Por Hugo Acero Velásquez.
En materia de seguridad el gobierno del presidente Gustavo Petro ha caído en la mala costumbre de convocar consejos de seguridad después de ocurridos los hechos, cuando ya no se puede hacer casi nada. Frente al incremento de los feminicidios y el asesinato de indígenas menores de edad en la Comunidad el Estrecho, en los límites entre Amazonas y Caquetá, la respuesta gubernamental ha sido convocar consejos de seguridad.
Los Consejos son instancias de coordinación interinstitucional permanente, entre distintas instituciones del Estado para mejorar la seguridad de los ciudadanos y de los territorios, a través de acciones planeadas de disuasión, prevención y control de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia, bajo el liderazgo del presidente, los gobernadores y los alcaldes.
Desafortunadamente los Consejos de Seguridad en muy pocas ciudades, municipios y departamentos sesionan de manera regular y a nivel nacional casi no se reúnen, a no ser por hechos lamentables como los registrados en los últimos días. De esta manera, difícilmente se podrán enfrentar y disminuir los crecientes hechos de violencia que se registran en el país.
Bienvenido el Consejo de Seguridad que el presidente va a convocar esta semana para analizar y atender la creciente violencia feminicida que se registra en el país. Esta es una buena oportunidad para convocar a otras instituciones del Estado para atender esta y otras problemáticas de violencia y delincuencia. A este Consejo deben asistir el Fiscal General de la Nación, la Procuradora, el Defensor del Pueblo, como lo establece el Decreto 647 de 2021. Además, deben asistir el ICBF y Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que tienen información importante para abordar de manera integral esta problemática, en sus bases de datos hay miles de mujeres que están en alto riesgo de ser asesinadas y no hay que esperar a que esto suceda.
Es una buena oportunidad para comprender que la violencia y la delincuencia son problemas de Estado y no de gobierno, que se requiere trabajo en equipo de todas las ramas de poder público, dejando de lado las diferencias y rencillas políticas, donde parece que hoy está el problema. Mientras los violentos y delincuentes están organizados y en muchos casos trabajan en equipo, las instituciones del Estado están trabajando cada una por su lado, no coordinadamente como se debiera.
Es una buena oportunidad para comprender, en el caso de los feminicidios y en general de la violencia de género, que:
- Los hechos de violencia en el ámbito privado en contra de mujeres, niños y niñas se siguen atendiendo, predominantemente, desde las instituciones de bienestar social y no desde la seguridad y la justicia.
- Las políticas de seguridad y la justicia siguen centrándose en lo público, dejando de lado lo privado.
- Si bien en la Constitución y las leyes existe el reconocimiento a las diversidades, en lo operativo y en la práctica de la seguridad y la justicia ese reconocimiento está todavía por desarrollarse, existe mucha discriminación violenta y no reconocimiento pleno de los derechos de las poblaciones diversas.
- Los indicadores que tienen las instituciones de seguridad y justicia, en materia de violencia de género todavía son muy generales y en algunos casos ni siquiera se tienen, como es el caso de la violencia hacia poblaciones Trans, LGTBI, ciudadanos y ciudadanas en actividades sexuales pagas, entre otras.
- Hasta hace menos de 10 años no se hablaba de feminicidio, se decía que era un asesinato por pasión y no se investigaba como correspondía y menos se condenaba.
- Es marginal el enfoque de género en temas como trata de personas, conflicto interno, guerras, migraciones, etc.
- Se tiene un manejo institucional, muy débil. A nivel nacional e inclusive local, el manejo sigue siendo de la “primera dama”, una consejería y en muy pocos casos secretaría de la mujer.
- La legislación no es tan clara en términos de los tipos de violencia en contra de las mujeres y de género.
En términos generales, se puede asegurar que la perspectiva de género en los sectores de seguridad y justicia, frente a otras instituciones del Estado, apenas se está tratando como tema, sin que todavía se refleje en la práctica y operatividad de las instituciones que las componen.
Finalmente, es una buena oportunidad para definir una hoja de ruta de trabajo en equipo y permanente entre las distintas instituciones del Estado para atender los graves problemas de violencia, delincuencia y orden publico por que esta atravesando el país.
