Integrantes de las disidencias de las Farc ingresaron al casco urbano del municipio de Jambaló, en el nororiente del departamento del Cauca, atacando con ráfagas de fusil y explosivos la estación de policía.
Los informes preliminares señalan al pertenecientes a la estructura ‘Dagoberto Ramos Ortiz’ como la responsable del hecho.
Además de atacar la estación de Policía se desplazaron hasta la sede del Banco Agrario y con explosivos dañaron la entrada, también destruyeron un cajero automático y se llevaron todo el dinero que ahí había.
Aviones de la Fuerza Aérea refuerzan la tarea de defensa de la población patrullando desde el aire a Alcaldía descartó que la población civil resultara herida, aunque se confirmó que algunas viviendas aledañas a la estación de policía y al Banco Agrario resultaron afectadas.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para varios municipios de Cauca y Valle del Cauca por enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la guerrilla Segunda Marquetalia, por un lado, y el Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por otro.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha emitido la alerta 31 de 2023 por «graves afectaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario». La alerta se aplica a los municipios de Miranda y Corinto en Cauca y Pradera y Florida en Valle del Cauca.
La alerta explica que la población civil se ha visto afectada por los combates entre estas fuerzas, que han provocado un aumento de violencia en la región y han sido acompañados por acciones directas contra las comunidades, incluyendo ataques indiscriminados, atentados, homicidios selectivos y masacres.
Además, los grupos armados utilizan la violencia, amenazas e intimidaciones para obligar a la población civil a «colaborar» con ellos, destaca el defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo también advierte que el riesgo se extiende a líderes y defensoras de Derechos Humanos, comunidades, autoridades indígenas y campesinas, presidentes de Juntas de Acción Comunal, menores de edad y jóvenes, firmantes del Acuerdo de Paz en reincorporación, población estigmatizada socialmente y servidores públicos.
Por todo ello, el defensor del Pueblo pide a las autoridades tomar medidas efectivas que permitan proteger los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en estas zonas y garantizar la seguridad de la población civil.
la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército Nacional, logró la ubicación de una unidad de producción de minería ilegal, donde eran empleadas dos excavadoras y dos dragones.
En esta importante operación hubo una afectación valorada en más 3000 millones de pesos. La unidad de producción minera generaba una extracción aproximada de 8000 gramos de oro al mes, con un valor de 2400 millones de pesos en el momento de la comercialización. Este resultado afecta directamente las economías ilícitas del Frente José María Becerra, del ELN.
Con este resultado se logra reducir el impacto en el ecosistema, en un área estimada de más de 420 hectáreas, donde se habían removido alrededor de 120.000 metros de tierra, desforestando más de 60.000 árboles; además de la contaminación que recibía el río Pilpé, en el municipio de Guapi, departamento del Cauca, lo que causó un daño ambiental que tardará en recuperarse entre 20 y 30 años aproximadamente.
De esta forma, el Ejército Nacional, haciendo uso de sus capacidades y misionalidades, trabaja en la lucha contra los delitos que atentan contra el medio ambiente, cumpliendo así con entereza la misión institucional de proteger los recursos naturales de nuestro país.
En un intento por atacar a la fuerza pública en el municipio de Corinto, Cauca, las disidencias de las Farc ingresaron a la cabecera municipal disparando a plena luz del día.
A la población no le quedó más remedio que ocultarse durante varias horas para evitar ser víctima de un nuevo ataque armado.
El hostigamiento se prolongó durante 10 minutos. Después de eso, no hubo más perturbaciones en el orden público”, dijo a los medios de comunicación el secretario de Gobierno, Leonardo Rivera.
Después de la violencia que vivió el departamento del Cauca este fin de semana, el presidente Gustavo Petro realizó un consejo de seguridad en Popayán en el que anunció ciertas medidas de seguridad para dicho departamento.
Petro se reunió con alcaldes, alcaldesas y el gobernador del Cauca. También se planteó una estrategia militar en el departamento y conversaciones con movimientos sociales. Los ataques de la disidencia Jaime Martínez dejaron los asesinatos de los policías Michael León, Eymy Rodríguez y José Orozco; y el soldado profesional Juan David Estrada.
«Se va a centrar en primer lugar una sustitución con dinero público de las economías ilícitas del departamento en la zonas cocaleras, en economías lícitas. El ejército va a ser el eje central de esa sustitución que espera el apoyo del campesinado del Cauca, los movimientos sociales indígenas y afros para salir de la base económica de violencia», explicó Petro
El presidente fue claro que este tipo de acciones no servirán como presión para entablar un acuerdo de paz e insta a los grupos que siguen hostigando el departamento a que acepten el tránsito a economías lícitas.
«Ni el secuestro ni el confinamiento ni la extorsión ni las masacres, ni la muerte de líderes sociales, ni la muerte es combatientes que han firmado la paz; ni el ataque a comunidades indígenas, a sus autoridades afros o mestizas pueden ser permitidos como antesala de un acuerdo de paz», aclaró el presidente.
Entre las medidas generales, Petro destacó que habrá mayor presencia de las fuerzas militares, la policía agrandará su presencia en las cabeceras municipales; dejará de haber bachilleres en la policía en esta zona y soldados regulares. La presencia del Ejército contará con solados profesionales para disminuir la vulnerabilidad y aumentar la eficacia.
El presidente, Gustavo Petro, convocó a una reunión especial de seguridad para tratar el repunte de la violencia de las disidencias de las FARC contra la Policía que ha costado las vidas de cuatro agentes en las últimas 24 horas.
«Mañana habrá consejo de seguridad en (la región del) Cauca donde se tomarán medidas importantes», ha hecho saber el mandatario en su cuenta de X, antes Twitter, tras conocer la muerte de un cuarto agente en la localidad de Timba, en este departamento.
El viernes, y de nuevo en esta región del del país, tres policías murieron y un cuarto resultó herido en un ataque atribuido a la disidencia de las FARC ‘Jaime Martinez’ en el municipio de Morales.
Las disidencias de las FARC son grupos armados que decidieron no acogerse al acuerdo de paz con el Gobierno firmado en 2016 y, desde entonces, se han convertido en una lacra para la seguridad del país, con mínimo 5.500 elementos que se dedican ahora principalmente a la extorsión y al narcotráfico.
Algunos de estos grupos, no obstante, están en conversaciones con el Gobierno para negociar acuerdos de cese de hostilidades en sus propios términos.
Tres policíasfueron asesinados y varios resultaron heridos en medio de un ataque de las disidencias de las Farc enla salida del casco urbano, en la vía que conduce al municipio de Suárez.
Las víctimas son el subintendente Maicol León, el patrullero Jorge Laureano Orozco y la patrullera Heymi Marcelina Rodríguez, según se ha conocido extraoficialmente. Hasta el momento ni la Policía ni las autoridades del departamento del Cauca se han pronunciado al respecto.
De acuerdo con las autoridades, los atacantes hurtaron las armas de dotación de los uniformados y luego escaparon del lugar. Al tiempo que ocurrió el ataque, fue hostigada la Estación de Policía ubicada en el casco urbano, lo que produjo un enfrentamiento que duró varios minutos.
El ministro del Interior Luis Fernando Velasco, aclaró que quienes han hecho la movilización sobre la Vía Panamericana no son precisamente los miembros del Consejo Regional Indígena, sino unos resguardos que tienen su organización propia y son conocidos como ‘Los Nietos del Quintím’.
“Este Gobierno no necesita bloqueo de vías para sentarse a conversar con las comunidades, y yo aspiro a que en el marco del diálogo se levante esos bloqueos porque el daño que le se hace a la gente del sur del país es gigantesco”, dijo el ministro Velasco.
El funcionario anunció que se desplazará hasta la región en compañía de las ministras de Vivienda y Agricultura para instalar las mesas de conversación con las comunidades.
Por su parte la senadora Paloma Valencia llamó la atención al Gobierno Nacional porque no se han tomado acciones necesarias contra las personas que protagonizan estos hechos y que, según ella, tiene al suroccidente del país en medio de una de las crisis más grandes de su historia.
“No solamente es el derrumbe sucedido a principios del 2023 sino además los evidentes retrasos en la construcción de la vía sobre esta zona, pero también dejan que se cierre la vía hacia Popayán, y en un proceso extorsivo se sientan a negociar con las comunidades indígenas a quienes les ofrecen la mitad del Cauca como ha sucedido en todos los gobiernos, y así van destruyendo la productividad en la región”, afirmó la congresista.
Tropas del Ejército Nacionalen el departamento del Cauca, neutralizaron a dos sujetos señalados de pertenecer a la organización Carlos Patiño en combates ocurridos en la vereda Los Pinos, municipio de Argelia.
Tras labores de inteligencia militar, las tropas llegaron hasta el lugar usado como campamento por integrantes de este grupo armado, y desde donde se ejecutarían las acciones en contra de los soldados y de la población que vive en el sector. En este punto se desarrollaron los combates contra esta estructura que dejaron como resultado la neutralización de estos dos sujetos.
En esta operación habrían resultado heridos otros individuos durante los enfrentamientos, situación que está siendo verificada a través del despliegue operacional en la zona y de las autoridades competentes. De igual forma, en estos hechos, dos soldados resultaron heridos tras la activación de un campo minado, instalado por este grupo ilegal para impedir el avance de la operación.
Inmediatamente fueron evacuados hacia la ciudad de Cali, donde reciben atención médica por el aturdimiento generado por la onda expansiva de las minas antipersonal.
Por otra parte, de manera preliminar, se tiene el reporte del desarrollo de operaciones militares en zona rural de Suárez, en el norte del Cauca, donde miembros de la estrcutura Jaime Martínez vienen adelantando acciones delictivas. De acuerdo a informes de inteligencia, tres integrantes de este grupo armado habrían sido neutralizados, información que está en proceso de verificación.
Las operaciones militares se han efectuado de manera conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana y de forma interinstitucional con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación.
Este viernes se supo que Wilmer Ocampo, hijo de José Ocampo -alcalde de Rosas (Cauca)– fue secuestrado por grupos al margen de la ley.
La noticia la dieron a conocer desde la Alcaldía. Sobre las 9 de la mañana fueron informados sobre el secuestro del joven. Según lo narrado por las autoridades, él se desplazaba a sector rural a un finca de la zona con dos acompañantes y fueron interceptados.
«Sujetos desconocidos que se lo llevaron en una motocicleta con rumbo desconocido. Esperamos que lo liberen de manera pronta. Esperamos tenerlo en el seno de su casa», dijo Diego Aguilar, secretario de gobierno del Cauca.
Hasta el momento ningún grupo armado se ha adjudicado la retención ilegal de Wilmer Ocampo. En Rosas se hizo un consejo de seguridad municipal y se articularon acciones para dar con la liberación del joven.
Al menos tres personas de una misma familia han sido asesinadas en una nueva masacre perpetrada en una zona rural de la región de Cauca, en el municipio de Piendamó, en el oeste de Colombia.
Las autoridades señalaron que las víctimas mortales son un padre de familia y sus dos hijos, identificados como Beimar Zamir Astudillo y Daniel y Miguel Ángel Astudillo Castillo, sin que por el momento hayan detallado su edad.
La masacre, denunciada por los vecinos de la zona, se registró en el interior de una vivienda del resguardo indígena de La María, entre las veredas Puentecita y Camilo Torres, según informa el periódico colombiano ‘El Heraldo’.
El Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) señaló que en esta zona actúan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras bandas de carácter local.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha advertido del impacto de las acciones de estos grupos en la ayuda humanitaria, puesto que se ha registrado un incremento de homicidios de líderes sociales y masacres, pese a que han disminuido las acciones armadas contra el Estado.
El Ejército Nacionalinformó que un grupo de soldados fueron retenidos por la comunidad en el municipio del Patía, que estaban en medio de un operativo contra el narcotráfico.
La institución militar asegura que el hecho se presentó cuando el grupo de soldados intento destruir un laboratorio de cocaína, cuando fueron rodeados por los pobladores, quienes hasta este momento no les permiten circular libremente.
Varios personas encapuchadas rodearon a los uniformados, en medio de la zona selvática, pero hasta el momento se desconoce el número de soldados que se encuentran retenidos en este territorio.
El Alto Comisionado para la Paz, Danilo rueda, ha alertado del «inminente» estallido de enfrentamientos entre actores armados en la región de Cauca y ha emplazado a dejar fuera del fuego cruzado a la población civil.
En concreto expresa su «preocupación» por las noticias de «movimientos inusuales de tropa, vehículos y personal armado» en el norte de Cauca y advierte de «la inminencia de confrontaciones armadas que representan un riesgo grave para la población civil de la zona», según una nota de prensa.
Cita en particular los municipios de Silvia, Caldono y Jambaló y por ello pide a los grupos armados y a las fuerzas de seguridad «que respeten el Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de entrar en confrontación o realizar acciones ofensivas en veredas y caseríos donde se ponga en riesgo la vida, la integridad y los bienes materiales de la población civil».
Como antecedentes cita el enfrentamiento del pasado 3 de abril que causó «graves daños» en Los Robles, Solapa y San Antonio y en los resguardos de Pioyá y Jambaló. «En medio del fuego cruzado un comunero indígena fue asesinado, varias viviendas civiles fueron totalmente destruidas y la comunidad se vio forzada a desplazarse a la casa del Cabildo», ha recordado.
Además, recuerda que las comunidades del norte del Cauca han exigido reiteradamente a los grupos armados «que cesen la violencia, el reclutamiento de jóvenes y la desarmonización de sus territorios». «Es hora de escuchar el clamor de la población, de sus mujeres, sus mayores y sus niños y de detener esta guerra sin sentido que sólo genera más dolor entre las familias del pueblo colombiano», ha remachado.
El Instituto de Estudios para la Paz colombiano (Indepaz) ha denunciado que con la muerte del guardia indígena son ya 60 los líderes sociales asesinados en Colombia solo en lo que va de año.
Indepaz ha nombrado al fallecido: José Edgar Méndez Molina, líder del esquema de protección del Colectivo de la cooperativa Multiactíva de Ecomun de Caloto Cauca, COOMECC. Méndez era además un reincorporado de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ante la situación de inseguridad que se registra en el Valle del Cauca y el Cauca en los últimos meses, los gremios y empresas de estos dos departamentos hacen un llamado al Gobierno Nacional, las autoridades y la Fiscalía General de la Nación a tomar acciones concretas e inmediatas que permitan garantizar los derechos a la vida, el trabajo, la libre movilidad y a la convivencia pacífica en la región.
Los 45 gremios y ocho cámaras de comercio, que reúnen cerca de 140 mil empresas en ambos departamentos, han evidenciado con preocupación un aumento en situaciones que atentan contra la vida e integridad de los trabajadores de los diferentes sectores productivos de la región, así como de sus familias. Son frecuentes los casos de hurtos, destrucción de maquinarias y vías, atentados mediante instalación o lanzamiento de explosivos, extorsiones, secuestros, tentativas de homicidio y homicidios, que han incrementado el temor y la zozobra de quienes hacen parte del sector productivo, especialmente en los municipios del centro-sur del Valle del Cauca y norte del Cauca. Tan solo en el norte del Cauca en 2023 han sido asesinados tres trabajadores del sector agrícola, ocho han resultado heridos por arma de fuego y uno más fue secuestrado.
Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle del Cauca, aseguró que “el suroccidente de Colombia es la puerta de entrada para las materias primas de la industria y del comercio, es la plataforma para las exportaciones de los bienes producidos en el interior del país y un punto estratégico para la reserva alimentaria de los colombianos. Es hora de que el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales desarrollen una estrategia conjunta y coordinada que permita terminar con la impunidad y garantizar el derecho a la vida, el trabajo, la movilidad y la propiedad privada de todos los que vivimos en esta región. Si bien el Valle y el Cauca son jurisdicciones diferentes desde el punto de vista administrativo, en la práctica son una misma región que requiere de una visión transversal”.
Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, agregó que “en este llamado están representadas las empresas formalmente registradas, las cámaras de comercio y los gremios que reúnen todos los renglones de la economía del departamento del Cauca y del Valle del Cauca, que trabajamos por el bien de nuestra región y por el progreso de las comunidades. Estamos comprometidos con el desarrollo del suroccidente colombiano, pero es necesario que desde el Gobierno Nacional se brinden garantías mínimas de seguridad, de no bloqueo a las vías y de respeto por la vida, el trabajo y la propiedad privada para desarrollar el objeto social de nuestras empresas sin entorpecimiento. Estas acciones permitirán el restablecimiento de la seguridad a la región, tranquilidad para las comunidades y el sector productivo de ambos departamentos”.
Fue capturado Yhon Jairo Bastos alias ‘Cardona’, segundo al mando de la columna Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, con presencia en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila y Tolima.
‘Cardona’ se desplazaba en un vehículo acompañado de dos personas más, quienes serían sus escoltas, cuando agentes les dieron el alto. Los sospechosos intentaron huir, pero fueron capturados dos kilómetros más allá, en el municipio de Paicol, Huila.
Un portavoz policial, el coronel Gustavo Camargo, ha explicado que ‘Cardona’ «funge como segundo cabecilla de las disidencias Carlos Patiño de las FARC».
«Les manifestó a los uniformados estar indocumentado, por lo que los policías procedieron a trasladarlo a la estación del municipio de Tesalia para su plena identificación. Luego de la verificación lograron establecer que se trataba de este cabecilla presuntamente responsable de varios atentados a la fuerza pública y a la población civil en varios departamentos», ha explicado. Una vez detenido, ofreció a los agentes 100 millones de pesos colombianos (más de 19.200 euros) a cambio de evitar su procesamiento.
«Alias ‘Cardona’, de 41 años de edad, sería el responsable de múltiples atentados a la Fuerza Pública, con un prontuario criminal por el que tendrá que responder ante las autoridades, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario», ha añadido.
