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El pasado 17 de mayo, el Concejo de Bogotá eligió al nuevo Contralor Distrital, quien ostentará el cargo hasta 2025. Julián Mauricio Ruiz, el ungido Contralor, fue director jurídico de la Contraloría General y Vice Contralor durante el periodo de Felipe Córdoba. Es tanta la confianza de este último hacia Ruiz que lo llegó a encargar como Contralor General. El paso por la Contraría General le sirvió a Ruiz para mover fichas que ser terminaron contribuyendo en su elección como Contralor de Bogotá.

En primer lugar, como director jurídico, Ruiz participó en la elaboración de la Resolución 728 de 2019. Por medio de esta Resolución, la Contraloría General estableció las reglas de juego de los procesos de elección de los Contralores territoriales, estableciendo criterios para ponderar el examen y los criterios de puntuación de acuerdo con la experiencia y la formación académica, entre otros. Esto quiere decir que Julián Mauricio Ruiz participó en el diseño del proceso que lo llevó a desempeñarse como contralor de Bogotá, en contravía de los principios de igualdad y debido proceso en materia electoral.

Si esta primera ficha es preocupante, la segunda es sospechosa. En noviembre de 2021 –cuando Julián Mauricio Ruiz se desempeñó como contralor general ( e) y cuando era de conocimiento público que la elección del nuevo contralor de Bogotá se realizaría en pocos meses– el hoy contralor Distrital contrató a familiares de concejales de Bogotá en la Contraloría General. De hecho, en el segundo semestre de 2021, nombró y contrató a familiares (hermanos, hermanas y cónyuges) de varios concejales de Bogotá. Varias contrataciones se realizaron a través de la Dirección Administrativa y Financiera, cuya directora (Sandra Patricia Bohórquez) también hizo parte de la terna.

Por estas razones, junto con Iván Velásquez, el exmagistrado que investigó la parapolítica y dirigió la Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad de Guatemala, radicamos una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por medio de esta demanda, solicitamos que se anule la elección de Julián Mauricio Ruiz como contralor de Bogotá, ya que los dos hechos narrados anteriormente vulneran de manera grave las normas que rigen los procesos electorales.

Por si fuera poco, la Silla Vacía acaba de informar que Ruiz nombró a un compañero suyo de la Contraloría General en la Contraloría Distrital. La gravedad del asunto reside en que Juan Carlos Gualdrón, la persona en cuestión, se desempeñó como contralor delegado para el Posconflicto y está involucrado en el escándalo en el desfalco de los recursos de la paz (el “OCAD Paz”).

Según la Silla Vacía, Gualdrón tendrá que vigilar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP, precisamente cuando la alcaldesa acaba de denunciar penalmente al operador del relleno sanitario Doña Juana. Lo importante aquí es que, dice la Silla Vacía, uno de los accionistas del operador es hermano de María Fernanda Rangel, también excompañera de Ruiz en la Contraloría General y actual candidata a contralora general.

Son demasiadas sospechas alrededor de Julián Mauricio Ruiz y el entramado construido durante la Contraloría de Felipe Córdoba. Cero atajos, coherencia entre fines y medios.