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Acusan Enrique Peña Nieto de 'chuzar' a periodistas y defensores de DDHH
Varias organizaciones civiles pro Derechos Humanos, de periodistas y activistas anticorrupción han denunciado al Gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, por emplear contra la población, en especial a los investigadores de la masacre de 43 estudiantes ‘normalistas’ en Ayotzinapa y varios prestigiosos reporteros, un programa de espionaje adquirido para investigar a criminales y terroristas.
Según la investigación revelada por ‘The New York Times‘, al menos tres agencias federales mexicanas se han gastado, desde 2011, casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí, un software conocido como como Pegasus se infiltra en teléfonos móviles a través de «mensajes fantasma» y por los que acaban interviniendo llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos, calendarios e incluso las cámaras de los aparatos.
Aunque la fabricante del software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva bajo condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales, decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno.
«Somos los nuevos enemigos del Estado», ha señalado al ‘NYT’ Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un análisis forense independiente. «La nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado», ha afirmado Pardinas.
Este espionaje contraviene la ley mexicana, que estipula que solo un juez federal puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los funcionarios demuestran motivos de peso para esta solicitud.
Fuentes del Gobierno mexicano se han defendido y argumentan que solo se ha recabado información de «sospechosos legítimos» y conforme a la legislación .«Como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia», ha señalado un funcionario.
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