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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Conflicto Armado

El día que me puse el saco al revés

Ayer, el registrador del Chocó fue víctima de un secuestro. Hasta ahora, la policía no ha logrado obtener información sobre el autor o el motivo del delito, reflejando la realidad del 60% de los casos registrados. En el período comprendido entre agosto de 2022 y octubre de 2023, se documentaron 287 secuestros, según datos proporcionados por el SIEDCO de la Policía Nacional. Es probable que este periodo culmine con la cifra más alarmante desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, evidenciando una tendencia al alza que suscita una preocupación generalizada.

El aumento no puede atribuirse al acuerdo de paz ni a la supuesta «entrega del país a las FARC». Más bien, se debe al enorme vacío dejado tras dicho acuerdo, combinado con el crecimiento desmedido en número y capacidad de estructuras criminales organizadas. Actualmente, contamos con 196 de estas estructuras solo en las 7 principales ciudades, y la extorsión se convierte cada vez más en una fuente de financiamiento. Entre 2018 y 2022, Colombia experimentó un aumento de 18 a 33 Grupos Armados Organizados (GAO), un mercado que se sofistica diariamente y resulta cada vez más difícil de combatir. La justificación de toda nuestra violencia mediante el narcotráfico también se torna cada vez más insostenible.

 

La política de paz total no es la única responsable del incremento en secuestros, pero tampoco ha contribuido a mitigarlo hasta el momento. Considerando que el ELN puede estar asociado al 11% de los casos y el EMC al 10%, y que solo con estos dos grupos hay mesas de diálogo, incluso con un cumplimiento del 100% de lo pactado, nos enfrentamos a un universo del 80% restante, con poca información y una alta impunidad.

El secuestro, especialmente el extorsivo, se ha vuelto atractivo para el crimen organizado y grupos armados. No requiere una logística particularmente costosa y cuenta con el respaldo del control territorial ejercido por estos grupos. Utiliza las mismas rutas controladas por los violentos y ofrece una rentabilidad inmensa a un costo mucho menor que otras actividades informales o ilegales, solo comparable con la extorsión.

La concentración territorial refuerza esta hipótesis. A nivel departamental, Antioquia (67 casos), Norte de Santander (60 casos) y Valle del Cauca (55 casos) son los más afectados. Sin embargo, a nivel de ciudades, Cali (23), Bogotá (23), Cúcuta (21), Medellín (20) y Buenaventura (12) destacan la urbanización del fenómeno. En el caso del Valle del Cauca, Buenaventura y Cali concentran el 63% de los casos.

En contraste, la capacidad de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública en general se encuentra limitada. Se requiere una mayor aplicación de tecnología y una mayor eficiencia en el seguimiento de los casos en las primeras horas. La falta de coordinación eficiente también es un obstáculo, sumado a la enorme impunidad, donde muchos casos se resuelven únicamente con el pago de rescates. Esto implica que los responsables no enfrentan consecuencias penales, aumentando la probabilidad de que vuelvan a cometer el delito.

Hasta ahora, nos enfrentamos a un fenómeno que se urbaniza no solo en las grandes capitales sino también en centros poblados urbanos. El secuestro, de bajo costo y baja probabilidad de judicialización, se ve facilitado por el control territorial ejercido por actores armados. La Fuerza Pública tiene una capacidad limitada para perseguir y capturar eficientemente, mientras que la justicia enfrenta dificultades para condenar el delito. Todo esto, junto con la sofisticación de las redes de extorsión y el alto número de estructuras armadas organizadas, conforma un cóctel perfecto donde los incentivos negativos superan ampliamente a los positivos.

Toda esta información salió a la luz ayer en uno de los noticieros de mayor audiencia nacional, tras el secuestro del gobernador. En retrospectiva, durante la entrevista, no me di cuenta de que llevaba mi saco al revés. Sin embargo, al reflexionar sobre la atención generada por este hecho, creo que no solo mi saco estaba al revés, sino también nuestras prioridades como sociedad.

#LibertadparalosSecuestrados.

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Ejército capturó a dos sicarios del Clan del Golfo

El Ejército Nacional logró la captura de dos sicarios que operaban bajo las órdenes del Clan del Golfo en Antioquia. Estas dos personas habrían ejecutado acciones violentas para alterar el orden público del municipio de Ituango.

«El hecho se presentó cuando estas personas se sintieron acorraladas por los soldados, e intentaron escapar por un potrero del área urbana del municipio en mención. Ahí, la rápida y oportuna reacción de los uniformados impidió que estos individuos consiguieran fugarse con las armas al parecer empleadas para cometer los asesinatos. Estas personas tenían una ‘lista negra’ donde se encontraban los nombres de quienes iban a asesinar», señaló el Ejército.

 

Fueron dos semanas en las que junto a la Policía se consiguieron las pruebas para esta captura y los dos presuntos sicarios quedaron a disposición de la Fiscalía General.

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*Foto: ejercito.mil.co

Benefician con tierra a víctimas de Rodríguez Gacha

Ocho familias que resultaron víctimas del conflicto armado fueron beneficiadas con predios que pertenecían al narcotraficante fallecido, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias «El Mexicano».

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) benefició a estas familias con adjudicación de las fincas Las Quinianzas, San Felipe y Las Esmeraldas, ubicadas en la vereda Córcega de Vergara (Cundinamarca).

 

“Dios bendiga esta tierra que será el nuevo futuro para mí, para mis hijos y toda mi familia. No tengo palabras para explicar la felicidad que siento al estar en un terreno que ya es propiedad mía», dijo Isidro Raigozo, campesino de Villagarzón (Putumayo).

Estas fincas pertenecían al narcotraficante y luego pasaron a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como bienes en extinción de dominio.

“Los predios suman más de 35 hectáreas, pero fueron divididos para entregarlos en parcelas de 4,4 hectáreas por cada una de las familias campesinas beneficiadas», dijo Tony Luis Lozano, director de Acceso a Tierras de la ANT.

Los predios se les asignaron a desplazados por la violencia del Catatumbo y Putumayo, así como de Pacho y Soacha (Cundinamarca). Hasta el 20 de diciembre de 2023, se han formalizado 1.399.403 hectáreas de predios rurales.

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*Foto: petro.presidencia.gov.co

Clan del Golfo asesina a un soldado en Turbo (Antioquia)

El Ejército de Colombia reportó este miércoles 3 de enero que el soldado Luis Caballero fue asesinado por el Clan del Golfo en Turbo (Antioquia).

Del hecho resultaron heridos dos suboficiales y 10 soldados más que ejercían labores de estabilidad en la zona. La responsable de este atentado sería la Subestructura Juan de Dios Úsuga.

 

Por el momento, el Ejército de Colombia envió sus condolencias a los familiares del soldado y rechazaron el ataque de este grupo criminal.

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*Foto: X @COL_EJERCITO

Judicializan a «La Mona», presunta integrante de disidencias de las FARC

La hizo efectiva la judicialización de alias «La Mona», sindicada de ser integrante del frente Martín Villa de las disidencias de las Farc.

«Según la investigación, la mujer se habría concertado con otros integrantes del grupo para cometer acciones criminales como homicidios selectivos, extorsiones, labores de inteligencia contra la fuerza pública, compra de elementos de intendencia y actividades relacionadas con la comercialización de estupefacientes, entre otras, en los municipios de Puerto Rondón (Arauca) y Roberto Payán (Nariño)», señaló la Fiscalía.

 

La captura de la mujer se hizo efectiva el pasado 7 de diciembre por la Policía Nacional en el Terminal de Transportes del Sur de Bogotá y a pesar de no aceptar la responsabilidad en los cargos formulados por concierto para delinquir agravado de la Fiscalía tendrá medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

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*Foto: fiscalia.gov.co

Johan Serna, el excombatiente número 43 en ser asesinado en 2023

Finalizando el año se conoció el asesinato de Johan Serna, firmante del acuerdo de Paz con las extintas FARC-EP y es el excombatiente número 43 en ser asesinado durante 2023.

Su asesinato se dio en Turbo (Antioquia),mientras él se transportaba desde Acandí (Chocó) hacia Turbo por transporte fluvial. Él fue bajado de una lancha y posteriormente asesinado.

 

Johan Serna se reintegraba a la vida civil ejerciendo labores como miembro del esquema de seguridad del representante a la Cámara, Pedro Baracutao.

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*Foto: X @Pedro_Comunes

Liberan al hermano de la alcaldesa de Corinto (Cauca)

En vísperas de Navidad se reportó el secuestro de William Velasco, hermano de Martha Velasco -alcaldesa del municipio de Corinto (Cauca)-.

En horas de la tarde de este lunes festivo 25 de diciembre se dio a conocer que había sido liberado después de una fuerte presión de la fuerza pública. Él fue hallado en la vereda Huasanó.

 

“Las extensas labores de búsqueda realizadas por los soldados y apoyadas por la Fuerza Aeroespacial permitieron su liberación”, señaló el Ejército.

Por el momento se desconoce qué grupo ilegal tenía secuestrado a Velasco, pero él fue hallado en buen estado de salud mientras continúan las investigaciones.

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Masacre doble en el Cauca dejó cinco personas muertas

El municipio de Santander de Quilichao (Cauca) fue epicentro de una nueva masacre, la número 93 que se reportó este jueves 22 de diciembre en Colombia de lo que va en el año.

Los hechos se dieron en la vereda de Carbonero donde murieron tres personas y en la vereda de Vilachi, donde fallecieron dos personas.

 

En los hechos de Carbonero llegaron hombres armados a la casa del profesor Jhon Freiman Ulcue y lo asesinaron junto a su esposa y a si hija de 15 años. Por otra parte, en la vereda de Vilachi asesinaron a los jóvenes identificados como Davison Fernández y Jesús Labio.

En la zona operan grupos ilegales de las disidencias de las extintas FARC-EP como los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos.

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JEP imputó a 8 exguerrilleros de las FARC por secuestro a 12 diputados

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por su papel en el secuestro de 12 diputados en la región del Valle de Cauca el 11 de abril del 2002.

El órgano ha reconocido la responsabilidad del excomandante Édgar López Gómez alias ‘Pacho Chino’, de Juan Carlos Ramírez ‘Sargento Pascuas’, de Héctor Julio Cristancho ‘Grillo’, Gustavo Arbeláez ‘Santiago’, Carlos Mario Cardona ‘El Paisa’, Diego Ardila Merchán ‘Leonel Paz’, Oswaldo Mendoza y Jesucristo Jiménez Cuéllar ‘Juvenal’ en el mencionado caso, en el que solo logró sobrevivir uno de los doce secuestrados, según un documento consultado por la emisora Blu Radio.

 

Durante el secuestro, los diputados fueron vestidos con ropa militar para que no pudiesen ser identificados como civiles y sufrieron tanto una alimentación inadecuada como una precaria atención en salud, y fueron sometidos a unos malos tratos que han llevado a la JEP a considerar que los guerrilleros «desestimaban la vida de los cautivos».

Además se dio la orden de no solo impedir su rescate, sino de matarlos en caso de asalto del Ejército colombiano. El 18 de junio de 2007 hubo tensiones en el campamento entre varios guerrilleros y se produjo un tiroteo del que se salvó Sigifredo López, quien se encontraba «lavándose los dientes» en el momento.

También están recogidas otras 227 víctimas de secuestros, de control social o territorial y, según los testimonios recogidos, los secuestrados fueron sometidos a «tratos inhumanos y degradantes» que a menudo generaron tanto daños físicos como psicológicos.

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*Foto: procuraduría.gov.co

Líder social asesinado y masacre en La Dorada este fin de semana

El Partido Comunes, fundado por los excombatientes de las extintas FARC-EP, denunció el asesinato de Carlos Alberto Romero, líder social de Puerto Salgar.

A Romero lo habrían asesinado en la plaza de mercado de La Dorada (Caldas). «Los y las integrantes de la Asociación Campesina y de Agricultores del Medio Magdalena -ASCADGGRIMAD- inscrita en la plataforma: «SOMOS TIERRA», de tiempo atrás han puesto en conocimiento de las autoridades locales y la Fiscalía General de la Nación las amenazas, sin recibir respuesta ni la expedición de medidas de seguridad acordes al nivel de riesgo, por liderar en esta zona, de abierta influencia de organizaciones al margen de la ley», explica un comunicado de Comunes.

 

A este hecho se sumó una masacre de tres personas que fueron asesinadas y abandonadas en zona boscosa de La Dorada. En el sector de Los Barrancos fueron hallados tres hombres con impactos de bala en su cuerpo.

Las víctimas de esta masacre fueron identificadas como Rubén Darío Giraldo de 61 años, Kevin Martínez de 18 y Jesús Enrique Rondón de 28. 

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Pueblo raizal fue notificado como sujeto de reparación colectiva

Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas notificó el pasado viernes 15 de diciembre que el pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son sujeto de reparación colectiva.

A esta notificación se llegó con la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) de la región insular en el Caribe. De esta manera, al pueblo raizal se le hizo el reconocimiento de los daños colectivos que este sufrió en el marco del conflicto armado para empezar a saldar una deuda histórica del Estado.

 

La notificación de Tobón se hizo en un acto con presencia de Rossana Teresa Livingston, primera vicepresidenta del Raizal Council en la Iglesia Bautista New Life Tabernacle.

“Es un momento histórico. Fue un proceso largo, pero alcanzamos el objetivo», dijo Livingston tras la lectura de la resolución, mientras que la directora de la Unidad para la Víctimas señaló: “Este es un compromiso que asumimos con ustedes dentro del Plan Nacional de Desarrollo para superar los rezagos que no se han reconocido».

Aunque se hizo el reconocimiento, la directora resaltó que esta no es la conclusión del proceso, sino que inicia una nueva etapa para reconocer los derechos de esta población.

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*Foto: petro.presidencia.gov.co

Petro pone condiciones al cese al fuego con ELN y EMC

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condicionó el cese al fuego con los grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central de las FARC, a acuerdos que permitan desmantelar sus economías ilícitas, entre las que ha destacado la cocaína, el secuestro, el oro y la extorsión.

«No nos emociona el que lo único que se logre sea un cese al fuego, porque el cese al fuego no es más que detener las acciones ofensivas entre el Estado y el grupo armado, sin resolver el problema de fondo», aseguró el mandatario durante una ceremonia de ascensos militares.

 

Petro ha hecho hincapié en que «lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado o no, sino si se ataca a la sociedad. Y no por lograr que no se ataque al Estado en un cese al fuego, entonces vamos a condenar a que la sociedad quede indefensa, extendiendo los delitos sobre ella. Así no se construye un proceso de paz».

Para el presidente, el cese al fuego «no es más sino detener el Estado por una parte, el grupo armado por la otra, las acciones ofensivas entre esas dos partes».

El Gobierno se encuentra en diferentes fases sobre la negociación de la paz con los dos grupos armados mencionados, lo que no les ha impedido hasta la fecha seguir con algunas de sus actividades como los secuestros. Los diálogos con el ELN han llevado al alivio humanitario de las regiones y comunidades más afectas.

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Defensor del Pueblo pide confirmar cifra de secuestrados al ELN y EMC

La Defensoría del Pueblo de Colombia instó este domingo al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Estado Mayor Central (EMC) de las FARC a confirmar el número de personas secuestradas bajo su poder, que el organismo cifra en 91 desde mediados de 2020 y entre los que habría tres menores de edad.

«Debido a la preocupación que nos asiste por el incremento en el último año del secuestro de personas, especialmente en zonas donde delinquen el ELN y el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, les hemos solicitado a esos grupos armados ilegales la confirmación de los datos que hemos registrado en la Defensoría del Pueblo sobre las personas que actualmente tienen en su poder», indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo en un comunicado.

 

Además, ha pedido a ambas formaciones guerrilleras la liberación de estas personas «lo más pronto posible» en una carta enviada a los respectivos jefes de las delegaciones de paz ante una situación en la que «el conflicto armado interno arrecia».

Asimismo, enfatizó la necesidad de priorizar la «liberación inmediata» de los tres menores secuestrados por su «condición de especial protección constitucional y la urgencia humanitaria que implica su secuestro».

Camargo explicó que en lo que va de año ya han sido contabilizados 69 secuestros, cifra que podría ser más alta debido al temor de muchas familias a denunciar por las posibles represalias de estos grupos.

Las regiones afectadas desde mayo de 2020 hasta principios de diciembre de este año son Arauca (con 33 secuestros), Norte de Santander (con trece), Valle del Cauca (ocho), Antioquía (siete), César (seis), Chocó (cinco), Cauca (cinco), La Guajira (cuatro), Nariño (tres), Meta (tres), Bolívar (dos), Magdalena (uno) y Casanare (uno).

El Gobierno se encuentra en diferentes fases sobre la negociación de la paz con los dos grupos armados, lo que no les ha impedido seguir con algunas de sus actividades como los secuestros. Así, mientras que las negociaciones con el ELN ha llevado al alivio humanitario en algunas de las zonas más afectadas, el EMC paralizó el diálogo tras acusar al Gobierno de no cumplir sus promesas, aunque sí ha mantenido el alto el fuego.

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El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, ha asegurado que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene secuestradas a «cerca de 38» personas, después de que uno de los altos mandos guerrilleros, Antonio García, negase que el grupo realiza acciones de secuestro y alegase en cambio que optan por otras fórmulas distintas de privación de libertad.

Velásquez, durante un acto con militares en Cundinamarca, corregido a García para señalar que «cuando esa retención se está haciendo con fines económicos, extorsivos, como los que realiza el Ejército de Liberación Nacional, se llama secuestro».

 

Estas nuevas discrepancias han llegado apenas unos días después del inicio en México de la quinta ronda de diálogos entre el Gobierno de Colombia y el ELN, dentro de la estrategia de ‘paz total’ impulsada por el presidente Gustavo Petro, dispuesto a hablar con diferentes grupos armados.

La responsable de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, también ha cuestionado en Caracol Radio que puedan establecerse «estratos» dentro de los rehenes, algo que considera «deplorable», y ha instado a trabajar para «liberarlos a todos». «No hay secuestrados famosos y secuestrados anónimos», dijo en respuesta también a Antonio García.

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El comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Eliécer Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’, ha negado que el grupo cometa secuestros y ha calificado como «prisioneros y retenidos» a quienes priva de libertad, un día después de que el Gobierno de Colombia exigiera la liberación de todos los rehenes.

«El ELN no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos. El ELN solo hace prisioneros y retenidos», escribió en la red social X.

 

Estas declaraciones se producen cuando las respectivas delegaciones de paz del Gobierno de Colombia y la guerrilla celebran estos días la quinta ronda de conversaciones en Ciudad de México, después de la crisis que se produjo entre ambas partes por el secuestro del futbolista Luis Díaz por parte del ELN.

En la víspera, el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, exigió al grupo armado la liberación de todos los secuestrados y el compromiso de que no volvería a llevar a cabo ese tipo de acciones mientras se está negociando la paz.

En las últimas horas, ‘Antonio García’ también ha aprovechado para criticar a quienes aseguran que la guerrilla no está cumpliendo con su parte del alto el fuego, acusando directamente a las fuerzas militares de ser los responsables.

«La crisis real de la mesa y del proceso de paz es por otros motivos y realidades, entre los que se encuentra las violaciones sistemáticas del cese el fuego por parte de las Fuerzas Armadas del Estado y el casi nulo papel del mecanismo de monitoreo y verificación», dijo.

En ese sentido, confía en que este y otros desacuerdos con el Gobierno de Gustavo Petro se evalúen en este último ciclo de negociaciones en Ciudad de México. «Ese es el sentir de la comandancia y de todas las estructuras del ELN», señaló.

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*Foto: X @DelegacionEln