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Al menos quince agentes de las fuerzas del orden de Brasil, incluyendo policías militares, soldados de las Fuerzas Armadas e incluso un bombero, estarían implicados de alguna manera en los actos golpistas del pasado 8 de enero en Brasilia, cuando una turba de seguidores de Jair Bolsonaro atacó las sedes de los tres poderes.

El último en ser arrestado este lunes ha sido Roberto Henrique de Souza Júnior, del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, quien en 2018 intentó sin éxito salir elegido diputado federal por Patriotas, uno de los partidos relacionados con el bolsonarismo más extremo.

En esta lista hay tanto agentes en activo como en la reserva y según el diario ‘O Globo’, entre estos quince, además del citado bombero, hay nueve policías militares, tres soldados del Ejército, un oficial de Marina y un antiguo cabo de la Fuerza Aérea, que dejó el cargo a mediados de 2022 tras ocho años de servicio.

Muchos de ellos han sido identificados gracias a las redes sociales, las cuales utilizaron con profusión durante los hechos violentos que se vivieron aquel día 8 de enero en la Explanada de los Ministerios. Uno de ellos fue el sargento de la Policía Militar de Brasilia, Ednaldo Teixeira Magalhães, quien grabó lo ocurrido y celebrando que «la cosa se ponía peligrosa».

«No ganamos nada quedándonos en Internet, vamos a las calles de todo el país», publicó en su cuenta de Instagram el día que Luiz Inácio Lula da Silva venció en las elecciones, animando al personal a participar en los bloqueos de las carreteras que se levantaron tras conocerse los resultados de aquellos comicios.

Algunos de estos quince ya han sido puestos en libertad mientras son investigados por su participación en aquellos hechos. Otros en cambio, no llegaron a pasar por prisión en ningún momento, como el sargento de la Policía Militar Silvério Santos, quien celebro en redes que Brasilia hubiera «explotado».

En lo que respecta al Ejército, los hay quien incluso criticaron duramente a sus compañeros de armas por respetar la Constitución, como el oficial en la reserva Adriano Camargo Testonio, quien calificó de «panda de generales hijas de puta» a quienes se mantuvieron firmes contra los asaltantes.

Otros como Ridauto Lúcio Fernandes son conocidos por haber tenido cargos dentro del gobierno del expresidente Bolsonaro, cuando fue director de Logística en el Ministerio de Salud que dirigió el general Eduardo Pazuello.

Además de estos quince, hay al menos otros dos investigados por supuesta omisión y connivencia con los asaltantes cuando se encontraban de servicio, el excomandante general de la Policía Militar de Brasilia, el coronel Fábio Augusto Vieira, arrestado por orden del juez del Supremo, Alexandre de Moraes; y el coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, investigado por impedir a los efectivos actuar.

El 93 por ciento de los brasileños condena el asalto a los tres poderes del Estado perpetrado el pasado 8 de enero, según una encuesta de la consultora Datafolha y recogida por el diario O Globo.

El nivel de aceptación del asalto en que el se instó a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado al Gobierno de Lula de Silva es de un solo tres por ciento, un cifra que aumenta entre los votantes de Bolsonaro, hasta un 10 por ciento.

Además, un 77 por ciento de los encuestados creen que los involucrados en los actos antidemocráticos rendirán cuentas ante la Justicia brasileña, que ya ha empezado a ordenar la detención de algunos cargos públicos, como el jefe de Policía de Brasilia y el exministro de Bolsonaro Anderson Torres.

También, un 42 por ciento de los encuestados tienen un alto grado de optimismo sobre que los asaltantes tendrán una sentencia severa, mientras que el 35 por ciento espera una leve. Asimismo, un 17 por ciento prevé impunidad general y un seis por ciento no sabe qué responder.

En este sentido, existe una mayor variedad de opiniones en cuanto a si todos los involucrados en el asalto deberían ir a la cárcel. El 46 por ciento de los brasileños apoya la idea, mientras que un 15 por ciento cree que deberían ir la mayoría, pero no todos. Otro 26 por ciento considera que «solo unos pocos» deberían entrar en prisión, según recoge la encuesta.

La opinión pública también está más inclinada a castigar a las personas que financiaron autobuses y materiales para el asalto a los tres poderes. Para el 77 por ciento de los encuestados, estas personas deberían ser arrestadas. Entre los votantes de Bolsonaro, el 37 por ciento no quiere castigo, aunque la mayoría (56 por ciento) dentro de ese grupo sí.

Con todo, muy pocos (cuatro por ciento) brasileños dicen no saber lo que pasó en Brasilia el pasado domingo, mientras que la gran mayoría del país conoce lo que ocurrió.

La encuesta ha entrevistado a 1.214 ciudadanos mayores de 16 años e el margen de error se estima en tres puntos porcentuales, aproximadamente.

Los Estados miembros de la Unión Europea han condenado este miércoles el «ataque abierto contra las instituciones democráticas» en Brasil y han mostrado su solidaridad con el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, respaldando sus acciones para restaurar el orden constitucional en el país.

En una declaración conjunta firmada por el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, los Veintisiete describen los altercados en Brasil protagonizados por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro y que culminaron con el asalto a la sede de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo como un «abierto ataque a las instituciones democráticas del país», asegurando que las diferencias políticas no pueden llevar a justificar «actos criminales».

«La UE condena con firmeza estos espantosos actos de violencia política y el inaceptable ataque contra la democracia que representan. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente Lula y las instituciones brasileñas en su defensa de la democracia, y apoyamos las medidas adoptadas para restaurar el orden y el respeto por el Estado de Derecho», recoge la declaración.

Los Veintisiete muestran su apoyo a los esfuerzos para investigar a los responsables de los ataques y actos de vandalismo «contra la propiedad pública y el patrimonio histórico nacional» y recalca que las diferencias políticas no pueden llevar a justificar «actos criminales» o cuestionar los resultados electorales.

Igualmente recuerdan que el ejercicio de los derechos y libertades democráticos «debe realizarse respetando la Constitución y las instituciones elegidas democráticamente» y confía en la democracia y la fortaleza de las instituciones brasileñas. «Nuestra convicción es que prevalecerá sobre la violencia y el extremismo», concluyen los Veintisiete.

Insistiendo en el compromiso de trabajar mano a mano con el nuevo Ejecutivo brasileño, el bloque europeo pone sobre la mesa la necesidad de reforzar la relación en temas de interés mutuo y defender los valores comunes como la defensa de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.

Este miércoles se ha conocido la decisión de las autoridades brasileñas de prorrogar la presencia durante diez días más de la Fuerza Nacional en la Explanada de los Ministerios, en un momento en el que no se descartan nuevas movilizaciones de los descontentos seguidores de Bolsonaro.