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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: canal del dique

Advertencia de la Contraloría por parálisis en las obras del Canal del Dique

La Contraloría General de la República hizo una fuerte advertencia por la parálisis en las obras del Canal del Dique por la demora por parte del Ministerio de Ambiente para expedir la licencia ambiental.

El contralor delegado, Luis Fernando Mejía, advirtió los riesgos que podría traer para los 19 municipios de la región en temas sociales, ambientales y económicos, en el caso de que la obra se paralice por mucho tiempo.

 

«Se trata de una obra de recuperación ambiental y control de inundaciones que beneficiará a más de 1,5 millones de personas en el norte del país», dijo el funcionario.

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El órgano de control fiscal advierte además que la Nación podría incurrir en costos cercanos a los 350.000 millones de pesos si se llegase a cancelar la obligación contraída con el concesionario, además de las afectaciones al ecosistema y el retraso de una deuda histórica con esta región del país.

«Aún hay margen para actuar con base en el marco legal vigente y evitar que esta megaobra quede en el limbo”, afirmó el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.

JEP reconoce al Canal del Dique como víctima del conflicto armado

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz reconoció al Canal de Dique como víctima del conflicto armado.

La decisión se tomó dentro del macro-caso de investigación 08 que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, en asociación con grupos paramilitares, agentes del Estado o terceros civiles.

 

“De acuerdo con la evidencia judicial, los homicidios, desapariciones forzadas, y otros crímenes de guerra cometidos a lo largo del canal, transformaron el territorio y las relaciones de la gente con el mismo”, señaló el tribunal de paz en su comunicado.

De acuerdo con los diferentes testimonios de las víctimas del conflicto armado y de las personas citadas a rendir declaración ante el tribunal de justicia transicional, «el canal fue utilizado como un cementerio acuático, mientras que su posición estratégica convirtió la zona en un punto de control militar y paramilitar desde los años noventa».

La JEP señaló que la práctica de arrojar cadáveres al Canal Dique generó una afectación de grandes proporciones al ecosistema la degradación de las fuentes hídricas y la transformación forzada de los significados culturales y espirituales atribuidos al territorio.

Con esta decisión el Canal del Dique será sujeto de reparación por lo que podrá recibir recursos para su reparación ecológica y ambiental.

S.O.S por el Canal del Dique

A la hora de determinar la viabilidad medioambiental de un proyecto, cualquiera que él sea y, si así lo requiere, de expedir la Licencia ambiental para el mismo, es pertinente evaluar no solo el impacto de la ejecución del mismo sino el impacto de no ejecutarlo.

Este es el caso: con este proyecto de El Canal del Dique se busca restaurar ambientalmente el Sistema del Canal que lleva su mismo nombre por medio de impactos positivos que buscan el bienestar de las comunidades y sus prácticas tradicionales y evitar de paso las recurrentes inundaciones que, como las de los años 2010 y 2011, a causa del fenómeno de La Niña, fueron arrasadoras.

 

De otro modo se paralizarían en el país todas las obras de mitigación que, como en el caso de La Mojana, se vienen adelantando por la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), a la espera de la Licencia ambiental para actuar, mientras los damnificados esperan con el agua al cuello.

Coincido con el Alcalde del Distrito de Cartagena Dumeck Turbay cuando afirma que exigirle a este Proyecto Licencia ambiental entraña una contradicción y con el Gobernador de Bolívar Yamil Arana cuando pone el grito en el cielo y exclama: “que un proyecto de recuperación ambiental, el más importante de Latinoamérica, requiera licencia ambiental es un chiste”.
Por su parte el Gobernador del Atlántico Eduardo Verano, quien además de Constituyente fue Ministro de Ambiente, pone de manifiesto que este es “un proyecto que contempla una inversión cercana a dos billones de pesos. Tiene un componente ambiental y social, así como un manejo de las poblaciones para tratar de mejorar las condiciones de su economía”.

Este es mi tercio en la polémica suscitada, en auxilio de la postura del Alcalde de Cartagena y de los gobernadores de Bolívar y Atlántico, cuyas declaraciones, a modo S.O.S, deben suscitar el respaldo de toda la región Caribe.
Unidos somos más y más fuertes!

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Sacyr se queda con la construcción del Canal del Dique

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia ha adjudicado a Sacyr las obras del Canal del Dique, un proyecto fluvial en Colombia que contará con inversiones de 690 millones de euros, según ha anunciado en un comunicado.

La ejecución de estas obras, como su respectivo mantenimiento, se hará a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años, generando 61.766 empleos directos e indirectos. Sacyr fue la única empresa en licitar formalmente su interés para las obras del Canal del Dique el pasado mes de julio.

 

El proyecto tiene una longitud total de 115,5 kilómetros, que abarcan la hidrovía entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena, beneficiando a una población de 1,5 millones de habitantes, según ha informado la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI) de Colombia.

La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal al sistema. Dos sistemas de esclusas estarán en Calamar y Puerto Badel y también habrá compuertas en Calamar.

El megaproyecto Canal del Dique es una iniciativa de la que se viene hablando hace más de 50 años en el país y era primordial para el transporte de mercancías por sus aguas hasta los puertos del Caribe, pero también porque soluciona problemas de sedimentación y riesgos de inundación, que hace más de 10 años causaron una tragedia en la Costa Caribe, con más de 100.000 damnificados.

De hecho, con esta iniciativa se podrá mantener el control de tránsito de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas, al mismo tiempo que se mitigará el riesgo de inundaciones al controlar los niveles de agua en el canal. También mejorará las conexiones ciénaga-ciénaga y ciénaga-canal, y la restauración de los ecosistemas en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.

Canal del Dique vio la luz al final del Túnel

La adjudicación de la APP para el megaproyecto del Canal del Dique, logró vía libre en la mesa de concertación organizada por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con las comunidades de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre.

“Estas hojas están firmadas con papelería del Ministerio del Interior, de la ANI, y por supuesto de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, decirles que aquí estaré siempre para seguirles escuchando”, indicó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

 

El acuerdo firmado por las partes en conflicto incluye compromisos exigidos por las comunidades como la realización de nuevas consultas previas, y la garantía de permanencia de los habitantes en estos territorios.

Entre los compromisos acordados está el acompañamiento institucional para las mesas técnicas por parte del Gobierno Nacional, en donde se analizará el proyecto y se atenderán las solicitudes de las comunidades.

Por su parte, el presidente de la ANI, William Camargo, señaló que “faltan unas instancias que todavía dependen de temas judiciales, nosotros vamos a seguir con la socialización y con lo que hemos venido trabajando en estas últimas semanas con las comunidades”.

El Gobierno espera que el consejo comunitario de Hato Viejo desista de la tutela que tiene paralizado el megaproyecto con medidas cautelares

Minambiente pedirá licencia ambiental a contratistas APP del Canal del Dique

El Canal del Dique es una bifurcación artificial del río Magdalena con la que, desde hace cerca de 70 años, se pretende facilitar la navegabilidad de este río.

Por la preocupación ante inundaciones y las recientes amenazas de muerte a algunos habitantes de los municipios aledaños al Canal del Dique, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, participó ayer en la instalación de la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes, en la que anunció que exigirá la licencia ambiental para el contratista de la Asociación Público-Privada (APP) del Canal del Dique.

 

“Desde el sector ambiental se va a incluir en los pliegos en discusión el requerimiento de licenciamiento ambiental para este proyecto. El licenciamiento ambiental, si se adjudica ahora o más adelante, significa que se hace estudio de impacto ambiental integral serio en toda la ecorregión, aquí integraremos el conocimiento de las comunidades”, aseguró la ministra.

Asimismo, la jefe de la cartera ambiental pidió que se respete la memoria histórica del país, como también que se respondan urgentemente las denuncias de amenazas a líderes de las comunidades.

“Esto no solo es una obra civil, debemos incluir en la licitación la búsqueda de personas, porque allí hay parte de la verdad histórica. Es fundamental incluir en los términos de referencia del proyecto la realidad de la inhumación de las víctimas por la violencia. Es un deber, en ese sentido, que el proyecto sea una realidad y que contribuya a la verdad histórica de la violencia padecida en los territorios”, puntualizó Muhamad.

El Canal del Dique está conformado por ciénagas, humedales y tierras inundables. También colinda con cerca de 1,5 millones de habitantes de 18 municipios en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.

Altos niveles de sedimentación, inundaciones y filtraciones en el municipio de Santa Lucía por el aumento en los niveles de agua, daños en ciénagas y amenazas a defensores ambientales son algunos de los problemas que se presentan en jurisdicción del canal.

Pese a que esta situación ha estado en el centro de la discusión nacional desde hace muchos años, las soluciones ambientales concretas han brillado por su ausencia. Según la ministra Muhamad, el proyecto que se pretende adelantar en el canal no cuenta con el instrumento ambiental necesario.

“Valoramos la importancia del proyecto pero tenemos que decir que esa importancia no nos recoge, se darán graves consecuencias ambientales. Este proyecto no garantizó el derecho a la concertación y participación ambiental, no contempla intervenir ningún ecosistema y va a causar impactos en ecosistemas estratégicos”, afirmó Adil Meléndez, miembro de la comunidad y de la Alianza Canal del Dique.

Durante la instalación de la Comisión Accidental, la jefe de la cartera ambiental exigió que se escuchara a la totalidad de los voceros de las comunidades que hicieron presencia en el municipio para participar en la misma.

“No es opcional”

En este mismo espacio, la ministra afirmó que los comentarios de la comunidad son la clave del conocimiento del territorio, de los impactos de la sedimentación en la pesca. “En el proceso de licenciamiento hoy en la norma, que pensamos transformar, la audiencia pública es algo opcional; si lo solicita la comunidad, si lo solicitan las autoridades, las audiencias públicas debe ser obligatorias”, afirmó.

PMU, el martes

Muhamad anunció también, en cuanto a la emergencia por las lluvias a corto plazo, que el próximo martes se instalará el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Santa Lucía, con presencia de todos los municipios. “Hay que trabajar con la UNGRD para que cuenten con los instrumentos necesarios para monitorear y trabajar en el sistema de alertas tempranas comunitario. La directora del Ideam me comenta que en el Canal del Dique estamos en alerta naranja, por lo tanto, los sistemas de alistamiento y prevención son de primer orden, y tener los materiales e instrumentos para ir viendo dónde pueden presentarse situaciones de riesgo”, expresó.

Erosión

La funcionaria manifestó, así mismo, que el problema de la erosión debe verse de forma integral y también de forma local: “En términos integrales, la realidad es que esta erosión permanente, de la sedimentación que hoy tiene en problemas a las ciénagas, es producto de ocupar los espacios del agua”.

Continuando con su agenda en el Atlántico, la ministra recorrió vía terrestre municipios afectados y aledaños al Canal del Dique, para conocer de primera mano, la problemática que enfrentan las comunidades y las afectaciones al medio ambiente en esta zona del país.

Por manifestar diferencias con el proyecto del Canal del Dique amenazan a líder social

Foto: Cortesía

Fredy Martínez, líder del corregimiento de Puerto Badel, tuvo que salir de su lugar de vivienda por amenazas de muerte.

 

Este líder social contó que en su vivienda apareció una corona fúnebre que tenía el siguiente mensaje: “Informamos a la opinión pública que los señores Adil Meléndez, Fredy Martínez y Edinson Lucio son realmente enemigos del desarrollo y por eso hemos decidido eliminarlos del todo y darles de baja. Están a tiempo de salvar sus vidas y la de sus familias.

Martínez reiteró que no se opone al proyecto, que solo ha pedido de manera insiste, se vincule a las comunidades en el modelo de negocio y que no se les desplace con el turismo que viene como sucede en Cartagena. “No le tengo miedo a los bandidos que me pretenden asesinar. Espero que si esta es la última vez que hablo sean ustedes testigos de lo que me quieren hacer”, dijo.

“No nos hemos opuesto pero sí hemos insistido en garantizar la inclusión social de estas comunidades y por eso nos hemos ganado señalamientos graves. Hay dos familias desplazadas por parte del proyecto”, agregó.

La Procuraduría General de la Nación inició acciones ante la ANI para garantizar la verdadera participación de las comunidades aledañas a este proyecto.

 

Advertencias de la Procuraduría a la ANI por el Canal del Dique

La Procuraduría General de la Nación advirtió a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que es inaplazable la socialización del proyecto “Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique con las comunidades de Sucre, Atlántico y Bolívar, y enfatizó en la importancia de adoptar un verdadero mecanismo de participación que sea permanente e incidente en todas las etapas de la ejecución de esta iniciativa que tendrá un valor superior a $ 3.2 billones.
El Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero, reiteró las recomendaciones y observaciones que tiene  la Procuraduría sobre el proyecto, y expuso las inquietudes que ha recibido de la comunidad, luego de realizar diversas mesas de trabajo y acompañamientos por las preocupaciones que han planteado.
El órgano de control adelanta acción preventiva en vigilancia al desarrollo del proyecto Canal del Dique, con la idea de garantizar el derecho a la participación, a gozar de un ambiente sano y a la prevención de desastres.
Luego de escuchar y de evaluar las respuestas presentadas, la Procuraduría alertó sobre ausencia de acciones de mitigación y/o compensación para el corregimiento de Bocacerrada en San Onofre, Sucre, mismas que ya están previstas para la planta La Camaronera, por lo que requirió remitir las explicaciones sobre las razones por las cuales se planea privilegiar las obras de protección para un sector y no para otro.

Duque decidió no adjudicar APP del Canal del Dique

Foto: Cortesía

El Gobierno Nacional decidió no adjudicar el la APP para la construcción del Canal del Dique, desistiendo además a último momento de celebrar la audiencia programada para este viernes a las 5 de la tarde.

 

El futuro y adjudicación de la APP del Canal del Dique quedará en manos del gobierno entrante, del presidente Gustavo Petro. Ya no se adjudicará este viernes”, expuso el funcionario en medio de una entrevista con la emisora La W.

Sacyr Concesiones Colombia SAS fue la única empresa que se presentó a la licitación del Canal del Dique, megaproyecto con una destinación de recursos por más de 3.1 billones de pesos. Según el cronograma de la ANI el contrato quedaría adjudicado este 4 de agosto, tres días antes del cierre de gobierno. La firma del contrato estaba programada para el 18 de agosto.

Esto evita que el gobierno Duque firme el megaproyecto, dejando la decisión en manos del próximo presidente.

Al respecto, el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, aseguró confiar en el próximo gobierno.  El mandatario local, indicó que este proyecto tiene un impacto positivo a nivel ambiental, “pues permitiría la recuperación y protección de la bahía de Cartagena y de las zonas ribereñas del canal del Dique”.

“Este momento lo entendemos como una transición propia del cambio de gobierno, pero confiamos en que se haga realidad como una gran apuesta por el desarrollo económico y mediombiental de esta región del país”, indicó.

Denuncias de Susana Muhamad involucran a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez

De acuerdo con la ministra designada de medio Ambiente, Susana Muhamad, “es necesario frenar la licitación de la APP del Canal del Dique en donde al parecer estarían mezclados intereses particulares de la saliente vicepresidente, Marta Lucía Ramírez”.

A través de un documento firmado por cerca de 40 militantes de la Colombia Humana en el departamento del Atlántico, se dice que este proyecto se encuentra «hecho a las carreras» y que supera los $3 billones de pesos.

 

Muhamad solicitó al gobierno Duque detener el proceso, insistiendo en que “se necesita el debido licenciamiento ambiental y la presentación de un único oferente (SACYR), la falta de licencias ambientales, la ausencia de socialización con comunidades ribereñas y los presuntos intereses que tendría la saliente vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, deben ser motivo suficiente para suspenderlo”.

“Se han inventado un instrumento que no está contemplado dentro de la norma jurídica para justificar la APP del Dique y acelerar su trámite para que se pueda licitar el 6 de agosto», aseguró la exconcejal y designada ministra.

Para la ministra designada es curioso que sea la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la única funcionaria del gobierno Duque impulsando el proyecto».

 

Revisión necesaria al diseño de la solución ambiental para el Canal del Dique

En la semana que acaba de pasar el Ministerio de Transporte y la ANI decidieron parar la publicación de los pliegos para la APP del Canal del Dique, que coincidió con una solicitud de revisión de los diseños y del alcance del proyecto por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros -SCI-.

Al conocerse la noticia la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena se pronunció casi de inmediato diciendo que era la segunda vez que se suspendía la publicación de prepliegos del proyecto y que si no se hacía iba a pararse la navegación por el canal de entrada a la bahía de Cartagena lo cual significaría no solamente unos problemas económicos muy graves para la ciudad sino para el país. Ya lo había hecho el Consejo Gremial de Bolívar expresando su preocupación por medio de misivas al Presidente y al MinHacienda por el retraso, debido al anuncio fallido de su publicación el 25 de enero pasado.

 

La solicitud de revisión de la SCI obedece a que pese al objetivo ambiental que tiene el megaproyecto hay preguntas fundamentales de alcance precisamente ambiental que no resultan completamente claras a ojos de los expertos de la corporación. Hay que recordar que la Constitución del 91 le dio la posibilidad a la sociedad civil de discutir con los funcionarios los asuntos de interés general y las políticas públicas, y con mayor razón en el caso de la SCI que es órgano consultivo del Estado.

En la reunión encabezada del lado gubernamental por la Viceministra de Infraestructura, la Vicepresidente de estructuración de la ANI, acompañadas por sus funcionarios, y por parte de la SCI de su Presidente y de los Presidentes de las Comisiones técnicas permanentes de Economía, Ambiental y Contratación, acompañados de expertos en los temas técnicos que confluyen en el diseño de las soluciones para el Canal, los ingenieros expresaron sus preocupaciones en torno a las posibles consecuencias de la solución diseñada basada en un menor caudal (cercano a la mitad) en el canal cuyo objetivo es bajar el nivel de sedimentos que transporta el agua hacia la bahía y hacia las ciénagas.

En dos aspectos principalmente. En el primero de ellos se llama la atención en la operación de la esclusa en inmediaciones de Puerto Badel que está pensada para controlar la entrada de agua salada al canal mientras no haya paso de embarcaciones, sitio en donde se presentará una interrupción del caudal de agua dulce dando origen a un proceso de salinización progresiva de la zona cuya duración no está estimada y que podría superar la capacidad de adaptación de los ecosistemas terrestres y marinos causando un impacto ambiental importante sobre fauna y flora, al pasar de un sistema estuarino de condición salobre a uno costero, en donde predominan los aportes salinos. Este cambio pondría en riesgo el suministro de agua dulce para habitantes locales y podría generar un efecto inverso en el objetivo de retención de la cuña salina frente a la bocatoma del acueducto de Cartagena ubicada en la Ciénaga de Juan Gómez a menos de 10 kilómetros de la esclusa; además no hay evidencia que indique que la interrupción del flujo en superficie sea adecuada para la retención de los flujos subsuperficiales que se presentan en esta misma zona. No es un asunto menor ni mucho menos.

La segunda preocupación radica en la menor recarga de agua que se presentará en las ciénagas que históricamente ha alimentado el canal en las épocas de mayor caudal; el proyecto está diseñado para controlar las inundaciones y en combinación con el menor caudal diseñado puede afectar definitivamente el ciclo de carga y descarga de las ciénagas, llevándolas a condiciones que podrían dañar sus ecosistemas e incluso llegar a facilitar el fenómeno de eutroficación por las bajas tasas de recambio, sumadas al aporte no controlado de nutrientes provenientes de las actividades agrícolas y pecuarias. Este impacto seria altamente significativo y de difícil recuperación después de que se modifiquen los niveles de fondo de las conexiones ciénaga-canal que hay a lo largo del proyecto afectando ecosistemas altamente sensibles que son la base de la seguridad alimentaria y el suministro de proteína de las poblaciones locales.

Ambas preocupaciones deberían también ser motivo de revisión por parte de las entidades y por parte de la ANLA.

Hay que recordar la tragedia ambiental que ha sucedido en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en donde son frecuentes las noticias relacionadas con mortandad de peces y pérdida de millones de árboles de manglar de en el Parque Isla Salamanca (que son ahora reconocidos en el mundo como de valor incalculable para los ecosistemas de la tierra), causados por una combinación de factores que han llevado a la ciénaga a punto de colapso; ojalá no hayamos alcanzado un estado no reversible. Entre esos factores están los causados por los intercambios insuficientes de agua de mar debidos a la vía entre Barranquilla y Santa Marta, la reducción de algunos caños en la margen derecha del río Magdalena en la llamada carretera de “la prosperidad” que han limitado la entrada de agua dulce al conjunto de ciénagas, desecándolas en algunos casos (convirtiéndolas en tierras para ganadería), que han alterado los equilibrios originales generando una salinización del cuerpo de agua que lo ha llevado a una condición de deterioro ambiental, prácticamente irreversible. A eso se le suman los vertimientos contaminantes de las poblaciones cercanas incluyendo Ciénaga, Tasajera, Pueblo Nuevo, Fundación y Aracataca y de las plantaciones de banano, palma y maíz vecinas.

No se puede permitir que se repita algo similar y por eso hay que estar muy vigilantes con el manejo de un proyecto como el del Canal del Dique que debe apuntar no solamente al control de los sedimentos y de las inundaciones sino que al mismo tiempo tiene que cumplir con perfección con los aspectos ambientales y sociales, y una navegación respetuosa de todos los equilibrios necesarios.

Los navieros, que son usuarios permanentes del río y del canal, tienen una preocupación funcional que tiene que ver con la longitud de la cámara de las esclusas que solo permitirían el paso de convoyes de hasta seis barcazas, cuando las posibilidades de navegación podrían llegar hasta el doble. A eso le dediqué un análisis el año anterior llamado “La lógica logística del río” que pone de relieve que si de verdad se quiere que el río sea la alternativa más competitiva de transporte de carga de exportación e importación de la Costa Caribe al centro del país, no se le pueden poner estas zancadillas. Un verdadero contrasentido en el mismo Ministerio.

Hay que resaltar el valor de la revisión de los ingenieros en torno a estos aspectos de suma importancia de carácter ambiental, social y económico, que no tiene ningún interés diferente a que se tenga la certeza de que el proyecto será bueno en todos los sentidos, y que no vaya a terminar arreglando unos aspectos pero dañando o incluso acabando con otros también vitales, como ya nos ha pasado muchas veces en el país teniendo pérdidas irreparables.

Nos enfrentamos entonces a una necesaria concertación de intereses generales y de intereses particulares como ejercicio en democracia y de búsqueda del bien común, que por su complejidad podría ser un ejemplo para repetir en el país porque pone de presente que no solamente el poder económico tiene la palabra en las decisiones, sino que hay cabida y debe haberla para los actores que representan a todos los demás públicos incumbentes, empezando por la naturaleza misma y las comunidades directamente afectadas, pero manejado con criterios técnicos exclusivamente.

@refonsecaz