El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en entrevista para Confidencial Colombia negó que desde la cartera que dirige se esté redactando algún proyecto enfocado en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y explicó algunos puntos que tocará el proyecto de reforma a la justicia que presentará el Gobierno Nacional el próximo 20 de julio.
Los colombianos pareciera estamos condenados a ser pacientes críticamente enfermos mentales por la constante oleada de noticias negativas producidas por parte del Gobierno. Examinar una constituyente, democracia en emergencia, niños sin alimentos y reclutados, tambalea intento de diálogo con grupos ajenos a la ley, medicamento vital para la vida descontinuado, sube cifra de desempleo, desorden público desmedido, reformas sociales ponen “rabiosos” a políticos y presidente pelea hasta con su propia sombra. Un panorama desolador en esa sala de urgencias. Parte médico: estamos históricamente en cuidados intensivos…
Cuidados intensivos parafraseados siempre por periodistas cuando determinado tema relacionado con la salud entra en crisis y afecta de forma directa las vidas de millones de pacientes. Pacientes como ese colombiano de a pie ajeno a la política que de un momento a otro observa en la televisión, oye en la radio o interactúa en las redes sociales con “ráfagas” de información gubernamental casi siempre polémicas, casi siempre extremas y casi siempre desalentadoras. De este diagnóstico, estoy seguro, no se salvan ni los mismísimos adeptos del actual gobierno, ni aquellos del tal Pacto Histórico, ni los gomosos de la “cosa política. “Toda esta locura no me cabe en mi cabeza”, mijo, diría, mi recién fallecida madre.
Aclaro que el dolor de cabeza social, económico, cultural y político es culpa de todos los doctores de nuestra patria -presidentes de todos los bandos-. No obstante, el gobierno del “cambio” con sus acelerados y erróneos dictámenes nos conduce a niveles altos de estrés con consecuencias cercanas a fuertes migrañas. Por ejemplo, las denuncias por el desabastecimiento, según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), “de 25 referencias de remedios para tratar enfermedades raras, varios tipos de cáncer, diabetes, VIH, convulsiones, condiciones oculares, métodos anticonceptivos, problemas hormonales de crecimiento y antibióticos e incluso medicinas para tratar la depresión y la epilepsia”. Vamos rumbo a la locura, Lucas…
Otro fuerte malestar sensible para toda la sociedad es atentar contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un país donde descaradamente se negocia la paz con grupos terroristas que reclutan menores de 18 años para inducirlos en las guerras regionales para acabar de tajo con su desarrollo infantil y adolescente y sometiéndolos incluso a violencias sexuales de toda baja calaña. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, “184 niños y niñas fueron víctimas de reclutamiento forzado, en edades que oscilan entre los 9 y 17 años”.
A ese aterrador panorama, se suma “246 niños menores de 5 años muertos en Colombia por desnutrición aguda, más de 74 mil estarían sin recibir el Plan de Alimentación Escolar (PAE), 15,5 millones de personas en el país padecen de inseguridad alimentaria y el 40% de la población se alimenta dos veces al día o menos”, dicen organismos locales e internacionales. Entre tanto, la dieta para los ilustres huéspedes de la Casa de Nariño se estima en 30 millones mensuales para atender los gusticos de esos pobres viejecitos sin nadita que comer… Que dolor intestinal tan madre! Me voy para urgencias.
La verdad describir en siete u ocho párrafos este parte médico nacional me va a producir un fulminante paro cardiaco. Sin embargo, debo asumir la valentía de millones de inconformes colombianos siempre dispuestos a denunciar cualquier atropello que atente contra su vida. Es por eso necesario seguir el ejemplo. Entonces a tomar unas “gotas de valeriana” para bajar el estrés y calmar este fuerte dolor de pecho, o mejor, de patria por la pataleta del Doctor, Gustavo Petro de poner en alto riesgo la vida y obra del poder Constituyente del 91, según él, ante la negativa que han recibido las reformas sociales (salud, laboral y pensional) presentadas por su gabinete ministerial a Cámara y Congreso.
Ese astuto dictamen del “doc-presi” -en esencia buscaría la reelección- despertó a más de un político, apolítico y políticos profesionales de una anestesia local porque de inmediato se prendieron las alarmas ante un atentado contra la democracia. “El deseo de Petro de cambiar la Constitución es la confrontación abierta como cortina de humo para justificar la incapacidad de su Gobierno para adelantar las reformas. Más polarización, más agresiones, más caos. Fatal. Era previsible (…) señaló Sergio Fajardo, ex candidato presidencial. Este polémico tema tiene con fiebres elevadas a más de uno…
Resumiendo, la historia clínica del actual gobierno -problema tras problema social, económico o político- traerá un escándalo que para bien o mal afectará la cotidianidad de nuestras vidas. Acabando de redactar estas letras nuevamente un familiar del presidente involucrado en corrupción, diplomacia entre Colombia y Argentina en vilo, masacres regionales, más menores involucrados en violencia sexual, fleteros en todas las regiones, accidentes viales por embriaguez, tiemblan las reformas sociales, desempleo, hambre, pobreza, inestabilidad económica, canasta familiar por las nubes y sumando.
La administración actual cuenta con significativos niveles de legitimidad (especialmente en zonas rurales y algunas ciudades), pero con baja gobernabilidad, razón por la que el presidente Gustavo Petro decidió hacer el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente y, por esta vía, minimizar la apuesta de las reformas sociales en el Congreso de la República. Sin embargo, los cambios constitucionales que quiere hacer el mandatario los puede impulsar por vía de referendo, sin poner en vilo la seguridad jurídica del país. Veamos cómo se desmenuza el escenario y la propuesta.
La gobernabilidad es un concepto de la ciencia política que, según el investigador Manuel Alcántara, refiere a la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en las otras ramas del poder público o son intrínsecas a este. En tal sentido, la “capacidad de gobierno” de Gustavo Petro se ha visto limitada por decisiones adversas de la rama judicial, el legislativo, e incluso, de algunas de las administraciones locales. A pesar del creciente número de demandas de la sociedad civil, la capacidad de respuesta del sistema político ha quedado, en parte, maniatada.
Declarar inconstitucionales los decretos de emergencia social y económica de La Guajira emitidos por el gobierno central, por ejemplo, evidencian el bajo nivel de gobernabilidad de la administración Petro en la correlación de fuerzas con la Corte Constitucional. Situación similar se presenta en el Congreso de la República donde se han dilatado las votaciones sobre la reforma a la salud, se ponen trabas constantes a la reforma pensional y laboral, por no hablar de la reforma a la educación. Entre tanto, los medios de comunicación que son un actor determinante para la capacidad de gobierno visibilizan los mensajes de la oposición y ocultan los avances de la administración del cambio.
La legitimidad (concepto de la sociología política), por su parte, hace alusión a la aceptación y apoyo popular a las decisiones que toma un gobernante. La legitimidad de Petro ha ido incrementándose en los últimos meses y como vara de medición están las encuestas de popularidad realizadas por el Centro Nacional de Consultoría e Invamer Poll.
Con este escenario adverso en materia de gobernabilidad y favorable en cuanto a la legitimidad, Gustavo Petro decidió acudir al constituyente primario para implementar las reformas sociales y hacer cambios en la Carta del 91. Presentó el pasado 18 de marzo su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente con el documento denominado ABC Proyecto Constituyente. También hemos visto en alocución presidencial y en sus últimos discursos en los encuentros de “gobierno con el pueblo” en Tierra Alta, Córdoba, y Palmito, Sucre, la apertura de la puerta para una constituyente y el urgente llamado a las bases campesinas para que se apropien, teniendo como asidero la reforma agraria.
En un documento para la reflexión en Semana Santa, el alto mandatario dio a conocer 9 puntos para que se discuta este nuevo proceso constituyente. Además de recoger las demandas en materia de reformas sociales que están en vilo por su bajo nivel de gobernabilidad, puntualizó que se debe constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía, transformar el actual ordenamiento territorial, expedir el estatuto del trabajo, separar la política de la financiación privada y reformar el sistema judicial.
Craso error el que está cometiendo el mandatario al convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. No me refiero solamente a las dificultades jurídicas y electorales que tendrá el presidente como lo dio a conocer Daniel Coronell en su columna Frustración Constituyente, sino por el boquete que abrirá para que sectores de la oposición de derecha recalcitrante incorporen cambios que limiten las garantías de derechos que establece la Constitución del 91.
Y es que en Colombia pensamos que, cambiando la ley, transformamos la realidad. Hay que dejar claro que una constitución, fundamentalmente, se divide en tres partes: la primera consagra los derechos, sus garantías y los deberes de los ciudadanos; la segunda, la organización del Estado y las funciones generales de sus instituciones; y, finalmente, las formas en que se puede cambiar dicha constitución.
La del 91 es una constitución garantista en cuanto a derechos y la exigibilidad de los mismos. Creó o dio fuerza a instituciones vitales para la democracia colombiana como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Junta del Banco de la República. No se puede hacer un llamado apresurado al pueblo para que elija una nueva Constituyente porque varias de estas instituciones no comulgan con el gobierno de turno o porque el Congreso ha impedido las reformas.
Por estas razones, considero que los 9 puntos propuestos por el presidente pueden ser aprobados, de forma más expedita, por vía de un referendo que consulte a la población colombiana si está de acuerdo con estas reformas constitucionales. Así, puede jugársela con los niveles de legitimidad que tiene en la población colombiana. No es necesario poner en vilo la seguridad jurídica de todo un país por que el mandatario considera que el poder constituido “no tiene independencia de los grandes poderes económicos” y por eso no ha podido llevar a cabo sus reformas; o porque existe una “gobernanza paramilitar” que gobierna de forma anticonstitucional y es “proclive siempre a concentrar sanguinariamente la riqueza nacional en manos de los propietarios de la gobernanza”, como lo explicita en el documento para reflexionar en Semana Santa.
Aunque sea algo tardío opinar con algún detalle al respecto porque debí atender el caso Ecopetrol, toca hacerlo. Hace 12 días, escribí: “La constituyente de @petrogustavo no pasa de ser un cañazo. Porque no tiene los votos suficientes para aprobarla en el Congreso ni para aprobarla entre la ciudadanía. Que la mencione, más que probar su fuerza política en Colombia, lo que demuestra es su debilidad. Desesperación. No comer cuento”.
No le fue mal en X –antes tweeter– a ese comentario: 1.800 reenvíos y 223 mil visualizaciones. A las bodegas petristas, voluntarias o pagas: “Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud”.
Al otro día de su anuncio, Petro dijo que no buscaba cambiar la Constitución sino desarrollarla con unas leyes, lo que podría inmortalizarlo. Porque sería el primero en la historia que haría una asamblea constituyente para no cambiar la Constitución. Y explicó que solo modificaría la ley en seis aspectos, que no incluyen crear más trabajo y más riqueza, bases insustituibles del progreso de Colombia y del mundo. Pero sí fue capaz de prometer “garantizar en el corto plazo condiciones básicas de vida para todos los colombianos”. Demagogia.
Al preguntarle cómo la haría, no mencionó convocar al Congreso para tramitarla –paso obligatorio según ordena la Constitución que Petro ha endiosado–, sino al “pueblo”. Como si la ciudadanía pudiera dejar de contarse en las urnas para decidir si se aprueba o no el proceso y para elegir a los constituyentes. Cuánto manipula a los colombianos.
Es obvio que si Petro tuviera en sus cálculos poder ganar esta constituyente, ya la estaría tramitando en el Congreso, aun si le creyeran que no es para reelegirse en 2026, lo que no sucede por su autoritarismo y porque en las elecciones de 2018 grabó en piedra que como Presidente no tramitaría una constituyente. Sin duda, ese engaño empeora su minoría entre los actuales congresistas y su ninguna posibilidad de lograr mayorías si se llegara a elecciones generales.
Que la constituyente de Petro es un cañazo lo confirmó nada menos que su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien contestó con un rotundo “no” a la pregunta del periodista de si “es partidario de una Asamblea Constituyente en este momento”. Y explicó que Petro dijo que “no significa que tengamos que hacerla ahora”, porque pueden dejarse “unas bases para que se haga en 2026 o en el 2028” (Ver enlace). Otro bluf, porque quién va a creer que desea heredarle una constituyente en trámite a un muy probable gobierno de sus contradictores.
Muy equivocado que Germán Vargas le hiciera el juego a la demagogia de esta Constituyente.
De otra parte, Petro volvió a insistir en la Constitución de 1991 como lo mejor para Colombia, y por ello inmodificable, insinuando además un papel protagónico que no tuvo en ella, porque: 1. Como presidentes de la República, Virgilio Barco y César Gaviria controlaron el ciento por ciento del proceso constituyente y de sus decisiones. 2. Su viabilidad política –que incluyó un golpe de Estado a la Constitución vigente– la aportaron los jefes máximos del liberalismo y el conservatismo, las fuerzas responsables del desastre nacional en ese momento y que eligieron el 66 por ciento de los constituyentes. 3. De los 19 electos por la AD-M19 –entre los que no estuvo Petro–, 13 eran de origen liberal-conservador.
Así fue como la Constitución de 1991, sin oposición, sentó las bases para aplicar en Colombia la economía del Consenso de Washington (ver enlace) y dejar en ridículo la retórica antineoliberal de Petro.
Coletilla: La próxima semana no aparecerá esta columna.
La propuesta constituyente del presidente Petro planteada frente al monumento que simboliza la explosión social de 2021 ha generado una torrencial polémica repleta de señalamientos extremos que merecen un análisis desapasionado por sus implicaciones institucionales. La oposición descalificó la propuesta como una amenaza a la democracia y el presidente del Senado llegó a insinuar ¡ruido de sables!
Difícil entender esos señalamientos cuando la Asamblea Constituyente está prevista como una de las tres formas para reformar la Constitución según su artículo 374. Hace cinco años, cuando la Corte Constitucional declaró inexequibles las objeciones del presidente Duque a la JEP, vimos cómo el Centro Democrático con las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia a la cabeza llamaron a la convocatoria de una Constituyente sin que nadie las señalara de estar amenazando la separación de poderes, ni la institucionalidad.
El problema es mucho más de fondo que el “No” sistemático de la parte de la oposición más extrema. Lo que se está protocolizando es un bloqueo institucional en rebeldía contra la alternancia en el gobierno que caracteriza a todo régimen democrático que merezca esa denominación. Síntomas de dicho bloque son visibles en las tres ramas del poder público. La principal traba está en el Congreso de la República, con la aplicación de una operación reglamento como la que suelen utilizar los controladores aéreos cuando hacen huelga, sin interrumpir el servicio. Hacen gala de las disposiciones reglamentarias para demorar y paralizar el tráfico aéreo. Esa obstrucción por vía del reglamento, no siempre interpretado con la rigurosidad debida, tiene prácticamente bloqueada la discusión de las reformas en el Congreso.
Por el lado de las cortes han surgido posibilidades de bloqueo no previstas en gobiernos anteriores. El 2 de marzo de 2023, por ejemplo, la Corte Constitucional amplió sus facultades para, bajo ciertas circunstancias, decretar la suspensión provisional de las leyes cuando sean demandadas, atribución sobre la cual guarda silencio la Constitución. Dicho cambio de jurisprudencia se discutió dentro del análisis de la Ley 2272 de 2022 que renovó las facultades del ejecutivo para adelantar conversaciones con grupos armados fuera de la ley. No obtuvo la mayoría para su aplicación contra la ley de Paz Total, pero quedó vigente, prevención, para posteriores casos.
En diciembre me quedé con una ponencia expósita ante la resistencia del Consejo de Estado al proyecto de ley sobre arbitramento de litigios tributarios. En la prensa se reflejó la negativa del presidente de la Corte Suprema de Justicia a siquiera discutir en la Comisión de la Reforma de la Justicia una propuesta de la Justicia Penal Militar para convocar un Comisión Internacional contra la Impunidad en Colombia.
El común denominador de las trabas aducidas para no discutir las propuestas gubernamentales es la negativa a dar la discusión pública después de la cual se decide rechazar o aceptarlas.
Todo parece normal, todo se justifican en los reglamentos, o más o menos. Pero la resistencia a aceptar que hay un gobierno alternativo elegido para hacer cambios está en el fondo del bloqueo institucional a la hora de tramitarlos con la normalidad acostumbrada. A eso denomino “rebeldía contra la alternancia en el gobierno”. Aceptar la elección, sí, pero no para que el gobierno cumpla el mandato popular de cambio social que todos de palabra, pero no de obra, suscriben.
Estamos ante el primer gobierno elegido popularmente que pertenece a un proyecto alternativo al que ha venido gobernando y que tiene un mandato para hacer el cambio dentro de la Constitución. No permitir que lo haga va en contra del espíritu democrático que confiere resiliencia a las instituciones. No vaya a ser que las destruyamos argumentando su defensa.
Muy a pesar de las bondades democráticas y en materia de reconocimiento de derechos que consagró la constitución de 1991, hemos asistido en las últimas décadas a una severa profundización de la crisis de legitimidad del Estado, a una crisis económica y social sin precedentes, a la profundización del conflicto armado interno y su degradación humanitaria, lo cual ha obligado a los ciudadanos y ciudadanas, en diferentes momentos de nuestra historia reciente, a generar iniciativas y a redoblar los esfuerzos tendientes a forjar los cambios necesarios desde el constituyente primario, que permitan a corto, mediano y largo plazo, un presente y un futuro mas halagüeño y menos escéptico para el conjunto de los colombianos y las colombianas.
Luego del Mandato Ciudadano Por la Paz, la Vida y la Libertad de 1997, comenzaron a surgir, en diferentes municipios y poblaciones del país, ejercicios de soberanía popular y de participación ciudadana. Redepaz y otras organizaciones sociales de base, lograron desatar un importante plan pedagógico y organizativo, cuyo centro de acción recuperaba elementos de la escuela nueva, basados en métodos que rescataron el arte y la creatividad, para, desde el fortalecimiento de la sensibilidad, hacer posible la emergencia de conceptos que promovieran el poder constituyente del pueblo, mediante las llamadas Asambleas Territoriales Constituyentes.
La democracia directa contemplada en el artículo 3º de la CPN, en correspondencia con el anhelo de la constituyente de 1991 de implementar la democracia participativa, la descentralización y la modernización de la gestión pública, ha sido, mediante leyes y decretos, tecnocratizada, sobrerregulada, burocratizada, limitando su alcance y reduciéndola exclusiva y excluyentemente a un mero ejercicio de consulta, de enajenación del poder soberano, mientras paralelamente se fortalece la democracia representativa y se reproducen los vicios de corrupción, clientelismo, sectarismo, empobrecimiento, afianzando practicas excluyentes, autoritarias, y centralistas, que unidas a políticas económicas, perpetúan las condiciones que dieron origen a la confrontación armada interna y pretenden imposibilitar la experimentación del camino de la solución política a la misma.
Dichas medidas políticas, han atrofiado y limitado el ejercicio participante del constituyente primario, obligando al ciudadano y a la sociedad colombiana, en el marco de la Constitución Política Nacional, a crear nuevos espacios de participación y soberanía popular, capaces de transformar su realidad, señalando el camino hacia el desarrollo y el crecimiento humano para el cambio social, político y económico que, nos permita conquistar una sociedad democrática, pluralista y tolerante, para una paz duradera y estable.
Como desarrollo de las iniciativas ciudadanas de territorialidad para la paz y ante los graves problemas de violencia, desarrollo, gobernabilidad y legitimidad del Estado, en el entendido de que los mecanismos de participación ciudadana, han sido insuficientes para superar las situaciones planteadas, surgieron y desaparecieron -producto de la persecución política-, a finales del siglo pasado y comienzos del presente, las llamadas Asambleas Municipales Constituyentes, de las cuales destacamos los procesos de Mogotes en Santander (primer premio nacional de paz), Tarso y los Municipios del Oriente en Antioquia, las Asambleas Departamentales Constituyentes de Tolima, Antioquia y Nariño, los procesos de Tarqui, La Argentina en el Huila, los procesos en Tiquisio y Micohaumado en Bolívar, y los ejercicios de participación en Nariño, entre más de doscientos procesos identificados. Estas Asambleas, desatadas desde la iniciativa de la sociedad civil, con al acompañamiento de algunos gobiernos locales, y aprendiendo de dinámicas como la Asamblea Popular del Catatumbo y el Proceso de Territorialidad para la Paz de la India en Santander, lograron impregnar de dignidad y optimismo a importantes capas de la sociedad local.
El presidente Gustavo Petro Urrego ha puesto nuevamente en la agenda del debate político, el tema constituyente, y ha defendido la urgencia de recurrir al pueblo como legítimo soberano, para que, a través de procesos asamblearios, se identifiquen soluciones a las problemáticas estructurales que afectan la sociedad y la gobernabilidad. A mi modo de ver, en esta propuesta, que no surgirá solo con el entusiasmo del Jefe de Estado, deberán concurrir todas las instancias de gobierno y de Estado, si realmente se quiere avanzar progresivamente, de tal forma que se logre establecer un proceso para las transformaciones que exige la paz, la equidad y la justicia social. Un proceso que exige establecer un ambicioso plan pedagógico basado en los derechos y los deberes, con el fin de hacer posible la emergencia de ciudadanías informadas y propositivas (Ciudadanías Libres), capaces de desatar en cada espacio social o territorial, un proceso de carácter asambleario permanente, que haga uso del poder de decisión para construir planes de vida a largo plazo, decidir sobre su presupuesto y proteger sus recursos naturales. Finalmente, y acorde a la política de Paz Total e Integral, declarar la territorialidad para la paz, exigiendo a los grupos armados, el cese de actividades violentas y delictivas.
Este proceso, así planteado y vivido, podrá o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, utilizando los canales que contempla la Constitución y la Ley. Una ANC surgida, promovida, reglamentada y establecida, con el ánimo de hacer de esta, un escenario amplio, incluyente, participativo, capaz de construir un Pacto Social, amparados en el espíritu democrático de la Constitución Política Nacional, ampliando sus alcances y desarrollando el Estado Social de Derecho. Colombia necesita, a propósito de las mesas de diálogo con los actores armados y el alto grado de polarización promovido por la oposición al gobierno del cambio, la presencia constante del constituyente primario en el control social y político del ejercicio de lo público, para hacer práctica la relación Individuo-Sociedad-Estado, y generar una nueva forma de asumir la ciudadanía, cuya eficacia depende de la posibilidad de decidir, interpelar, controlar, incidir y transformar la realidad de su espacio territorial.
Un proceso para relegitimar al Estado y hacer de este, un ente coordinador de la sociedad en la construcción de pactos, consensos y objetivos comunes justos, democráticos, equitativos, solidarios y pacíficos. Un proceso soberano para el respeto a la vida, que interpela la confrontación armada, la conmina a desaparecer y se impone desde la noviolencia. Un proceso que trasciendala democracia representativa, y avance, por el camino de la interiorización cultural de nuevas practicas ciudadanas, con deberes y derechos, un proceso de resignificación y dignificación del ser humano, de recuperación de la memoria histórica individual y colectiva, y de rompimiento con viejas estructuras injustas, prácticas sociales y políticas excluyentes, capaz de potenciar y redefinir la organización social.
Los ejercicios constituyentes, deberán ser, por excelencia, espacios de inclusión para amplios sectores sociales que no han podido acceder al goce pleno de sus derechos, espacios de toma de decisiones para las soluciones a sus graves problemas. Ejercicios que requieren avanzar hacia el reconocimiento político pleno en lo local y nacional, sin renunciar a su vocación soberana constituyente para la paz y la reconciliación nacional.
El senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, considera que las declaraciones que Salvatore Mancuso pueda rendir ante la Justicia Especial Para la Paz, corresponden a una estrategia de la izquierda que, según él, «tiene la intención de llevar al expresidente Álvaro Uribe a la cárcel»
Me rehusaba a creer que fuera verdad que el señor presidente de la Republica propusiera una constituyente, no le daba crédito, asumí que era una falsa noticia de las muchas que la gritona y floja oposición suelen filtrar para sus shows mediáticos, máxime, cuando desde esa orilla han sido quienes más han querido modificar nuestra garantista y liberal constitución de 1991, que defendemos a ultranza.
Y es que han sido las fuerzas retardatarias las que siempre han querido modificar nuestra carta superior, no les gusta un sistema donde el estado intervenga, equilibre y la propiedad privada sea una función social como la definió desde la reforma del 36 el maestro Darío Echandía. En varias oportunidades lo han intentado, sin embargo, el mismo sistema de contrafuerzas constitucional lo ha impedido.
Lo intentaron con el referéndum de Uribe, rechazado en las urnas por el pueblo y otras tantas rechazadas por la Corte Constitucional, como la prisión perpetua o la segunda reelección de Uribe y también con la reforma a la justicia, que pedía una super corte, para evitar el juzgamiento de Uribe, irrefutables muestras de algunas de dichas reformas constitucionales detenidas en su proceso.
Nuestra hoja de ruta fundamental, ha sido sometida nada más y nada menos que a 681 propuestas de modificación desde 1992, casi que 80 propuestas por legislatura, solo lo han logrado en 45 oportunidades de los 57 actos legislativos que se han presentado para reformarla y por fortuna, realmente significativos son pocos, no son de fondo o estructurales, sino del orden administrativo, como crear distritos o zonas metropolitanas, nada que afecte el núcleo esencial.
Podríamos decir que son; la prohibición de la extradición, el ingreso de la competencia de la C.P.I. al bloque de constitucionalidad, los periodos de 4 años para autoridades regionales elegidas por voto popular, el voto preferente, el sistema general de pensiones, regalías y el sistema J.E.P., las únicas reformas estructurales vigentes, pues si bien la reelección presidencial, una figura aprobada que alteraba el diseño original de frenos y contrapesos, fue finalmente abolida, en buena hora, en el gobierno de Juan Manuel Santos.
Las propuestas de constituyentes, que valga la pena decir, son como las guerras, uno sabe cómo inician, pero no como terminan, suelen ser utilizadas en dos sentidos; uno, para abrir un frente de debate en donde el país se distrae hablando y opinando, mientras que los gobiernos toman un respiro contra las oposiciones o medios de comunicación que los tienen contra las cuerdas.
Otro, cuando al no haber paso a las reformas, al no hacerse el cambio de reglas en el congreso al querer del gobierno de turno, entonces se creen el cuento de sus aduladores que les entonan jácaras y folías sirenescas, que los envilecen haciéndoles creer que son todo poderosos y que son las mayorías leviatánicas las que los ungieron.
Los hacen otear, falsamente, que la barahúnda esquinera, es en su apoyo y no en su rechazo, por lo tanto pueden seguirse entregando al zarambeque e izar la bandera de la causa gubernamental con la suficiente vocería para pedir constituyentes, como si el pueblo les hubiese autorizado u otorgado patentes de corso por el solo hecho de haberlos elegido a ocupar el solio de Bolívar, olvidando que por mandato y diseño constitucional al pueblo no lo representan los presidentes, sino el congreso en pleno.
Pasó con Uribe y ¡oh cosa lamentable ¡, pasa ahora con Petro, por ello, como rechazamos la propuesta de constituyente hecha por aquel, ahora debemos rechazar con contundencia la que presenta este gobierno, que si bien, en buena medida viene haciendo unos cambios importantes en materia de inflación y política monetaria, en materia de producción agropecuaria, transición energética y protección del medio ambiente, no puede ahora venir a cambiar las reglas de juego a mitad de partido, eso no se vale, eso es ser tramposo.
El gobierno actual se eligió conociendo como pocos, el andamiaje institucional, el sistema como tal y desde adentro, Petro fue congresista por muchos años, sabia y conocía como iba a ser el juego, si quería cambiar la constitución, debió tener la gallardía y la valentía de decirlo en su campaña, no firmar actas en mármol para engañar a los electores como lo hace ahora a posteriori.
Él conocía de antemano los problemas del Estado y si no le servía la constitución que tanto han dicho, “ayudó a crear”, disque cuando fue “constituyente”, cosa que aún no se ha podido establecer o demostrar, pues ha debido plantearlo al constituyente primario, sin ases bajo la manga, sin cortapisas, sin mentiras, al estilo Chávez, que de frente siempre lo dijo y de hecho fue su caballo de batalla, llegar al poder para cambiar la constitución Betancourt de 1961, como efectivamente lo hizo.
Por ello, no es, no puede ser de recibo este comportamiento antidemocrático y leguleyo, además de irresponsable con aquellos sectores democráticos y de avanzada que quedan jugados ante una derecha que no hace sino saborearse y esperar las elecciones del 26, para ganar con amplias mayorías servidas en bandeja de plata por el redentor bicentenario, que ya hasta parece el jefe de campaña, ya hasta parece que fue un tome y dame acordado con Iván “el terrible”.
Esto demuestra una vez más la tesis que he venido exponiendo hace años, que no es exclusiva de mi saber, ni de mi creación, pero es una forma de hacer ver y ojalá entender que los extremos se parecen, se complementan, se entienden, se necesitan y al final son dos caras de la misma moneda, jugando a los titiriteros de una sociedad fraccionada por sus ismos y sus excentricidades, el centro debe prepararse y preparar a las masas para verlo, entenderlo y derrotarlos.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, y exintegrante del movimiento de la Séptima Papeleta que promovió la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, considera que no es conveniente el llamado a un escenario como este, por el momento político que vive el país.
El senador del partido Alianza Verde, Ariel Ávila, considera que no es el momento adecuado para hacer una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
El presidente, Gustavo Petro, afirmó que con su plan de convocar una Asamblea Constituyente no busca de ninguna manera abrir la puerta a la reelección, una posibilidad que no contempla la actual Carta Magna, que establece un único mandato presidencial.
«No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre», ha zanjado Petro en una entrevista al diario ‘El Tiempo’, después de que el viernes plantease la Constituyente.
De hecho, ha criticado a quienes han reaccionado «histéricamente» a su plan, aclarando que ni siquiera tiene que ser necesario «cambiar» la Constitución de 1991. Considera que esta lectura «es el principal error de quienes, apresuradamente», han saltado a «atacar» su iniciativa.
El mandatario ha abogado por examinar qué apartados dicho texto no se han «desarrollado», para lo cual ha planteado una batería de prioridades que incluyen la aplicación del acuerdo de paz de 2016 y el fin de la violencia, el reordenamiento territorial, la lucha contra el cambio climático, la reforma judicial o el establecimiento de «condiciones básicas de vida» para todos los ciudadanos.
En este sentido, ha cuestionado el compromiso de los principales poderes políticos colombianos con estos enfoques, señalando que incluso se constituyó «un régimen mafioso». «La Constitución (de 1991) no tiene la culpa de lo que pasó después», ha explicado.
La convocatoria de una Asamblea Constituyente requeriría de la iniciativa del Congreso y de la aprobación en referéndum, en una cadena de mayorías que parece complicada a día de hoy. Interrogado por el posible calendario, Petro ha aclarado que no tiene por qué estar «amarrado» a su mandato presidencial y, por tanto, concluir antes de agosto de 2026.
Nota relacionada: ¿Existe un buen escenario para una Constituyente?: Opinión de Carolina Giraldo y Juan Carlos Upegui
La representante a la cámara por el Partido Alianza Verde, Carolina Giraldo y el concejal de Medellín por el movimiento político, Independientes, Juan Carlos Upegui, dan su punto de vista sobre la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en medio de una polarización tan fuerte.
Nota relacionada: Así reaccionó la política nacional a la idea de una Constituyente
Foto: tomada de europapress.com
La comisión de la Constitución del Senado de Chile ha aprobado por unanimidad el proyecto que habilita la apertura de un nuevo proceso constituyente en el país, todo ello tras el rechazo en septiembre de una gran mayoría de la población de la anterior propuesta constitucional.
En concreto, los cinco senadores que conforman dicha comisión han aprobado la reforma en el marco del ‘Acuerdo Por Chile’ para que se instale un Consejo Constitucional de 50 representantes votados directamente por los chilenos y 24 expertos designados por el Congreso Nacional, ha informado ‘Bio Bio Chile’.
Este consejo tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución, disolviéndose una vez cumplida la tarea encomendada. Las normas constitucionales propuestas se aprobarán por las tres quitan partes de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose la propuesta final a referéndum.
El consejo será integrado por escaños indígenas supernumerarios, asignados de acuerdo con el porcentaje de votación efectiva en la elección, según ha explicado el Senado en un comunicado.
Ahora, esta reforma aprobada por la comisión del Senado deberá pasar el escrutinio del pleno de ambas cámaras, donde deberá recabar al menos una mayoría absoluta.
La propia instancia espera que el proyecto sea despachado a sala a más tardar el lunes para que se vote el miércoles, a más tardar, en el Senado, ha informado el diario chileno ‘La Nación’.
Después de ser destituida de manera unánime por los miembros de la Asamblea Constituyente, a Luisa Ortega le allanaron su casa miembros del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).
La orden fue emitida por el nuevo fiscal Tarek William Saab, quien pidió orden de captura contra el diputado Germán Ferrer, esposo de la exfiscal.
El motivo de dicho suceso sería una presunta red de extorsión de la que culpan a Ferrer. Según Saab, existen documentos que comprueban la apertura de cuentas bancarias en Bahamas con varios millones de dólares por parte del diputado.
En este momento el Sebin allana mi vivienda como parte de la venganza de este Gobierno por luchar contra el totalitarismo que existe en Vzla
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 16 de agosto de 2017
«Se puede presumir que esta banda de extorsión la dirigía Ferrer que, como ustedes saben, es el esposo de la exfiscal», dijo Saab.
Luisa Ortega, que asegura que sigue siendo la fiscal de Venezuela, ya que su destitución la orquestó una Constituyente ilegítima, responsabilizó al oficialismo, en especial al SEBIN, de cualquier tipo de agresión.
