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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Contigo la rompemos

La van Der Hammem: otra promesa incumplida de Lopez

El 15 de septiembre, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) llevó a cabo la audiencia pública para la solicitud de la licencia ambiental del proyecto de la prolongación de la Avenida Boyacá, desde la calle 183 hasta la calle 235, que pasará por la Reserva Forestal Van Der Hammen. La posición y decisiones de la Alcaldesa Claudia López sobre este asunto se suman a la lista de incumplimientos del Pacto Ambiental que firmó durante su campaña.

Mientras que en el 2020 celebrábamos la aprobación de un Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental” que respetaba y cuidaba el medio ambiente, así como el logro colectivo de aprobar $53.889 millones para la Reserva Thomas Van Der Hammen. Desde el 2021, la alcaldesa ya estaba tomando decisiones en detrimento de la Reserva. Mediante el POT proyectó 3 vías sobre la Reserva: Boyacá, el Jardín y San José.

Luego, en abril de este año, nos sorprendieron con la decisión de la CAR de aprobar la sustracción de 20,87 hectáreas de la Reserva ¿Por qué la alcaldesa no salió en defensa de la conectividad ecológica de la Reserva?  Porque fue ella misma quien pidió la sustracción el 3 de diciembre de 2021.

Hacer efectiva la participación ambiental incidente en materia ambiental”, decía el Pacto Ambiental que firmó durante su campaña. Resulta que el Distrito se negó a que la ciudadanía pudiera intervenir en audiencia con la CAR sobre la sustracción de esas hectáreas ¡La alcaldesa nunca ha sido una defensora de la Reserva Thomas Van Der Hammen! Su firma al pacto ambiental fue una completa estafa: prometió protegerla e incumplió.

Ahora nos enfrentamos a una nueva decisión sobre la Reserva: la aprobación de la licencia ambiental sobre el proyecto de la prolongación de la Avenida Boyacá, que pasaría por la Reserva Van Der Hammen. Aquí nuevamente la posición del Distrito ha sido clara. Incluso cuando el Ministro de Transporte ha advertido que la Avenida Boyacá no es la única alternativa de movilidad para el norte de la ciudad, la Alcaldesa insiste en la construcción de esta vía en detrimento del compromiso ambiental que firmó como prioridad durante su campaña.

La integridad de la Reserva Van Der Hammen está en riesgo como consecuencia del proyecto de la alcaldesa Claudia López. Las mentiras y promesas incumplidas de la alcaldesa son incalculables. Humedales cementados, estructura ecológica de la Reserva Van Der Hammen rota, Transmilenio por las vías en las que prometió no hacerlo, etc. ¿Quién es entonces la politiquera? La Reserva Van Der Hammen es uno de nuestros pulmones y baluartes ecológicos. Respetar profundamente esta estructura y sistema ecológico es un punto crucial del compromiso ambiental que firmé hace 4 años y que he mantenido firmemente.

El poder de la gestión pública admirable en la democracia

La gestión pública admirable tiene como objetivo “elevar la confianza y el respeto de los habitantes de Bogotá hacia las instituciones y los organismos distritales y el compromiso de los servidores públicos y de todas las personas con una gestión efectiva y transparente[1].

La contratación estatal puede fortalecer la democracia o quebrarla en todos los sentidos del término. Por un lado, puede ser la herramienta más potente para generar una gestión pública admirable, por otro, puede ser un mecanismo para favorecer intereses y engrosar los bolsillos de algunos particulares.

Es común que en el ejercicio de la contratación pública en Colombia prevalezca el uso de excepciones a los procesos licitatorios con el objetivo de beneficiar intereses privados. Un esquema de contratación expedito y sin concursos meritocráticos que favorece a pocos. Un esquema a través del cual se utilizan indebidamente figuras como los convenios interadministrativos, las uniones temporales y los consorcios para concentrar la contratación en unas pocas personas.

Al final, todo se mueve bajo una lógica de mercado en el que los contratistas no pasan por los filtros de los principios de la contratación pública, sino que buscan el beneficio particular, utilizando mecanismos legales de manera fraudulenta. Aun en los procesos licitatorios, estas prácticas irregulares se gestan desde la etapa precontractual -por ejemplo, a través de las adecuaciones de los pliegos de condiciones-

Además, son frecuentes los casos en los que la contratación pública se ha prestado para crear prácticas clientelistas que generan ganancias a través de la malversación de recursos públicos y a su vez benefician a candidatos políticos que facilitan seguir en esta dinámica. Emblemático es el caso del carrusel de la contratación en Bogotá, que desfalcó al Estado por $2,2 billones.

La contratación estatal en esta lógica clientelar y perversa de asumir la gestión pública y la política lo que hace es desfalcar a la sociedad y al Estado como un todo. Esta práctica incluso afecta a quienes como funcionarios públicos o quienes prestan funciones públicas, cegados por intereses particulares, se habitúan a incrementar sus ingresos a través de actos de corrupción que aparentan ser “insignificantes”.  Dinámicas que comienzan desde alcaldías locales -como las que se han denunciado en la actual administración-, que se multiplican y finalmente convierten al Estado en un ente mercantil desprovisto de toda garantía social y de derechos.

Mientras que, si se concibiera la contratación pública desde la gestión pública admirable, podría ser una de las herramientas más expeditas, vía recursos públicos, para garantizar los bienes públicos, para construir sociedad y para generar grandes obras con saldo pedagógico. Obras que podrían inspirar, facilitar, interconectar y garantizar los derechos de la ciudadanía si la contratación se realizara de manera admirable.

La gestión pública admirable es una forma de construir confianza hacia las instituciones y un compromiso de los servidores públicos con la gestión pública es que la contratación sea admirable y sin atajos. Cuando por vía de la contratación pública se filtra la corrupción, se afecta el bien común y se intensifican las inequidades. La contratación estatal no puede ser una herramienta de corrupción, sino una herramienta para garantizar derechos y bien-estar.

[1] Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D. C. 2001-2004 “Bogotá para vivir todos del mismo lado”. Citado en: Ceballos & Martin (2004) BOGOTÁ: ANATOMÍA DE UNA TRANSFORMACIÓN Políticas de seguridad ciudadana 1995-2003.

Diego Cancino

La participación incidente: ¿Una tarea pendiente en Bogotá?

Las Actuaciones Estratégicas (AE) han sido definidas y proyectadas como intervenciones urbanas integrales. Es decir, son un mecanismo de planeación de segundo nivel que puede modificar los lineamientos y las directrices del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para adelantar proyectos de renovación y revitalización urbana en 25 zonas de la ciudad, con el objetivo de remplazar las antiguas edificaciones por unas nuevas de mayor altura y de mayor densidad de habitantes por área ocupada.

Además del componente de planeación, las AE también incluyen, la posibilidad de ejecutar acciones de compra, expropiación, subastas de suelo, demolición y construcciones de nuevas edificaciones, equipamiento urbano y redes de servicios públicos. Con la idea de entregar a los urbanizadores privados tareas que antes correspondían al sector público.

En las reuniones de socialización de las AE y los Planes Parciales que ha desarrollado la Secretaría de Planeación las opiniones de la ciudadanía han estado divididas entre quienes tienen la expectativa de hacer un buen negocio o mejorar su lugar de vivienda y quienes se oponen a este proyecto y quieren mantener su vivienda o negocio en las condiciones actuales.

Una de las objeciones más comunes se basa en el escepticismo de que la administración distrital de un pago justo por los predios y que se presente un fenómeno de gentrificación, en el cual los antiguos moradores sean remplazados con una nueva población de mayores ingresos. Para evitar que se presente este fenómeno la administración distrital ha anunciado que se prepara un decreto de protección a moradores por parte de la Secretaria de Hábitat, en el cual se busca proteger a la población antigua con medidas como el pago de metro construido por metro construido. Es decir, que se entregue como pago un área en las nuevas edificaciones, que debería ser igual al área demolida de las antiguas edificaciones. Sin embargo, esta propuesta tentativa de la administración ignora que los antiguos moradores además de ser propietarios de un área de construcción son también propietarios de algo de mayor valor, el suelo, sobre el que se edificaran los futuros proyectos.

La mayor garantía de un proceso democrático de revitalización urbana y de un pago justo, por el valor del suelo y por el valor de las construcciones antiguas, podría ser la participación incidente de las comunidades en la elaboración de las resoluciones y directrices de las actuaciones estratégicas, así como en la construcción del decreto de protección a moradores.

Tanto el POT como las resoluciones de las AE señalan que promoverán un proceso de participación incidente en los procesos de planeación y de revitalización urbana. Según la Administración Distrital la participación incidente busca que la gente decida, incida, se exprese y movilice de manera cada vez más contundente en la construcción de lo público y en la definición de los asuntos claves de la ciudad.  En la socialización de las AE priorizadas se han adelantado reuniones en las localidades de Bogotá lideradas por la empresa Renovo y la Secretaría de Planeación. También se han adelantado reuniones en las localidades para informar sobre la elaboración del decreto de protección a moradores por parte de la Secretaria de Hábitat.  Sin embargo, ha sido limitada la convocatoria y escasa la asistencia ciudadana a los eventos de socialización. Estas reuniones con la ciudadanía han tenido un carácter informativo sobre los lineamientos definidos por la administración y las intervenciones de los ciudadanos han sido muy limitadas en el tiempo y dirigidas a la formulación de preguntas, pero no de ideas y propuestas. La exposición de la administración se ha limitado a la presentación de directrices sin recoger propuestas de los antiguos moradores. En general no se han implementado metodologías que permitan una participación incidente de la ciudadanía.

Las directrices de las actuaciones estratégicas no deberían construirse sin la participación de las comunidades. El decreto de protección a moradores debería ser vinculante en su incidencia en la definición de directrices de las Actuaciones Estratégicas. El decreto de protección a moradores debería incluir además del pago de metro construido por metro construido una retribución justa por el valor del suelo.

Si queremos que los desarrollos urbanos, y la construcción de la ciudad a futuro, sean parte de un proceso justo y democrático, es urgente la implementación de estrategias para la participación incidente. Es clave reconocer y recoger la opinión de la ciudadanía con metodologías como talleres participativos, elaboración de encuestas y entrevistas a los habitantes de las zonas donde se desarrollarán las AE.

 

Diego Andrés Cancino.

 

¿Qué nos espera con las actuaciones estratégicas en Bogotá?

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, que se aprobó mediante Decreto 555 de 2021, negó la posibilidad de hacer un amplio debate político y de concertación sobre los diversos intereses de la ciudadanía de Bogotá, que sí estaban representados en el Concejo de Bogotá. Si el POT se hubiera aprobado por medio de un Acuerdo del Concejo de Bogotá, en lugar de un decreto de la Alcaldía, con seguridad tendría una mayor legitimidad democrática.

La negación de la participación social y política dentro de este proceso de revitalización urbana habilitará la gentrificación de las mejores zonas de la ciudad a través de las estrategias de ocupación territorial denominadas “Actuaciones estratégicas” que se definieron en el POT 555 de 2021.

Se conoce como gentrificación al fenómeno social y económico que ocurre en ciertas áreas urbanas o rurales en las cuales se da un desplazamiento de la población antigua y un repoblamiento con nueva población con mayores ingresos económicos.

Por su parte, las “Actuaciones Estratégicas” son herramientas de planeación y ejecución de acciones dirigidas a impulsar la renovación y revitalización urbana por medio de la enajenación voluntaria o expropiación, demolición de edificaciones y la construcción de nuevas edificaciones de mayor altura con una mayor densidad poblacional por hectárea construida.

Existe un riesgo latente de que, a través de las Actuaciones Estrategias, que son de utilidad pública, se pongan herramientas del sector público, como la planeación urbana y la expropiación, en función de los intereses privados del sector inmobiliario y de las empresas del sector de la construcción.

Además, los riegos asociados a la implementación de este modelo de ocupación territorial se encuentran relacionados con la toma de decisiones poco democráticas sobre el futuro de los barrios y la ciudad, la compra de inmuebles y el pago de indemnizaciones por expropiación con un valor por debajo del precio comercial de las edificaciones antiguas y la expulsión de antiguos moradores de los barrios en un proceso llamado gentrificación.

A ello se suma, como lo han advertido diferentes veedurías ciudadanas, como las de Barrios Unidos, que el mecanismo de “Protección a Moradores y Actividades productivas”, previsto en el POT, no genera confianza sobre la forma y el tiempo en que se implementaría. Aunque la Administración Distrital ha realizado algunas reuniones de socialización de las Actuaciones Estratégicas, la participación ciudadana ha sido mínima y el tiempo de exposición de los proyectos para cada zona no ha sido suficiente.

Sin duda alguna, el crecimiento del número de habitantes de una ciudad plantea un dilema de planificación urbana. Sin embargo, la utilidad pública sobre la cual se erige esta estrategia de ocupación no debe ser violatoria de los derechos a la vivienda de quienes históricamente han habitado esos territorios. La participación social y política genera espacios que permiten la construcción de un modelo de ocupación territorial justo y no de negocio que beneficia únicamente al sector inmobiliario y de construcción.

Diego Andrés Cancino

 

¡Le dimos un golpe al autoritarismo! No más abusos con la figura de traslados por protección

Le hemos puesto una talanquera al autoritarismo y al abuso policial.  Hace apenas unos días la Corte Constitucional falló a favor de la demanda en contra del uso arbitrario de la figura de los traslados por protección (TPP) que interpusimos hace un año con el actual ministro de defensa Iván Velázquez. Esto es sin duda un triunfo para los derechos humanos.

Los TPT son una figura que faculta a la Policía Nacional para detener temporalmente a personas para proteger su vida o la de terceros. El gobierno de Iván Duque -mediante la expedición de la Ley 2197 de 2022- modificó esta figura, eliminó las garantías del debido proceso y alteró las causales de los traslados por protección, haciéndolas ambiguas y carentes de elementos objetivos, permitiendo así la interpretación subjetiva y arbitraria de la Policía en la aplicación de esta figura.

Según la Corte Suprema de Justicia y la CIDH, la figura de los TPP fue usada de manera indiscriminada y arbitraria por parte de la Policía Nacional para reprimir la protesta. De acuerdo con cifras de la Personería de Bogotá, se reportaron 446 TTP realizados en sitios no permitidos, entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021. El 57% de estos se realizaron en la localidad de Kennedy, en donde la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas.

Por eso con el propósito de detener estas arbitrariedades demandamos la modificación que el gobierno de Iván Duque había realizado sobre esta figura. Solicitamos que las causales debían tener garantías para evitar la arbitrariedad en su aplicación y que se restablecieran las garantías del debido proceso.

La Corte Constitucional nos dio la razón. De ahora en adelante la aplicación de la medida de los TPP será constitucional siempre y cuando i) en el informe del TPP el policía que aplica la medida indique expresamente la causal invocada para el traslado y las razones por las cuales los hechos que dieron lugar a la medida se ajustan a la causal; y ii) la persona sujeta al traslado, quien debe ser informada de la medida que le están imponiendo, pueda solicitar la cesación del procedimiento al superior jerárquico que haya recibido el informe.

De esta manera se blinda el procedimiento del TPP para que las graves violaciones a los derechos humanos, que se amparaban en esta figura, cesen en el país. Esto es un golpe al autoritarismo y un triunfo para la garantía de los derechos humanos, la libertad personal y la protesta. Hemos dado un paso fundamental para evitar el abuso policial y las violaciones a los derechos humanos.

¡Justicia para Duván Villegas y para todas las víctimas de violencia policial!

Duván Villegas es una víctima de violencia policial por hechos cometidos durante las protestas del 2019. Mientras Duván protestaba por la situación social del país, afirma que llegó un grupo de Policías en moto, con uniforme y en casco, quienes sin mediar palabras dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar. Duván corrió, pero un proyectil lo alcanzó, atravesando su cuerpo y comprometiendo su médula espinal y columna, lo que actualmente le impide caminar y hace que sufra unos dolores insoportables que comprometen seriamente su calidad de vida.

A la fecha existe un proceso activo en etapa de indagación ante la Fiscalía, sin embargo, el caso no ha avanzado porque no se ha individualizado al presunto responsable de la tentativa de homicidio. Duván señala que han desaparecido pruebas claves y que han intentado archivar su caso al menos dos veces.  Existen videos que aportarían a la individualización del responsable, como el que se mostró la semana pasada en Noticias Uno, pero Duván no tiene muchas esperanzas.

Él y su familia han recibido amenazas por parte de la Policía Nacional, no han recibido ningún tipo de apoyo del Estado y no confía en que el caso avance en la Fiscalía. Por ahora, su única esperanza es poder recibir un tratamiento médico que le ayude a recuperar su movilidad.

Duván es una de las tantas víctimas de violencia policial que se enfrentan a maniobras dilatorias en sus procesos penales y disciplinarios, que se sienten amenazados por la Policía, que han sido víctimas de persecuciones y hostigamientos y que se enfrentan a un Estado que los desconoce.

Son múltiples las formas en las que el Estado los sigue victimizando. La CIDH en su informe de verificación a las violaciones cometidas durante las protestas del 2021 ha indicado que el Estado no ha implementado ninguna medida de cumplimiento dirigida a reparar a las víctimas y familiares.

En Bogotá, el Concejo de Bogotá les negó a las víctimas de violencia policial la posibilidad de recibir atención integral por parte del Distrito ¡Infame, indolente e inmoral hundir un proyecto para atender víctimas! Personas torturadas, mutiladas, lesionadas y víctimas abusadas sexualmente, seguirán sin atención integral por parte del Distrito y el Estado ¿Tan rápido olvidaron la masacre del 9S y 10S, y las violaciones cometidas en los paros nacionales?

Esta iniciativa había sido apoyada por MOCAO, organización de víctimas de lesiones oculares ocasionadas por el abuso en el uso de la fuerza por parte del ESMAD y la Policía Nacional. Lesiones que son constitutivas de tortura y trato cruel e inhumano, al ser intencionales o infringir un padecimiento físico -sin intención deliberada- a través del uso ilegitimo de la fuerza y cuya sistematicidad permite identificar un mensaje que rechaza y desestimula el derecho a protestar[1].

De conformidad con el informe “Represión en la Mira”[2], el uso indiscriminado de armas y proyectiles de menor letalidad han sido los objetos utilizados para ocasionar estas lesiones:

Proyectiles u objetos usados en casos de lesiones oculares en el 2021

Proyectil u objeto Cantidad de casos
Gases lacrimógenos 23
Balas de goma 9
Granadas aturdidoras 4
Tanqueta anti disturbios 1
Cartucho de salva 1
Objeto pequeño no identificado 1
Total 39

Tomado de: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (2023). Represión en la mira. Lesiones oculares en el marco de las protestas en Colombia, SIAP de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas.

Esto quiere decir que la reforma a la Policía debe recaer necesariamente sobre el uso ilegítimo de la fuerza y reconocer que estas conductas son violatorias a los DDHH y deben ser investigadas por la justicia ordinaria.

Como lo he dicho públicamente, no podemos aceptar que en las investigaciones de violaciones a los DDHH por parte de la Fuerza Pública lo común sea la impunidad. Desde la calle, desde el pensamiento colectivo, desde la acción seguiré trabajando para aportar a la construcción de una Reforma Popular a la Policía.

¡Que la impunidad no nos venza! Si quieres ayudar a Duván y a su familia, me puedes escribir al correo [email protected]

Diego Cancino

Concejal de Bogotá 

 

[1] Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (2023). Represión en la mira. Lesiones oculares en el marco de las protestas en Colombia, pp. 53-59.

[2] Ibídem, pp. 41