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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Comisión Primera

Intento por reformar el sistema electoral se hundió en su primer debate

Con 13 votos en contra y 7 a favor, la Comisión Primera del Senado de la República, hundió el Proyecto de Acto Legislativo que modificaba la organización electoral en Colombia.

La iniciativa contó con la ponencia positiva del senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, quien solicitó a sus compañeros de la comisión votar de forma positiva este proyecto, sustentando la que, según él, despolitizaría la organización electoral.

 

“Hay una crisis de legitimidad en la organización electoral; nuestro sistema tiene fallas ya que está diseñado para que funcione de forma mafiosa. No puede pasar que pongamos un amigo a supervisarnos», sostuvo.

A la discusión asistieron un delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el presidente del Consejo de Estado, el presidente de la Sección Quinta Consejo de Estado, la presidenta de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y la presidenta del Consejo Nacional Electoral.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Magistrada Fabiola Márquez, afirmó que se ve con buenos ojos que se refuercen las competencias y las atribuciones al Consejo Nacional Electoral como por ejemplo a nivel territorial para que se puedan realizar las investigaciones en el territorio.

El magistrado del CNE, César Lorduy, manifestó que, modificando 12 artículos de la Constitución no se aumentará la participación ciudadana y “mucho menos la transparencia”.

Adicionalmente el registrador para lo electoral, Nicolás Farfán, afirmó, “no nos oponemos a las reformas que tiendan a mejorar el sistema, sin embargo, éstas deben basarse en indicadores que muestren algún tipo o grado de ineficiencia de una institución en el incumplimiento de su función y este no es el caso de la Registraduría. El esquema en el que la Registraduría cumple un rol técnico ha sido reconocido por la Corte Constitucional”.

El Senador, Humberto de la Calle, afirmó que lo que se propone con este Proyecto de Acto legislativo es un Consejo Electoral más independiente y afirmó que no está de acuerdo, que cuando una institución funciona bien no hay que reformarla, pues considera que éstas pueden funcionar mejor.

La propuesta fue acompañada por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien considera que los organismos de control deben ser sujetos de control político por parte del Congreso de la República.

Tras obtener mayorías en contra la iniciativa fue archivada.

 

 

Inicia nueva lucha para reducir el salario de los Congresistas

El pasado 28 de septiembre, la Comisión Primera del Senado dio el primer paso para reducir el salario de los congresistas que hoy supera los 25 millones de pesos mensuales.

La Senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) ponente y autora de este proyecto, presentó unas modificaciones a lo ya planteado en el paquete inicial, luego de llegar a un acuerdo con los senadores del Pacto Histórico, Alianza Verde y Centro Democrático.

 

” Estoy súper feliz de contarles que logramos aprobar el proyecto del Centro Democrático para reducir el salario. Va a quedar el tope de 23 salarios mínimos y un impuesto para ahora 2022-2026 del 20 % de salario” dijo la senadora Paloma Valencia.

La propuesta quedó con 2 artículos en vigencia:

El salario de los congresistas no será superior a 23 SMLV a partir del 2026 y este no será tomado en cuenta para definir los salarios de los demás funcionarios públicos.

Este es un artículo transitorio que establece que los congresistas y los altos mandos del Estado tendrán un impuesto del 20% al salario del año 2022 a 2026, impuesto que en época de pandemia se conoció como “impuesto solidario” y que se implementaría hasta que se establezca permanentemente en la reforma tributaria que está en curso.

Por su parte, el senador Carlos Motoa propuso que la reducción de los salarios no sea solo para los congresistas, sino que se incluya a todos los funcionarios públicos de altos cargos del Estado, tanto en la rama judicial como en la legislativa, además de que esta proposición sea aplicada a partir de la promulgación de su aprobación. Esta propuesta fue dejada como constancia en el informe de la ponencia.

La iniciativa pasa a segundo debate en la plenaria del Senado de la República.

La MOE no quedó muy contenta con lo aprobado de la reforma política

La Misión de Observación Electoral, MOE, expresó su preocupación por algunas de las medidas incluidas en la propuesta de reforma constitucional al sistema de partidos aprobada esta semana por la Comisión Primera del Senado de la República.

La MOE destaca como positivas la adopción de las listas cerradas bajo los principios de paridad de género, alternancia y universalidad; así como las medidas encaminadas al fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas. Sin embargo, advierte con preocupación que “aunque el modelo está previsto para ser aplicado a partir de las elecciones de 2026, pareciera que el principio de paridad tiene una excepción y sería exigible para las elecciones a Congreso, hasta el 2030”.

 

En segundo lugar, las reglas para la financiación de las campañas políticas son contradictorias a la incorporación de las listas cerradas. Uno de los objetivos de la lista cerrada es facilitar el control y la vigilancia, por parte de la autoridad electoral, del monto, origen y destino de los recursos empleados en las campañas, al centralizar la rendición de cuentas en los partidos. “Si se mantiene el modelo de que cada candidato consigue recursos, los maneja y los reporta, la reforma no presenta cambios en esta materia, y no avanza en el pretendido objetivo de transparentar la financiación”, señaló Mancera.

Para la MOE no tiene ningún sentido que se establezca los candidatos busquen y administren recursos para su propia campaña, cuando la ciudadanía no votará por una candidatura específica, sino por una lista que tiene un orden predefinido.

En tercer lugar, para Mauricio Vela, Coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, “previo a la aprobación del voto obligatorio, es necesario que la organización electoral y el gobierno nacional adopten las medidas necesarias para garantizar que este no genere mayores inequidades y castigos desproporcionados contra quienes ya tienen obstáculos para votar”.

La MOE invita al Congreso a que en los subsiguientes debates se reabra la discusión del artículo de la reforma en el que se eliminaban las funciones actuales de la Procuraduría General de la Nación, que permiten la destitución de funcionarios de elección popular. Lo anterior, debido a que estas van en contravía de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Petro Urrego Vs. Colombia.

 

Senado discutirá proyecto que favorece a menores de edad víctimas del conflicto

La Comisión Primera del Senado se prepara para abordar la discusión de un proyecto de ley que garantice  el derecho a la alimentación y nutrición equilibrada, a la salud, a la seguridad social, a la educación y a la atención psicosocial, plantea el proyecto de ley que da reconocimiento jurídico diferencial a los niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado en Colombia.

La  iniciativa  incluye  la recreación de esa población,  su libre expresión, reubicación y retorno, su derecho a tener una familia y la debida protección para evitar caer en delincuencia juvenil y el reclutamiento forzado, entre otros.

 

De acuerdo con cifras de la Red Nacional de Información de la Unidad, el total de víctimas registradas por ese hecho victimizante hasta 2022 asciende a 22.638 menores de 6 a 11 años y 22.865 más de 12 a 17 años.

La propuesta legislativa incluye acciones para que las entidades estatales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de educación, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, entre otras, aseguren la afiliación preferente a salud a los menores víctimas de desplazamiento forzado, entre otros temas.

Así mismo, el proyecto dispone acciones prioritarias para que esa población también tenga derecho a una alimentación equilibrada, al acceso y permanencia educativa en todos los niveles.