La ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado este jueves de que las leyes aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa de El Salvador sobre ciberseguridad y protección de datos pueden poner en peligro los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad.
«Estas nuevas leyes podrían utilizarse para eliminar publicaciones online críticas con el Gobierno so pretexto de estar protegiendo datos personales», ha sentenciado la directora para las Américas de la ONG, Juanita Goebertus, en un comunicado.
En este sentido, ha argumentado que «en el contexto actual de opacidad y acoso a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil» las leyes recién aprobadas podrían ser utilizadas como «un instrumento para amenazar, silenciar u obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión e información».
La Asamblea, en la que tiene mayoría Nuevas Ideas, el partido del actual mandatario Nayib Bukele, aprobó estas leyes el pasado 12 de noviembre. En concreto, permiten la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), que será la encargada de desarrollar las políticas de ciberseguridad en el país.
La ACE, dirigida por un director general nombrado por el propio presidente, podrá eliminar información en plataformas y sitios web, incluyendo en medios de comunicación, si considera que los datos son «inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos».
Las leyes aprobadas por la Asamblea reconocen el «derecho al olvido», si bien la ONG ha advertido que algunas de sus disposiciones podrían utilizarse como mecanismo para restringir la publicación de información sobre funcionarios o asuntos de interés público.
HRW también ha alertado de que, en virtud de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los gobiernos deben establecer autoridades nacionales independientes para gestionar la protección de datos personales.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en octubre de 2020 una ley similar que fue interpretada por organizaciones de la sociedad civil como un intento de coartar la libertad de expresión de la prensa y de silenciar a los sectores críticos con el Gobierno del presidente, Daniel Ortega.
El Salvador está estas semanas a la espera de que el presidente, Nayib Bukele, termine de esclarecer los plazos y la forma en que dará un paso provisional hacia atrás, una renuncia formal al cargo con la que el mandatario aspira a cumplir el equilibrio judicial y legislativo que le permitirá sortear el veto constitucional para salir reelegido en 2024.
La Constitución del país centroamericano, en vigor desde el año 1983, establece a lo largo de seis artículos la teórica prohibición de dos mandatos presidenciales consecutivos, lo que hasta ahora había obligado a los jefes de Estado a abandonar el cargo tras un único periodo de cinco años.
La Carta Magna aboga por «la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República» como algo «indispensable» para el buen funcionamiento político. «La violación de esta norma obliga a la insurrección», recoge de forma explícita, en un articulado matizado en mayo de 2021 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, entre críticas de partidos opositores.
Los jueces introdujeron una reinterpretación en virtud de la cual bastaba con que el presidente podía salir reelegido si técnicamente no ostentaba el poder. Según la sentencia, basta con que el jefe de Estado pida una «licencia» durante los seis meses previos al arranque formal del siguiente mandato, un plazo que a Bukele se le agota en cuestión de semanas. Las elecciones serán el 4 de febrero de 2024, pero la toma de posesión tendrá lugar el 1 de junio.
La candidatura del actual mandatario ya ha recibido el aval del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que ahora todos los ojos están puestos en los próximos movimientos de Bukele y también de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, ha dejado claro que el plazo no se agota hasta el último día de noviembre.
Castro ha explicado que Bukele tiene teóricamente que solicitar su salida en estas próximas semanas y proponer una terna de «designados» presidenciales, para evitar cualquier posible vacío de poder, informa el periódico salvadoreño ‘El Mundo’. La Constitución establece que pueden sustituir al presidente su ‘número dos’, Félix Ulloa, o uno de esos «designados».
Bukele, entretanto, sigue presumiendo en sus redes sociales de los logros políticos de su mandato, entre los que hace especial bandera de la reducción de la inseguridad y del crecimiento económico. También ha ampliado esta misma semana su familia, ya que ha nacido su segunda hija.
La pasión por el autoritarismo es un rasgo muy característico de las sociedades latinoamericanas, Colombia incluida. Reconocer una decisión como un error o aceptar la responsabilidad de los propios actos es algo que difícilmente se les ve a nuestros líderes. Desde Fujimori hasta Ortega, los populismos autoritarios han condenado a sus países a décadas de crisis institucionales, una detrás de otra. En el Salvador pasará lo mismo, después de las aparentes victorias de Bukele que encubren profundas violaciones a los DDHH, destrucción institucional y corrupción a todo nivel.
Ahora, los momentos clave en que los países caen en manos de populismos autoritarios se pueden rastrear. Casi siempre ocurre cuando confluyen la crisis de las instituciones tradicionales – como los partidos políticos – con recesiones o períodos de inflación alta (o los dos) – con retos no resueltos en seguridad, o incluso con retos violentos al Estado mismo. Sí, lo que trato de decir es que hoy Colombia tiene un alto riesgo de que un autoritarismo anti-derechos, al mejor estilo de Nayib Bukele aparezca en el panorama. Tiene tres años para crecer a la sombra de la indignación y el miedo.
Pero, además, Colombia tiene una variante particular. Cuando la izquierda democrática gana elecciones después de períodos de regímenes tan cerrados como el colombiano – la gente suele votar a favor de mayor equidad, y en nuestro caso, de paz. Recordarán quiénes me leen que en el estallido social las demandas eran equidad, participación y que nos dejen de matar. Por eso, el gobierno puede fracasar prácticamente en todo, menos en aquellos programas que puedan darles a las personas esperanza en una vida más pacífica y equitativa. Y al menos en lo primero, estamos fallando.
Hay que decirlo sin ambigüedades: la paz total no va bien, aunque una gran mayoría de personas seguimos apoyando esa esperanza. Pero la política necesita mucha más fuerza, capacidad y también liderazgos generosos que reconozcan desde la responsabilidad que la paz debe ser un asunto transversal de gobierno y no el problema de una u otra instancia. Eso implica que los muchos frentes en los que se trabaja deben estar juntos y articulados. De lo contrario sucede lo que ya está pasando en regiones como el Catatumbo y Arauca: distintos grupos armados entraron en una guerra sin cuartel para hacerse con el control territorial sin ningún tipo de límite ni respeto por la población civil, asesinando los liderazgos sociales que mantienen viva la democracia local, desplazando y confinando miles y miles de colombianos y colombianas. Aceptar esto no es rendirse en la paz, es justamente el primer paso para que funcione.
En eso los mensajes desde el legislativo en la coalición de gobierno van cada uno por su lado y más de una vez desde los ministerios se considera que la paz es un asunto fragmentado en distintas personalidades. Una cosa es la mesa con el ELN y otra con el Estado Mayor Central (EMC), aunque las dos sean completamente codependientes, y otra cosa es la negociación con el Clan del Golfo, el mayor holding criminal de Colombia. Pareciera que la ley de sometimiento se escribió sin tener en cuenta las expectativas de la oficina del Alto Comisionado de Paz, y a veces se percibe que no hay unidad del Estado en todas las conversaciones. No pocas veces distintos miembros de la coalición de gobierno tienen posiciones antagónicas y en más de un caso se rechaza la presencia de la Fuerza Pública como mecanismo disuasor de los grupos armados, incluso de aquellos más vinculados con el crimen.
Sé que es altamente impopular entre quienes hemos tenido simpatías por la izquierda o el progresismo dar por hecho que necesitamos una fuerte política de seguridad que acompañe a la paz. Por supuesto con total y pleno respeto por los DDHH, y acompañada de la presencia integral del Estado como lo augura la nueva política en Seguridad y Defensa. Pero es definitivamente una necesidad inaplazable. Yo tengo la esperanza de que el discurso del presidente Petro ante los altos mandos de las Fuerzas Militares el 12 de mayo sea la línea que va a dar peso a la política de paz total. Puede que no sea lo que el ELN y otros grupos armados esperaban escuchar, pero definitivamente es imperativo para que el alivio a las personas que continúan sufriendo los embates de esta guerra no declarada entre violentos sea una realidad. En esto no podemos fallar. El bukelismo está a la vuelta de la esquina.
La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) se ha incautado de un inmueble, tres vehículos y ha inmovilizado dos cuentas bancarias del expresidente Salvador Sánchez Cerén valorados en 1.275.000 dólares en el marco del proceso abierto contra el exmandatario por blanqueo de dinero.
La Fiscalía acusa a Sánchez Cerén de los delitos de Lavado de Dinero y Activos y Peculado junto a 16 exempleados de casa presidencial y personas particulares, quienes entre 2016 y 2019 usaron ilegalmente fondos públicos, según recoge el medio digital salvadoreño El Metropolitano Digital.
Estos bienes también se encuentran registrados a nombre de William Oswaldo Vaquero León, yerno de Sánchez Cerén. Con esta diligencia se inicia el proceso para recuperar los fondos que fueron sustraídos al Estado de manera ilegal, destaca la FGR.
Tras conocerse esta decisión, Sánchez Cerén ha denunciado ser víctima de una persecución política. «Ante noticias originadas por la FGR que anuncian la incautación de inmuebles de mi propiedad y cuentas bancarias hago la siguiente declaración: no poseo bienes muebles, inmuebles ni vehículos de mi propiedad», ha destacado en un comunicado.
Sánchez Cerén, quien reside en Nicaragua, indicó en su comunicado que lo único que la FGR ha congelado «es la cuenta bancaria donde se me depositaba la pensión, por lo que estoy imposibilitado de acceder a esos recursos, privándome de los medios de mi manutención». Por ello ha instado a la FGR a presentar pruebas o a cesar los actos de difamación en su contra.
«Si de algo puedo enorgullecerme es de carecer de riquezas materiales, constatado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, por ello, exijo las aclaraciones y cese la persecución política en mi contra», ha remachado.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha salido al paso de las acusaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre una supuesta injerencia electoral de altos cargos salvadoreños, con un tuit en tono de burla en el que comparte una de las informaciones publicadas en los últimos días.
«El Departamento de Estado de Estados Unidos dice que NOSOTROS intentamos interferir en SUS elecciones», ha señalado, para acto seguido incluir la onomatopeya asociada a la risa.
Washington ha denunciado la «inaceptable» injerencia de varios dirigentes de El Salvador en los comicios celebrados este mismo mes, después de que hubiese pronunciamientos en contra de algunos candidatos a congresistas de origen centroamericano.
Es el caso de la representante demócrata Norma Torres, nacida en Guatemala, y blanco de las críticas de, entre otros, el propio Bukele, quien ya el año pasado pidió a través de Twitter a la comunidad latina de Estados Unidos que no votaran por ella. «No trabaja para ustedes, sino para mantener a nuestros países en el subdesarrollo», escribió.
En esa línea se manifestó en vísperas de las elecciones Christian Guevara, diputado del partido oficialista Nueva Ideas, quien en la misma red social pidió a la diáspora latina no votar por Norma Torres por el supuesto «daño» que habría ocasionado a El Salvador.
En el mensaje celebrando su reelección para en la Cámara de Representantes por el distrito 35 de California, Torres criticó a su rival republicano por aceptar «el escandaloso respaldo» de Bukele, a quien acusó de violar los Derechos Humanos y promover el odio, el racismo y la división contra los comunidades indígenas.
A su vez, mostró su «decepción» con el sistema judicial estadounidense por no haber abordado la injerencia extranjera en aquellas elecciones. «Muchos de los ataques en redes fueron orquestados en El Salvador por el presidente Nayib Bukele (…) Este tipo de flagrante manipulación de nuestra política electoral exige una fuerte respuesta del Gobierno Federal», reclamó.
La Policía de El Salvador ha detenido en el último mes a un total de 17.143 pandilleros o maras, tiempo desde el comienzo del estado de excepción, con el objetivo de combatir la ola de asesinatos en el país centroamericano por el presidente Nayib Bukele. Periodo de excepción que se ha ampliado debido al ‘éxito’ de la medida.
A través de su cuenta en Twitter, la Policía salvadoreña informó de que el domingo los agentes detuvieron a 1.090 pandilleros. El presidente Bukele se ha hecho eco de la cifra en la red social y ha garantizado continuar con la llamada «guerra contra las pandillas». La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el domingo la ampliación del estado de excepción declarado para combatir a las pandillas después de una petición por parte Bukele, por lo que la medida estará vigente 30 días más.
Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño de Bukele queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones «defienden a los pandilleros». Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.
