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El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha remplazado a última hora de este martes al Alto Mando Militar del Ejército ante el temor a un posible golpe de Estado mientras continúan las fuertes y violentas protestas cuyo epicentro se encuentra en Santa Cruz, donde la oposición exige que se celebre el censo poblacional en 2023.

«Es su deber resguardar la paz y orden con apego estricto a la Constitución. Hoy Bolivia se encuentra nuevamente amenazada por aquellos que incapaces de aportar a la democracia, apuestan por la confrontación y la violencia», ha exigido Arce al Alto Mando Militar, el tercero en menos de dos años, durante su toma de posesión.

Arce ha alertado de que existe de nuevo en Bolivia «una estrategia para reeditar el golpe de Estado de 2019» y ha recordado a los nuevos jefes del Ejército de que tienen la obligación legal de proteger al pueblo y al Gobierno salido de las urnas.

Las designaciones de Arce son Hugo Arandia López, como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Gonzalo Vigabriel Sánchez, como jefe del Estado Mayor; Marcelo Zegarra Gutiérrez para la Fuerza Aérea; Juan Arnez Salvador para Naval; y Juan José Zúñiga como jefe del Ejército, detalla el diario ‘El Deber’.

La oposición se ha apresurado en criticar estas designaciones pues aseguran que buscan militarizar el departamento de Santa Cruz a medida que se intensifican los episodios de violencia durante las protestas. Algunos militares retirados apuntan que Arce estaría incumpliendo la norma y promoviendo a personal con denuncias.

A once días de que se iniciara los paros generales en Santa Cruz, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha señalado que es «técnicamente» imposible que el censo poblacional pueda celebrarse en 2023 tal y como exige la oposición que lidera el gobernador, Luis Fernando Camacho, quien es consciente de ello.

Del Castillo ha lamentado que Camacho «quiere hacer un censo sin cumplir las etapas procesales» y ha pedido establecer «un diálogo sin caprichos» pues se está cerca de ver cómo «se desborda la violencia» en Santa Cruz. «No queremos más enfrentamientos, pedimos públicamente que se reflexione», ha demandado.

«Se está primando el capricho de una persona (…). Tenemos imágenes del contenido extremo de la violencia, es momento de dejar la violencia e ir al diálogo, quieren incendiar el país», ha denunciado Del Castillo tras los últimos episodios de violencia registrados este martes entre defensores del paro contra detractores y la Policía.

Foto: tomada de europapress.com

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido investigar la muerte de Julio Pablo Taborga este fin de semana durante el paro cívico iniciado por la oposición boliviana en el departamento de Santa Cruz.

«La CIDH lamenta la muerte de una persona en el contexto del paro por el Censo de Población y Vivienda. Llaman al Estado a investigar los hechos y a promover un diálogo amplio, con todos los sectores de la sociedad, que priorice los Derechos Humanos», ha publicado la CIDH en Twitter.

Este lunes ha trascendido que el informe forense revela que Taborga murió por un traumatismo en la cabeza. Taborga era mecánico, soldador y empleado de la Alcaldía de Puerto Quijarro. Murió a primera hora del sábado cuando salió con su esposa a levantar los bloqueos instalados por los grupos cívicos opositores.

Taborga murió por un «hematoma subdural, traumatismo craneoencefálico cerrado y politraumatismo», según el informe consultado por la televisión pública BTV. La hora de muerte fue a las 1.45 y el doctor Rodrigo Valdez, firmante del documento, calificó el hecho de «presunto homicidio».

Videos que circulan en redes sociales muestran a Taborga inconsciente, tendido en el suelo, cuando la gente trata de ayudarlo. Su esposa ha denunciado que fue apaleado.

Foto: tomada de notiamerica.com

El Gobierno boliviano ha llegado a un acuerdo con los dos grupos de trabajadores mineros que llevaban días protestando contra las reformas del sector propuestas por las autoridades del país tras más de doce horas de negociaciones.

«Hemos llegado a generar este acuerdo que le da certidumbre al pueblo boliviano de que las medidas de presión se deponen», ha asegurado el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, durante una rueda de prensa.

Así, el Gobierno del presidente, Luis Arce, ha logrado llegar a un acuerdo con los mineros de la empresa estatal Huanuni y los llamados Ponchos Rojos. «Se acordó derogar artículos importantes del decreto que está relacionado a las empresas estatales y que (el Sindicato de Huanuni) enviará dos representantes a la mesa de trabajo, donde vamos a ir incorporando artículos que van a dar forma a un nuevo decreto para reponer los que estaban en observación», ha explicado el ministro.

«Vamos a mostrar que la Gestora cumple una función muy importante, que garantiza la buena administración de los fondos de pensiones y que éstos serán bien invertidos porque esa es su principal función», ha indicado tras señalar que se ha detenido por el momento la migración de los datos de los trabajadores a dicha entidad, tal y como proponía el Gobierno.

El decreto al que se oponían los mineros, establece la transferencia de recursos de empresas publicas al Tesoro de la Nación para proyectos de inversión y bonos sociales. Los trabajadores aseguraban que el documento atentaba contra el funcionamiento de estas empresas y las futuras inversiones de las mineras estatales.

Ahora, el acuerdo firmado entre las partes es resultado de un largo debate entre Montenegro, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, y el gerente de la Gestora, Jaime Durán, con el secretario ejecutivo del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, Ronald Mamani.

Arce, por su parte, ha reafirmado el «compromiso con el desarrollo económico y social de la región». «Hemos escuchado sus preocupaciones», ha recalcado.