El Estado contratista y la financiación de las campañas
Casi sin darnos cuenta, llevamos todo este gobierno debatiendo el tamaño del Estado. Si puede o no manejar el sistema de salud; si puede o no poner las reglas laborales y hasta dónde llega su injerencia; si debe fortalecerse e incrementar sus plantas de personal o, por el contrario, debe seguir ahondando en contratar con privados. La incapacidad del Estado se oculta detrás de la contratación pública.
Revisé uno a uno los convenios del reciente escándalo con la OEI, documentado por la revista Cambio, y solamente puedo concluir que el Estado Colombiano, tan carente de presupuesto para la ciencia, la tecnología y el conocimiento, se gastó 20 mil millones de pesos para promover la vocación científica de los niños. El problema es que nunca sabremos si eso funcionó. No hay evaluación de impacto, y los resultados son flojísimos. Pero queda la pregunta: ¿un megacontratista tiene un mejor desempeño que incrementar el presupuesto y la planta docente en ciencia para los niños? ¿es al menos más barato? ¿queda algo? ¿es sostenible?
Tenemos un Estado que aparenta ser grande, pero no lo es. Lo que es hoy es un gran contratador donde se mezclan todas las necesidades de los grupos políticos que ganan el poder con el cumplimiento de los objetivos y metas de las distintas políticas públicas. Pero es casi imposible diferenciarlos. Billones de impuestos de los presupuestos de inversión se gastan en órdenes de prestación de servicios o en contratos para pagar favores y campañas. La ejecución presupuestal puede ser impecable, mientras la ejecución física es cero. Contratos, no resultados es la manera como medimos la ejecución de los gobiernos.
Además, resulta que es casi imposible implementar con vigencias fiscales de un año. El incentivo es tan perverso que se termina contratando cualquier cosa. Más talleres en vez de equipos o infraestructura. Capacitaciones a docentes que están reventados de trabajo en vez de ampliar las plantas de personal. Llevar el Estado a los lugares más remotos, pagando costos excesivos en vez de asignar recursos a gobernaciones y alcaldías, porque según nosotros el núcleo de la corrupción son los alcaldes.
Pero todo esto no es más que un embeleco. El origen de la corrupción no es el alcalde, sino la intermediación obligada y por debajo de cuerda que tiene que hacer cualquier mandatario de municipio pequeño para hacer hasta un kilómetro de placa huella. Incluso el control es tan complicado que solamente lo más sofisticado puede ganar la contratación. Si la ley 80 realmente ayudara a prevenir la corrupción, no tendríamos el deshonroso lugar que tenemos en los indicadores de percepción.
Por eso cualquier grupo de contratistas busca con desespero al candidato que va a ganar. En una campaña presidencial son miles de personas que se acercan a ofrecer dinero, aviones, afiches o favores que luego van a cobrar. Necesitan tener senadores o representantes a la Cámara que busquen cuotas en los ministerios y que estas cuotas faciliten la contratación por ley 80 que es imposible para cualquier empresa normal. Entonces, tenemos una economía gigante y sombría basada en la contratación estatal, que es en esencia una contratación destinada a dar dinero a cambio de operaciones ineficientes.
Lo que en las democracias más estables hacen los partidos políticos, en Colombia lo hacen los grupos políticos y los clanes, dado que los primeros son incapaces siquiera de tener un programa único. No se puede saber a ciencia cierta hasta que la justicia falle que dineros oscuros llegaron a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Lo que sí es más que seguro es que buscaron desesperadamente caminos para llegar a la campaña del posible ganador, así como lo han hecho durante décadas.
Así que debo confesar que no me extrañan ni sorprenden los escándalos de los últimos días. Y no porque exculpe al gobierno, es porque esa es la política en Colombia. Es un secreto a voces, aunque nos neguemos a aceptarlo. ¿Será posible que esta fractura nos permita por primera vez tomar medidas? El presidente está en una encrucijada: si acepta lo que los congresistas quieren, va a tener que hacer concesiones muy negativas para el país. Si no los acepta, se puede hundir su propuesta de cambio. Pero una decidida política anti-corrupción le ayudaría a salir un poco del pantano actual. Debería considerarlo.
