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Jair Bolsonaro «pintó un clima» para esta segunda vuelta de las elecciones de Brasil muy dispar del que pretendió. El optimismo que cundió después de que las encuestas le subestimaran en primera ronda y de que incluso a medida que se acercaba la cita definitiva de este domingo algunas pronosticaran un empate técnico, se ha desinflado con los últimos sondeos, que le colocan hasta siete puntos por debajo de su antagónico, Luiz Inácio Lula da Silva.
Conscientes de ello, el equipo de Bolsonaro ha pedido incluso que se aplace la cita de este domingo alegando, sin pruebas, que habrían sido perjudicados en la distribución de propaganda electoral en las estaciones de radio del Nordeste, un bastión inexpugnable de Lula ante el cual el todavía presidente no puede siquiera compensar con los resultados de otras regiones.
La denuncia fue desestimada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) por carecer del más «mínimo indicio de pruebas». Descontento con el fallo, Bolsonaro volvió a lanzar insinuaciones golpistas y se reunió de urgencia con altos mandos militares, anunciando que iría «hasta las últimas consecuencias» en este asunto.
El miedo a que no reconociera los resultados de estas elecciones ha estado sobrevolando desde hace varios meses, coincidiendo con la salida de prisión del expresidente Lula y con ello la recuperación de sus derechos políticos.
Poniendo en tela de juicio el sistema electoral, Bolsonaro ha calentado los ánimos entre la parte más extrema de su electorado, por lo que ahora el temor está en que se produzcan posibles episodios de violencia electoral, más después del caso de su antiguo aliado en el Congreso del que reniega ahora, Roberto Jefferson, quien recibió a tiros a la Policía cuando iba a ser detenido por violar las condiciones de sus arresto domiciliario.
La euforia que se había instaurado en el cuartel general de Bolsonaro en las últimas semanas coincidiendo con una mejora en los sondeos quedó en nada hace unos días cuando la última encuesta de Datafolha mostró el desgaste que habría sufrido.
Bolsonaro volvió a ser su peor enemigo cuando contó que hace unos años se le presentó la ocasión («pintó un clima») de entrar en una casa repleta de menores venezolanas «de 14, 15 años, todas muy guapas», de las que insinuó que estarían ejerciendo la prostitución. Unas declaraciones para azuzar el fantasma de la Venezuela del chavismo para atacara a Lula.
Bolsonaro aspira este domingo a permanecer otros cuatro años al frente de Brasil tras una primera legislatura marcada por su gestión negacionista de la pandemia, sus ataques continuos a las instituciones democráticas, el pábulo que ha dado a las noticias falsas y una vuelta con la que no contaba, la de Lula da Silva.
Bolsonaro, de 67 años, ha prometido que seguirá con las mismas políticas de los últimos cuatro años, en especial aquellas relacionadas con la privatización de empresas estatales estratégicas, como la energética Petrobras, con la que espera hacer posible una de sus promesas de campaña, tener el combustible más barato del mundo.
Representante de los sectores más conservadores de Brasil, no ha escondido nunca su admiración por la dictadura militar brasileña (1964-1985), ha ido pasando por una decena de fuerzas políticas hasta que a finales del año pasado se unió a las filas del Partido Liberal (PL) para poder lanzar su candidatura.
A lo largo de estos cuatro años Bolsonaro ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal bandera política y se ha presentado en campaña como el autor de que el país haya logrado reducir la pobreza gracias a los programas de ayudas sociales que garantizan apoyo financiero a las familias pobres, aunque estas apenas duraron unos meses en plena pandemia.
Su gestión de la crisis sanitaria ha sido ampliamente criticada tanto fuera como dentro del país, tanto que ocasionó una investigación parlamentaria que concluyó que habría cometido hasta nueve delitos. No solo minimizó su alcance, llegó a calificar la enfermedad de «gripecita», sino que además recomendó el uso de remedios ineficaces por delante de la vacuna, cuya compra retrasó.
El presidente brasileño encara sus aspiraciones de reelección con al menos seis causas pendientes en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior Electoral (TSE), organismos contra los que ha intensificado en los últimos meses sus ataques, coincidiendo con la recuperación de los derechos políticos del expresidente Lula.
Su triunfo en los comicios de 2018 se produjo en un contexto repleto de arbitrariedades judiciales, entre ellas la detención del propio Lula, que como ahora, partía con ventaja en las preferencias de los brasileños. El Tribunal Supremo concluyó en 2021 que el proceso contra el expresidente, instruido por el que luego fue ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, fue parcial e injusto.
Los grupos que más rechazan a Bolsonaro son los desempleados, los negros, los estudiantes, los jóvenes y las mujeres, un sector, este último, que su equipo de campaña ha intentado seducir sin éxito a través de la figura de la primera dama, Michelle Bolsonaro, el perfil de mujer –cristiana evangélica conservadora que rechaza la agenda feminista– en el que todavía puede rascar a algunos votos.
La cuestión indígena es otro de los asuntos que se le han reprochado, si bien es cierto que estas comunidades han venido denunciando el abandono de gobiernos anteriores. No obstante, las políticas de demarcación de tierras fueron olvidadas bajo su mandato, en cuyos primeros dos años se produjo un fuerte aumento de las invasiones, asesinatos, así como de la explotación ilegal de recursos.
