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Para Michel Foucault: “La prisión es el único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda, en sus dimensiones más excesivas, y justificarse como poder moral”. En Colombia, los centros de reclusión han sido caracterizados como lugares donde se vulnera los derechos humanos, al punto que la Corte Constitucional, en distintas sentencias de Tutela, ha declarado la existencia de un Estado de cosas inconstitucionales. Esta situación obliga a aumentar el nivel de exigibilidad de los derechos, tanto fuera como dentro de las cárceles. Es decir, el sistema penitenciario actual es inviable a las luz de la constitución del 1991.

En este marco, “cuando se ha previsto por el legislador que una conducta debe ser sancionada con una pena, ésta debe obedecer a unos fines constitucionales. Tanto la definición de la pena como su ejecución deben ser fieles a los objetivos esenciales de un Estado Social y Democrático de Derecho, pues “(…) el contenido y la función de la pena no se pueden configurar (…) con independencia de la existencia del orden en el que se pune, ni de la comprensión de su sentido”.]Como lo manifestó la Corte en la sentencia T-388 de 2013, la sociedad tiende a deshumanizar a las personas que han cometido “graves actos delictuosos”, al tratarlos de “bestias”, “salvajes”, entre otros calificativos que pretenden marginarlos de la humanidad para justificar sanciones desproporcionadas y degradantes. Sin embargo, como lo sostiene esta Corporación, «el compromiso de una sociedad con la dignidad humana se reconoce, en gran medida, por la manera como se respetan los derechos de las personas privadas de la libertad». En efecto, en el marco de una sociedad democrática, fundada en el principio de la dignidad humana, se debe evitar a toda costa deshumanizar al delincuente, imponiéndole penas que configuren tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Se puede cumplir una condena en condiciones de dignidad.

En este orden las leyes dicen que la pena de prisión busca la rehabilitación y la resocialización de quienes se encuentran privados de la libertad, después de conocer el monstruo viviendo en sus entrañas te das cuentas con certeza que estas no resocializan a nadie, por el contrario, son una universidad del crimen.  La prisión contraria el fin de resocialización de los penados, y de hecho acentúa su desocialización.

Es claro que las prisiones en Colombia no resocializan, son escuelas del crimen ello agudiza el problema social a largo plazo, dado el actual tránsito de gobierno sería bueno intentar cambiar lo inviable es sistema penitenciario actual a lo viable es decir las cárceles privadas. A propósito de ello, ante el fenómeno agravado de hacinamiento de las cárceles colombianas y del mundo y establecimientos penitenciarios que demostraban los casos bajo revisión en la Sentencia T-762 de 2015, la Corte reiteró el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario que había sido previamente declarado en las sentencias T-153 de 1998 y T-388 de 2013. Concluyó que la situación era de tal gravedad que el sistema no estaba cumpliendo con la función de prevención especial de la pena sobre la reincorporación efectiva y sana de la persona a la sociedad. En relación con la resocialización como objetivo primordial de la ejecución de la pena privativa de la libertad, la Corte afirmó que «es imperioso recordar que el esfuerzo por la resocialización del delincuente y por su incorporación a la vida en sociedad después de su castigo, se traduce en beneficios para la comunidad. Por el contrario, abandonar tal enfoque hace que el sistema penitenciario y carcelario se convierta en un sistema multiplicador de conflictos que genera más y “mejores” delincuentes (la cárcel como universidad del delito), lo que finalmente termina siendo más costoso para el conglomerado social

Las cárceles privadas sin duda son un negocio para un tercero y se deben administrar por particulares con la puesta de mejorar las condiciones de resocialización ha funcionado aparentemente en los EEUU, y pareciera que llego el momento de intentarlo en nuestro país, las cárceles privadas deben ser una realidad tangible y el Estado está obligado a dar el paso, el llamado es a las empresas de seguridad privada, a inversionistas nacionales y extranjeros para que de inmediato presenten proyectos que permitan que los privados de la libertad paguen sus penas en condiciones humanas en donde se diferencien los delitos no como acontece en el presente en donde temerarios asesinos compartes patio con privados por delitos menores como accidentes de transito en igualdad de condiciones, en las centros de reclusión carcelarios privados incluso pueden existir centros de computo y vídeo llamadas y verdaderos programas de resocialización que el país, los privados de la libertad  y sus familiares están esperando hace décadas.

 Yebrail plazas

Doctorado en gestión de proyectos; Master en Marketing Digital; especialista en Comunicación Estratégica, y Especialista en Marketing