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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Bogotá

Las dudas del concejal Andrés Barrios por un contrato de la Secretaría de Educación de Bogotá

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Barrios Bernal, expuso en sus redes sociales su preocupación y dudas con el contrato suscrito por la Secretaría de Educación de la capital del país y la Unión Temporal Inclusión y Equidad por medio del proceso de contratación SED-LP-DIIP-005-2024 para atender a la población en condición de discapacidad en instituciones educativas.

“Llama la atención que el presupuesto asignado para la Dirección de Inclusión en 2023 fuera de $8.166.952.000 para la contratación de cerca de 410 personas para el sistema de apoyo (intérpretes de señas, modelos lingüísticos, mediadores pedagógicos y auxiliares de enfermería). En 2024 el monto destinado fue de $8.155.359.000 y se contrataron 396 personas; sin embargo, para 2025 el contrato es por $8.550.614.960 y únicamente será para la contratación de 200 auxiliares de enfermería”, dijo Barrios.

 

Dijo además que en el objeto del contrato no se tiene en cuenta a todo el personal que integra el sistema de apoyo para personas en condición de discapacidad en instituciones educativas, pues únicamente se incluyen a los auxiliares de enfermería.

“Es deber de la Secretaría de Educación explicar las razones de este cambio e informar si hay una tercerización para la contratación. Además, uno no se explica cómo en 2024 se pagó por el servicio de 213 auxiliares de enfermería $3.888.558.000 y en este nuevo contrato el valor es de $8.550.614.960 únicamente para 200 personas”, dijo.

Barrios también solicitó que la Secretaría de Educación aclare qué pasará con el personal restante por contratar y cuál será el presupuesto asignado.

“Le pido a la secretaria Isabel Segovia que aclare las razones por las cuales el año entrante el valor será muy superior y solo para 200 contratistas, evidenciando costos muchísimo más altos y una presunta tercerización. Sumado a esto, qué pasará con los demás contratistas del sistema de apoyo y cuál será el costo adicional que se asumirá”, señaló.

Por último, dijo que el Distrito ha anunciado una política de austeridad que no se estaría cumpliendo al tercerizar la contratación. “Espero que con tal de evidenciar reducciones en las OPS, no se esté tercerizando y en vez de ahorrar, lo que se tenga son sobrecostos sin tener claridad de que el servicio sea mejor”, puntualizó.

Confidencial Colombia preguntó a la Secretaría de Educación, quien respondió a través de un comunicado de prensa que se hizo un estudio de costos realizado a partir de cotizaciones recibidas mediante la plataforma SECOP II, y se determinó el valor de la licitación por $8.596.151.949 IVA incluido.

«Este valor corresponde a un proceso integral que además de la contratación de los auxiliares de enfermería por 12 meses, lo que garantiza el cubrimiento pertinente de todo el año escolar, incluye procesos de capacitación y cualificación para el personal contratado, así como todas las actividades técnicas, administrativas, jurídicas, financieras y operativas para la prestación correcta e ininterrumpida del servicio, agregando asesoría y recomendaciones para el mejoramiento del mencionado servicio», afirmó la entidad.

Desarticulan call center en la cárcel La Modelo usado para extorsionar

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio a conocer la desarticulación de un grupo delincuencial común organizado, denominado ‘La Cabina’, que operaba desde la Cárcel La Modelo extorsionando a través de llamadas telefónicas.

“en la celda de Jorge Vargas, una persona condenada, se encontraron 58 celulares, cables USB, más de 70 simcards, como también armas cortopunzantes y 8 libretos que les permitía a estos delincuentes utilizar estas herramientas para extorsionar”, explicó el alcalde Galán.

 

Este grupo delincuencial, utilizaba cinco modus operandi, entre los cuales se resalta la “ciberextorsión carcelaria”, donde las víctimas eran amenazadas con falsas ordenes de captura por delitos de pedofilia, abuso sexual a menores de edad, y pornografía infantil emitidas por supuestos fiscales y policías.

Así mismo, mediante amenazas se hacían pasar por integrantes de diferentes grupos armados para solicitar dinero. De igual manera utilizaban la modalidad de “Tío, Tío”, indicándoles que alguno de sus familiares había sido detenido por algún delito o por ser participe en un accidente de tránsito.

Es de resaltar que al mando de este falso “Call Center” estaría Jorge Vargas Marín, alias “Cansón”, condenado por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

A través de operaciones de extorsiones y estafas a sus cerca de 1.000 víctimas en todo el país, generaban una renta entre los 60 y 100 millones de pesos semanales.

Una familia en Usaquén se salva de quedar atrapada en medio de un derrumbe de tierra

Un deslizamiento el barrio Delicias del Carmen, en la Calle 127 con Carrera 2 en la localidad de Usaquén de Bogotá, sorprendió a los habitantes de una vivienda en el sector que quedó sepultada.

Dos adultos y tres niños se salvaron milagrosamente a pesar de haber vivido minutos de angustia según lo narró una de las sobrevivientes quien asegura que en un comienzo pensó que se trataba de un temblor pero que al salir de la casa quedó sorprendida al ver la mitad de su vivienda sepultada en medio de la tierra que cayó desde la montaña.

 

Habitantes del lugar narraron a la prensa que el derrumbe de tierra afectó a un total de 48 personas que viven en el sector, algunas de ellas, según contaron, «no tienen a donde ir».

Desde su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reportó que no hay personas atrapadas ni lesionadas por el alud de tierra.

Clara Lucía Sandoval denuncia arriendos ilegales en el espacio público de San Victorino

La concejal de Bogotá por el Partido Liberal, Clara Lucía Sandoval, habló sobre la situación que se presenta en el espacio público del sector de San Victorino en la capital del país, donde de acuerdo a sus denuncias, hay mafias que estarían arrendando el metro cuadrado en calles y andenes.

“La situación en San Victorino es alarmante, los comerciantes denuncian arriendos ilegales en plena calle que llegan a costar hasta dos millones de pesos por metro cuadrado, además de una creciente ola de violencia que ya ha dejado ocho personas asesinadas en torno a este negocio ilegal” manifestó la concejal.

 

La cabildante destacó tres problemáticas urgentes que requieren atención inmediata. En primer lugar, la ocupación indebida del espacio público: las cocinas ambulantes y otros puestos informales han tomado calles y andenes, lo que impacta tanto la movilidad como la economía del sector.

En segundo lugar, la inseguridad: la creciente actividad delictiva en San Victorino representa una amenaza constante para ciudadanos y comerciantes, quienes exigen mayor vigilancia y una intervención contundente.

Finalmente, la inmovilidad: la alta concentración de vendedores y compradores en el área genera congestión, afectando la movilidad tanto para locales como para visitantes, especialmente durante la temporada decembrina.

La situación en San Victorino es alarmante, los comerciantes denuncian arriendos ilegales en plena calle que llegan a costar hasta dos millones de pesos por metro cuadrado, además de una creciente ola de violencia que ya ha dejado ocho personas asesinadas en torno a este negocio ilegal” manifestó la concejal.

Clara Lucía Sandoval lidera una subcomisión en el Concejo de Bogotá con el objetivo de hacer seguimiento a los problemas de convivencia y espacio público en San Victorino y elevar propuestas.

Acueducto de Bogotá suma unas buenas horas de racionamiento de agua al barrio Timiza en la localidad de Kennedy

A las constantes quejas de la población que habita en algunos barrios de la localidad de Ciudad Bolívar por los racionamientos los siete días a la semana a los que se han visto obligados por cuenta de que la empresa de Acueducto de Bogotá disminuye el flujo del servicio de agua al punto en que esta no sube a los pisos superiores, se suma ahora la de los habitantes del barrio Timiza y sectores aledaños en la localidad de Kennedy.

Los ciudadanos que habitan en este sector de Kennedy se sorprendieron cuando el suministro de agua les fue suspendido desde el domingo 10 de noviembre cuando el reloj marcó las 3 de la tarde. Su sorpresa fue mayor cuando llegaron las 10 de la noche y el servicio no les fue reestablecido.

 

Nota relacionada: Sin espíritu, el agua muere

A lo anterior, se sumó el hecho de que hoy lunes 11 de noviembre se programó el racionamiento en toda la localidad con lo que sumarían más de 24 horas sin el servicio de agua en esta zona. A esto hay que agregar el tardío restablecimiento que normalmente se debe dar sobre las 8 de la mañana del día siguiente, sin embargo, estos ciudadanos se quejan de que el líquido llega después del mediodía y que incluso hay días en que es puesto después de las 6 de la tarde.

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Desde su cuenta de X, el concejal, Andrés Barrios Bernal, llamó la atención a la empresa de Acueducto de Bogotá porque la población de este sector no podría recoger agua para utilizar durante las horas en que el servicio estará suspendido, a lo que la entidad respondió que había un daño en esto lugar, sin suministrar ninguna solución para este sector de la capital del país, que al igual que la localidad de Ciudad Bolívar, también vive racionamientos diarios entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, con la particularidad de que algunos edificios del barrio Timiza no cuentan con tanques de reserva.

Sin espíritu, el agua muere

La crisis hídrica en Bogotá ha revelado una vez más la profunda desigualdad en la distribución de los servicios esenciales en nuestra ciudad. En Ciudad Bolívar, una de las localidades más grandes y con mayor población vulnerable, el agua no es simplemente un recurso limitado; se ha convertido en un privilegio restringido por condiciones de infraestructura y políticas públicas que no consideran las realidades de sus habitantes. Desde hace más de tres meses, más de 18 barrios enfrentan cortes continuos de agua. Para las familias de sectores como Candelaria La Nueva, Arborizadora Alta y San Francisco, los racionamientos son mucho más que un calendario. Mientras que otras zonas de la ciudad experimentan cortes temporales con mayor predictibilidad, los habitantes de Ciudad Bolívar denuncian retrasos de hasta diez días en el restablecimiento del servicio e, incluso cuando llega, el agua aparece turbia y de color marrón, lo que la hace insegura para el consumo.

La respuesta oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha sido atribuir estas fallas a un supuesto “sobreconsumo” en la localidad. Sin embargo, esta explicación cae en el simplismo y en la falta de empatía, ya que ignora las condiciones reales de vida en Ciudad Bolívar. La infraestructura en estos barrios, con viviendas autoconstruidas y de materiales precarios, muestra que no todos los hogares cuentan con tanques de reserva para almacenar agua. Las comunidades aquí no «hacen trampa»; apenas sobreviven. Mientras tanto, el Distrito ha sancionado el consumo excesivo en estratos bajos, y sorprendentemente, el 50% de estas sanciones recaen sobre el estrato 2. Parece que la crisis hídrica de Bogotá tiene víctimas selectivas, y son justamente quienes menos tienen quienes deben soportar el peso del racionamiento. ¿Dónde están las sanciones para las industrias o los sectores de altos ingresos? ¿Cómo se incentiva un consumo responsable del agua entre quienes más consumen?

 

En respuesta, la comunidad de Ciudad Bolívar ha recurrido a colectas y apoyos vecinales para comprar agua para aquellos en mayor vulnerabilidad, mostrando una vez más que la solidaridad emerge donde las instituciones fallan. Estas soluciones temporales, aunque dignas de reconocimiento, no son sostenibles ni aceptables. Es inaceptable que familias enteras deban depender de la lluvia o de la bondad de sus vecinos para acceder a un recurso vital. Desde esta columna, hago un llamado a la Administración para que atienda con urgencia y empatía esta situación. La crisis climática y los problemas estructurales en el suministro de agua no deben ser una excusa para profundizar la desigualdad. Es necesario priorizar soluciones técnicas que realmente atiendan las necesidades de la comunidad, como la conexión de la planta El Dorado con los sistemas de abastecimiento de Ciudad Bolívar y otras localidades periféricas.

Esta problemática, sin duda una falta gravísima de gestión, deja en evidencia la falta de coordinación y la improvisación de la administración distrital de Carlos Fernando Galán, que, a pesar de presentarse como la más técnica y preparada, muestra serias carencias en el manejo de la crisis climática. Más allá de un esfuerzo coordinado que involucre a la ciudadanía en prácticas sostenibles, las medidas actuales parecen enfocarse solo en asegurar el suministro, sin un plan educativo profundo ni un enfoque a largo plazo. Esto no solo expone una visión reduccionista, sino que además retrasa avances esenciales en el cambio de mentalidad de la ciudadanía. Aunque valoro la presencia del alcalde frente de la emergencia en la autopista norte, parece siempre que la respuesta aparece no por preparación sino por contingencia, ¿Esta realmente la alcaldía de Bogotá planeando con un enfoque de gestión de riesgo y cambio climático?

En sus recientes columnas en El Espectador, William Ospina, en “Para pedirle al río que nos salve”, nos invita a reflexionar sobre el deterioro del río y el agua como espejo de nuestra conciencia ambiental. Es una advertencia que la administración de la ciudad haría bien en escuchar. Como lo afirma Ospina, “aunque el conocimiento es muy importante… hay cosas aún más importantes… el sentimiento, la compasión y la gratitud.” Sin embargo, los resultados de esta administración parecen quedar a la deriva de un desarrollo sin un verdadero espíritu de pertenencia. La gestión actual necesita ese compromiso que, en palabras de Ospina, es lo único que podría comenzar a salvar no solo al río, sino también el futuro de nuestra ciudad y el bienestar de sus habitantes.

El río Bogotá y el agua en nuestra ciudad no es solo un cauce olvidado; es la clave esencial para transformar nuestra crisis ambiental y repensar la ciudad desde el agua. Su recuperación, como dice Ospina, exige una planificación urbana que ponga al agua en el centro, no como recurso explotable, sino como un elemento vital que conecta nuestras vidas. Ordenar el territorio alrededor del río es asumir que el agua debe ser el eje de la vida urbana, un reflejo de nuestra responsabilidad colectiva y una condición necesaria para un futuro sostenible. Solo así podremos empezar a superar la profunda desconexión entre la ciudad y su naturaleza.

Quena Ribadeneira

Capturados por robo de cable

Uniformados adscritos a la Estación de Policía Usaquén logran la captura de tres ciudadanos, uno de nacionalidad extranjera, por el delito de hurto.

Estos hechos se presentaron en la calle 116 con carrera 17, mientras nuestros uniformados realizaban labores de patrullaje son alertados por la ciudadanía, a través de la línea de emergencia 123, donde se observan tres personas que estaban ingresando de manera sospechosa a la recámara de cableado, cortando y sustrayendo este material de una empresa de comunicaciones.

 

De igual manera, nuestros uniformados mediante la activación del plan candado, lograron interceptar a dos vehículos metros más adelante. Al realizar el procedimiento de registro, se le halló al interior una cantidad de cable, la cual se logra recuperar, 99 trozos con un aproximado de 1,20 metros cada uno, avaluado aproximadamente en 60 millones de pesos. Asimismo, los capturados, los vehículos y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que les atribuyen.

Entre sequías e inundaciones

¡Qué paradojas! Por un lado, nos falta el agua y por el otro la tenemos hasta el cuello. Lo de Bogotá es alarmante y esta semana que culminó quedó demostrado que se necesitan medidas urgentes en cuanto al manejo de nuestras fuentes hídricas.

Durante este 2024 hemos padecido por cuenta de las sequías o los bajos niveles de los embalses que surten de agua a la ciudad, situación que ha llevado a la Administración Distrital a adoptar medidas de racionamiento. Y terminando el año pasó lo que se había advertido: inundaciones en la autopista Norte.

 

Las imágenes que dejó la emergencia fueron dramáticas, por decir lo menos. Niños desesperados y atrapados en rutas escolares, gente tratando de dirigirse a sus destinos bajo el frío y el paso de las horas. Lejos de una película, era la realidad, menores de edad tuvieron que dormir en sus colegios, bajo la angustia de sus padres, pues fue imposible llegar a sus hogares. Solo imaginen por un momento que uno de esos pequeños hubiera sido alguno de nuestros hijos.

En medio de este escenario, uno de los primeros en criticar fue el presidente Gustavo Petro; decidió lavarse las manos y endilgar responsabilidades. Sin embargo, es él quien de una vez por todas debe asumir y enfrentar las situaciones que se presentan como consecuencia de sus perversas decisiones que lo único que hacen es llevar al caos. La semana pasada señalé que el mandatario se la tiene montada a Bogotá y hoy lo reitero.

Petro y su radical ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien ahora sería su alfil a la Alcaldía de Bogotá, tienen bloqueados los Accesos Norte II, por causa de sus fanatismos ambientales, como dice mi colega, la concejal Sandra Forero. A inicios de este año la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó el trámite administrativo de solicitud de licencia, paralizando la obra en mención.  

Pero ojo, este proyecto de infraestructura no solo solucionará la movilidad de más de dos millones de personas de Suba, de Usaquén y de los municipios vecinos de la sabana de Bogotá, sino que también brindaría soluciones para restituir la conexión hídrica del humedal Torca – Guaymaral evitando inundaciones como las que estamos afrontando.

Pero sumado hay una encrucijada, en la actualidad, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, como entidad responsable del proyecto Accesos Norte II, es quien tiene autonomía y decisión sobre la autopista Norte entre las calles 191 y 245, esto a raíz de la entrega de la concesión.

Esto quiere decir que las entidades distritales que deben adelantar el mantenimiento de infraestructura en términos de iluminación, aseo y movilidad, no pueden, ya que tienen que solicitarle permiso a la ANI para poder intervenir.

La autopista que tenemos en la actualidad fue puesta al servicio en la década de los cincuenta; sin embargo, el desarrollo urbanístico del norte de Bogotá 70 años después hace que este importante acceso sea insuficiente para sostener la alta carga vehicular de aproximadamente 30.000 vehículos que transitan diariamente por este corredor vial.

El humedal Torca – Guaymaral como parte de la estructura ecológica principal juega un rol fundamental para entender la necesidad de adelantar las adecuaciones necesarias en términos de infraestructura y mancomunar esfuerzos para recuperar el corredor hídrico natural; esto debido a que en el momento de construcción de la autopista Norte, el ecosistema en mención se dividió en dos.

El Plan de Ordenamiento Zonal Lagos de Torca contempla importantes acciones en términos de recuperación de la estructura ecológica principal, según lo consignado en el Decreto 088 de 2017. Este proyecto de 1.803 hectáreas plantea la reestructuración de los drenajes pluviales naturales como lo son el Canal Torca, la recuperación del humedal Torca – Guaymaral y la adecuación y construcción de redes de alcantarillado con descarga en el río Bogotá.

Por lo anterior, el presidente Petro y su gobierno deben pensar en el bien común y dejar de lado egos políticos que una vez más están bloqueando el desarrollo de Bogotá. La capital del país necesita de un presidente que le ayude a solucionar sus problemas y no que sea una constante piedra en el zapato.  

Andrés Barrios Bernal

¡El espacio público se respeta! 

Bogotá está atravesando una crisis significativa en el manejo del espacio público, especialmente por las ventas informales. Según el artículo 82 de la Constitución, el Estado debe “velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”. Sin embargo, en una ciudad de más de 8 millones de habitantes, el interés colectivo de los bogotanos parece estar siendo desplazado por el caos y el desorden.

¿En qué momento nos resignamos a aceptar el irrespeto por el espacio público? Las calles y estaciones de transporte no son propiedad de nadie en particular, sino de todos los ciudadanos. La falta de control en la ocupación del espacio público ha hecho que este derecho colectivo esté en constante vulneración. Mientras muchos abogan por los derechos de los vendedores ambulantes, ¿quién se preocupa por los comerciantes formales y la seguridad integral de los ciudadanos?

 

Sectores como El Restrepo, Kennedy, La Zona T y San Victorino, entre otros, están siendo testigos de una competencia desleal que afecta gravemente sus economías. Los dueños de estos comercios formales no solo deben pagar impuestos, arriendos y servicios, sino también enfrentar un entorno hostil donde las ventas informales crecen sin control, alejando a sus clientes. Además, estos comercios también generan empleo y estabilidad para cientos de familias, un esfuerzo que se ve cada vez más amenazado por una situación insostenible económicamente.

Para los ciudadanos que transitan por estas zonas, la situación también es alarmante. La inseguridad, el desorden, la acumulación de basura y los ruidos en las calles se han vuelto la “nueva normalidad”. Las vías de Bogotá se han convertido en espacios de desorganización, que incluso han dado lugar a mafias que cobran “vacunas” a los vendedores informales por el uso de algunos metros de calle.

Una de las primeras iniciativas que la actual administración ha impulsado es la liberación de los corredores de las estaciones de TransMilenio, que se habían convertido en verdaderos centros comerciales informales. La seguridad y el tránsito de más de 70.000 pasajeros diarios, en estaciones como El Ricaurte, es ahora una prioridad. De igual manera, este esfuerzo debe continuar y ser replicado en otros puntos críticos de la ciudad, como los portales, los puentes peatonales y las principales calles de barrios que también están colapsadas por la venta informal.

No se trata de vulnerar el derecho al trabajo, como algunos aseguran, sino de garantizar la seguridad de todos. Ante cualquier emergencia en una estación, los usuarios no tienen cómo evacuar rápidamente debido a la cantidad de obstáculos creados por la venta ambulante. Esta situación no puede continuar, y es responsabilidad de la Administración asegurar un entorno ordenado y seguro para todos.

Es importante reconocer que, aunque se han implementado mesas de trabajo y se han ofrecido alternativas a los vendedores ambulantes, muchos prefieren seguir en la informalidad y no quieren caracterizarse. Esto se debe, en gran parte, a que no tienen que asumir los costos de la formalidad, como impuestos o servicios. Sin embargo, esta dinámica perjudica tanto al espacio público como al comercio formal, lo que refuerza la necesidad de tomar medidas más efectivas.

El futuro de los vendedores informales en Bogotá sigue siendo un reto para la ciudad. La regulación y formalización parecen ser las únicas vías viables para equilibrar la protección del espacio público con el derecho al trabajo. El IPES debe continuar con su labor de diálogo, caracterización y el ofrecimiento de servicios sociales, mientras la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Bogotá deben seguir interviniendo en puntos críticos de alta concentración de ventas informales.

En su sentencia C-211 de 2017, la Corte Constitucional ya se pronunció sobre la ocupación indebida del espacio público, estableciendo sanciones claras para quienes lo violen. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normas debe ser una prioridad si se quiere devolver el orden a Bogotá. La venta informal es un tema que no puede seguir siendo ignorado si aspiramos a una ciudad más segura, equitativa y organizada.

Cristina Calderón Restrepo

Capturan a un sujeto en una estación de TransMilenio

La Policía capturó a una persona que luego de comerte un hurto violento a un ciudadano, intentó esconderse en la estación Comuneros de Transmilenio en donde fue alcanzado por los uniformados.

Este hombre deberá responder además por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

 

De acuerdo con la denuncia de la víctima, el capturado, además de hurtarlo, le disparó en tres ocasiones y tuvo que ser remitido al hospital por la gravedad de las heridas.

Esta persona de 23 años de edad y el arma incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de Nación. Este sujeto presenta anotaciones por lesiones personales, violencia intrafamiliar y falsedad ideológica, documento público.

Bogotá inundada pero con racionamiento de agua

Un fuerte aguacero en el norte de Bogotá provocó una inundación de enormes proporciones durante la tarde y noche del miércoles 6 de noviembre en la Autopista Norte entre las calles 170 y 200.

La emergencia por el desbordamiento del humedal de Torca provocó un enorme trancón perjudicando la movilidad de miles de ciudadanos que se desplazaban por esta vía de la capital, entre ellos, jóvenes y niños que salían de los colegios que se ubican en las afueras de la ciudad.

 

La emergencia continúa a esta hora y es atendida por el personal de Idiger, Policía y los Bomberos de Bogotá y Cundinamarca trabaja para restablecer la movilidad.

Por lo menos 2.350 personas que quedaron atrapadas en la inundación fueron evacuadas durante la noche en buses y otros vehículos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, recomienda a los ciudadanos de la capital y de los municipios aledaños no utilizar esta vía hasta tanto la emergencia no se supere y si es necesario salir de Bogotá, hacerlo por vías alternar como la Carrera Séptima.

Dijo el alcalde en entrevista para Caracol Radio que la lluvia permitió un leve incremente en el nivel de los embalses.

Gustavo Petro insiste en crisis del agua en Bogotá y culpa a las grandes empresas

El presidente, Gustavo Petro, dijo que la capital del país, Bogotá, y las zonas de alrededor han entrado en «un problema estructural por escasez de agua«, y ha aseverado que este está provocado por el «desarrollo depredador» de grandes negocios.

«Lo que hace crisis en Bogotá no es un exceso de consumo de sus habitantes», ha asegurado un Petro que apunta más allá y asegura que la crisis en la zona viene derivada de «un modelo de desarrollo depredador articulado a grandes negocios de particulares poderosos».

 

Entre los culpables, el mandatario colombiano ha señalado directamente a «grandes especuladores de tierra y dueños del transporte público privatizado», así como a la ausencia de una reforma agraria «durante más de dos siglos».

«Sólo los pactos sociales pueden ayudarnos a adaptar las regiones al colapso climático», ha añadido el presidente colombiano en su perfil oficial en la red social X.

Descubren desguazadero de vehículos en Ciudad Bolívar

Uniformados adscritos a la Estación de Policía Ciudad Bolívar logran la captura de un hombre por el delito de receptación.

Estos hechos se presentaron en el sector de la Joya, mientras los uniformados de las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje son alertados a través de la línea de emergencia 123 sobre actividades sospechosas dentro de una bodega.

 

De manera inmediata llegan al lugar, evidencian que dentro de esta bodega se encuentra un vehículo tipo furgón y al constatar antecedentes este habría sido hurtado en esta localidad.

Así mismo, durante el procedimiento se encuentra a un hombre desmontando la parte frontal de este automotor y diferentes autopartes de otros vehículos. El sujeto de 30 años de edad, presenta antecedentes por el delito de lesiones personales. El capturado, el vehículo recuperado y los demás elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Gracias a las diferentes actividades preventivas y operativas se ha logrado una reducción del -14% en el delito de hurto a vehículos en esta localidad.

Petro se la montó a Bogotá

La descentralización en Colombia ha sido un reto permanente. Desde finales de la década de los ochenta se empezaron a incorporar políticas que abrieron camino a transformaciones en el marco legal y administrativo que, posteriormente, se consignaron en la Constitución Política de 1991. 

La Carta Magna llevó a un Estado Social de Derecho y Descentralizado, lo cual significó el paso a la elección popular de alcaldes y gobernadores, a la autonomía territorial, a las transferencias de recursos desde el gobierno central a los locales y regionales y al fortalecimiento de los Concejos Municipales y Asambleas Departamentales. Sin embargo, pareciera que al presidente de Colombia, Gustavo Petro, se le olvida parte de lo anterior.  

 

En el caso concreto de Bogotá, hay que decir que Petro se la montó. Está empecinado en bloquear los proyectos que representan avance para el Distrito Capital, sin respetar su autonomía, como lo establece la Constitución.

En el más reciente hecho, su ministra de Ambiente y alfil para lanzar a la presidencia de la República, María Susana Muhamad, frenó la ampliación de la avenida Boyacá, un proyecto que es clave para la ciudad y para descongestionar la movilidad del norte. La titular de la cartera ambiental interpuso una demanda, que fue admitida por el Consejo de Estado, contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con la intención de anular una resolución de 2023 que autorizaba la licencia que permitía construir la obra.

Según el argumento del gobierno, se está poniendo en riesgo la Reserva Thomas van der Hammen y también el agua de Bogotá. Algo que el alcalde Carlos Fernando Galán inmediatamente rechazó, recordándole a Petro que, incluso, dicha obra se contempló en su Plan de Ordenamiento Territorial hace más de 10 años.

Lo cierto es que el presidente de Colombia no ha querido entender que ya no es alcalde de Bogotá y que las obras y proyectos que él bloquea, son pensadas para brindar calidad de vida a millones de personas.

Así las cosas, el caos de la capital no va a mejorar por ahora, porque Petro también tiene paralizadas las obras de ampliación de la autopista Norte, desde la calle 191 hasta la 245, por una decisión de ANLA de archivar el trámite de licenciamiento ambiental para el proyecto que debía empezar a inicios de este año. Lo mismo ha pasado con el Metro, con la PTAR Canoas (que ya por fin ve una luz) y con las subredes de salud.

Petro tiene desidia con la ciudad y ni raja ni presta el hacha. Aquí necesitamos avanzar, por eso le pedimos que deje de lado su ego, que permita trabajar a los gobernantes locales y que se busquen soluciones rápidas y reales para llevar los proyectos de infraestructura a buen puerto, sin descuidar el impacto ambiental. Petro está siendo revanchista y no ha querido aceptar que él, Gustavo Bolívar y su partido, perdieron en Bogotá. 

Andrés Barrios Bernal

Bogotá camina con bolillo

La reciente intervención en la estación Ricaurte de Transmilenio, donde la Alcaldía de Bogotá desalojó a un grupo de vendedores ambulantes, ha desatado una ola de críticas y preocupación sobre el trato a la economía informal en la ciudad. Este operativo, ejecutado en medio de un clima de tensión y protesta, refleja una problemática de vieja data: el espacio público en Bogotá está atrapado entre la necesidad de mantener el orden y la obligación de garantizar oportunidades de sustento para las cientos de familias que dependen del comercio informal. La respuesta parece ya definida por el Alcalde y su Secretario de Seguridad: bolillo y exclusión antes que diálogo e inclusión.

La Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana han reiterado que no darán marcha atrás en su decisión de retirar a los vendedores ambulantes de las estaciones de Transmilenio. Aseguran que esta medida no es una oposición a la actividad de estos comerciantes, sino un intento de reducir riesgos para los usuarios y evitar lo que describen como “anarquía” en el espacio público. Sin embargo, esta postura despierta interrogantes sobre el compromiso de la administración con el Decreto 098 de 2004, que establece políticas de concertación y coordinación con los vendedores informales y aboga por una regulación integral de sus actividades en el espacio público.

 

Este decreto prevé la creación de mesas de trabajo y un cronograma de actividades orientadas a ofrecer alternativas de solución y programas de inclusión social a los vendedores informales. Sin embargo, estos mecanismos han quedado en gran medida en el papel. La situación actual en Transmilenio muestra una clara contradicción en la política pública sobre el espacio público: se busca imponer orden, pero no se atienden las causas estructurales de la informalidad. El secretario de Seguridad ha anunciado que continuarán las intervenciones en otras estaciones y portales, con la intención de erradicar la presencia de vendedores en áreas críticas para la operación del sistema. Sin embargo, esto deja en el aire una pregunta fundamental: ¿qué alternativas reales tienen estos vendedores para mantener su sustento y cuáles alternativas está ofreciendo la Alcaldía?

Históricamente, las estaciones de Transmilenio han sido escenario recurrente para la economía informal. La Defensoría del Pueblo señaló en 2015 que cerca del 95% de las entradas a las estaciones contaban con ventas ambulantes, evidenciando que esta actividad es parte de la dinámica de estos espacios. Conociendo esto, la administración dejo estipulado en el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, en el artículo 181 que las autoridades deben desalojar a estos vendedores del sistema de transporte. No porque se actúe con fuerza y policía se resuelve un problema que tiene que ver con la comida y la supervivencia de las personas. El desalojo de vendedores informales no elimina la necesidad que los llevó a estar ahí en primer lugar, por eso considero equivocado el enfoque con el que la administración está abordando esta problemática.

Aunque se intente imponer un concepto de limpieza y orden en el espacio público, la realidad de las familias que dependen de las ventas informales es cada vez más crítica, pues necesitan algún medio para asegurar su sustento diario. La erradicación de su presencia en las calles no resuelve la situación, sino que obliga a estas familias a buscar alternativas aún más precarias o arriesgadas. Durante la discusión del Plan de Desarrollo, advertí en el Concejo sobre el riesgo de criminalizar a los vendedores informales en el sistema de transporte público (SITP); esta no es una cuestión de simple orden o seguridad, sino un tema profundamente complejo en un país y una ciudad donde la informalidad se ha convertido en el pan de cada día para miles de hogares.

La sentencia T-102 de 2024 de la Corte Constitucional, la más reciente en esta materia, reitera un precedente relevante, la defensa de los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital e igualdad de personas en condiciones de vulnerabilidad económica, como los vendedores informales. En este caso, la Sala Primera de Revisión protegió los derechos de un vendedor ambulante desalojado del centro de Armenia, donde trabajaba desde hace más de 12 años. La Corte señaló que, aunque existen políticas y programas para vendedores informales, estos deben ser suficientes y brindar alternativas reales que mitiguen el impacto del desalojo, especialmente cuando los afectados presentan situaciones de salud críticas.

La Alcaldía tiene en sus manos una oportunidad para replantear su relación con la economía informal, pasando del control, la criminalización y la expulsión a una política de inclusión y concertación. Lo primero y más importante es caracterizar a la población de vendedores informales, para construir desde allí una estrategia clara que les ofrezca alternativas económicas y servicios sociales complementarios. Los vendedores informales no solo ocupan el espacio público, sino que representan una economía de subsistencia para la cual, hasta ahora, no existen suficientes alternativas que los integren dignamente al tejido productivo de la ciudad.

Quena Ribadeneira