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Etiqueta: Antonio Sanguino

Explico mi voto por Petro y Francia

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión.

Con convicción y coherencia he decidido votar en segunda vuelta por Gustavo Petro y Francia Márquez. No es una adhesión incondicional que constituya un “cheque en blanco” a quienes están ad portas de dirigir los destinos de Colombia. Las consideraciones programáticas de la Alianza Verde y las que construimos en la Coalición Centro Esperanza en esta campaña, serán un lugar desde el cual quisiéramos acompañar comprometida y críticamente el ejercicio de este gobierno del cambio. Y el tono que propusimos nos convoca a aportar una dosis de moderación necesaria en estos tiempos de sectarismos y fanatismos.

La experiencia de la Constituyente del 91 y las transiciones democráticas en otros contextos, me fueron convenciendo de que un proyecto de cambio para la Colombia de hoy, requiere una convergencia de fuerzas el centro progresista, la centroizquierda y las distintas expresiones de la izquierda más doctrinaria. Ese núcleo de alianzas permite una amplia base política y social que hacen viable el triunfo electoral y la gobernabilidad posterior. También hacen posible unos mínimos programáticos que combinen adecuadamente profundidad de las reformas, moderación política y respeto al Estado de Derecho. Convergencia que nos conduzca a una ola reformista,  pero cuidándonos de no caer en tentaciones autoritarias.

 

Con esas convicciones participé activamente en la creación de la difícil experiencia de la Coalición Centro Esperanza, primero como precandidato presidencial de los Verdes, luego acompañando la candidatura de Carlos Amaya y finalmente promoviendo la candidatura de Sergio Fajardo quien resultó ganador de la consulta presidencial del 13 de marzo de esta alianza política.  Sentí que mi contribución a esa gran convergencia alternativa sería más eficaz y más coherente con el ADN del Verde participando en un agrupamiento del centro y la centroizquierda.

El sistema de doble vuelta presidencial o “ballotage” inventado por los franceses e incorporado en la Constitución de 1.991 permite que en una primera vuelta compitan las distintas opciones políticas y propuestas de gobierno, para que los ciudadanos escojan si alguna de ellas merece la mayoría absoluta en la primera instancia o si se requiere una alianza más amplia y una propuesta más moderada que reciba el respaldo popular mayoritario en la segunda vuelta.

La propuesta de cambio de la Coalición Centro Esperanza compitió con un programa, quizás el más realista y más profundo, y un tono tranquilo que pretendió convertirse en una tercería entre el Pacto Histórico y el Uribismo. No lo logramos y más bien esa tercería la ocupó otro proyecto rabioso y elemental  que, al estilo de una versión criolla del trumpismo, en tiempo récord recibe los apoyos de todo el espectro de la derecha, incluyendo su expresión más extrema, derrotada con Federico Gutiérrez.

Quienes nos mantuvimos hasta el final al lado de Fajardo nos resistimos a quienes nos atacaban o presionaban a sumarnos en primera vuelta a Petro y Francia, bajo el argumento de que no hacerlo nos haría cómplices de una victoria del uribismo en la segunda. Teníamos la convicción de la justeza y pertinencia de nuestra propuesta y la decisión de someternos al escrutinio popular en las urnas. Y de que los números y el ambiente del país no daban para un triunfador en primera vuelta. No nos dejamos apabullar y jugamos lealmente hasta el final.

Las ciudadanías han hablado, han querido barajar de nuevo y han seleccionado para la batalla final la propuesta de cambio de Petro y Francia más situada a la izquierda y más cercana programáticamente al centroprogresista la Coalición de la Esperanza, enfrentada a un indescifrable y populista Rodolfo Hernández, convertido ahora en tabla de salvación del uribismo apabullado.

Luego del portazo de Rodolfo Hernández a Fajardo, Robledo, Cristo y Amaya, aún estamos a tiempo en los días de faltan,  para que ellos y el Nuevo Liberalismo, como ya lo hicimos los Verdes de la Coalición, Luis Gilberto Murillo y Colombia Renaciente, la ASI, Alejando Gaviria, Guillermo Rivera y Mabel Lara, concreten un acuerdo que aporte realismo y moderación a una alianza de todo el progresismo colombiano para un gobierno de paz, buen vivir, transparencia pública y responsabilidad ambiental. Un acuerdo que los ciudadanos que hemos luchado decidió que lo lideraran Gustavo Petro y Francia Márquez.

 

 

 

Lo seguro es que nada está seguro

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión.

Nada está seguro en la elección presidencial. La avalancha de encuestas que sin ningún control circulan por estos días parecen coincidir, más allá de las proclamas triunfalistas de los punteros, que habrá segunda vuelta, que todavía no se puede anticipar quienes serán los dos finalistas y que no es posible aún saber si el dilema será entre continuidad y cambio.

En medio de semejante incertidumbre, sin precedentes en la corta historia de la doble vuelta presidencial en Colombia, lo único hasta ahora probable es que esta vez un tiquete lo tiene Gustavo Petro y el segundo lo disputan Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo.

 

El Uribismo encara la elección más difícil en sus veinte años de existencia como proyecto político. Primero fue la drástica disminución de su representación parlamentaria en las elecciones del pasado 13 de marzo.

Ese mismo día tuvo que resignarse con un segundo lugar en la votación de las consultas presidenciales, por debajo del Pacto Histórico de Petro. Pero antes exhibió un espectáculo espasmódico en la elección de quien habría de representar esta corriente de derecha autoritaria en la contienda: una encuesta amañada sacó de competencia a María Fernanda Cabal, su renuncia a última hora autoeliminó a Óscar Iván Zuluaga, para finalmente movilizar toda la máquina uribista en favor de Federico Gutiérrez en la consulta del denominado “Equipo Colombia”. Tras bambalinas y dirigiendo todo ha estado la mano nada invisible del expresidente Uribe.

El tal “Fico” no la ha tenido fácil. Su campaña recoge toda la escoria de la política tradicional representada en casi todos los clanes políticos, que aunque mantienen una enorme capacidad de movilización del voto clientelista, cargan con el desprestigio en una opinión publica que se expresa cada vez mas con mayor fuerza en las presidenciales. Además de revelarse como un pésimo candidato, ligero, chabacano y poco conocedor de los asuntos de Estado, lleva encima el fardo de ser la carta de un Duque cuyo legado es de una precariedad inocultable y un Uribe que muerde el piso de sus peores registros en popularidad.

El malestar social que rodea la campaña puede conducir a una derrota en primera vuelta de la opción continuista representada en “Fico” y un entierro del Uribismo tal como lo hemos conocido.

Si las tendencias siguen como lo anuncian las mediciones, el 29 de mayo marcaría un nuevo escenario político caracterizado por la competencia en segunda vuelta de dos proyectos que no representan la continuidad de las elites en el poder. “Dos opciones de cambio”, han señalado algunos, con inusitado entusiasmo.

Surge entonces la pregunta ¿De que cambio estamos hablando?. El Proyecto del Pacto Histórico representado en Gustavo Petro y Francia Márquez constituye sin duda un recambio en los actores en el poder : recoge buena parte del espectro de la izquierda ideológica, movimientos sociales y populares, y de manera marginal a sectores provenientes de los partidos tradicionales. Formula el Pacto una propuesta programática atractiva y audaz cuyos alcances y viabilidad exigen un examen más allá de las consignas inspiradoras y de los tonos altisonantes de sus voceros.

El fenómeno del “ingeniero” Rodolfo Hernández merece también ser considerado como un relevo probable en la conducción del Estado, sobre todo porque aparece creciendo en simpatías y en las mediciones. Es un “llanero solitario” que enarbola, como Trump en su momento, un discurso antisistema elemental con una buena dosis de populismo de derecha en todos sus anuncios y propuestas.

Su discurso fuerte cargado de epítetos y ataques verbales a la clase política le ha permitido conquistar un espacio en un ambiente rabioso como el de estos tiempos. Y la tercera opción de cambio, como su nombre lo indica, se agrupa en la Coalición Centro Esperanza, una suerte de alianza política que recoge sectores de la centro izquierda, el centro progresista y el liberalismo socialdemócrata en cabeza de un Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo que representan un estilo de liderazgo sereno, moderado y mas bien cuidadoso a la hora de proponer cambios y transformaciones. Esta moderación y tono de Fajardo, en un escenario caldeado por la rabia y el malestar social, pueden en parte explicar que no haya tenido aun el registro exitoso de su campaña en el 2018 o el de la Ola Verde del 2010.

La fragmentación, el fanatismo y el sectarismo que pretenden imponerse en la actual campaña presidencial en detrimento de un debate razonado y civilizado, hace saludable que la Presidencia de la Republica se defina en la segunda vuelta. La virtud del “balotaje” inventado por los franceses permite, por un lado, asegurar que si una propuesta de gobierno no tiene la mayoría, se vea obligado a ampliar su espectro de alianzas políticas asegurándose mayor legitimidad; o por el otro, moderar las dos opciones que llegan a la recta final, disminuyendo la polarización política.

Que bueno sería que las urgencias de cambios que nos merecemos como sociedad colombiana provengan de una buena dosis de moderación democrática y respeto al Estado de Derecho.

Ojo con el 29

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Columnista invitado, Opinión.

No es tremendismo. Se cierne un grave riesgo sobre la elección del 29 de mayo o primera vuelta presidencial. Así lo han venido advirtiendo el Magistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez y la Misión de Observación Electoral (MOE), si no se realiza una rigurosa y transparente auditoria internacional a los software electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los colombianos y todas las fuerzas políticas necesitan toda la verdad electoral sobre los comicios del pasado 13 de marzo que eligió al nuevo Congreso de la República, para lo cual es imprescindible una auditoría forense de los software utilizados en dicha jornada. Pero resulta aun mas apremiante una revisión estricta de todo el sistema informático del que hará uso la Registraduría en la elección del próximo Presidente de la República.

Y no es para menos. Las protuberantes irregularidades en las elecciones que acaban de ocurrir son tan inocultables que han merecido un candente debate político en el país y en el Senado de la República con graves acusaciones sobre la existencia de fraude electoral, la apertura por parte de la Fiscalía General de investigaciones penales contra cientos de jurados de votación solicitadas por la propia Registraduría y el reconocimiento de inconsistencias en los resultados entregados entre el preconteo y el escrutinio final en la elección del Senado y de las Cámaras de Representantes. La selección y capacitación de los jurados, el diseño y tramite de los formularios de registro de votación o E14, el proceso de preconteo y hasta la violación de la cadena de custodia de los votos, han sido motivo de graves denuncias por cuenta de evidentes irregularidades. A los crónicos fenómenos de compra de votos, constreñimiento al sufragante, financiación ilegal de las campañas, hay que agregar ahora el “agujero negro” de todo el dispositivo electrónico bajo el control de la Registraduria para la contabilización de los votos y la seguridad del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Fue tal el tamaño de las irregularidades que el propio Registrador Alexander Vega reconoció equivocaciones o actuaciones fraudulentas en mas de 15 mil jurados e inconsistencias en los resultados a Senado de mas de un millón de votos. Hasta llegó a proponer, El mismo, un reconteo general de la votación.

 

Por eso, desde comienzos de abril el Consejo Nacional Electoral por decisión unánime de su sala plena le solicitó al Registrador Vega la realización de una auditoría internacional que revisara todos los dispositivos informáticos utilizados en las elecciones parlamentarias del 13 de marzo y en las que se utilizarán en la primera y segunda vuelta presidencial de mayo y junio próximo. Después de un largo silencio, el Registrador respondió que para dicha auditoría se requería una adición presupuestal del Ministerio de Hacienda, partida que solicitó solo hasta el 22 de abril y que Minhacienda aprobó hasta el 2 de mayo, como para no dejar tiempo de realizar una licitación transparente que seleccione la firma auditora y facilitar que ello lo hagan a dedo el Registrador y el Presidente del Consejo Nacional Electoral César Augusto Abreo. Lo grave no solo es que se haga una nueva contratación directa por 3.200 millones de pesos que favorecería a una de tres firmas de confianza del Registrador o que la firma auditora seleccionada oculte las irregularidades en los software usados el 13 de marzo y las siga ocultando para las presidenciales. Lo mas preocupante es el pinponeo administrativo entre la Registraduría y la Presidencia del Consejo Nacional Electoral para contratar la firma auditora, así sea de manera directa, lo que conduciría a que la auditoría internacional finalmente no se realice o que sus recomendaciones no tengan tiempo para su implementación antes del 29 de mayo, generando un manto de duda sobre un resultado electoral que por las encuestas y mediciones será adverso al candidato del uribismo.

Muchas suspicacias existen sobre la contratación a dedo por parte de la Registraduría de las firmas encargadas de el dispositivo informático en todos los eslabones del proceso electoral que va desde la inscripción de cédulas, la consolidación del Censo Electoral, la información a los votantes, la selección de los jurados, la acreditación de los testigos, hasta el preconteo y el escrutinio. Las dudas sobre la transparencia de las firmas Disproel e Indra, que según los contratos celebrados incluyen auditorias de sus procesos, se extienden a la auditoria por 10.800 millones de pesos contratada con la firma McGregor, cuyos resultados inexistentes podrían constituir un detrimento patrimonial.

Un personaje que ha pasado de agache en todo este entramado de irregularidades es Alejandro Campo Valero, gerente de informática de la Registraduría. Llama la atención que este Ingeniero de Sistemas, luego de fungir como asesor del despacho del entonces Alcalde de Barranquilla Alex Char, reporta como experiencia en su hoja de vida haber laborado en la Unión Temporal AROLEN S.A., empresa subcontratada por el Grupo UNE para las elecciones del 2010, que registró “problemas en la divulgación de los resultados electorales”, tal como ahora. El señor Campo Valero también reporta su desempeño como director de Gestión de Seguridad Electrónica en la firma Thomas Greg & Sons entre el 2014 y el 2015, así como representante para Colombia de la firma española INDRA entre el 2016 y el 2017, aunque aparece como gerente de operaciones del contrato que INDRA celebró con la Registraduría para los escrutinios en las elecciones del 2018. Cabe recordar que en diciembre de 2021 INDRA resultó seleccionado para suministrar el software de conteo de los votos para las elecciones del Congreso de la Republica del 13 de marzo del 2022 mediante un proceso de selección abreviada con proponente único, proceso similar a la contratación de DISPROEL y Thomas GREG para la toda logística electoral. Y que en ninguno de estos procesos, tanto en su contratación como en su ejecución, Campo Valero haya manifestado sus protuberantes conflictos de intereses, ocultando esta “silla giratoria”. Como quien dice, “el ratón cuidando el Queso”.

Los días están contados para evitar el riesgo que amenaza la cita electoral del 29 de mayo. La elección del próximo Presidente de los colombianos no puede estar rodeado de dudas. El resultado debe ser reconocido por todos, en especial por quienes resulten derrotados. A no ser que el Gobierno Duque esté jugando con candela y sin medir sus consecuencias quiera ilegitimar de antemano su segura derrota, con la complicidad de las autoridades electorales. Sería de una perversidad enorme. E imperdonable.

‘Otoniel’ y la bacrimpolítica

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Columnista invitado, Opinión.

Sin tiquete de regreso. Es la suerte que puede correr la verdad de la bacrimpolítica, con la abrupta extradición a Estados Unidos de Daniel Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. En efecto, la decisión del Presidente Ivan Duque de pordebajear los derechos de las victimas de los innumerables y aberrantes crímenes cometidos por este capo neoparamilitar en Colombia, para que responda más bien ante los tribunales gringos por el delito de narcotráfico, tiene el inocultable propósito de obstruir la comprometedora verdad sobre los entramados crimínales del Clan del Golfo con sectores políticos y empresariales que veníamos conociendo en sus comparecencias ante la Justicia Especial para la Paz o en sus declaraciones ante los medios de comunicación.

Como buen súbdito de Uribe, Duque repite también en estas materias la historia de sus gobiernos. Entre el 2006 y el 2009 fueron extraditados 32 jefes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia que hicieron parte del proceso de desmovilización paramilitar pactado con el Gobierno y que en su mayoría se habían acogido a la Ley de Justicia y Paz, instrumento de justicia transicional creado en virtud del mismo. Cuando sorpresivamente, Uribe extraditó a los 14 jefes paramilitares en la madrugada del 13 de mayo de 2008, entre los que se encontraban “Tuso Sierra”, “Gordo Lindo”, “Don Berna”, “Jorge 40” y Salvatore Mancuso, prometió que “(…) en caso de existir el deseo y la voluntad de parte de los extraditados de seguir colaborando con las autoridades judiciales colombianas, confesando hechos delictivos y dando bienes, relato de hechos y manifestaciones de perdón, Estados Unidos facilitaría las condiciones…”.

 

Demagogia barata. Porque en ninguna de las resoluciones de extradición de los paras ordenadas por Uribe se señaló la obligación de las autoridades norteamericanas en garantizar el retorno al país de los extraditados para que respondieran por sus delitos ante la justicia colombiana y ofrecieran verdad y reparación a sus victimas. Más aún, al revisar las resoluciones respectivas, se observa que no se garantizó la deportación de los extraditados a Colombia una vez cumplieran la pena en el país requeriente, no se prohibió la concesión de asilos o refugio una vez pagaran la pena en EEUU y no se garantizó el apoyo de la justicia gringa para que los extraditados contribuyeran al esclarecimiento de la verdad. Ello explica porque, salvo excepciones como la de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, la mayoría de los paras extraditados negociaron sus penas por narcotráfico con la justicia norteamericana e incluso, varios de ellos como “El Tuso Sierra” o “Pablo Sevillano” se han quedado viviendo el “sueño americano” disfrutando de sus fortunas y conejeando a sus victimas.

Más aberrante aun son las respuestas que me diera él Ministerio de Justicia y la Cancillería de Colombia a un derecho de petición que les envíe para que me informaran sobre el paradero de los paramilitares extraditados en tiempos de Uribe: de los 32 enviados a EEUU solo 12 fueron deportados a Colombia y sobre 8 de ellos no tienen información alguna. Ni siquiera los que han vuelto al país han respondido a las victimas!. La entonces Canciller Claudia Blum descaradamente señala que “Por regla general, los tratados de extradición no prevén la obligación del Estado requiriente de retornar al Estado requerido, la persona extraditada una vez cumpla su condena…”.

Una larga discusión se ha dado, además, sobre la vigencia del tratado de extradición suscrito por Colombia con EEUU el 14 de septiembre de 1979 y ratificado por el Congreso mediante las leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, leyes que fueron declaradas inexequibles por vicios de forma por la Corte Suprema de Justicia, competente para entonces. Aunque la Corte Suprema de Justicia de ahora el 13 de septiembre de 2017 conceptuó que el Tratato de Extradición con EEUU sigue vigente, “dado que ningún Estado lo ha dado por terminado”, su no ratificación en el Congreso de la República le permite la discrecionalidad y la responsabilidad política a los gobiernos de Colombia si deciden priorizar los delitos de narcotráfico y lavado de activos en Norteamérica sobre los graves delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por los paramilitares en Colombia.

Pero volvamos a “Otoniel”. Darío Antonio Úsuga, es hoy el personaje que resume la historia criminal de la Colombia del ultimo tiempo. Ingresó en los ochenta al Ejército Popular de Liberación (EPL), se convirtió en disidente de su Acuerdo de Paz para vincularse a las Autodefensas de Cordoba y Urabá y a las AUC, de la mano de miembros de las Fuerzas Militares, según sus confesiones ante la JEP. Después de la desmovilización paramilitar creó su propia organización criminal denominada “Los Urabeños”, bautizada después como “El Clan del Golfo”. Úsuga, en Colombia tiene 122 órdenes de capturas y 7 medidas de aseguramiento, relacionadas con delitos de homicidio, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas, terrorismo, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento de niños, narcotráfico, delitos sexuales, entre otros. También cuenta con 6 condenas vigentes que oscilan entre los 40 y 50 años de prisión. Delitos que no los pagará porque Duque prefirió que le respondiera a EEUU por narcotráfico.

La característica criminal y narcotraficante de su estructura neoparamilitar la ha querido mimetizar “Otoniel” con la denominación “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, que controla económica, politica y militarmente territorios en 115 municipios de 11 departamentos del país en donde hoy adelanta un desafiante “paro armado” que mas bien parece una cuenta de cobro a Duque o una campaña de proselitismo armado a su favor.

Mucho se especuló en su momento sobre una entrega pactada de “Otoniel” a las autoridades y no de una captura como lo reivindicó el cuestionado Ministro de Defensa Diego Molano. También han sido muchas las suspicacias por el afán de Duque en su extradición a EEUU, frenada momentáneamente por una tutela de las victimas. Y mas sospechoso aun el show de los últimos días, después que Daniel Coronel diera a conocer “La Lista de Otoniel” que compromete a 63 personas vinculadas al Clan del Golfo y entregada a la JEP entre las que se incluye un ex Ministro, un Ex Director Nacional del DAS, seis Ex Gobernadores, un Senador actuante y reelegido, cuatro ex Congresistas y dos Universidades. Y ello sin contar los entramados políticos locales de esta banda en mas de treinta subregiones del país. Todo un fenómeno de Bacrimpolítica en tiempos de Duque que guardada las proporciones no tiene nada que envidiarle a la parapolitica de los oscuros tiempos de Uribe. Como aquel, Duque seguramente extraditó sin retorno a la principal fuente de verdad y el mas importante eslabón de esta nueva mezcla criolla de criminalidad y política

Dos festivales

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Columnista invitado, Opinión.

Valledupar celebró por estos días el Festival de la Leyenda Vallenata. Esta vez, su versión número 55, tuvo un significado especial: fue una competición entre los últimos reyes vallenatos en las distintas modalidades de acordeón, canción inédita y piquería; constituyó un homenaje al legendario cantante Jorge Oñate; y congregó a miles de colombianos y muchos extranjeros de manera presencial después de la pandemia.

Como es habitual, la inauguración del certamen corrió por cuenta de un Presidente Duque abucheado por el público, mientras la campaña presidencial se sentía en las calles, parrandas y eventos folclóricos.

 

Pero mientras la atención de casi todo el mundo se concentraba en el tradicional evento folclórico inventado hace mas de medio siglo por la inolvidable Consuelo Araujo Noguera, el Expresidente Alfonso Lopez Michelsen y el mágico compositor Rafael Escalona; otro festival, pero de corrupción y desidia protagonizan los clanes políticos tradicionales en la Universidad Popular del Cesar UPC, el principal centro de educación publica superior del departamento y la región.

Un festín burocrático y financiero que afecta 17 mil seiscientos estudiantes, quienes decidieron, junto a los docentes y trabajadores, declararse en cese de actividades ante la inminente imposibilidad presupuestal de la UPC para garantizar el segundo semestre del 2022. La respuesta del Consejo Académico no pudo ser más inverosímil: en vez de buscarle salidas a la crisis, el pasado 19 de abril declaró la suspensión del semestre en curso.

La situación de la UPC es verdaderamente dramática. Del presupuesto para el 2022 calculado en 117 mil millones de pesos, el 53% de sus ingresos provienen de las matrículas de sus estudiantes, lo que la convierte en una institución financiada en mas del 50% por las familias de los jóvenes que ingresan a ella, casi todas de bajos ingresos.

La parálisis actual obedece a un déficit presupuestal que la Administración estima en cuatro mil ochocientos millones de pesos, pero que los estudiantes y docentes calculan en nueve mil millones, con una proyección de incremento en doce mil millones para el segundo semestre del 22. La responsabilidad del Gobierno Duque y de la Gobernación del Cesar en la crisis es inocultable : mientras el Ministerio de Educación Nacional le debe a la UPC trece mil millones de pesos por concepto del lánguido programa de matricula cero, con el que saca pecho Duque; la Gobernación controlada por los Gnecco le adeuda cuatro mil millones por concepto del programa de becas “Fedecesar” del departamento.

Esta situación financiera la padecen de manera especial los docentes de la U: se les debe la seguridad social del 2021 y un salario del 2022. Las deudas a los docentes de la sede Valledupar suman seis mil millones y a los de Aguachica, en el sur del departamento, mas de 900 millones. Todo esto ocurre en un marco de inestabilidad institucional, disputa politiquera por su control y perdida progresiva de la calidad académica de la institución. 7 rectores nombrados en menos de 5 años, deterioro crónico de sus programas de formación, precaria actividad investigativa y desconexión del desarrollo regional caracterizan a una institución publica llamada a ser el tanque de pensamiento del departamento y el centro de formación y de promoción del talento de los jóvenes cesarenses. Para los clanes políticos del Cesar, el dominante y los mas pequeños y subalternos, la UPC solo es importante para aprovecharse de su poder burocrático y benefíciarse de la contratación de sus recursos.

Este festival de corrupción y negligencia que campea en la UPC no le merece ninguna preocupación al Presidente Duque que vino a dar cátedra de “Economía naranja” en los actos protocolarios del Festival Vallenato en la Plaza Alfonso Lopez. Tampoco a su candidato Federico Gutierrez que feliz posó en fotos de apoyo a su candidatura con los congresistas que representan a los sectores políticos responsables de esta tragedia. Sergio Fajardo fue el único candidato que se mostró especialmente preocupado por la situación de la UPC.

El nuevo Presidente que se elija en mayo y junio tiene el desafío y la responsabilidad de garantizar que la alegría de quienes disfrutan el Festival Vallenato sea también para los 17 mil jóvenes de la Universidad. Quizás la elección reciente del nuevo rector Robert Romero sea una oportunidad para diseñar y poner en marcha, con el compromiso del nuevo gobierno nacional, un plan de emergencia que salve financieramente a la UPC, que la libere de las garras de los clanes y que la impulse por el camino de la excelencia académica.

El nuevo gobierno tiene además la oportunidad y la urgencia de adelantar una gran revolución educativa que reforme la ley 30 para mejorar la financiación de la educación publica superior en una perspectiva de gratuidad, reducir brechas de desigualdad entre las Universidades Públicas del país y liberar la autonomía universitaria de la dictadura de los clanes políticos regionales. Que el inmenso talento de los jóvenes de estas tierras macondianas tengan un digno albergue en sus universidades . De eso se trata el cambio.

El conejo a Escazú

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Opinión.

El conejo del Presidente Ivan Duque a la ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido monumental. El más reciente episodio de esta “conejeada” acaba de ocurrir en Santiago de Chile, en la Primera Conferencia de las Partes -COP- del Acuerdo de Escazú.

La COP es la cumbre anual de los Estados Parte del Acuerdo para establecer las acciones que garanticen su implementación. Colombia asistió como país signatario de Escazú, puesto que participó activamente en su construcción durante el Gobierno de Juan Manuel Santos  y lo firmó Iván Duque a regañadientes, como resultado de las exigencias de la ciudadanía en el paro nacional del 2019.

 

Pero el Gobierno de Colombia hizo presencia en esta cumbre de manera vergonzosa : Duque, que no se pierde ningún viaje ni ninguna conferencia para posar de ambientalista en las pasarelas intencionales, no quiso dar la cara para explicar por qué su coalición ha saboteado en el Congreso de la República la ratificación y entrada en vigor del Acuerdo; y delegó más bien nuestra representación en funcionarios de segundo nivel de la Cancillería y en el hoy embajador en Chile, el tristemente célebre ex Mindefensa Guillermo Botero.

Fue tal el nivel de vergüenza que ni siquiera el Ministro de Ambiente representó a Duque. No había manera de quedar peor representados en la COP de Escazú que en cabeza de quien significa todo lo contrario al primer y único Acuerdo continental integral en materia ambiental.   Botero, en medio de la masacre de líderes sociales y ambientales de los últimos años, en vez de cuidarlos y protegerlos, los estigmatizaba y criminalizaba como aliados del narcotráfico; y en debates en el Congreso de la República defendía vehementemente la depredadora política de fumigaciones de los cultivos de uso ilícito, afirmando que “en mi experiencia como agricultor no he conocido mejor herbicida que el glifosato”.

Botero es el mismo que tuvo que renunciar cuando era inminente la aprobación de una moción de censura en su contra en el Senado, por su responsabilidad en un bombardeo en el Caquetá en el que murieron 14 menores de edad en el año 2019.

Recordemos la especial importancia de Escazú. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, es considerado el instrumento ambiental más importante de la región. El Acuerdo se fundamenta en el Principio 10 de la declaración de Río expedida  en la Conferencia de las Naciones sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de 1992 (Rio + 20), convirtiéndose en un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, siendo también un tratado de derechos humanos. El Acuerdo tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambiéntales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, estableciendo acciones para la protección de los líderes y defensores ambientales.

El Acuerdo de Escazú tiene una especial relevancia para Colombia. Somos el tercer país de América Latina y el Caribe con mayor cantidad de conflictos ambientales, detrás de México y Brasil, derivados de obstáculos de la ciudadanía al acceso a la información y de enormes limitaciones en la aplicación de estándares internacionales en materia de justicia ambiental, como se demuestra en conflictos por la delimitación del Páramo de Santurbán y la pretensión del Gobierno Duque de implementar proyectos pilotos de fracking o de reactivar el programa de fumigaciones con glifosato, entre los más importantes. Como si fuera poco, Colombia ha sido calificado en dos años consecutivos por la organización Global Witness como el país más peligroso en el ejercicio del liderazgo ambiental : en el 2018 fueron asesinados 24 líderes ambientales, mientras que en el 2019 perdieron violentamente su vida  64 líderes y 65 en el 2020.

Mientras ello ocurre, el Presidente Iván Duque en complicidad con su coalición en el Congreso le ha tomado el pelo al país y al continente con la ratificación del Acuerdo de Escazú. Después de firmarlo en diciembre del 2019, para lavarse las manos radicó ante el Congreso en julio del 2020 el proyecto de ratificación con mensaje de urgencia, pero dejó que sus congresistas sabotearan su trámite hasta que fue inevitable su hundimiento en julio del 2021. Luego, el 29 de octubre del 2021, volvió a presentar el Proyecto de Ley para su ratificación, esta vez sin mensaje de urgencia y cien días después de haberse iniciado la última legislatura de este periodo constitucional.

Su discusión y votación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado ocurrirá por fin este martes 26 de abril gracias a que la oposición logró imponer, haciendo uso al derecho que les da el Estatuto de Oposición, el orden del día de esta célula legislativa. El país y el continente sabrán en esta sesión si el Gobierno Duque respalda la ponencia positiva de los partidos de oposición o si deja que se imponga la ponencia contra Escazú de los senadores de su coalición. Sabremos si Duque sigue conejeándonos o si atiende la última declaración política de las Partes de Escazú de Santiago de Chile que le hizo un llamado al Gobierno y al Congreso de la República a ratificar el Acuerdo de una vez por todas.

 

La doble militancia de Lara

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Columnista invitado, Opinión.

Al Uribismo que tanto gusta de las balas, le puede estar saliendo el “tiro por la culata”. Porque el reclutamiento de Rodrigo Lara Sánchez como formula Vicepresidental de Federico Gutiérrez, además de ser una fallida jugada para debilitar a los Verdes y la Coalición Centro Esperanza, entraña una violación inocultable de las leyes electorales, por el compromiso del nuevo uribista Lara en una conducta de doble militancia ya sancionada por el Consejo de Estado en circunstancias similares.

Al Uribismo parece importarle muy poco el bajo nivel de reconocimiento nacional de Lara Sánchez. Realmente se les convirtió en un “objetivo de alto valor” por su trayectoria política como dirigente regional y Ex Alcalde de Neiva en nombre de la Alianza Verde. Pero sobre todo, porque sabían muy bien que Lara había llegado a las toldas Verdes de la mano de Sergio Fajardo, luego de ser candidato al Senado de Compromiso Ciudadano por Colombia en las elecciones legislativas del 2010. Con ello, el Senador Ernesto Macías, autor de la maniobra, creía diseñada a la perfección su nueva “jugadita”: golpear y debilitar al Centro y la Centroizquierda para quedar solos en la cancha presidencial con el Pacto Histórico de Petro y acudir de nuevo al expediente del miedo que les funcionó en el 2018.

 

Pero la escogencia de Lara Sánchez les servía también como una operación de lavada de imagen de un candidato y una fuerza política que como Federico Gutiérrez y el Uribismo están rodeados de tantos vasos comunicantes con eslabones del narcotráfico y representan ambos la extrema derecha. Precisamente las mismas fuerzas oscuras que asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla, padre del hoy candidato a la Vicepresidencia, luego de su batalla frontal a las mafias y en particular al cartel de Medellín. Significa una suerte de indulto político sin verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas de dicho magnicidio.

Estas truculencias, sin embargo, no pueden ocultar la doble militancia de Lara Sánchez. El hoy candidato Vice Presidencial fue elegido como integrante de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde en su Cuarto Congreso realizado en septiembre del 2013, tal como reposa en las actas registradas ante el Consejo Nacional Electoral. Su pertenencia al máximo organismo de Dirección de los Verdes, solo se interrumpió mientras fue Alcalde de Neiva por ese mismo Partido en el Período 2016-2019, tiempo en el cual fue representado por su delegado Daniel Sanz. En gracia de discusión, podría admitirse que no fue ratificado para ese cargo en el octavo Congreso Verde realizado el 22 de diciembre de 2021, aunque toda la Dirección fue reelegida en ese evento.

La Constitución y La Ley son absolutamente claras en esta materia. El articulo 107 de nuestra Carta Política advierte que “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a mas de un partido o movimiento político con personería jurídica”. Esta prohibición constitucional de doble militancia fue desarrollada por el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, en los siguientes términos : “(….) En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte (…)”. Y para desfortuna de Federico y Lara, en el mismo articulo 2 de la Ley 1475 de 2011 se precisa que “quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido (….)”. Y para el caso que nos ocupa, advierte que “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos (…..), deben renunciar a su cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos”.

Es claro que Lara Sánchez, al escoger a Federico Gutiérrez, ha violado la decisión públicamente conocida de los Verdes en dejar en una suerte de libertad limitada a sus militantes para que participen en las campañas alternativas del Pacto Histórico o la Coalición de la Esperanza. Pero resulta mas evidente que al no renunciar a la Dirección Nacional y a la militancia en el Partido Alianza Verde, Lara ha aprendido en tiempo récord las mañas del Uribismo en torcerle el pescuezo a la ley. Ojalá que esta vez la trampita les salga cara.

Desnudez electoral

Escrito por Antonio Sanguino en . Publicado en Columnista invitado.

Fue una desnudada brutal. Las elecciones del pasado domingo 13 de marzo de nuevo han puesto al descubierto, hasta en sus partes mas íntimas, las fragilidades, falencias y truculencias de nuestro sistema electoral. Al punto que ocho días después no sabemos con total certeza la composición final del Senado de la República y abundan denuncias sobre irregularidades de todo tipo, que conducen con razón a pedir parcial o totalmente el reconteo de los votos. Solicitudes que deben ser atendidas con prontitud para no darle espacio alguno a la delirante petición de repetir las elecciones.

No es un fenómeno nuevo. La violencia política reiterada en nuestra historia hunde sus raíces en las vulnerabilidades y manipulaciones del sistema electoral. “El que escruta elige” o “las vías legales están agotadas” sentenció Camilo Torres Restrepo para justificar su ingreso a las filas del Ejército de Liberación Nacional a mediados de los sesentas del siglo pasado. El fraude electoral del 19 de abril de 1970 que benefició directamente al Conservador Misael Pastrana Borrero, fue la justificación del surgimiento del M19. Por eso resulta inaceptable que después de la reincorporación negociada de casi todas las guerrillas y de la expedición de la Constitución de 1991, estemos en una suerte de “eterno retorno” Nietzscheano de nuestra maltrecha democracia.

 

Esta vez las responsabilidades y críticas se concentran en la Registraduría del Estado Civil y en el Consejo Nacional Electoral, entidades que constituyen el corazón del sistema electoral colombiano. Y los errores o manipulaciones comenzaron en la selección y capacitación de los jurados, la asignación de los testigos, la contratación del software, la ausencia de auditoría rigurosa del andamiaje técnico y electrónico, y todo el operativo logístico de los comicios. “Errores” que luego se expresaron con mayor gravedad en el preconteo de los datos el mismo domingo, los millones de errores en las actas de las mesas o E14, los votos que no aparecen o sus registros alterados y la enorme inexactitud en los resultados anunciados. Y luego, el propio Registrador Alex Vega, como si se sintiera “pillado” ha salido destemplada y descaradamente a reconocer tamañas inexactitudes como si fueran prueba de una gestión acertada y de la fortaleza del sistema. La situación ha llegado a tal nivel de gravedad que mientras desde la oposición se pide corrección urgente y veracidad en los resultados para proteger la estabilidad institucional, desde la derecha de manera oportunista se incita a un desconocimiento de los elecciones. Uribe y sus súbditos se apresuran anticipadamente a desconocer una muy probable derrota en las presidenciales de mayo y junio.

Y eso que no estamos hablando de otros asuntos estructurales y crónicos pendientes por resolver históricamente : la financiación ilegal y criminal de las campañas, la compra de votos, el clientelismo, la designación politiquera de los registradores departamentales y municipales, la composición política y mayoritariamente favorable a la coalición de gobierno del Consejo Nacional Electoral, entre otros. Aunque mención especial si merece la responsabilidad del Presidente Duque y su gobierno : bajo su mandato ocurre semejante desbarajuste institucional, presionó para que los maestros no hicieran las veces de jurados, aplaudió de inmediato el propio domingo la actuación del Registrador Vega, modificó con su coalición en el Congreso la ley de garantías para reelegir al uribismo junto con ellos, y no ahorra esfuerzos por hacer campaña en favor de Fico Gutiérrez y en descalificar a sus adversarios.

La gravedad de la situación no sólo es por lo ocurrido hasta ahora , sino porque en estas condiciones no hay la confianza necesaria para concurrir a las urnas a elegir el próximo Presidente de la República. Y ello puede ser el detonante de nuevas violencias. Se equivocan las fuerzas políticas si no hacen gala de un sentido de Estado y Nación y se dejan atrapar en sus particulares cálculos electorales. Para las citas de Mayo y Junio se requiere por lo menos un Registrador Adhoc, unos nuevos jurados de votación y una revisión rigurosa del software electoral. Y que las misiones de verificación internacional no vengan al país a hacer turismo electoral. Solo así superamos la desnudez de nuestras vergüenzas políticas y nos vestimos de democracia de verdad.

Las consecuencias que tendría para Colombia la extradición de alias ‘Otoniel’ a los Estados Unidos

Escrito por Oscar Sevillano en . Publicado en Nación.

La posible extradición de alias Otoniel a los Estados Unidos levantó la polémica por la posibilidad de que las personas que fueron afectadas por las acciones armadas del Clan del Golfo, no se les pueda reparar ni logren acceder a la verdad de los hechos.

Alias Otoniel tiene más de cien casos judiciales abiertos por asesinato, narcotráfico, desapariciones, violación sexual a menores, desplazamiento, amenazas, extorsión y despojo de tierras. Todo lo anterior es argumentado por organizaciones de la sociedad civil que piden a la Corte Suprema de Justicia detener la extradición hasta que el exjefe del Clan del Golfo confiese los hechos.

 

Miembros de la oposición piden además la verdad sobre que militares, policías, políticos regionales y nacionales y empresarios que han colaborado con la organización criminal que estuvo bajo su mando.

Al respecto hablaron en entrevista para Confidencial Colombia y Pronto Noticias, el vocero de la Fundación Forjando Futuros y el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino.

Reviva la entrevista

Demandan Ley de Seguridad Ciudadana

Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Lo + Confidencial. No hay comentarios en Demandan Ley de Seguridad Ciudadana

El senador del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino junto al candidato a la Cámara de Representantes, Gabriel Cifuentes, y varias personas más, pidieron a la Corte Constitucional declarar inexequible la Ley de Seguridad Ciudadana, recientemente sancionada por el presidente Iván Duque.

Los demandantes consideran que la norma en mención no resuelve los problemas de fondo que tiene el sistema judicial, y por el contrario “realiza legitimación de la justicia por mano propia, deslegitima y estigmatiza la protesta social y aumenta las penas».

 

Aseguran además que esta norma desconoce el derecho a la protesta pacífica, según ellos, “pretendiendo en su redacción limitar el libre desarrollo de esta. Esta ley es una clara limitación y persecución contra la protesta social”.

Dentro de los argumentos, estiman también que, “al crearse el agravante por el uso de máscaras o elementos que oculten o dificulten la identidad, se está estigmatizando y prohibiendo el uso de elementos normales para expresarse a través del arte, la música, etc. En el sentido que quedó la norma, usar tapabocas durante el 13 desarrollo de una protesta, puede ser un agravante: vacíos normativos que pueden generar tensiones y enfrentamientos entre los manifestantes y la autoridad policial”.

La Ley de Seguridad Ciudadana aumenta las sanciones y penas para quienes en los últimos cinco años hayan sido condenados por delitos dolosos. Asimismo, para quienes se les halle culpables de asesinar a un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista asumirá la pena más alta que es de 58,3 años de prisión.

Antonio Sanguino no viajó en el tren hacia Santa Marta para ser bachiller

Escrito por Oscar Sevillano en . Publicado en Lo + Confidencial. No hay comentarios en Antonio Sanguino no viajó en el tren hacia Santa Marta para ser bachiller

El senador Antonio Sanguino, quien vivió en Valledupar durante su niñez y adolescencia no le correspondió tomar el tren para viajar a Santa Marta a estudiar en el Liceo Celedón, como si le tocó a Escalona y sus amigos, por ser de una generación posterior a la del autor de ‘El Testamento’.

Sanguino nació en la Jagua de Ibiríco, fue registrado en Ocaña, Norte de Santander, pero crece en Valledupar, Cesar. Sus padres son campesinos, nacieron en la región del Catatumbo, de donde huyeron en los años 50 por la fuerte ola de violencia que azota a la región desde mucho tiempo atrás.

 

Vivir durante ese tiempo en el departamento de Cesar, hizo que conociera a las familias Gnecco, Molina, Araujo, Castro, Campo Soto, y toda la élite vallenata que más adelante conformaría clanes políticos que de una u otra forma se fueron apoderando de los destinos de la región.

Por ser de una familia humilde, tuvo que padecer las discriminaciones de la época, una de ellas, estudiar en la jornada de la tarde en el Colegio Nacional Loperena porque en la jornada de la mañana estudiaban los hijos de las familias pudientes.

Creció en el barrio 1 de Mayo de Valledupar, una zona de invasión. Más adelante en el barrio 12 de octubre y por último en el barrio La Granja. En las calles polvorientas donde vivió por mucho tiempo, jugó fútbol, bola de trapo, trompo, elevó cometas, etc.

Era también la época en que los jóvenes llevaban serenatas cantando por las calles de Valledupar, acompañados con la guitarra o con el acordeón, para enamorar a las muchachas, cosa que también hizo a pesar de que no se considera buen cantante. Leía muchísimo los libros de Gabriel García Márquez.

Desde muy pequeño asistía a los festivales vallenatos para acompañar a Omar Geles, un acordeonero con quien es contemporáneo, y de quien le gusta mucho la manera cómo interpreta el instrumento. Sus cantantes vallenatos favoritos fueron Diomedes Díaz, Rafael Orozco y Jorge Oñate.

Sanguino reconoce que su mamá sufría mucho por sus inclinaciones ideológicas de izquierda que mostró desde muy pequeño, en un ambiente de violencia nacional bastante fuerte, donde no solo la intolerancia política estaba a flor de piel en todo el territorio nacional, sino donde además se presentaba la conformación de guerrillas y el surgimiento de grupos de extrema derecha, muchas veces ayudados por las élites regionales.

Para ‘Toño’, como le llaman sus amigos, fue muy curioso tener un pensamiento de izquierda y crecer en medio de una familia bastante conservadora, en donde cuestionar la existencia de Dios era considerada una herejía o exaltar a Gaitán era una especie de ofensa. Pero le tranquilizaba saber que no era el único que creía en la lucha por las causas sociales. Juan Antonio, su hermano mayor, también militó en los grupos de izquierda estudiantiles mientras estudiaba en la universidad de Antioquia en Medellín.

Cuando tenía ocho años, junto a sus padres ocupó un predio en los terrenos en donde hoy se ubica el aeropuerto, siendo desalojados por la Policía y posteriormente detenidos, ese hecho lo marcó toda la vida y fue lo que hizo que se inclinara por las causas sociales. Lo anterior sumado, a las charlas con su profesora de historia en el bachillerato.

En el colegio participó de núcleos de estudios donde se hablaba de la teoría marxista, economía, política, etc., estos grupos ya estaban conectados con el movimiento sindical y los trabajadores de Cicolac.

Junto con un nutrido grupo de compañeros de colegio, fundaron la Federación de Estudiantes del Cesar, con ideología de izquierda bastante marcada, utilizando como ícono al Che Guevara y la influencia del cura Camilo Torres, Jaime Batemán y la revolución sandinista.

Terminó el bachillerato y se decidió por estudiar historia y sociología, motivado por lo que conocía del Cura Camilo Torres y Orlando Fals Borda.

Al llegar a la Universidad Industrial de Santander en la ciudad de Bucaramanga en el departamento de Santander, un territorio donde el ELN tenía una gran influencia, participó en un grupo estudiantil que se llamaba el Frente Estudiantil Revolucionario Sin Permiso. Más adelante, este grupo ingresó a una organización más grande que se llamó, ´A Luchar’, en donde se conoció con personajes que de una u otra forma, hoy participan en la vida pública nacional como el analista político León Valencia, la periodista Marta Ruiz, el excandidato al senado Antonio López, el exgerente del Acueducto de Bogotá, Edgar Ruiz, etc., con quienes luego militó en la insurgencia.

No ejercicio actividad en la guerrilla rural del ELN, porque su actividad era más política en las ciudades, sin embargo de vez en cuando debía desplazarse al campo, y reconoce que le causó mucha dificultad porque su vida era más citadina.

El asesinato de su hermano, la caída del Muro de Berlín, el proceso de paz del M19, etc., le hicieron caer en cuenta tanto a él, como a otras personas de la organización insurgente en la que participaban, que la guerra no era el camino, y es entonces cuando se introducen en un proceso de paz exitoso que hoy se conoce como el de la Corriente de Renovación Socialista en los años 90.

A partir de ese momento se dedica a participar en temas de paz y reconciliación, la enseñanza en las universidades y la elaboración de proyectos y diagnósticos en temas de resolución de conflictos, diálogos y convivencia, tanto en el CINEP como en la Corporación Nuevo Arco Iris, en donde fue su director ejecutivo y presidente.

Por un tiempo hizo campaña a favor de la abstención por lo que le resultó un tanto extraño verse en la búsqueda de votos para acceder a un cargo de elección popular, por esto cuando inicia su campaña política para lograr una silla en el Concejo de Bogotá, primero debe hacer un ejercicio de reingeniería mental para convencer a la gente de que debían apoyar su causa.

Lo eligen entonces concejal de Bogotá en el año 2007, cargo que ocupa en tres ocasiones consecutivas y al que renuncia para buscar una curul en el Senado de la República en el año 2018.

Nunca se imaginó que podía llegar a ocupar un lugar en uno de los poderes del Estado (legislativo), su idea de joven era ser un buen sociólogo, no más.

Su encuentro con Álvaro Uribe en el Senado de la República, con quien es ideológicamente opuesto, lo considera como un ejercicio interesante y excepcional, además porque coincidió con la presencia de los miembros de las Farc, quienes salían de la guerra para participar en la política.

Antonio Sanguino, busca su reelección en el Senado de la República por la Alianza Verde, sin saber si este será su último período en el Congreso de la República o si se dedica por buscar un tercer período en el cargo. No le trasnocha saber que pasará mañana, vive el momento y lo disfruta con toda la intensidad del caso.

Hay quienes le invitan a buscar la Alcaldía de Bogotá, otros la gobernación del Cesar, pero a Sanguino lo único que le preocupa por el momento es obtener por un período más la curul en el Senado y ser participe desde el Congreso de la República, del cambio en la mirada que hoy se tiene en el país, que según él, se dará en el próximo gobierno, en el que tiene la clara esperanza, que no será de derecha.