seguramente serán una prioridad. En el marco de la recuperación del principio constitucional de colaboración con los demás poderes públicos, debe con urgencia establecer una relación armónica con el gobierno nacional, cuidando y ejerciendo celosamente su autonomía. Y sobre todo, superar la mala costumbre de convertir a la fiscalía en un trampolín electoral presidencial. Esa es la gran oportunidad que tiene esta vez la justicia, ultima malla protectora de toda democracia.

Petro, Claudia y la COP28

Se realiza por estos días, en Dubai, la COP28. Debería ser motivo de orgullo para Colombia que nuestra representación en esta cita global, la más importante conferencia mundial sobre cambio climático esté en cabeza del presidente Gustavo Petro y de la alcaldesa de Bogotá Claudia Lopez. Quienes militamos en las causas verdes y en la orilla alternativa de la política colombiana, nos sentimos representados en dos liderazgos que por su trayectoria de vida política y por lo que hacen en cada una de sus responsabilidades, contribuyen a la lucha contra el calentamiento o mejor, la ebullición global, la más urgente y desafiante lucha de la especie humana.

Gustavo Petro ha sido uno de los dirigentes políticos colombianos que más ha contribuido en instalar en la agenda pública las preocupaciones ambientales. En su condición de parlamentario llamó la atención sobre la crisis climática mundial y advirtió insistentemente en la incidencia que en ella tienen los usos del suelo y los pasivos ambientales que dejan la explotación de nuestros recursos naturales. Luego como alcalde de Bogotá, nos propuso de manera audaz ordenar el territorio de la capital alrededor del agua, transformó el antiguo Fondo de Emergencias en el actual Instituto DISTRITAL de gestión de Riesgos y cambio climático IDIGER y convirtió la agenda ambiental en uno de los pilares de su acción de gobierno. Ahora como presidente ha venido forjando un liderazgo internacional con iniciativas como la puesta en marcha de un plan estratégico para conservar la Amazonía y el canje de la deuda externa de los países por acción climática.

Claudia López no se ha quedado atrás. Adelantó como Senadora una progresista agenda ambiental con debates e iniciativas legislativas algunas de ellas convertidas en leyes de la República y como Alcaldesa expidió el Plan de Ordenamiento Territorial Bogota Reverdece que consolida y amplia la estructura ecológica de la ciudad, ha puesto en marcha de la Region Metropolitana Bogota/Cundinamarca que en su concepto ordena ambiental y funcionalmente la relación y gobernanza de la Capital y su entorno regional; y ha avanzado en la concreción de un sistema de transporte limpio en la capital. Todo ello le conceden una voz creíble en los escenarios de discusión de los gobierno locales que por vez primera en esta conferencia sesionarán en el marco de la misma y no de forma paralela, como venía ocurriendo hasta ahora.

Que la COP28 se realice en Dubai no es una casualidad. Han sido escogidos los Emiratos Árabes Unidos, una potencia mundial petrolera, para darle relevancia al debate sobre el compromiso de los Estados con una transición energética que permita frenar el acelerado y dramático aumento de la temperatura del planeta. Esta conferencia se realiza en medio de un ambiente de escepticismo y de pésimas noticias para la vida humana. Los expertos anticipan que al final, como ocurre en esta conferencia convocada periódicamente por Naciones Unidas, llegaremos a la triste conclusión de que no hemos cumplido con los objetivos y metas planteadas para el 2030. La COP28 se realiza en un momento especialmente crítico para la especie humana y el planeta. El Secretario General de las Naciones Unidas nos sorprendió con la afirmación de que “la era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha llegado”. Y expertos, como Samantha Burges del Servicio de Cambio Climático Copernicus afirma que el 2023 es el año más caliente jamás registrado. Los centros de estudios ambientales del mundo insisten en el aumento exponencial de la mortalidad por causas ambiéntales y los fenómenos migratorios, las emergencias y desastres derivados de esta era de ebullición global. En Colombia, el Caribe, y en particular los departamentos de Cesar y Guajira, será la región que recibirá el mas grave impacto de la crisis climática.

Hay quienes aumentan el escepticismo de los resultados de la COP28 porque una potencia petrolera y gasifera como los Eméritos Árabes sea la anfitriona o porque el Presidente de la COP, el sultán Ahmed Al-Jaber, sea también el consejero de la principal petrolera emiratí. Y porque a pesar de que en Dubai se congregan por estos días mas de 70 mil personas – mas que en Paris en 2015- y 136 Jefes de Estado y de Gobierno, los lideres de los principales países emisores de CO2 y otros gases de efecto invernadero, como China, Rusia y EEUU, brillaran por su ausencia.

Aun así, Colombia puede jugar un papel destacado. La alcaldesa Claudia López compartirá con mandatarios locales de todo el mundo las experiencias exitosas de Bogotá en planes y acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, mientras que el presidente Petro se destaca por un discurso convocante que adquiere eco mundial para proteger el planeta y la vida presentando un “Portafolio para la Acción Climática y la Transición Socio ecológica y Energética Justa”. Ha dicho el presidente que además “explorará oportunidades de cooperación con aliados y socios para atraer apoyo técnico, financiero y de inversión en sectores como el ambiente Yesid le desarrollo sostenible, agricultura y desarrollo rural; comercio, industria y turismo; minas y energía; y transporte”. Un papel del que podemos sentir orgullo.

Nota relacionada: Claudia López destacó en el COP 28 el uso de la bicicleta en Bogotá como medio alternativo de transporte

Otty y La Paz Total

Ha caído bien la designación de Otty Patiño como nuevo Alto Comisionado de Paz. Se sentía que Danilo Rueda ya había cumplido su papel y agotado su tiempo; que el Gobierno ameritaba un nuevo aire en la conducción de una de sus mas ambiciosas apuestas políticas; que se estaba convirtiendo en un reclamo generalizado la necesidad de una reingeniería a la política de paz total.

Quienes conocemos a Otty sabemos que acierta el presidente Gustavo Petro con su nombramiento. Otty es un hombre de caracter que conoce el conflicto armado como pocos, fue protagonista del mismo como miembro y dirigente del M19, luego firmante y responsable de la implementación del primer pacto de Paz de la Colombia contemporánea; y ha sido un agudo estudioso de la evolución de la guerra y La Paz después de su participación en la Asamblea Constituyente de 1.991. Tuve el privilegio de conocerlo y aprender a su lado en mi condición de director de la Corporación Nuevo Arco Iris, cuando actuábamos en calidad de interlocutores de los gobiernos de la época para la ejecución de los acuerdos de paz de los noventas del siglo pasado.

Fueron Otty y Vera Grave, quienes nos invitaron a todas las ONGs provenientes de los acuerdos de paz a la creación del Observatorio Para La Paz, una suerte de tanque de pensamiento que asumiera la tarea de promover un análisis de las motivaciones de las guerrillas que permanecieron en armas y de la contrainsurgencia paramilitar . De ese ejercicio quedaron las publicaciones “Las Verdaderas Intenciones de las FARC”, “Las Verdaderas Intenciones del ELN” y “Las Verdaderas Intenciones de las AUC”. A Otty le escuché insistir en “construir un puente entre La Paz hecha y La Paz futura” y fue el primero que con lucidez nos invitó a estudiar y examinar las implicaciones del Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional en los procesos de paz futuros. Reflexiones que ahora le serán muy útiles en su nueva responsabilidad.

Otty tendrá que lidiar como Alto Comisionado de Paz con decisiones desafiantes. Una tiene que ver con la aspiración de una paz completa, manteniendo mesas de diálogo simultaneas con organizaciones de diversa naturaleza. Es un ensayo inédito y arriesgado en un país que como Colombia transitó el camino de una paz parcelada, con procesos de dialogo, negociación y reincorporación a la vida civil con cada organización por separado y de uno en uno. Una suerte de paz incremental. Otty tendrá que evaluar mantener las mesas de dialogo con el ELN y las disidencias de Ivan Mordiscos, y examinar con el Presidente si abre simultáneamente nuevos frentes de negociación con el Clan del Golfo y las disidencias de Ivan Marquez, como era el derrotero trazado por el Excomisionado Danilo Rueda. Tendrá ademas el apremiante reto de lograr un compromiso de suspensión del secuestro, tan necesario para recuperar y aumentar la credibilidad nacional e internacional en la política de paz total.

El Ex Presidente y Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos, en los últimos días se ha mostrado especialmente critico con la politica de Paz del Gobierno Petro. Ha expresado reparos respecto al compromiso del gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz con las antiguas FARC. Santos olvida, no sabemos porqué razón, que los 7 años de implementación incluyen cuatro del gobierno Duque empecinado en hacer trizas dicho Acuerdo. Las distintas agencias y organismos encargadas del cumplimiento de los compromisos han demostrado con cifras que lo adelantado por el Gobierno Petro supera, y en mucho, a lo hecho por Santos y Duque. En el Gobierno Santos, por ejemplo, para los reincorporados de las FARC se adquirieron 71 hectáreas de tierra y en el Gobierno Duque 605, mientras que en lo corrido del actual gobierno van 3,371 adquiridas y se han formalizado un millón 300 mil hectáreas, como se lo recordó Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras.

Santos viene insistiendo en que no resulta legitimo negociar con quienes traicionaron el acuerdo, haciendo referencia a las distintas disidencias de las ex farc. Otty seguramente abundará en razones y con su lucido pragmatismo recordará que la experiencia colombiana en la construcción de la Paz está llena de traiciones y remanentes armados que se reciclan permanentemente. Que desafortunadamente es inocultable la responsabilidad del Estado en no haber garantizado de manera inmediata su territorialidad en los espacios geográficos, económicos y sociales dejadas por la guerrilla reincorporada. Que faltó Estado para asegurar La Paz estable y duradera. Que ese nuevo copamiento y expansión territorial del ELN y disidencias, merece un ensayo de solución negociada. Todos sabemos que La Paz con el ELN es un pendiente, que siempre fue “plato de segunda mesa” en las negociaciones anteriores. Y no sobra recordar que, en los noventas del siglo XX, por ejemplo, luego se negoció con los Comando Ernesto Rojas que se declararon en disidencia de la reinserción del EPL.

La designación de Otty como el arquitecto de la Paz total, tiene un ingrediente adicional y personal para nada despreciable para un luchador por La Paz. Será la oportunidad de su vida para ser el gran protagonista del cierre definitivo del conflicto y la superación pacifica de unas violencias.

Antonio Sanguino

Hay un café más urgente, presidente

El café concertado entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe para destrabar el proyecto de  reforma a la salud parece cargado de mal sabor.

Fue el propio Uribe, en calidad de congresista, el artífice de la cuestionada Ley 100, y porque como presidente y jefe político del primer Santos y de Duque, se encargó de convertirla en el sistema de salud que hoy conocemos, lleno de “Palatinos”, tutelas para acceder a cualquier tratamiento y EPS expertas en integraciones verticales e intermediaciones financieras abusivas y corruptas.

Si el mandato que recibió Petro fue garantizar la salud como un derecho fundamental, resulta poco probable que ello se logre con quien representa a los poderosos negociantes de la salud de los colombianos. Este encuentro ocurre además, en momentos en que Uribe recibe graves señalamientos del Ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial de Paz, por su participación en la masacre del Aro y otros crímenes.

Le he dicho en mi cuenta de X al presidente Petro qué hay un café mucho más urgente. El que debe tomarse con las fuerzas progresistas y democráticas del país que se la jugaron para que hoy sea el mandatario de los colombianos.

La reforma a la salud puede ser una oportunidad de oro para que Petro recomponga su coalición de gobierno y le imprima un indudable sello progresista.

Ello pasa por alinear y cohesionar su propia bancada del Pacto Histórico, afectada seriamente por decisiones del Consejo de Estado que ha dejado por fuera del Congreso a varios experimentados parlamentarios.

Implica también una conversación con todas las expresiones y sectores de la Alianza Verde, hoy por hoy su principal fuerza aliada. Supone convocar a En Marcha, Dignidad y Compromiso y la Alianza Social Independiente para identificar coincidencias y diferencias sobre la agenda gubernativa. Y construir un diálogo colectivo con las bancadas del Partido Liberal acudiendo a la tradición reformista de este Partido.

Un núcleo duro con estas fuerzas puede desempantanar la reforma a la salud y viabilizar el paquete de reformas pendientes. Puede derivar en un mayor apoyo interno a la política exterior que con acierto conduce el presidente y sería un excepcional escenario para discutir la urgente reingeneria que reclama la política de paz total.

Petro tiene la oportunidad de ensayar un modelo de coalición progresista que tome distancia de la negociación al detal con  aquellos congresistas insaciables cuyo ADN solo responde a la mermelada. Congresistas fabricados en las casas de los clanes regionales que han actuado exactamente igual con todos los gobiernos, desde el Pastrana del Cagüan hasta el Uribe de la Seguridad Democrática y los “falsos positivos”; desde el Santos de la Paz con las FARC hasta el Duque de las objeciones a la JEP y el estallido social.

Petro puede proponer como columna vertebral de dicha coalición el paquete de reformas que la gente votó mayoritariamente en el 22. Petro tiene la histórica posibilidad de liderar una especie de Revolución En Marcha 2.0, como lo hiciera en su momento Alfonso Lopez Pumarejo en la década del 30 del siglo pasado.

Es lo habitual en las democracias parlamentarias. Lo acaba de hacer Pedro Sánchez para la investidura como presidente del gobierno español, reagrupando a su propio partido y pactando una agenda con fuerzas políticas afines, incluyendo sectores independentistas y progresistas catalanes.

Contribuye además a aclarar las aguas de la política colombiana tan turbia por transacciones por debajo de la mesa. Ayuda a que la gente sepa que fuerzas gobiernan y cuales ejercen la oposición.

Sería un legado de Petro que elevaría la calidad de nuestra democracia. Un café para avanzar en esa dirección tendría un sabor reformista y un aroma más ciudadano.

Por: Antonio Sanguino

Los clanes pidiendo pista

Pidiendo pista en Palacio, así vimos a varios gobernadores electos en las elecciones del pasado 29 de octubre, cuando el presidente, Gustavo Petro, no los invitó a la primera reunión que realizó el pasado miércoles 7 de noviembre a puerta cerrada con 15 de los 32 nuevos gobernantes departamentales. Al mismo tiempo, el jefe de Estado desistió de participar en la cumbre que por esos mismos días la Federación Colombiana de Departamentos realizara en Santa Marta con los gobernadores entrantes y salientes, en un ambiente de inconformismo de su presidente por la reunión en Palacio.

Desde la oposición se criticó al presidente Petro porque consideraron una amenaza de exclusión de los programas e inversiones nacionales hacia los departamentos cuyos gobernantes elegidos no están alineados con la agenda de cambios del gobierno nacional, y rabiosamente cuestionaron que Petro intente ahora construir un primer anillo que viabilice las reformas y permita una fluida ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en las regiones gobernadas por fuerzas políticas afines. Estoy seguro de que la interlocución y coordinación institucional con todas las gobernaciones y alcaldías vendrá muy pronto, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia. La afinidad política entre presidente y gobernadores no riñe para nada con la concurrencia necesaria entre Gobierno Nacional y departamentos.

Fue esa misma derecha incomoda por la reunión de Palacio, la que, por boca del alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, en el programa de opinión Hora 20 de Caracol Radio de la semana post elecciones, anunció la creación de un bloque de gobernantes de oposición al presidente Petro. Mientras el electo gobernador uribista de Antioquia, Andrés Julián Rendón, promueve un inconveniente referéndum para que los departamentos gocen de total autonomía fiscal, evitando con ello que los entes territoriales de mayor solvencia puedan ayudar a aquellos con evidente debilidad fiscal y financiera.

Pero la actitud más dramática, ante la inocultable safada presidencial en la cumbre del Palacio de Nariño, la protagonizaron los gobernadores que representan a los clanes más poderosos y cuestionados del Caribe colombiano. Elvia Milena SanJuan, gobernadora electa del Cesar, y criatura creada a imagen y semejanza del Clan Gnecco, no demoró en trinar para pedir pista: “en la gobernación del cesar solo encontrará aliados institucionales para sacar adelante nuestros planes de desarrollo”, suplicó a Petro. Los mismos ruegos que por todos los medios hizo Eduardo Verano de la Rosa, elegido gobernador del Atlántico con el remolque del polémico Clan Char.

Justificados temores deben tener el presidente Petro y el alto gobierno con el manejo irregular que estos clanes le darán en sus departamentos a las inversiones que provengan del Estado central. Petro conoce muy bien los entramados de corrupción que rodean la contratación pública en el Cesar y el Atlántico.

Sabe en detalle como los clanes han mezclado históricamente criminalidad y política en estos territorios. No sobra además recordarle que, por ejemplo en el Cesar,  el Clan en el poder ha agrandado su fortuna con los recursos de las regalías del carbón, los proyectos de paz de los municipios PDTs y las inversiones que patinan y obtienen sus congresistas a punta de chantajes con los gobiernos nacionales, mientras seguirán gobernando un departamento con el 85% de la población en pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, con el 41% de sus familias en inseguridad alimentaria moderada o severa, con 24 de sus 25 municipios sin agua potable permanente, con la tercera tasa de mortalidad infantil por desnutrición después de Guajira y Chocó o con el 40% de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, para solo mencionar algunos datos de la dramática emergencia social que han producido los Gnecco y sus aliados.

Razones de sobra tiene el gobierno Petro para encontrar mecanismos institucionales que le permita ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo en estos departamentos secuestrados por los Clanes. Mecanismo que eviten que los recursos se esfumen o vayan a parar a los insaciables bolsillos de estas familias.

El cambio, presidente, no consiste en darle pista a estas estructuras de la política regional. Para que el cambio signifique mejorar la vida de la gente, hay que acudir a la agudeza y al carácter para proteger los recursos destinados a ello.

Antonio Sanguino

Nota relacionada:

Laura Bonilla y Antonio Sanguino analizan las movidas políticos de los clanes políticos

La analista y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla junto al excongresista, Antonio Sanguino, analizan las movidas políticas que ejecutan los grupos familiares para hacerse a los cargos públicos en las elecciones regionales.

Una discusión necia

Abusar de la aritmética electoral para reclamar un triunfo desde el gobierno o desde la oposición en las elecciones territoriales del pasado 29 de octubre, es una necedad que oculta una de las más dramáticas y grotescas realidades que se mantuvieron en pie en lo profundo del régimen político colombiano.

Salvo Bogotá, Cali, Boyacá, Nariño, Casanare, Arauca o Magdalena, en las recientes elecciones podríamos decir que volvió a ganar la Colombia Nostra, como lo ha bautizado muy bien la destacada periodista, Laura Ardila.

Dicho de otra manera, las elecciones territoriales no eran, ni fueron un plebiscito a favor o en contra del gobierno Petro. Eran más bien una nueva oportunidad para que redujéramos sustancialmente el poder y la hegemonía regional de los clanes políticos, eslabones de la política tradicional y articulación mafiosa de criminalidad y política que se han erigido en perversos mediadores entre los territorios y el Estado Central.

Son los clanes, además, los protagonistas centrales en regiones enteras dominados por una gama de autoritarismos subnacionales. Clanes que representan una negación de la política en su sentido altruista y que se acomodan a todos los gobiernos nacionales sin importar su signo ideológico. Clanes que han estado sin ningún rubor con Samper, Pastrana, Uribe, Santos, Duque y ahora con Petro.

Eso parece no entenderse aún desde el partido de gobierno y desde el gobierno mismo. Bajo el pretexto de asegurar unas artificiosas mayorías parlamentarias que permitieran el trámite exitoso de una agenda legislativa, innecesaria después de la aprobación de la reforma tributaria y el plan nacional de desarrollo, cierto fetichismo reformista llevaron al Presidente a quedar en brazos de los clanes y la política tradicional. El control burocrático de las instituciones descentralizadas del orden nacional, lo cooptación de Universidades, Corporaciones Autónomas y Cajas de Compensación se mantuvieron intactas.

Así las cosas, los clanes cómodamente tuvieron a su disposición todos los recursos institucionales y financieros para reproducirse en el poder. Perdimos la oportunidad de elevar la calidad de nuestra secuestrada democracia territorial.

Vengo de una contienda electoral por la gobernación del departamento del Cesar que me permitió una constatación empírica del autoritarismo ejercido por un Clan. 

El Cesar ejemplifica muy bien la hegemonía del Clan Gnecco que sustituyó al Clan Araujo caído en desgracia por cuenta de la parapolitica.  Para estas elecciones se dieron el lujo de escoger una candidata, la ahora gobernadora electa, Elvia Milena SanJuan, en etapa de juicio por celebración indebida de contratos.

Impusieron una narrativa según la cual, la competencia se reducía a rostros femeninos sin debate programático o a un festival de orquestas y agrupaciones musicales que engalanaban la repartición exorbitante de dinero ilegal a líderes y candidatos a alcaldías, Asamblea y concejos municipales. El derroche de dinero alcanzó para inundar y contaminar de publicidad todos los rincones, espacios y medios, como también para, según se dice, sobornar a algunos falsos competidores.

A pesar de las decisiones judiciales que tienen huyendo a la matrona del Clan Cielo Gnecco y de la exposición mediática nacional de su naturaleza mafiosa, el triunfo de los Gnecco se facilitó por una inacción del Gobierno Nacional.

Ante la ausencia del gobernador titular, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por la detención domiciliaria que lo ha obligado a separarse del cargo desde hace dos años y ocho meses, pudo haber usado sus facultades legales nombrando a un gobernador encargado que no fuera de las entrañas del Clan, impidiendo así que siguiera mandando a sus anchas “Doña Cíelo”, y no lo hizo. Pudo haber removido las cabezas de las entidades del orden nacional con presencia en el departamento y las mantuvo en manos del Clan y sus aliados. Y el Pacto Histórico, lastimosa y penosamente no estuvo a la altura de las circunstancias.

Con los clanes políticos fortalecidos y el régimen político territorial intacto, es necio insistir en sumar lo que no merece ser sumado. Y es insensato desconocer que el cacareado cambio, con los clanes intactos en las regiones, corre el riesgo de terminar convertido en un ave de corto vuelo.

Antonio Sanguino

La buena noticia del cese al fuego con los elenos

Me declaro optimista. El acuerdo de un cese al fuego entre el Gobierno Petro y el Ejército de Liberación Nacional ELN, es una alentadora noticia para un cierre definitivo del conflicto armado del Estado con esta organización insurgente. Luego de meses de dialogo y discusiones entre las delegaciones de las partes en Venezuela, México y Cuba, el Acuerdo al que le faltan aun algunas precisiones, fue suscrito y anunciado en persona por el propio presidente Gustavo Petro, el máximo jefe de los elenos Antonio García y su dirigente histórico Nicolás Rodrigues “Gabino”. Ese último hecho, sin antecedentes en la historia de los esquivos y complejos diálogos del ELN con gobiernos anteriores, constituye un acontecimiento político de la mayor trascendencia.

Es un cese al fuego pactado inicialmente para un periodo de seis meses, de cobertura nacional y suscrito en el marco del Derecho Internacional Humanitario. Si es exitoso, desescalará el conflicto en los territorios de presencia del ELN, protegerá a la población civil de los efectos de la guerra y creará un ambiente favorable para que las partes avancen en los contenidos de la agenda pactada desde los inicios del proceso. La participación de la sociedad en la construcción de un acuerdo definitivo de paz con esta organización guerrilla, asunto que es del corazón de su concepción de paz, se verá indudablemente favorecido por el escenario de distensión que ofrezca el cese al fuego pactado. La preparación de las partes y el afinamiento de los mecanismos de monitoreo, seguimiento y verificación son asuntos cruciales para su cumplimiento. Recordemos que procesos de paz anteriores en la historia de Colombia se han malogrado por violaciones a ceses al fuego. Y están frescos los incumplimientos de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo con este gobierno.

Como era de esperarse, ya han saltado detractores a descalificarlo. Los mismos que promovieron el NO al acuerdo de paz con las FARC y que el Expresidente Santos con toda razón los denomina “los del NUNCA” desestiman las vidas y los bienes públicos y privados que resultan protegidos con este primer acuerdo. Para quienes han convertido la guerra y la violencia en su proyecto político, resulta de la menor importancia las comunidades y los territorios que viven en medio de la confrontación y que recibirán un respiro humanitario en estos seis meses, que los defensores de la Paz esperamos se prolonguen hasta la firma de un acuerdo definitivo de paz con esta organización armada. De enorme trascendencia para nuestra democracia local que este Cese al Fuego ocurra cuando arranca la campaña para la elección de autoridades territoriales.

Sin embargo, algunas advertencias y críticas desde la orilla de la Paz deben ser consideradas y atendidas. Los riesgos para el éxito del cese al fuego por la presencia de otros actores armados ilegales en las zonas de presencia Elena son indudables; el llamado a la prohibición de actividades como el secuestro y la extorsión debe ser escuchado; la pregunta por la unidad interna y el ejercicio de un mando responsable en el ELN no debe soslayarse; la tentación de mandos militares de las Fuerzas Armadas en permitir o promover acciones armadas de otros actores contra el ELN debe ser neutralizada; y las garantías para la operación eficaz de los mecanismos de monitoreo y verificación constituye una obligación para las partes.

Mi optimismo, como el de muchos, es moderado. Confiamos en que el ELN con este paso haya entendido por fin que estamos en el momento final de esta larga y degradada guerra. Que la dirección del Estado en manos de un gobierno progresista y de izquierda es un escenario ideal para construir una paz cuya duración y estabilidad dependen de las reformas y cambios en curso y de una dinámica de participación social y popular en la construcción del acuerdo que conduzca al desarme definitivo de este conflicto.

Antonio Sanguino

 

La fiesta del chivo

No me refiero a la novela de Mario Vargas Llosa, que retrata la historia del sangriento dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Hablo mas bien de un dictadorzuelo de poca monta que hace fiestas con los recursos públicos y ahora pretende divertirse con el dolor de las víctimas del conflicto armado, pisoteando su dignidad y violando su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Un personaje cuyo nivel de comprensión no le alcanza para dimensionar el despropósito de desafiar a la Jurisdicción Especial para La Paz JEP y ofender burdamente la integridad de sus magistrados.

El pintoresco personaje de marras es Robinson Manosalva y se hace llamar “El Chivo”, actual Alcalde del sufrido e importante municipio de Aguachica al Sur del departamento del Cesar, en el Caribe Colombiano. Es la segunda ciudad del departamento y es el mismo lugar en el que paradójicamente se adelantó con éxito la primera consulta popular por La Paz del país en agosto de 1995, liderada por el entonces Alcalde Luis Fernando Rincón, quien luego de su desmovilización como integrante del M19 fue elegido Representante a la Cámara y Alcalde Municipal. En su segundo intento para ejercer como mandatario fue asesinado por los paramilitares que dominaban la región.

“El chivo” de Aguachica, una vez electo como Alcalde, se convirtió en un férreo aliado del Clan Gnecco en el poder departamental. Seguramente en complicidad con ellos, en plena pandemia del Coronavirus en el 2020, al parecer echó mano de los recursos de la contratación de seis mil mercados o kits de alimentos destinados a las poblaciones mas pobres, por lo cual enfrenta investigaciones en la Contraloría General de la República, la Procuraduría General y la Fiscalía General de la Nación. Su polémica gestión dió lugar a un proceso de revocatoria de su mandato que sorteó con habilidosas maniobras y clientelismo desbordado. Macondiano ha resultado su invento de bautizar dos vías contratadas en su mandato : la Avenida “El Chivo” inaugurada recientemente por El mismo y que ya presenta agrietamientos; y la Avenida “Cielo” por el nombre de la jefa del Clan Gnecco y madre del gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, en detención domiciliaria por solicitud de la Corte Suprema de Justicia.

Pero la fiesta de este Chivo domestico no termina allí. Recientemente la Jurisdicción Especial para La Paz JEP impuso en su contra una medida de arresto por desacatar de manera grave una orden de este tribunal de justicia transicional. Para la JEP, el Chivo Manosalva incumplió la orden de traslado y protección en el cementerio central de Aguachica de al menos 400 cuerpos victimas de desaparición forzada recuperados en el camposanto de San Martín, mas conocido como Cementerio de los Pobres. Acto seguido ha sido viral en las redes el espectáculo del Chivo con medio cuerpo al descubierto comiendo uvas en plan de celebración ufanándose de la comodidad en su sitio de reclusión. Lo mas grotesco ha sido un audio que envío a un grupo de sus amigos revictimizando las victimas de desaparición forzada cuyos cuerpos debía proteger y calificando de “hijueputas guerrilleros” a los Honorables Magistrados de la JEP.

Ya va siendo hora de poner fin al festín de ilegalidades de esta versión degradada del Chivo de Vargas Llosa. La Procuraduría debería suspenderlo de inmediato y la justicia procesarlo por los múltiples delitos que ha cometido. Es la mejor manera de honrar los derechos de las victimas en este pedazo del caribe.
Y de reivindicar el legado de paz de Luis Fernando Rincón.