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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Carlos Ardila

Radican proyecto de ley para mejorar el transporte aéreo y terrestre de perros y gatos

El representante a la cámara por el Partido Liberal, Carlos Ardila, radicó un proyecto de ley que busca regular el transporte público aéreo, terrestre, marítimo y fluvial de perros y gatos domésticos en Colombia.

Ardila explicó que este Proyecto de Ley asegura condiciones dignas y seguras para estos animales, reconociéndolos como seres sintientes y de especial protección estatal.

«Los perros y gatos domésticos no son equipaje; son seres vivos con necesidades específicas que deben ser respetadas y protegidas. Se fijan nuevas reglas y obligaciones que deberán cumplir tanto autoridades, empresas de transporte y usuarios para garantizar óptimas condiciones de salubridad, seguridad, comodidad, tranquilidad y bienestar animal», indicó el representante Carlos Ardila.

Para que un usuario pueda transportar su perro o gato doméstico en la cabina de pasajeros, deberá cumplir con las siguientes reglas: el animal debe estar acompañado por su dueño o por un responsable durante todo el trayecto, la edad mínima del animal deberá ser de cinco (5) meses, solo se podrá llevar un animal por pasajero o responsable, dar aviso al transportador con 24 horas de antelación y presentar fotocopia del carné de vacunación.

También, los perros y gatos serán clasificados por su peso. Por ejemplo, cuando el animal pese de 1 a 15 kilos deberá permanecer sujetado y no requerirá guacal, sin importar sus medidas, siempre y cuando vaya en los pies, debajo del asiento o al frente, y su transporte deberá ser gratuito.

Cuando el perro o gato doméstico pese 15 kilos o más, deberá permanecer sujetado, no requerirá guacal, y su dueño asumirá los costos por su desplazamiento, que serán definidos por la autoridad competente, teniendo en cuenta los gastos operativos, de mantenimiento y otros factores específicos que inciden en la determinación de la tarifa para garantizar el transporte de perros y gatos domésticos en cabina.

Fuertes críticas de Carlos Ardila a la gestión de la UNGRD en Mocoa

El representante a la Cámara por el Putumayo, Carlos Ardila, denunció que hoy la capital del departamento vive una segunda tragedia social, por cuenta de la incompetencia de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastre (UNGRD), que nuevamente brilló por su ausencia al llamado de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

”El tamaño de la tragedia de Mocoa es igual de grande al tamaño de la incompetencia e inacción de la gestión de la UNGRD. Hoy el enemigo más grande para los mocoanos se llama” Unidad del Riesgo», aseveró el representante Ardila, tras recordar que el próximo 31 de marzo se cumplen 7 años de la avalancha y su reconstrucción ha sido lenta y con pocos avances.

El congresista esperó la llegada de la directora encargada de la UNGRD, Helga Rivas, quien no llegó a la citación que se le hizo a comparecer ante la célula legislativa de la Cámara de Representantes.

”El Gobierno Nacional dejó plantado al Congreso y lo mismo le ha hecho a los habitantes de Mocoa, desafortunadamente» advirtió el congresista liberal.

Para el representante Ardila, la reconstrucción de Mocoa debe aterrizar en las entidades del orden territorial y la contratación de obras no puede reposar en una entidad del orden Nacional.

Ardila pidió al Gobierno Nacional en pensar en la posibilidad de desconcentrar la reconstrucción de Mocoa, «esa es la única fórmula para que la reconstrucción de Mocoa sea una realidad», puntualizó.

El congresista señaló que tras 7 años de la avalancha hay incumplimientos con la construcción de la nueva plaza de mercado, una obra que requiere nuevamente de licencia de construcción, y los estudios y diseños deben ser modificados. De acuerdo con el inventario presentado por Ardila, «en materia de vivienda, de las 1.209 viviendas prometidas, se entregaron 300 viviendas en el año 2018, y las 909 viviendas restantes no han sido entregadas, presentando un retraso al día de hoy de 1.439 días».

Protección de la Amazonía será tema de discusión en los próximos días

El representante a la Cámara por el Putumayo, Carlos Ardila, con el apoyo de ICCF y la Asistencia Técnica del Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET II), de la Unión Europea, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),  busca socializar y fortalecer junto con las comunidades el proyecto de Ley que pretende más recursos para conservar y restaurar los ecosistemas del territorio amazónico, a través del cobro de una sobretasa al consumo excesivo de agua en Colombia.

Para esto, el congresista organizó el foro para la Protección de la Amazonia, escenario que contará con la participación de algunos integrantes de la bancada parlamentaria de la Amazorinoquia, miembros del Caucus Conservacionista y de los Océanos de Colombia, delegados del Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET II) Fica Amazonia, Banco Mundial, Fundación Omacha, gobierno nacional, autoridades locales y comunidad.

«Estaremos en Leticia para escuchar a los diferentes actores, más voces y así poder enriquecer nuestra iniciativa que busca generar mejores condiciones para la Amazonia colombiana», anotó el representante Carlos Ardila.

Ardila afirmó que ya se socializó este proyecto de Ley con las comunidades de los departamentos de Putumayo y Caquetá. El propósito es seguir enriqueciendo esta iniciativa y recoger las propuestas y necesidades de los seis departamentos que conforman la Amazonía colombiana.

El foro será el proximo 30 de marzo en el Auditorio Sinchi, del municipio de Leticia, Amazonas.

 

Salud y Servicios Públicos: Superando etiquetas del siglo pasado

El sistema de salud colombiano es un gran logro nacional construido sobre una propuesta normativa del Partido Liberal. También lo es el sistema de servicios públicos que se fortaleció normativa e institucionalmente desde 1991.

El marco regulatorio de nuestro sistema de salud, como el de servicios públicos y muchos otros expedidos desde la constitución del 91, surgió en el contexto de la caída de la unión soviética y del fin de una década de los 80 “perdida” en Latinoamérica por el poco crecimiento. Se presentaba la crisis del estado de bienestar europeo, y en Latinoamérica la crisis en la prestación de todo tipo de servicios públicos por parte del estado. Esto llevó al replanteamiento de la sustitución de importaciones y otras recetas proteccionistas, junto con la creación marcos regulatorios que generaban una simbiosis entre iniciativa privada y regulación técnica pública, que aprovechara las ventajas del mercado y las señales de los precios como mecanismos de creación y adjudicación de bienes y servicios en la sociedad mucho más efectivos que la planificación central y la burocracia que se probaba fallida.

Se transformó así el sistema de pensiones y la prestación del servicio de energía que había colapsado hasta el punto del racionamiento en el año 91.  Se disminuyeron los aranceles, y se transformó el sistema de salud, entre otras iniciativas. Fue una ola regulatoria que desde el liberalismo se conoció como “la tercera vía”, y recibió otros nombres desde el conservadurismo como “el fin de la historia”, o desde la izquierda como “neoliberalismo”, etiquetas todas que simplifican de sobremanera el fenómeno institucional que mal que bien generó en los últimos 30 años de Colombia importantes logros prácticos y de bienestar tangible en la sociedad. Resulta más interesante señalar que al final no fue una de las teorías marxista o capitalista la que se impuso sobre la otra en nuestro diseño institucional, sino que, bajo la figura del Estado Social de Derecho, se generó una síntesis de los postulados teóricos enfrentados durante el siglo XX, de libertad individual y de mercado, por un lado, versus responsabilidad social e intervención estatal en la economía por el otro.

Para el caso puntual de la salud, pasamos del sistema del Seguro Social estatizado, con muy pobre desempeño y cobertura de apenas el 29%, a un sistema de competencia vigilada entre IPS (prestadoras) y EPS (aseguradoras contenedoras del gasto) públicas y privadas, en donde la cobertura actual es casi total, del 99%. El sistema es ampliamente respaldado por más del 85% de los usuarios; el gasto de bolsillo es uno de los menores del mundo; cubre enfermedades de alto costo, y el sistema de subsidios cruzados lo hace uno de los más solidarios del mundo.  Desde antes de la ley estatutaria en salud y por control judicial fue mandado que ambos los regímenes, subsidiado y contributivo, accedieran al mismo paquete de medicamentos y procedimientos, constituyéndose nuestro sistema en uno igualitario, equitativo y progresivo. Es un sistema que ha resistido y salido fortalecido, como pocos en el mundo, de los embates casi simultáneos de fenómenos como la migración venezolana y el covid 19, y permitió una muy exitosa campaña de vacunación contra todo tipo de enfermedades, así como el desarrollo de la mejor infraestructura médica del continente americano con entidades como la Fundación Valle del Lili, Santa Fé, Imbanaco y más recientemente el Centro de Tratamiento e investigación contra el Cáncer CTIC.

Por supuesto, el sistema debe recibir ajustes periódicos, como toda política pública, y son varios los aspectos por mejorar: sigue habiendo muchas barreras excesivas para acceder a los servicios de salud que requieren los pacientes de acuerdo al médico tratante, y muchos siguen viéndose obligados a interponer acciones de tutela para poder acceder a servicios contenidos en el Plan Básico de Salud.  La asignación de citas es muy demorada, y si es con un especialista la espera es aún mayor. Los médicos y especialistas no siempre cuentan con las herramientas diagnósticas en su consultorio o instalaciones próximas, de suerte que acceder a un procedimiento diagnóstico implica para los pacientes una cita adicional a la del médico tratante que se traduce en más semanas o meses de espera.

En el caso de la energía y servicios públicos pasamos de tener apagones en 1991, a ser potencia energética de la región, exportar electricidad y tener una de las matrices energéticas más limpias del mundo. La cobertura ha aumentado, aunque falta bastante por completar, y la continuidad de servicio se garantiza en buena parte del país, salvo en la costa caribe, donde el prestador que incumplió con sus deberes de inversión fue sancionado, intervenido y vencido por el estado colombiano en juicio internacional. Este incumplimiento del prestador, frente al cual el sistema ya ha tomado acción, es lo que explica en buena parte las tarifas tan altas de la región caribe, pero de ninguna manera justifica alejarse de parámetros técnicos al momento de regular el sector.

Los ajustes de nuestras instituciones de servicios públicos (incluido el de salud, que es definido como tal por la constitución, sin desconocer que también es un derecho fundamental autónomo desde la sentencia T-760 de 2008), deben plantearse dentro de un análisis que reconozca los contextos históricos, las lecciones aprendidas, los logros y los pendientes de nuestras instituciones, y no tanto desde etiquetas que pertenecen al siglo pasado y que se quedan muy cortas para analizar y resolver nuestros problemas públicos contemporáneos.

El Partido Liberal analizará las reformas propuestas en materia de salud, seguridad social y servicios públicos, desde la mirada amplia y rigurosa que lo llevó a impulsar y concretar las regulaciones que han generado buenos resultados en las últimas tres décadas, y que hoy requieren de ajustes puntuales para generar más bienestar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión sin ideologización

El derrumbe en el municipio de Rosas, Cauca, que provocó el colapsó de la vía Panamericana y aisló al departamento de Nariño, deja entrever la difícil situación social y política del sur de Colombia. Durante décadas y por culpa de la situación de orden público, esta región ha sido olvidada y no ha contado con un apoyo decidido por parte del Estado para invertir en infraestructura, mientras que al mismo tiempo, en un verdadero círculo vicioso, hemos sido testigos de como se empeora la conflictividad social, la ilegalidad y la violencia por la falta de inversión.

Tras ocurrido el desastre, el gobierno nacional tuvo que poner los ojos en todos los corredores viales del sur del país, sólo para corroborar que también han sido históricamente desatendidos y que necesitan de inversión para prestar un servicio adecuado. Es el caso del Puerto de Tumaco que se está usando para abastecer a Nariño por vía marítima; del corredor Neiva-Santa Ana -San Miguel, que comunica al Huila, Caquetá y Putumayo con Ecuador y Suramérica; y de la Variante San Francisco Mocoa, que permitiría llevar bienes desde la capital del Putumayo hasta Pasto sin necesidad de cruzar por el Ecuador, pero que está detenida en su construcción por problemas de incumplimiento, de diseño ambiental y de consultas previas.

Por nuestra parte, desde hace 4 años impulsamos la reactivación de las obras de la concesión Neiva – Santa Ana que se encontraban paralizadas también por incumplimiento del contratista. Las obras se reanudaron en el 2021 luego de un arduo trabajo que debemos reconocerle a la ANI, para que el contrato pudiera ser cedido sin afectar la financiación del proyecto. Hoy este tramo está permitiendo el abastecimiento terrestre de Nariño al conectar con el corredor humanitario que abrió el presidente Lasso en el Ecuador, pero se necesita que continúen a buen paso las obras no solo para aliviar la situación del departamento de Nariño, sino para darle conectividad al Putumayo y al país con toda Sudamérica de forma mucho más competitiva.

También llevamos casi un lustro impulsando la variante San Francisco – Mocoa. Esta obra tuvo problemas con el concesionario y con los diseños, que fueron modificados para tener un menor impacto ambiental. De estar culminada tendríamos una vía mucho más expedita para abastecer a Pasto con combustibles sin tener que pasar por Ecuador.  Las obras se reactivaron en un tramo el año pasado, y alivian un poco la situación, pero queda faltando una consulta previa para dar viabilidad a los demás segmentos, siendo este trámite, como en tantos otros proyectos del país, uno de los principales obstáculos para su continuación.

Las vías y obras de infraestructura son verdaderos “Bienes Públicos”, es decir, que pertenecen y benefician a todos los ciudadanos sin distinción; sean ricos, pobres, indígenas, afro, mestizos o blancos. Por eso es inconveniente politizar o ideologizar los debates sobre este tipo de inversiones. También es inconveniente que los espacios de discusión sean capturados por intereses de uno u otro signo político, y que las consultas previas se conviertan en diálogos en donde nadie se escucha mientras las obras se retrasan.  Se debe en cambio procurar una debida representación de los interesados en un proyecto público sin incurrir en descalificaciones o estigmatizaciones de ningún tipo. La ideologización de estos espacios estanca las discusiones y retrasa las obras, e impide invertir inteligentemente los recursos públicos.

Por fortuna, el presidente Petro cuenta con un considerable capital político, una metodología y una experiencia en terreno muy significativa que permite desatascar los obstáculos sociales que enfrentan los proyectos de infraestructura de la región. Tiene también los recursos en caja para ponerlos a andar, y la necesidad inaplazable de reconectar al suroccidente con el resto del país.

Se aproxima ahora la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Luego de haber recogido las necesidades regionales en los diálogos vinculantes, es momento de que el gobierno pase del diagnóstico a la acción y a la inversión decidida en vías, carreteras, e infraestructura y bienes públicos que transformen e impacten positivamente a todos los habitantes del suroccidente colombiano.

 

 

 

La edad es lo de menos

Afirmó el presidente Petro que prefería renunciar antes de subir la edad de jubilación.  Muy bien, pero en realidad, dadas las complejidades que enfrenta nuestro sistema pensional, la edad es lo de menos en la reforma pensional.

Los temas gruesos son, en cambio: 1) La sostenibilidad de los sistemas de prima media (Colpensiones) y de ahorro individual (fondos privados), especialmente en el largo plazo. 2) La baja cobertura en la protección de los adultos mayores. 3) La regresividad de las pensiones más altas del régimen público que reciben subsidios injustificables. Esto no se corrigió en la pasada reforma tributaria a pesar de nuestra propuesta de gravar con impuestos las mesadas superiores a 15 millones de pesos al mes. 4) El efecto cascado que puede generar una reforma pensional agresiva en el mercado de valores, el precio del dólar, el valor de la deuda, y en general en la estabilidad macroeconómica. Y 5) la libertad de los ahorradores para disponer sus recursos como mejor les parezca y convenga.

En cuanto a la sostenibilidad de los sistemas, cobertura y regresividad, es claro que el verdaderamente insostenible es el público y no el privado. Es el sistema de prima media el que requiere de enormes subsidios para pagar las megapensiones que adjudica, y el que es incapaz de generar rendimientos financieros dada la imposibilidad legal y la incapacidad técnica de invertir los recursos en los distintos mercados.

Por su parte el sistema privado, aunque es financieramente sostenible, pensiona a menos personas y entrega menos recursos en las mesadas. Sin embargo, aunque esto se ha tratado de presentar como una debilidad del sistema privado, lo cierto es que los privados pensionan menos gente por concentrar a la mayor cantidad de cotizantes jóvenes, y por el incentivo perverso que genera el régimen de prima media para que las personas próximas a pensionarse se cambien a ese régimen para recibir pensiones más altas pero subsidiadas por los contribuyentes.

Lo deseable sería entonces un sistema público que cubra las pensiones más bajas y no las más altas, y en donde los subsidios, o bien se eliminen, o se dirijan a cubrir a los adultos mayores de menos ingresos que no pudieron cotizar lo suficiente, pero de ninguna manera a completar las pensiones más altas del país. Mientras tanto, el sistema privado debe mejorar en el sentido de otorgar más pensiones y no tantas devoluciones de saldos, pues estas también perjudican al ahorrador, que además termina pagando impuestos sobre sus ahorros por causas que en realidad le son ajenas.

En cuanto al efecto cascada de la reforma, vale decir que estigmatizar al sistema privado bajo la premisa de que los recursos terminan siendo invertidos en obras civiles fallidas, o en portafolios que generan pérdidas, es una maniobra demagógica que puede tener enormes impactos negativos en nuestra macroeconomía. Por un lado, la participación de los fondos de pensiones en los mercados de valores o deuda puede ser tachada desde ciertas ideologías como un mecanismo más de “opresión” de los bancos hacia los ciudadanos, pero ello no deja de ser una presentación ideologizada de los hechos, que también pueden presentarse como una conquista social de todos los ciudadanos, que gracias al sistema de ahorro individual, pueden acceder a los mercados financieros del mundo para que sus ahorros generen rentabilidad. Por otro lado, la alternativa de marchitar a los fondos privados para que el ahorro ya no se invierta, sino que se utilice directamente en el pago de las mesadas actuales, es una verdadera irresponsabilidad intergeneracional con las personas que como yo, estamos a 25 años o más de pensionarnos… si es que esta reforma o las futuras llegan a permitirlo.

Con todo, obstaculizar la inversión de los recursos privados en los mercados financieros terminaría por colapsar el golpeado mercado de valores colombiano, subir aún más el precio del dólar, aumentar (también aún más) el servicio de la deuda pública que es suplido en primer lugar por los ahorradores colombianos, y de carambola, termina por golpear nuevamente a los colombianos afectados por la inflación y devaluación.

Finalmente, frente al punto que recientemente se ha señalado en los círculos de opinión y tanques de pensamiento sobre la libertad de los ahorradores, diremos que la cotización a nuestro sistema pensional parte de la premisa paternalista de que los ciudadanos no saben ahorrar para su vejez y por eso hay que imponerlo. Por eso nuestro sistema actual nos obligó a entregar nuestro dinero a un fondo de pensiones privado o público, aún a pesar de que los más jóvenes tenemos la casi certeza de que jamás llegaremos a pensionarnos y que nuestro dinero desaparecerá en algún recoveco de las pirámides financiera y demográfica. De cualquier modo, al menos hoy se nos respeta la libertad de decidir en dónde queremos ahorrar, si en la bolsa común de Colpensiones, o en la cuenta individual de los fondos privados.  Esta posibilidad de elegir libremente no debe cambiar de ningún modo; ni para una parte de la cotización, ni para el todo.

En todo este panorama, la edad de jubilación es apenas una de tantas herramientas que se pueden utilizar para lograr los fines de sostenibilidad, cobertura, o cualquier otro en la reforma pensional. Ya la descartó el presidente, pero en realidad, dados los retos y los enormes impactos que puede llegar a generar cada decisión dentro de nuestro complejo sistema de pensiones, la edad termina siendo lo de menos.

 

Carlos Ardila

Representante a la Cámara

Inician encuentros regionales por la protección de la Amazonía

El representante a la Cámara por el departamento del Putumayo, Carlos Ardila, acompañado del Senador Liberal Alejandro Vega y de varios congresistas, realizarán un ciclo de encuentros regionales relacionados con la recuperación y protección de la selva amazónica para socializar, escuchar y construir con las comunidades, la hoja de ruta para fortalecer y acelerar la implementación de las propuestas, incluidas en el proyecto de Ley.

El proyecto de Ley de autoría del representante liberal, Carlos Ardila, busca más recursos para ordenar el territorio, conservar y restaurar ecosistemas, y generar criterios verdes para la toma de decisiones y para la construcción de infraestructura verde por parte de las entidades públicas que tengan sede en territorio amazónico.

La bancada iniciará el proceso de socialización en el Vaupés el próximo 22 de septiembre, y luego hasta Puerto Asís Putumayo el 29 del mismo mes, para escuchar a las comunidades sobre las problemáticas del territorio. Este proceso se extenderá a los departamentos de Amazonas, Caquetá, y los demás que conforman el bioma amazónico y del orinoco.

Para financiar y alcanzar los objetivos del proyecto de ley, se propone crear una sobretasa al consumo excesivo del agua por encima del mínimo vital, con criterios diferenciales para cada municipio y estrato socioeconómico. Estos recursos se dirigirán al FONAM del Ministerio de Ambiente, y de allí se destinarán a la formulación de los planes de ordenamiento territorial de los seis departamentos que conforman la Amazonía colombiana, así como también a otorgar un incentivo monetario a las personas y entidades que conservan y restauran los ecosistemas.

El representante Carlos Ardila, indicó que se va a fortalecer el proyecto de ley de la mano de las comunidades y autoridades locales, quienes luego de aprobada la ley, deberán generar una política ambiental y forestal en los planes de desarrollo locales.

 

Alerta del representante Ardila por un posible Alud en Sibundoy

 

Foto: Igac,gov.co

El representante a la Cámara por el Putumayo, Carlos Ardila, solicitó acompañamiento técnico a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para evaluar los riesgos y construir la hoja de ruta de mitigación, frente a posible desprendimiento de tierra en el municipio de Sibundoy, Putumayo.

«El departamento de Putumayo no puede vivir de nuevo una tragedia como la que ocurrió en Mocoa, por falta de planeación, prevención y mitigación de riesgos. Hoy hay una alerta en el municipio de Sibundoy, por el posible desprendimiento de tierra que podría afectar la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio y a las familias y construcciones de los barrios Tabanoc, portachuelo y Las Lajas».

En carta enviada al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Ariel Zambrano, el congresista manifestó su preocupación por que según él, “hasta el momento se desconoce el volumen y potencial destructivo del eventual alud de tierra. También se desconoce el grado de probabilidad de ocurrencia del desprendimiento, por lo que esta incertidumbre dificulta la toma de decisiones”.

«La Reforma Tributaria encarecerá el transporte y los alimentos»: Carlos Ardila

El representante a la Cámara por el departamento del Putumayo, Carlos Ardila, expresó su preocupación frente a algunos puntos de la nueva Reforma Tributaria que radicó recientemente el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República.

El congresista liberal advierte sobre las consecuencias de eliminar el régimen especial de fronteras para los combustibles, como se plantea en el texto inicial.

«Se encarecería el transporte, los alimentos y materias primas, se dispararía el contrabando y lo peor se perderían subsidios y beneficios tributarios para los departamentos fronterizos», anotó.

Ardila, convocó al nuevo Ministro de Hacienda, José Antonio Campo, a trabajar conjuntamente y revisar varios puntos de la nueva Reforma Tributaria, específicamente en lo que tiene que ver con las propuestas que afectarían a los municipios y departamentos fronterizos, que hoy tienen beneficios tributarios gracias a la Ley de Fronteras, recientemente reformada.

«Revisamos el texto inicial de la Reforma Tributaria. Encontramos aciertos, pero también vemos con preocupación algunos puntos, especialmente los que afectan al Putumayo y regiones apartadas del país», puntualizó el Representante liberal.

Uso del cannabis será debatido en el legislativo

Foto: Cultivos de la firma Sativhemp Pharma/Villa de Leyva

El Representante a la cámara por el departamento del Putumayo, Carlos Ardila, radicó el proyecto de Acto Legislativo que busca regular el cannabis para adultos y generar ingresos tributarios a municipios y departamentos.

La  iniciativa pretende asignar a los departamentos y municipios la facultad de decretar y percibir impuestos a las actividades relacionadas con el uso de cannabis por parte de adultos, como el uso del suelo en el caso de los municipios y la distribución para el caso de los departamentos.

Según explicó el congresista liberal, los recursos recaudados se podrán destinar a proyectos de inversión social y para generar infraestructura educativa, hospitalaria, vías terciarias, entre otros.

La idea, es otorgar una protección constitucional de estos impuestos a favor de los entes territoriales, de manera que se aumente su autonomía fiscal y la Nación no pueda confiscarlos o negar la participación de los territorios en su ejecución, tal y como ocurre actualmente con el impuesto predial, o con las rentas departamentales de licores y juegos de azar, que son protegidas por la Constitución a favor de los municipios y departamentos.

El Representante por el Putumayo Carlos Ardila, invitó a todos los partidos a apoyar y acompañar con su firma este proyecto de Acto Legislativo, para lograr que se convierta en reforma constitucional de la República.

“Los recursos para reconstruir a Mocoa duermen en una fiducia”: Carlos Ardila

Foto: Agencia EFE

Según el representante a la cámara por el departamento del Putumayo, Carlos Ardila, la reconstrucción de Mocoa no avanza al ritmo que la comunidad quisiera. Según él, estos trabajos enfrentan todo tipo de dificultades en lo técnico, en lo social, retos en lo predial y, cantidad de temas que no han permitido que los proyectos que están en ejecución se conviertan en obras en servicio para la comunidad.

El congresista liberal citó dos ejemplos: el primero, el acueducto, pensado y contratado desde el 2017, “este proyecto enfrenta dificultades y retos en la fuente de captación, retos en el diseño del mismo, retos en las redes de distribución, y retos para poder lograr micromedición y demás”.

Ardila dijo en diálogo para Confidencial Colombia que el municipio suspensiones del servicio de agua.

Otro asunto que preocupa al representante Ardila está relacionado con la construcción de viviendas tanto rurales como urbanas: “Sauces II, es un proyecto que se contrató en el 2017, tenía un contratista que terminó matriculado en un escándalo de corrupción. El contratista cedió y el nuevo contratista no cumplió”.

Y agregó, “después de estos cinco años, con recursos asignados la fase II de viviendas o Sauces II como se conoce que son 906 viviendas, ha entregado cero viviendas a los habitantes de Mocoa que tanto la necesitan y, en vivienda rural ocurre lo propio. En un principio se hablaron de 360 viviendas, luego 350, luego 300. Resumen del cuento, hoy no hay viviendas rurales cuando hay recursos y estos duermen en una fiducia.

“No me atrevo a decir que esto es un elefante blanco porque ni siquiera se han construido. El proyecto de acueducto funciona a medias o funciona parcialmente y hoy requiere de unos ajustes y de unas obras adicionales para poder funcionar como Mocoa lo necesita.

Solicitan consejo de seguridad en Putumayo

El representante a la Cámara por el departamento del Putumayo, Carlos Ardila, solicitó convocar de manera urgente a un consejo de seguridad para evaluar la ola de homicidios y los hechos de violencia, por los que atraviesa el departamento.

El congresista hizo la solicitud, tras el asesinato de  Aureliano Coral Guerrero, Docente de la Institución Educativa Santa María Goretti de Mocoa,

El Congresista liberal, rechazó este crimen que se presentó en el barrio San Agustín de la ciudad de Mocoa, y  pidió celeridad en las investigaciones, para dar con el paradero de los responsables.

Ardila le hizo un llamado enfático al Ministro de Defensa, Diego Molano, para que lidere junto con las autoridades competentes, un consejo de seguridad que permita orientar, coordinar y fomentar todas las acciones encaminadas a preservar la seguridad en el departamento del Putumayo.

El Representante, expresó finalmente su solidaridad con las familias de los líderes sociales, docentes y putumayenses, víctimas de la escalada violenta que afronta la región.