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Etiqueta: Antonio Sanguino

Una discusión necia

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Una discusión necia

Abusar de la aritmética electoral para reclamar un triunfo desde el gobierno o desde la oposición en las elecciones territoriales del pasado 29 de octubre, es una necedad que oculta una de las más dramáticas y grotescas realidades que se mantuvieron en pie en lo profundo del régimen político colombiano.

Salvo Bogotá, Cali, Boyacá, Nariño, Casanare, Arauca o Magdalena, en las recientes elecciones podríamos decir que volvió a ganar la Colombia Nostra, como lo ha bautizado muy bien la destacada periodista, Laura Ardila.

 

Dicho de otra manera, las elecciones territoriales no eran, ni fueron un plebiscito a favor o en contra del gobierno Petro. Eran más bien una nueva oportunidad para que redujéramos sustancialmente el poder y la hegemonía regional de los clanes políticos, eslabones de la política tradicional y articulación mafiosa de criminalidad y política que se han erigido en perversos mediadores entre los territorios y el Estado Central.

Son los clanes, además, los protagonistas centrales en regiones enteras dominados por una gama de autoritarismos subnacionales. Clanes que representan una negación de la política en su sentido altruista y que se acomodan a todos los gobiernos nacionales sin importar su signo ideológico. Clanes que han estado sin ningún rubor con Samper, Pastrana, Uribe, Santos, Duque y ahora con Petro.

Eso parece no entenderse aún desde el partido de gobierno y desde el gobierno mismo. Bajo el pretexto de asegurar unas artificiosas mayorías parlamentarias que permitieran el trámite exitoso de una agenda legislativa, innecesaria después de la aprobación de la reforma tributaria y el plan nacional de desarrollo, cierto fetichismo reformista llevaron al Presidente a quedar en brazos de los clanes y la política tradicional. El control burocrático de las instituciones descentralizadas del orden nacional, lo cooptación de Universidades, Corporaciones Autónomas y Cajas de Compensación se mantuvieron intactas.

Así las cosas, los clanes cómodamente tuvieron a su disposición todos los recursos institucionales y financieros para reproducirse en el poder. Perdimos la oportunidad de elevar la calidad de nuestra secuestrada democracia territorial.

Vengo de una contienda electoral por la gobernación del departamento del Cesar que me permitió una constatación empírica del autoritarismo ejercido por un Clan. 

El Cesar ejemplifica muy bien la hegemonía del Clan Gnecco que sustituyó al Clan Araujo caído en desgracia por cuenta de la parapolitica.  Para estas elecciones se dieron el lujo de escoger una candidata, la ahora gobernadora electa, Elvia Milena SanJuan, en etapa de juicio por celebración indebida de contratos.

Impusieron una narrativa según la cual, la competencia se reducía a rostros femeninos sin debate programático o a un festival de orquestas y agrupaciones musicales que engalanaban la repartición exorbitante de dinero ilegal a líderes y candidatos a alcaldías, Asamblea y concejos municipales. El derroche de dinero alcanzó para inundar y contaminar de publicidad todos los rincones, espacios y medios, como también para, según se dice, sobornar a algunos falsos competidores.

A pesar de las decisiones judiciales que tienen huyendo a la matrona del Clan Cielo Gnecco y de la exposición mediática nacional de su naturaleza mafiosa, el triunfo de los Gnecco se facilitó por una inacción del Gobierno Nacional.

Ante la ausencia del gobernador titular, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por la detención domiciliaria que lo ha obligado a separarse del cargo desde hace dos años y ocho meses, pudo haber usado sus facultades legales nombrando a un gobernador encargado que no fuera de las entrañas del Clan, impidiendo así que siguiera mandando a sus anchas “Doña Cíelo”, y no lo hizo. Pudo haber removido las cabezas de las entidades del orden nacional con presencia en el departamento y las mantuvo en manos del Clan y sus aliados. Y el Pacto Histórico, lastimosa y penosamente no estuvo a la altura de las circunstancias.

Con los clanes políticos fortalecidos y el régimen político territorial intacto, es necio insistir en sumar lo que no merece ser sumado. Y es insensato desconocer que el cacareado cambio, con los clanes intactos en las regiones, corre el riesgo de terminar convertido en un ave de corto vuelo.

Antonio Sanguino

La buena noticia del cese al fuego con los elenos

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Me declaro optimista. El acuerdo de un cese al fuego entre el Gobierno Petro y el Ejército de Liberación Nacional ELN, es una alentadora noticia para un cierre definitivo del conflicto armado del Estado con esta organización insurgente. Luego de meses de dialogo y discusiones entre las delegaciones de las partes en Venezuela, México y Cuba, el Acuerdo al que le faltan aun algunas precisiones, fue suscrito y anunciado en persona por el propio presidente Gustavo Petro, el máximo jefe de los elenos Antonio García y su dirigente histórico Nicolás Rodrigues “Gabino”. Ese último hecho, sin antecedentes en la historia de los esquivos y complejos diálogos del ELN con gobiernos anteriores, constituye un acontecimiento político de la mayor trascendencia.

Es un cese al fuego pactado inicialmente para un periodo de seis meses, de cobertura nacional y suscrito en el marco del Derecho Internacional Humanitario. Si es exitoso, desescalará el conflicto en los territorios de presencia del ELN, protegerá a la población civil de los efectos de la guerra y creará un ambiente favorable para que las partes avancen en los contenidos de la agenda pactada desde los inicios del proceso. La participación de la sociedad en la construcción de un acuerdo definitivo de paz con esta organización guerrilla, asunto que es del corazón de su concepción de paz, se verá indudablemente favorecido por el escenario de distensión que ofrezca el cese al fuego pactado. La preparación de las partes y el afinamiento de los mecanismos de monitoreo, seguimiento y verificación son asuntos cruciales para su cumplimiento. Recordemos que procesos de paz anteriores en la historia de Colombia se han malogrado por violaciones a ceses al fuego. Y están frescos los incumplimientos de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo con este gobierno.

 

Como era de esperarse, ya han saltado detractores a descalificarlo. Los mismos que promovieron el NO al acuerdo de paz con las FARC y que el Expresidente Santos con toda razón los denomina “los del NUNCA” desestiman las vidas y los bienes públicos y privados que resultan protegidos con este primer acuerdo. Para quienes han convertido la guerra y la violencia en su proyecto político, resulta de la menor importancia las comunidades y los territorios que viven en medio de la confrontación y que recibirán un respiro humanitario en estos seis meses, que los defensores de la Paz esperamos se prolonguen hasta la firma de un acuerdo definitivo de paz con esta organización armada. De enorme trascendencia para nuestra democracia local que este Cese al Fuego ocurra cuando arranca la campaña para la elección de autoridades territoriales.

Sin embargo, algunas advertencias y críticas desde la orilla de la Paz deben ser consideradas y atendidas. Los riesgos para el éxito del cese al fuego por la presencia de otros actores armados ilegales en las zonas de presencia Elena son indudables; el llamado a la prohibición de actividades como el secuestro y la extorsión debe ser escuchado; la pregunta por la unidad interna y el ejercicio de un mando responsable en el ELN no debe soslayarse; la tentación de mandos militares de las Fuerzas Armadas en permitir o promover acciones armadas de otros actores contra el ELN debe ser neutralizada; y las garantías para la operación eficaz de los mecanismos de monitoreo y verificación constituye una obligación para las partes.

Mi optimismo, como el de muchos, es moderado. Confiamos en que el ELN con este paso haya entendido por fin que estamos en el momento final de esta larga y degradada guerra. Que la dirección del Estado en manos de un gobierno progresista y de izquierda es un escenario ideal para construir una paz cuya duración y estabilidad dependen de las reformas y cambios en curso y de una dinámica de participación social y popular en la construcción del acuerdo que conduzca al desarme definitivo de este conflicto.

Antonio Sanguino

 

La fiesta del chivo

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

No me refiero a la novela de Mario Vargas Llosa, que retrata la historia del sangriento dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Hablo mas bien de un dictadorzuelo de poca monta que hace fiestas con los recursos públicos y ahora pretende divertirse con el dolor de las víctimas del conflicto armado, pisoteando su dignidad y violando su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Un personaje cuyo nivel de comprensión no le alcanza para dimensionar el despropósito de desafiar a la Jurisdicción Especial para La Paz JEP y ofender burdamente la integridad de sus magistrados.

El pintoresco personaje de marras es Robinson Manosalva y se hace llamar “El Chivo”, actual Alcalde del sufrido e importante municipio de Aguachica al Sur del departamento del Cesar, en el Caribe Colombiano. Es la segunda ciudad del departamento y es el mismo lugar en el que paradójicamente se adelantó con éxito la primera consulta popular por La Paz del país en agosto de 1995, liderada por el entonces Alcalde Luis Fernando Rincón, quien luego de su desmovilización como integrante del M19 fue elegido Representante a la Cámara y Alcalde Municipal. En su segundo intento para ejercer como mandatario fue asesinado por los paramilitares que dominaban la región.

 

“El chivo” de Aguachica, una vez electo como Alcalde, se convirtió en un férreo aliado del Clan Gnecco en el poder departamental. Seguramente en complicidad con ellos, en plena pandemia del Coronavirus en el 2020, al parecer echó mano de los recursos de la contratación de seis mil mercados o kits de alimentos destinados a las poblaciones mas pobres, por lo cual enfrenta investigaciones en la Contraloría General de la República, la Procuraduría General y la Fiscalía General de la Nación. Su polémica gestión dió lugar a un proceso de revocatoria de su mandato que sorteó con habilidosas maniobras y clientelismo desbordado. Macondiano ha resultado su invento de bautizar dos vías contratadas en su mandato : la Avenida “El Chivo” inaugurada recientemente por El mismo y que ya presenta agrietamientos; y la Avenida “Cielo” por el nombre de la jefa del Clan Gnecco y madre del gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, en detención domiciliaria por solicitud de la Corte Suprema de Justicia.

Pero la fiesta de este Chivo domestico no termina allí. Recientemente la Jurisdicción Especial para La Paz JEP impuso en su contra una medida de arresto por desacatar de manera grave una orden de este tribunal de justicia transicional. Para la JEP, el Chivo Manosalva incumplió la orden de traslado y protección en el cementerio central de Aguachica de al menos 400 cuerpos victimas de desaparición forzada recuperados en el camposanto de San Martín, mas conocido como Cementerio de los Pobres. Acto seguido ha sido viral en las redes el espectáculo del Chivo con medio cuerpo al descubierto comiendo uvas en plan de celebración ufanándose de la comodidad en su sitio de reclusión. Lo mas grotesco ha sido un audio que envío a un grupo de sus amigos revictimizando las victimas de desaparición forzada cuyos cuerpos debía proteger y calificando de “hijueputas guerrilleros” a los Honorables Magistrados de la JEP.

Ya va siendo hora de poner fin al festín de ilegalidades de esta versión degradada del Chivo de Vargas Llosa. La Procuraduría debería suspenderlo de inmediato y la justicia procesarlo por los múltiples delitos que ha cometido. Es la mejor manera de honrar los derechos de las victimas en este pedazo del caribe.
Y de reivindicar el legado de paz de Luis Fernando Rincón.

El descaradamente silencioso Jorge 40

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Con alevosía lo hizo de nuevo. Rodrigo Tovar Pupo, alías “Jorge 40”, le negó la verdad plena a la Jurisdicción Especial para La Paz sobre su actuación como bisagra entre la fuerza pública y los paramilitares bajo su mando en la comisión de graves delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos en los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira en la última década del siglo pasado. Un silencio al que acudió desde el año 2009 ante los tribunales de Justicia y Paz, creados en el marco del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Por esa reiterada afrenta a las víctimas y sus derechos, la sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP no aceptó el sometimiento de “Jorge 40” a esta jurisdicción al considerar que el ex jefe paramilitar “no cumplió con su aporte a la verdad plena” después de haberlo escuchado en la audiencia única de verdad del 26 y 27 de enero del 2023.  “40” guardó sepulcral silencio además sobre los entramados políticos articulados al sangriento accionar paramilitar en esta parte del Caribe Colombiano. Por razones similares, incumpliendo citaciones de la Fiscalía y evadiendo la verdad estando detenido en la prisión de Virginia (Estados Unidos) luego de su extradición, fue que en junio del 2015 la sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Barranquilla lo expulsó por incumplir su compromiso en honrar los derechos de sus víctimas a la verdad, la justicia y la reparación como condición de no repetición.

 

Poderosas razones debe tener “Jorge 40” para guardar silencio y preferir someterse a la condena que paga proferida por la justicia ordinaria. Investigaciones periodísticas y de organismos de derechos humanos han documentado el poder económico que mantiene derivado de actividades ilícitas. Se habla también de estructuras políticas, que mantienen su dominio y control territorial, precisamente porque el silencio de ex jefes paramilitares, como en este caso, los protege y encubre. Razones más poderosas que las que han motivado a Salvatore Mancuso, su antiguo socio de andanzas, a contar sus verdades que deberá acompañar de pruebas ante la propia JEP.

Pero esta burla a las víctimas no solo ha corrido por cuenta de algunos de sus ex comandantes paras. La decisión de extraditarlos en el 2008 por parte del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez pretendió enviar la verdad a Estados Unidos sin tiquete de regreso. Quiso el gobierno de la época que los comandantes paramilitares respondieran ante la justicia norteamericana por delitos como el narcotráfico. Aunque el uribismo aún saque pecho por tamaño despropósito, es inocultable que ellos prefirieron la justicia de estadounidense y el castigo del delito del narcotráfico por encima de las masacres, desapariciones, despojos, desplazamientos y demás crímenes atroces por los que aún deben responder estos personajes.

Aunque resulte más dispendioso y exigente, corresponde a la justicia construir la verdad y garantizar plenos derechos a las víctimas. La burla de personajes como “Jorge 40” no puede condenarnos a la amnesia y el olvido. Y las verdades de Mancuso, si son plenamente probadas, pueden contribuir a no olvidar la ignominia y el horror. Y a pasar la página.

Antonio Sanguino

Las verdades de Mancuso

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Ya se sabía” o “era un secreto a voces”. Es lo que muchos repiten sobre las últimas, graves y dolorosas declaraciones ante la JEP del extraditado ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Pero las verdades de Mancuso tienen novedades e implicaciones que no pueden soslayarse. Verdades que no solo hacen referencia a un sangriento pasado que no debe repetirse, sino también al presente y a el futuro político de regiones como el Caribe y en particular, en departamentos como el Cesar.

Primera novedad: estas declaraciones de Mancuso corresponden a la audiencia única de verdad que definiría su ingreso a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP).  La propia JEP advierte que podrá admitir a Salvatore Mancuso solo si entrega “información verídica y constatable de con quienes se relacionó en los altos mandos de la fuerza pública y de otras entidades del Estado que no hayan sido judicializados para planear, ejecutar y ocultar los crímenes (…)”. Sobre cuatro asuntos tendrá Mancuso que aportar verdad probada: las Convivir como fachada del accionar paramilitar; las operaciones conjuntas entre paramilitares y fuerza pública; las alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y fuerza pública; y la filtración de información del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con fines criminales. En otras palabras, si Mancuso miente, al no ser admitido en la JEP, tendrá que responder ante la justicia ordinaria por sus conductas.

 

Segunda novedad: lo dicho por el ex jefe paramilitar corrobora, con la propia voz de un protagonista del más alto nivel, los abundantes hallazgos de importantes investigaciones y estudios. “La parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y sus acuerdos políticos” de Mauricio Romero y León Valencia, publicado por la Corporación Nuevo Arco Iris; “La economía de los paramilitares, redes de corrupción, negocios y política”, de los mismos autores; o “Paramilitarismo, Violencia y transformación social, política y económica en Colombia” de Raul Zelik. Parte de lo dicho, hace parte de testimonios rendidos ante el tribunal de justicia y paz, solo que allí no se exigía su comprobación judicial. Pero está establecido comprobadamente en numerosos expedientes y condenas judiciales; y lo más importante, en el completo, riguroso y documentado informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, presidido por el padre Francisco De Roux y derivado del Acuerdo de Paz del Teatro Colón.

Las implicaciones de estas verdades, que deben ser corroboradas por la JEP, son de la mayor importancia. Como la experiencia mundial y la historia de la humanidad enseña, la verdad es una condición sine qua non para la no repetición. El horror que estamos de nuevo escuchando en boca de Mancuso, que padeció la sociedad colombiana y particularmente la región Caribe, debe ser reconocido, castigado y reparado, para que nunca más vuelva a ocurrir en ningún lugar del planeta. La ausencia de esta verdad explica que estructuras políticas y clanes familiares se hayan mantenido y se mantengan incólumes en el poder político regional o hayan actuado como soporte territorial del poder nacional. Mientras los jefes paramilitares han tenido que comparecer ante justicia y paz, ahora ante la JEP, e incluso han sido extraditados, sus aliados o beneficiarios políticos mantienen un férreo control político de gobernaciones y alcaldías, gozando de su propia representación parlamentaria. Control que les permite reproducirse políticamente y alimentar su patrimonio económico familiar por la vía de la contratación pública irregular.

Hay responsabilidades penales que deben ser establecidas por la justicia, en este caso, por un tribunal de justicia transicional que como la JEP goza del respaldo de la Corte Penal Internacional. No olvidemos que estos crímenes son una ofensa a la humanidad. Las responsabilidades políticas deben ser reclamadas por la ciudadanía en todos los órdenes. Sobre todo, en las urnas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revolcón ministerial y balcón presidencial

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

A nueve meses de iniciado su mandato, dos hechos marcan el nuevo rumbo en el Gobierno de Gustavo Petro: el ajuste Ministerial y el balcón presidencial. El primero, como la advierten sirios y troyanos, representa la partida de defunción que el propio Petro le expidió a la fracasada coalición con los partidos liberal, conservador y la U. El segundo, es un recurso que el propio presidente puso en marcha en su paso por la Alcaldía de Bogotá para movilizar a la ciudadanía en favor de su agenda gubernativa. Sin tremendismos, hay que reconocer que Petro vuelve a ser el Petro que todos conocemos y que acude a un repertorio recurrente en los gobiernos de las izquierdas latinoamericanas.

No me sorprende el ajuste de líneas en el gabinete. En las primeras de cambio, la amplia coalición de gobierno que incorporaba a tres partidos tradicionales, permitió la aprobación en el Congreso de la República de un primer paquete de iniciativas legislativas de interés para el nuevo gobierno, entre las que se destacan la reforma tributaria y la ratificación del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, la fragilidad de la coalición se evidenció cuando llegaron los proyectos de reformas que constituyen el sello distintivo de un gobierno del cambio. Fue una acida prueba que no aprobaron los partidos del establecimiento y que condujo a una previsible e inevitable apelación del presidente a soportar su gobierno principalmente en las fuerzas políticas alternativas leales a su agenda.

 

No es para menos. Si una de las principales facetas del arte de gobernar es convocar, conducir y movilizar la institucionalidad hacia una idea de Estado y sociedad en el marco del Estado de Derecho, las coaliciones políticas deben estar al servicio de dicho propósito. Si algunas fuerzas políticas coaligadas actúan en contravía de la agenda del gobernante, en este caso, las reformas planteadas por Petro, no pueden hacer parte de su gobierno. Permitir que los partidos tradicionales se mimeticen en un gobierno del cambio para satisfacer su acostumbrada costumbre de capturar porciones del aparato público es hacerle un enorme daño al esquema gobierno/oposición pilar de toda democracia.

Tampoco debe estigmatizarse la convocatoria a la movilización ciudadana para defender las reformas planteadas y en discusión en el Congreso de la República. La deliberación pública y la presencia de las ciudadanías movilizadas no debe ser interpretada como una transgresión al principio democrático de separación de los poderes públicos. Como la representación popular en cuerpos colegiados no es un cheque en blanco, es justo reconocer que las voces ciudadanas puedan intervenir en el trámite legislativo de las reformas. Para elevar la calidad de nuestra democracia, la propia Constitución de 1991 estableció una adecuada combinación de representación y participación.

La oposición de derecha puede acudir al tremendismo como estrategia política. No es ninguna novedad. La posverdad hace parte sustancial de su repertorio. Pero en rigor, el debate democrático debe fundarse en la argumentación y no en la especulación. Petro, ha escogido la lealtad al mandato de cambios que recibió en las urnas y está apelando a un recurso democrático para respaldar con la movilización la agenda de reformas.

 

El cambio, los clanes y el 23

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

En el 23 el cambio democrático se juega su suerte. En efecto, las elecciones territoriales de octubre serán una contienda entre las fuerzas progresistas que representan e interpretan las reformas propuestas por el Gobierno del presidente Petro y de los gobiernos alternativos en Bogotá y otras regiones del país, versus las estructuras de la política tradicional que articulan entramados de captura del poder público en provecho propio, al tiempo que actúan en función de sectores económicos pre modernos y rentistas.

Los clanes políticos desempeñan un papel estelar en las estructuras de la política tradicional colombiana. Más que los partidos, son los clanes el eslabón de producción y reproducción del viejo sistema político. Su trinchera son los poderes regionales o las Alcaldías y Gobernaciones, desde allí controlan el aparato y la contratación pública, someten las regiones a su voluntad omnipresente, dominan la representación parlamentaria, capturan los partidos tradicionales y la expedición de avales. Son una mediación de facto entre el territorio y la nación, desarrollan una inmensa capacidad adaptativa para incorporarse a las coaliciones del gobierno nacional y no dudan en acudir al chantaje y la extorsión cuando las circunstancias se lo exigen. Son entramados que generalmente se mezclan con la criminalidad y ejercen una suerte de autoritarismo regional o territorial.

 

En Colombia tenemos más clanes que partidos. Mientras vamos en 34 partidos con personería jurídica, la Fundación Paz y Reconciliación documentó en sus estudios 54 grandes clanes políticos familiares a los qué hay sumar una estela de por lo menos 300 clanes de tamaño intermedio articulados a los primeros. A pesar del avance de las fuerzas alternativas en la composición del Congreso de la República, los clanes y los clancitos siguen conservando un inmenso poder parlamentario que hoy cobran caro el apoyo a las reformas o las ponen en serias dificultades. Solo tres clanes del Caribe, por ejemplo, los Char, los Cotes y los Gnecco suman más de 20 congresistas articulados a los partidos cuyos jefes se oponen rabiosamente a la reforma a la salud, a la laboral o a la pensional.

El cambio de rumbo y la agenda progresista sólo será viable si las fuerzas alternativas se juntan para enfrentar y derrotar a los clanes políticos. No hay otra alternativa. A no ser que se resignen a ser espectadores de la transacción perversa a la que sus representaciones parlamentarias someten al gobierno nacional. Si la tarea democrática del 22 fue la derrota de la derecha del establecimiento, la del 23 es la de imponerse regionalmente a los clanes.

Que las fuerzas alternativas unidas se impongan en las regionales significará una bocanada de oxígeno para el gobierno Petro, permitirá romper el autoritarismo subnacional ejercido por los clanes, instalar relaciones intestitucionalizadas entre la nación y los territorios, y armonizar el poder político regional con la agenda de cambios y reformas liderados por el presidente y su gobierno. Amanecerá y veremos.

Nota relacionada: “No haré un gobierno en el Cesar de venganzas políticas”: Antonio Sanguino

“No haré un gobierno en el Cesar de venganzas políticas”: Antonio Sanguino

Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Colombia, Nación.

El exsenador y ahora candidato a la Gobernación del Cesar, Antonio Sanguino en entrevista con los periodistas Mauricio Arroyave y Manolito Salazar, afirmó que si es elegido en el cargo no hará un mandato de venganzas contra nadie y que se dedicará a construir una versión del ‘Cambio’ con versión “cesarense”.

Durante el diálogo Sanguino expresó sus preocupaciones porque al departamento lo han gobernado “autoritarismos subnacionales”, que logran elegir alcaldes, concejales, representantes a la cámara y senadores.

 

“Aquí no se trata de referirse a una familia que tiene tradición política; ese no es el debate; esta no es una enemistad, ni una malquerencia contra nadie. Aquí hay unas estructuras políticas que todo lo controlan pero que esta vez les va a quedar difícil porque no tienen un gobierno nacional”.

Dijo además que la economía del Cesar depende en gran medida de la explotación del Carbón, y no se ha preparado para una etapa postcarbón y que es preocupante que, de un universo de 25 municipios, solo 1 tenga servicio de agua las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Para Sanguino, dialogar con todos los actores políticos del departamento no significa que tenga que gobernar con ellos. Para el excongresista se pueden atender sus voces, sus preocupaciones, dándoles una solución, sin necesariamente tener que mezclarse con ella.

Antonio Sanguino recibió el aval del partido Alianza Verde para buscar la gobernación del departamento del Cesar en las elecciones del próximo mes de octubre.

 

Voces a favor y en contra del Acuerdo de Escazú

Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Voces Confidencial.

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“Algunos concejales no han leído muy bien el fallo de la Corte”: Antonio Sanguino

Escrito por Oscar Sevillano en . Publicado en Bogotá, Nación.

Antonio Sanguino, jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, explica los alcances del fallo de la Corte Constitucional que tiene que ver con el número de localidades de Bogotá y la creación de las Unidades de Planeación Local.

¿Qué lectura tiene la Administración de Bogotá sobre el fallo de la Corte Constitucional que tiene que ver con las localidades?

 

Antonio Sanguino: Nosotros compartimos el fallo de la Corte Constitucional, estamos además muy contentos porque dejó en firme y declara exequible la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá que aprobó el Congreso de la República, que yo voté positivamente como senador. Lo que dice el fallo es que las modificaciones de las localidades de Bogotá no se pueden hacer por decreto, sino que deben ser el resultado de un proyecto que lleve la Administración para que el Concejo de la ciudad lo discuta y lo apruebe, si es el caso, es un criterio y aclaración que nosotros acogemos y respaldamos. Ahora, ¿por qué la modificación de las localidades está en el decreto del POT?, por una realidad eminentemente legal, no porque así lo quisiera la alcaldesa.

¿Cómo inicia este enredo?

Antonio Sanguino: La Administración presentó un proyecto de modificación del POT al Concejo de Bogotá y en ese proyecto iba incluido un mandato legal que creaban las unidades de planeación local (UPL), -que sustituyen lo que hoy se llaman UPZ- (Unidades de planeación zonal), hoy son más de 130 y quedan reducidas a 33 y, las hacía coincidir con una propuesta de igual número de localidades en la ciudad.  El Concejo de Bogotá no quiso votar el proyecto de modificación del POT, se comprometieron en una trapisonda de recusaciones y de acciones legales que impidieron el debate. No fue la Administración la que acudió a ese tipo de maniobras y de leguleyadas sino el propio Concejo, había tres ponencias positivas para el proyecto de modificación del POT; se habían recogido una serie de propuestas modificatorias al proyecto original y, adicionalmente se hicieron varias audiencias públicas pero el Concejo no quiso y eso facultaba a la Administración para decretar el POT, como lo hizo la alcaldesa Claudia López.

Para mayor claridad, explíquenos por favor lo que queda en firme con la sentencia de la Corte

Antonio Sanguino: La Ley 388 establece que cuando se decreta el POT, debe ser el que originalmente se lleva al Concejo y por esto terminó esa disposición de la creación de localidades incorporada en el Decreto, pero muy bien hace la Corte sustrayendo ese asunto, dejando el resto en pie en lo que corresponde al Estatuto Orgánico de Bogotá -es decir- que existan UPL, y que estas deben corresponderse con las localidades, ¿qué más dejó en pie?:  qué el compromiso de vigencia futuras cuando son ordinarias, se puedan hacer por el Confis y no a través del Concejo de la ciudad y una serie de disposiciones en general.

Eso quiere decir que el corazón de este debate se encuentra en la modificación al Estatuto Orgánico de Bogotá que aprueba el Congreso de la República y no tanto en el POT, como se le está mirando desde el Concejo.

Antonio Sanguino: El asunto legal del POT está en conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no en la Corte Constitucional. Esta demanda de inconstitucionalidad que entablaron varios concejales era sobre la reforma del Estatuto Orgánico de Bogotá, una cosa está conectada con la otra.

Entonces en el Concejo están revolviendo peras con manzanas

Antonio Sanguino: Yo creo que algunos concejales no han leído muy bien el fallo de la Corte, yo les sugeriría que hiciéramos un ejercicio de lectura que no cae mal de vez en cuando para que conozcan los alcances del pronunciamiento.

¿Alcanza esta Administración a presentar el proyecto de acuerdo que tiene que ver con el número de localidades, una vez se destrabe el POT en el Tribunal?

Antonio Sanguino: No creo, nosotros nos vamos a ocupar en implementar el POT una vez se descongele, confiamos en que así ocurra para dedicarnos a los asuntos que tienen que ver con el reverdecimiento de la ciudad, la ampliación de la estructura ecológica principal, los usos del suelo, avanzar en una ciudad que disminuya los tiempos entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo y estudio de los ciudadanos, en fin, todo lo que trae el POT.

Yo creo que este asunto de las localidades le va a corresponder a la próxima Administración, y tendrá que presentar un proyecto para que estudie el próximo Concejo de la ciudad. Lo que si es claro es que vamos a poner en operación las UPL, que esas sí quedan en pie y estamos facultados para crearlas.

Sí las UPL están sustituyendo a las UPZ ¿por qué en el Concejo insisten que ésta figura crea otras localidades?

Antonio Sanguino: Pues porque no se han leído el fallo, ni se han leído el POT porque como se pusieron a idear trapisondas y crear recusaciones, seguramente no han leído lo que está proponiendo la Administración en esta materia. Mire, tan sencillo como esto, Bogotá hoy tiene UPZ y tiene localidades, tiene más de 100 UPZ y 20 localidades, ahora va a tener las mismas localidades y 33 UPL que reemplazan a las UPZ y eso no implica ni exige un proyecto de acuerdo en el Concejo

¿Qué es mejor ser senador o ser jefe de gabinete de una ciudad que tiene un ritmo de trabajo fuerte?

Antonio Sanguino: Son oficios distintos, yo he venido construyendo una vocación pública que la quiero también poner a prueba en esta nueva responsabilidad, es otro lugar, es otro rol. Algunos dicen que es preferible un centímetro de ejecutivo que 100 kilómetros de legislativo, voy a ver si es cierta esa afirmación

“La Corte Constitucional no habla del nuevo POT de Bogotá”: Antonio Sanguino

Escrito por Oscar Sevillano en . Publicado en Bogotá, Nación.

La Alcaldía Mayor de Bogotá se pronunció frente al fallo de la Corte Constitucional asegurando que es “importante subrayar que la honorable Corte Constitucional no analizó una demanda contra el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Bogotá Reverdece 2022 – 2035: el alto tribunal estudió la Ley 2116 de 2021, la cual modificó en algunos aspectos el Estatuto Orgánico de Bogotá”. En este sentido, encontró ajustados a la Constitución:

En lo que tiene que ver con el reclamo que hacen algunos concejales de Bogotá para la delimitación de las localidades, la Alcaldía reconoce la competencia del cabildo distrital en esta materia aclarando lo siguiente:

 

“Con el fallo de hoy se reconoce que una futura creación o modificación de localidades por parte del Concejo debe coincidir con la planeación territorial de la ciudad. Este será un proyecto de acuerdo que deberá presentar la siguiente administración y aprobar el próximo Concejo para establecer un nuevo modelo de organización administrativa que coincida con la planeación territorial”.

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El comunicado finaliza diciendo: “El POT de Bogotá no crea ni modifica las localidades de la ciudad. En el POT se determinan las Unidades de Planeación local (UPL), lo cual es un asunto propio de este tipo de instrumentos”.

El jefe del gabinete distrital, Antonio Sanguino, es enfático en asegurar que “Este pronunciamiento de la Corte Constitucional para nada se refiere a la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial, hecho por esta Administración”.

Claudia López elige a Antonio Sanguino como su nuevo jefe de gabinete

Escrito por Oscar Sevillano en . Publicado en Bogotá.

El saliente senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, ocupará el cargo de jefe de gabinete en la Alcaldía de Bogotá.

Sanguino termina su período como senador de la república y reemplazará a Luis Ernesto Gómez, quien se retiró del cargo para acompañar la campaña del hoy presidente electo Gustavo Petro.

 

Antonio Sanguino fue concejal de Bogotá durante tres períodos consecutivos de donde saltó al senado de la República. Es gran conocedor de los temas de los asuntos de la capital del país y cuenta con gran respecto entre los concejales de la ciudad.

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Fue además presidente y director ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris. Es sociólogo s Doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, (España), Magíster en Administración y Planificación de Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes y Sociólogo de la Universidad Cooperativa de Bucaramanga.

También ocupó el cargo de presidente y Vocero Nacional del Partido Alianza Verde (2014 – 2017) y desde allí lideró la campaña por el SI en el plebiscito por la paz y la Consulta Popular Anticorrupción.

«Petro nos sorprendió con su reunión con Uribe»: Antonio Sanguino

Escrito por Iván Santisteban | Opinión en . Publicado en Nación.

El encuentro celebrado entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente electo, Álvaro Uribe Vélez, fue considerado como el inicio de una nueva era política en nuestro país, dado los constantes enfrentamientos que han tenido estos dos líderes

En entrevista para Confidencial Colombia, el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, dijo que este diálogo entre los dos protagonistas de la política en Colombia es muy positivo y envía un mensaje de entendimiento entre dos sectores radicalmente opuestos.

 

El congresista fue muy claro en señalar en que de ninguna manera se lo puede tomar como que el Centro Democrático va a ingresar a la coalición de apoyo al gobierno de Petro, Sanguino considera que esto se lo debe entender como una puerta a una conversación que debe ser permanente y que debe ayudar a calmar los ánimos.

Para Sanguino es claro que el Centro Democrático va a hacer oposición y aplaude que, según él, esto hace parte del ejercicio democrático en una sociedad.

Reviva la entrevista:

Victorias tempranas de Petro

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión.

No hay tiempo que perder. En medio de la euforia por la victoria electoral histórica de Petro y Francia que le entrega por vez primera, en la Colombia contemporánea, el Palacio de Nariño a una coalición de izquierda y centroizquierda, el Presidente electo y su equipo mas cercano tienen la tarea urgente de identificar decisiones inmediatas para los primeros cien días de gobierno. Deben ser acciones que atiendan en parte las enormes expectativas que el país abriga sobre su nuevo mandatario y que tengan la potencia y viabilidad para convertirse en victorias tempranas.

Gustavo Petro, en su primer discurso como Presidente electo el 19 de junio en el Movistar Arena de Bogotá, notablemente emocionado expresó el significado histórico de su triunfo, estableció su perspectiva de los enormes desafíos que enfrenta la sociedad colombiana y la humanidad en tiempos de crisis climática, se aventuró a proponer unas primeras líneas de lo que será su política exterior y su relación con Estados Unidos, insistió en el compromiso de su futuro gobierno con la inclusión, la igualdad, la democracia y La Paz de todos los colombianos; y se apresuró en enviar mensajes de reconocimiento a esa otra colombia que votó por su adversario Rodolfo Hernández, proponiendo un Acuerdo Nacional para consensuar y adelantar las reformas que la sociedad colombiana requiere.

 

El Presidente Petro tiene la oportunidad de convertir su promesa de cambio en acciones de gobierno desde el primer día de su mandato. Empezar desde ya y con el liderazgo de su Canciller, el experimentado Leyva Durán, acercamientos que permitan la declaratoria de un cese al fuego por los primeros cien días de gobierno por parte del ELN, las distintas disidencias de la antigua guerrilla de las FARC y del Clan del Golfo, provocaría un ambiente de distensión en las regiones afectadas por la presencia de estos fenómenos de violencia y sería un enorme mensaje de esperanza en un gobierno comprometido con La Paz total. Sería pertinente ademas, un acto de relanzamiento del Acuerdo del Teatro Colón que signifique refrendar y honrar el compromiso del Estado Colombiano con este pacto de paz que ponga fin a un cuatrienio obsesivo en hacerlo trizas.

Las enormes expectativas sociales deben empezar a ser atendidas. Un par de decretos presidenciales que garanticen, con recursos del gobierno nacional, matricula cero para los dos próximos semestres académicos al cien por ciento de los estudiantes de todas las universidades publicas del país, y un plan de alivio inmediato y contundente a los deudores del ICETEX, mientras se terminan de tramitar en el Congreso sendas iniciativas legislativas que ya fueron aprobadas en primer debate y que exigirían mensaje de urgencia del nuevo gobierno, es lo menos que esperan los jóvenes protagonistas de los estallidos sociales del 2019 y 2021 y de la reciente campaña presidencial. Urge empezar a concretar una política de renta básica, fusionando y unificando todos los programas de asistencia social y lucha contra la pobreza, para lo cual una experiencia piloto con lo avanzado en Bogotá en esa materia y la vinculación de las alcaldías y gobernaciones en otras regiones del país podría ser un buen comienzo. El hambre y la pobreza de millones de colombianos y las posibilidades de acceso a bienes de consumo básico, no dan espera.

Decisiones en el campo ambiental pueden adoptarse de inmediato que signifiquen una señal de los nuevos tiempos: Prescindir del uso del glifosato en la política antinarcóticos y escoger la opción de la sustitución concertada y voluntaria de los cultivos de uso ilícito; cancelar definitivamente los proyectos pilotos de fracking que adelanta Ecopetrol en Puerto Wilches y otras regiones del país; comprometer a las nuevas mayorías del Congreso para lograr antes de octubre la ratificación del Acuerdo de Escazú; y culminar el proceso de delimitación del Páramo de Santurban que permita dejar en firme la protección de este ecosistema estratégico.

Las noticias que hemos recibido en materia de relaciones internacionales son verdaderamente esperanzadoras. Este nuevo ambiente es propicio para iniciar la normalización de las relaciones con Venezuela, apoyándose en lo avanzado por los gobiernos territoriales de Norte de Santander del lado colombiano y del Estado del Táchira del lado venezolano, así como de sectores empresariales y académicos de ambos paises. Es oportuno este momento también para inaugurar una nueva era en las relaciones de Colombia y Estados Unidos, y consolidar nuestra actuación en la Organización de Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, principales escenarios internacionales para el continente y el mundo democrático. Resultaría de buen recibo para el campo y los sectores productivos conformar una comisión de alto nivel que en los primeros cien días de gobierno entregue una propuesta de ajustes a los 17 Tratados de Libre Comercio celebrados por Colombia hasta la fecha.

El Presidente Petro y su equipo de gobierno no pueden dejar escapar la esperanza que hoy invade a millones de colombianos. Y para ello hay que combinar el diseño de las soluciones de mediano y largo plazo, las metas viables y posibles en el cuatrienio que arranca el próximo 7 de agosto, con acciones inmediatas que demuestren un talante y un cambio de rumbo en la conducción del Estado Colombiano. Y los cíen primeros días son cruciales para mantener el optimismo al alza obteniendo victorias tempranas del nuevo gobierno del cambio

Una «rodolfoneta» incierta

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión.

Foto: Cortesía

Ya he argumentado mi decisión de votar en segunda vuelta por Petro y Francia. Lo hago sin ser “Petrista”, porque me resisto a los mesianismos tan próximos a todo tipo de autoritarismos y prefiero los proyectos colectivos, la reivindicación de los partidos como vehículos de proyectos de Estado y Sociedad y los cambios urgentes y de mediano plazo en el marco de un respeto irrestricto al Estado de Derecho.

 

Ahora quiero dirigirme a quienes votaron por Sergio Fajardo y Gilberto Murillo en primera vuelta. Esos cerca de 900 mil votantes que creyeron en una propuesta de transformaciones responsables, viables y seguras. Aquellos ciudadanos que rechazamos la violencia y la virulencia en la contienda política, que preferimos los mecanismos civilistas para dirimir nuestros conflictos políticos y sociales. A quienes nos propusimos recoger el malestar social para convertirlo en una oportunidad de reformas en los marcos institucionales. Me dirijo también al votante en blanco, al indeciso que espera llenarse de mas y mejores argumentos para decidir su voto. Pero también a los millones que votaron por Rodolfo Hernández, rechazando la corrupción o ilusionados por un cambio que suena autentico en un discurso elemental y altisonante del “ingeniero”. O a quienes votando por Fico, Jhon Milton o Gómez añoran una Colombia prospera y en paz.

Me temo que “el Ingeniero Rodolfo” no es el cambio con certezas que Colombia reclama en este desafiante momento. Más allá de los prefabricados y simpáticos TikToks que han viralizado sus asesores y estrategas, produce desazón que no sepamos cual programa votarán quienes se decidan por Él : si el que presentó en la Registraduría cuando inscribió por firmas su solitaria y personalista candidatura o el de los 20 trinos que publicó luego de la primera vuelta para vestirse de progresista y “de avanzada”. Más desazón me generó su desprecio a un acuerdo con Fajardo, Cristo, Amaya y Robledo que recogía y le daba mayor alcance a esos 20 trinos. Y me producen verdadera alarma sus declaraciones y anuncios que se salen del relato premeditado de sus asesores y que revelan la verdadera naturaleza del liderazgo que representa en este remate final de la contienda presidencial.

En momentos de crisis climática resulta, por lo menos preocupante, que no haya claridad sobre su posición respecto al fracking, la utilización del glifosato en los programas de fumigación de cultivos de uso ilícito o su claridad en metas y mecanismos para avanzar en la transición energética o que no tenga la más mínima idea de lo que significa el Acuerdo de Escazú y su necesaria ratificación en el Congreso de la República. Contrario a una robusta y necesaria agenda verde en reforestación, mayor rigor en los procesos de licenciamiento ambiental o protección de nuestros ecosistemas estratégicos, “el ingeniero” se apresura a prometer el desmantelamiento del sistema nacional ambiental eliminando su cabeza, el Ministerio de Medio Ambiente, institucionalidad creada en virtud de la Constitución de 1.991 precisamente para dichos propósitos.

Lo propio ocurre con su compromiso con La Paz y la reconciliación de los colombianos. Revela un desconocimiento de la naturaleza de las violencias que hoy se entrecruzan en 33 enclaves criminales existentes a lo largo y ancho del territorio nacional, su relación con los fenómenos de inseguridad urbana y la pertinencia de la implementación integral del Acuerdo de Paz para superarlo. Sobre un futuro proceso de paz con el ELN, se limita a proponer un “otrosí” al Acuerdo del Teatro Colón para reincorporar a esta organización guerrillera a la vida civil, como si no hubiese leído un solo renglón de lo avanzado en el diálogo con esta. No sabemos que piensa hacer con el Clan del Golfo o con las disidencias de la ExFarc.

Y en materia de protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales y ambientales o de personas protegidas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo se le ocurre la promesa de desmantelar la Unidad Nacional de Protección y su papel en las garantías de seguridad para estas poblaciones especialmente vulnerables.

La lucha contra la pobreza, la disminución de desigualdades y la superación de discriminaciones no parecen ser su fuerte. Asombra cuando persuade a los ricos para que “entiendan” que el mejor negocio es que hayan muchos pobres con capacidad de compra, que las hipotecas son un “negocio delicioso”, que los créditos leoninos del ICETEX, para evadir una reforma pedida por los estudiantes, los ayudará a pagar caritativamente con su sueldo o la reposición de sus votos, que se necesita ampliar la jornada laboral o que el “feminicidio” es un necio invento de feministas desprogramadas.

También asusta su inocultable parroquialismo, como diría Sandra Borda, en materia de política exterior. A cambio del retorno al multelateralismo y de una diplomacia para La Paz, de una democrática posición respecto a la normalización de nuestras relaciones con los vecinos y EEUU, del papel de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, de la revisión de las Tratados de Libre Comercio o del tratamiento de nuestro diferendo con Nicaragua, promete descuartizar embajadas y representaciones diplomáticas en un mundo globalizado e interconectado.

Su desprecio por el Estado de Derecho es de sumo cuidado. Produce escozor que reconozca “Limpiarse el rabo con la Ley”, desafiar la justicia haciendo campaña a pesar de su condición de imputado por delitos de corrupción y acoso laboral o que gobernará sin controles o contrapesos a punta de decretos de Conmoción Interior que le dará facultades especiales para sus disparates autoritarios mientras, según sus palabras , la Corte Constitucional se pronuncia, cayendo en un abierto prevaricato. Al mismo tiempo se despacha con un efectista discurso anti político, que resulta hipócrita ante la avalancha de adhesiones del uribismo y clanes de la política tradicional a quienes recibe justificándose en un bárbaro irrespeto a los católicos del país y del mundo.

Por todas estas razones, la incierta “rodolfoneta” del ingeniero puede conducirnos a una estrellada de consecuencias impredecibles.