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El secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia de Brasil, Ricardo Cappelli, ha afirmado este viernes que el campamento bolsonarista instalado frente al Cuartel General de las Fuerzas Armadas funcionaba como una «ciudad mini-golpista».

Cappelli, que ha elaborado un informe que será presentado al juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes, ha precisado que se detectaron 73 robos e incidentes en los alrededores del campamento, al que ha tildado de «centro operativo contra la democracia».

«Todos los actos de vandalismo pasaron por la organización, planificación y punto de apoyo dentro del campamento, que se convirtió en un centro operativo de planes contra la democracia brasileña», ha señalado, según ha recogido el diario ‘O Globo’.

Así, ha indicado que hubo «fallos operativos» por parte de la Policía durante el asalto y que el excomandante que dirigía el operativo, el coronel Fabio Augusto, «perdió capacidad de mando», aunque ha desvinculado su posible conveniencia con los actos golpistas.

«Es increíble cómo en un momento dado levantan la primera línea de barandillas. Y cae. Hay un movimiento coordinado (por parte de los manifestantes) y eso llama mucho la atención», ha detallado, agregando que la línea de contención policial estaba formada por efectivos en prácticas.

De esta forma, ha acusado al exministro de Justicia y Seguridad Pública Anderson Torres, quien fue detenido por el caso, por haber provocado inestabilidad en la Secretaría de Seguridad Pública que culminó con la inacción de las fuerzas de seguridad el día 8.

«La inestabilidad que generó con las destituciones y cambios. Poco después de viajar, recibe un informe de inteligencia y este informe no tiene consecuencias. No es solo un tema burocrático», ha indicado, según el citado medio.

El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ya tiene en el Senado dos demandas presentadas por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro para expulsarle del cargo, la segunda de ellas un día después de los ataques del pasado 8 de enero en la Explanada de los Ministerios.

De Moraes, centro de los ataques de Bolsonaro y los suyos, es una de las figuras más destacadas tras la crisis política derivada de los ataques a las instituciones. Él ha sido el encargado de llevar a cabo las investigaciones contra los responsables de los ataques, además de ser el juez encargado de varias causas que el expresidente brasileño tiene abiertas, entre ellas la de las milicias digitales.

La primera de las demandas presentadas en el Senado, que se encarga de aprobar los jueces del Supremo y con autoridad de revertir sus mandatos, es del 5 de enero bajo firma de seis abogados afines al líder de la ultraderecha brasileña, mientras que la segunda fue presentada el 9 por Robert Petty, aspirante a concejal en 2020.

En ambas se cuestiona su labor como encargado del caso de la noticias falsas, en el que está incluido Bolsonaro por sus ataques al sistema electoral brasileño y al modelo de votación, siendo las urnas electrónicas el objetivo de una suerte de cruzada que el expresidente ha lanzado desde que salió presidente en 2018.

Entre los excesos que habría cometido estarían el bloqueo de las cuentas bancarias y las redes sociales de los investigados, así como la orden de encarcelar al indígena José Acácio Serere Xavante, conocido como ‘Cacique Tserere’, uno de los bolsonaristas que participó en el asedio a una comisaría de la Policía Federal en Brasilia a principios de mes.

El jefe del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, ha prometido para Jair Bolsonaro y su esposa, Michelle, salarios «de ministro» una vez regresen de Estados Unidos y le ha exculpado de los actos golpistas del pasado 8 de enero, recordando que ha estado «en silencio desde la derrota en las elecciones».

Costa Neto no solo ha eximido a Bolsonaro de aquellos hechos violentos, sino también a los seguidores del expresidente de los que ha dicho que no participaron en los actos violentos que se produjeron dentro de las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo.

«Al bolsonarista de verdad no le gusta eso. Estuvo ahí pidiendo que no se rompiera nada. Había extremistas infiltrados», ha dicho en una entrevista para CBN, en la que también ha achacado de lo ocurrido al ministro de Justicia, Flávio Dino, por ser el encargado de la seguridad en la Explanada de los Ministerios.

Costa Neto también ha asegurado sentirse «sorprendido» tras el hallazgo en casa del exministro de Justicia Anderson Torres de un borrador de un decreto para revertir el resultados de las elecciones a pesar de revelar que varias propuestas circularon entre el bolsonarismo después del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Con respecto a Bolsonaro, Costa Neto ha confirmado que a su vuelta de Estados Unidos recibirá un sueldo «de ministro», la misma suerte correrá su esposa, a quien el partido encargará «recorrer Brasil» para «atraer mujeres a la política».

El PL había condicionado una eventual retribución a Bolsonaro a su vuelta de Estados Unidos, donde está previsto que continúe hasta finales de enero. El expresidente viajó hasta Florida el pasado 30 de diciembre, evitando así participar en la toma de posesión del presidente Lula da Silva.

El líder del PL también ha prometido una oposición responsable en la próxima legislatura y que no descarta votar a favor de las propuestas del Gobierno de Lula si consideran que son de interés nacional. «No haremos una oposición radical. Somos un partido de derecha, pero no queremos que Brasil vaya para atrás», ha dicho.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro planea prolongar su estancia en Estados Unidos mientras avanzan las investigaciones contra quienes participaron en los ataques a las sedes de los tres poderes el 8 de enero, y en medio de reclamos para que sea extraditado y responda ante las autoridades por su papel en lo ocurrido.

Un grupo de empresarios de Sao Paulo que simpatiza con el expresidente se ha reunido en los últimos días para costear su estancia en Estados Unidos, a donde viajó el pasado 30 de diciembre, evitando así estar en Brasil durante la acto de toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La cuestión central es financiera, según aliados de Bolsonaro consultados por ‘Folha de Sao Paulo’, por ello se plantea la posibilidad de organizar una serie de conferencias –a 10.000 dólares cada una– con empresarios estadounidenses, una de las cuales el expresidente se habría comprometido a impartir.

Existe una fuerte opacidad acerca de cómo se está pagando la estancia en Estados Unidos de Bolsonaro, quien se encuentra hospedado en la casa que el luchador de artes marciales mixtas José Aldo tiene en Orlando, en el estado de Florida.

Su círculo cercano le ha recomendado abrir una cuenta en la sucursal que Banco de Brasil hay en Orlando para poder acceder así a los fondos que tiene en su país. Bolsonaro tiene ahora un salario mensual de unos 8.100 euros por haber sido diputado y militar retirado, si bien el Partido Liberal (PL) le ha prometido otro sueldo, que podría llegar hasta los 7.400 euros, pero con la condición que regrese.

La presencia de Bolsonaro no ha estado exenta de contratiempos –como cuando tuvo que ser ingresado por unos recurrentes dolores abdominales como consecuencia de un apuñalamiento cuando era candidato en 2018– y polémica, después de que varios congresistas demócratas pidieran su salida al presidente Joe Biden.

La cuestión legal de su estancia también está en entredicho, ya que su condición como jefe de Estado finalizó dos días después de llegar a Estados Unidos. De pretender permanecer más tiempo debería solicitar un visado de negocios o trabajo temporal, o bien de turismo, que le daría otra prórroga de 90 días.