Al menos 17 personas han muerto y varias decenas han resultado heridas este lunes en el sureste de Perú, durante las protestas que piden la salida de la presidenta del país, Dina Boluarte, elecciones anticipadas y el cierre del Congreso.
El Defensor del Pueblo peruano ha confirmado este balance de víctimas mortales, que incluyen a un menor de edad, tras enfrentamientos en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca.
«Solicitamos a las fuerzas del orden hacer un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza y exhortamos a la Fiscalía de Perú a realizar una investigación célere que permita esclarecer los hechos», ha comunicado el organismo.
«No corresponde a la Policía Nacional ni a las Fuerzas Armadas resolver los conflictos que vienen aconteciendo. Es deber del Gobierno central y del Congreso de la República encontrar una salida realista, y en un plazo razonable, que devuelva la tranquilidad y la paz al país», ha agregado el Defensor del Pueblo.
Con todo, ha recordado que el derecho a la protesta es un derecho fundamental si se ejerce de manera pacífica, ya que por lo contrario se estarían cometiendo graves delitos. «Invocamos a la población a no realizar hechos de violencia respetando las disposiciones que la autoridad pública establezca en el marco de sus competencias», se puede leer en un comunicado.
El Gobierno Regional de Puno ha declarado tres días de luto –desde este martes al jueves– por el balance preliminar de las protestas, «en razón a los trágicos sucesos ocurridos». «(Nos) aunamos al dolor de las familias dolientes y (nos) solidarizamos con la población afectada», reza un decreto que exige investigaciones «contra los responsables de estos deplorables hechos que enlutan a la región».
Anteriormente, congresistas del departamento de Puno emitieron un comunicado conjunto para exigir la renuncia de Boluarte después de los enfrentamientos registrados en la zona durante el fin de semana en la región, que dejaron una treintena de personas heridas, entre ellas varios periodistas.
Por otro lado, el aeropuerto Coronel Alfredo Mendívil Duarte de Ayacucho ha tenido que suspender este lunes de forma temporal sus operaciones «como medida de prevención» ante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía en la región, según RPP.
ATAQUE AL ESTADO DE DERECHO
El Gobierno peruano ha anunciado que enviará una comisión de alto nivel a la zona en tensiones por las protestas antigubernamentales, que se han cobrado este lunes la vida de más de una decena de personas.
El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, ha informado de que el fin de esta comisión es insistir en el diálogo y llevar ayuda humanitaria, al tiempo que ha acusado a los manifestantes de atacar el estado de derecho.
Otárola ha afirmado que se ha «producido un ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el Estado de derecho y las instituciones», detallando que más de 9 mil personas se han aproximado al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente 2 mil han iniciado un ataque con armas «generando una situación extrema».
«Lo que está sucediendo es una resaca del golpe de Estado en el país, aquellos azuzadores y violentistas que no pudieron enervar al Estado peruano, quebrar la democracia y quisieron derribar las instalaciones públicas en la asonada que se inició el 7 de diciembre del año pasado y que hoy se ha dado un nuevo paso», ha argumentado.
El primer ministro ha vinculado a los manifestantes con el narcotráfico, garantizando que las autoridades capturarán y procesarán «a quienes están destruyendo el país financiados por intereses extranjeros y por el dinero oscuro del narcotráfico».
Asimismo, tras lamentar las muertes en el sureste del país, el ‘premier’ ha pedido a la Fiscalía que investigue los hechos, según ha informado la agencia de noticias Andina.
Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, ha instado al Ministerio Público a iniciar una «exhaustiva investigación sobre los hechos», ya que considera que en este tipo de conflictos «nadie gana en el país».
«Hoy al mediodía, la violencia se exacerbó a límites delincuenciales, así lo dice el informe que recibió el Ministerio de Defensa recibió por parte de los mandos militares del sur, que comandaba al personal del Ejército que se encontraba en segunda línea en el aeropuerto de Juliaca», ha relatado Chávez.
El ministro del Interior, Víctor Rojas, ha asegurado que la Policía Nacional y el Ejército impidieron la toma del aeropuerto de Juliaca, acción que habría sido planificada desde la semana pasada, según ha indicado.
Así, ha insistido en que los agentes han logrado resguardar el aeropuerto, «controlando las turbas», en un «estricto respeto de los Derechos Humanos», ya que el conflicto habría estallado con el uso de bombas molotov y pólvora.
Además, la Conferencia Episcopal Peruana ha reprobado la muerte de los fallecidos y heridos, tanto de civiles como de policías, ya que han «recurrido a la ilegalidad» y al «uso desmedido de la fuerza», respectivamente.
«Necesitamos distinguir los justos reclamos de otros que no permiten un dialogo racional. No podemos dejar que el Perú se destruya por nuestras propias acciones ni dejarlo caer en un abismo institucional», han aseverado.
«Los Obispos de Perú invocamos al Gobierno a detener urgentemente en Puno, la violencia y las muertes, vengan de donde vengan; al Ministerio Público y al Poder Judicial a investigarlas y sancionarlas; y al Congreso, a tomar las decisiones que exige la coyuntura y la paz social», han zanjado.
Las protestas en Perú se iniciaron tras la detención del expresidente Pedro Castillo y su acusación por rebelión al intentar cerrar el Congreso y convocar elecciones parlamentarias tras año y medio intentando gobernar al tiempo que lidiaba con las maniobras de la cámara, que a la tercera logró su destitución.
