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Etiqueta: Contraloría de Bogotá

Contraloría de Bogotá revela hallazgos fiscales por $9.390 millones en 17 alcaldías locales

Un informe de la revela los hallazgos de 66 hallazgos fiscales por $9.390 millones por irregularidades en la contratación en los Fondos de Desarrollo FDL de diecisiete alcaldías locales durante las vigencias 2020 a 2023 en la administración de la exalcaldesa Claudia López.

Las alcaldías en las cuales se hicieron los hallazgos son: Usaquén, Suba, Chapinero, San Cristóbal, Antonio Nariño, Fontibón, Tunjuelito, Barrios Unidos, La Candelaria, Rafael Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Puente Aranda, Santa Fe, Engativá y Los Mártires.

 

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Los hallazgos fiscales tienen que ver con obras de malla vial, parques y redes de servicios públicos. Los hallazgos de mayor cuantía se registraron en la Localidad de Santa Fe, por $1.935 millones por irregularidades en la construcción de la futura sede de la Alcaldía Local entre otros; seguida de la Localidad Bosa por $1.859 millones, por omisiones en la gestión de cobro de multas derivadas de irregularidades en la ejecución y supervisión contractual; y Ciudad Bolívar por $972 millones, por problemas con los contratos de obra pública.

“Estos resultados nos producen gran preocupación teniendo en cuenta las necesidades que se tienen en las localidades”, señaló el director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría, David José Valencia.

Además de los 66 hallazgos fiscales identificados, se registraron 134 hallazgos con incidencia disciplinaria que se encuentran en manos de la Personería de Bogotá.

Contraloría investiga el contrato de los cementerios

La Contraloría de Bogotá investiga la ejecución del contrato 415-2021, suscrito entre la UAESP y el concesionario Jardines luz y Paz S.A.S. y al contrato 508 de interventoría firmado con el Consorcio San Marcos.

El primero está firmado por un periodo de cinco años que terminan el 30 de junio de 2026-, tiene por objeto el mantenimiento y la operación de los cementerios del norte, sur, central y el parque Serafín, por una suma superior a los $41.000 millones.

 

El ente de control fiscal de la capital del país indaga el real funcionamiento y que se cumplan los términos establecidos del contrato”, señaló el director de Servicios Públicos de la Contraloría, Jaime René Barajas García.

La Contraloría adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de unos $3.400 millones por lo sucedido con el contrato de concesión para la operación de los cementerios distritales.

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Los hallazgos de la Contraloría de Bogotá en Integración Social durante el período de Claudia López

La Contraloría de Bogotá informó sobre un hallazgo fiscal por $2.600 millones por sobrecostos en los pagos del servicio de transporte brindado a personas en condición de discapacidad, niños de jardines infantiles, adultos mayores, habitantes de calle y jóvenes, todos beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).

El organismo de control fiscal encontró que la Secretaría Distrital de Integración Social modificó el procedimiento para liquidar los pagos mensuales de transporte, de manera tal que se dispararon los costos generándose un detrimento al patrimonio público a partir de una gestión fiscal que calificó como «ineficaz, ineficiente y antieconómica».

 

De acuerdo con la Contraloría de Bogotá, la Secretaría aplicó una fórmula matemática no contemplada en los estudios previos, lo que hizo que a partir del cuarto mes del contrato los valores mensuales facturados por el operador superaran lo proyectado para la operación.

De acuerdo con el órgano de control de la ciudad capital, la investigación fue trasladada a las entidades correspondientes para su debido trámite.

La respuesta de la ETB a la Contraloría de Bogotá

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá en un comunicado respondió a los hallazgos informados por la Contraloría de Bogotá, en donde el ente de control señala supuestas irregularidades en la gestión de activos durante el año 2023.

La Contraloría reportó diferencias en los estados financieros, inventarios y saldos de los bienes de la ETB, donde asegura que hay faltantes de 101 mil millones de pesos.

 

En la respuesta de la ETB se solicita la eliminación de las observaciones porque según la empresa esto corresponde a interpretaciones contables.

“Por una diferencia de interpretación por parte de la Contraloría, basado en el análisis solo de la cuenta de equipos en bodega y omitiendo el análisis y contrastación de la cuenta de construcciones en curso, esta concluye que hay un faltante. Es así como ETB se permite afirmar que, a corte de diciembre 2023, año objeto de la auditoría, el total de los $64 mil 917 millones de los activos adquiridos se encontraban tanto en la contabilidad como en el inventario físico”, expresa la entidad en su comunicado.

De acuerdo con la ETB, la Contraloría hizo un cálculo diferente de los elementos del inventario de bodega lo que arrojó los resultados por los que el ente de control reclama.

«Se llegó a una conclusión incorrecta de que hay una diferencia de $36 mil 200 millones. Es así que ETB reitera que a la fecha objeto de auditoría, los materiales se encontraban físicamente en las bodegas de ETB y no existe diferencia alguna entre el valor de las existencias en inventarios físicos y los declarados contablemente”, indicó.

Los hallazgos de la Contraloría de Bogotá en la Empresa de Acueducto

Los resultados de una auditoría de la Contraloría Distrital de Bogotá a la Dirección de Servicios Públicos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado -EAAB- de la vigencia 2023 arrojaron 17 hallazgos con incidencia fiscal por monto de $22.498 millones.

El órgano de control fiscal de Bogotá determinó que existen irregularidades en obras, interventorías, deficiencias en diseños de proyectos, pagos extemporáneos del impuesto predial de inmuebles a nombre de la EAAB durante cinco años y fallas en la cancelación de intereses moratorios derivados de mandatos de pago en procesos judiciales.

 

“Para la Contraloría, estos millonarios hallazgos por hechos que impactan las finanzas del Acueducto revisten especial importancia teniendo en cuenta que la ciudad está sorteando problemas con el abastecimiento de agua”, manifestó el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz.

Uno de los hallazgos tiene que ver con una obra abandonada por el contratista para la construcción de redes locales de acueducto y alcantarillado en la Ciudadela Sucre, en Soacha, la cual terminó siendo asumida directamente por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Este se encuentra calculado en $7.693 millones.

Otro hallazgo, por $5.486 millones, proviene del giro de intereses de mora por el pago extemporáneo del impuesto predial de varios inmuebles de la EAAB en las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2023.

También se configuró un hallazgo por $2.833 millones correspondiente a la no ejecución de la obra de la planta Wiesner por parte del contratista. Un hallazgo más, por $2.579, fue por deficiencias en los diseños y diseños elaborados dentro de un contrato cuyo objeto era la Renovación del Sistema Troncal de Alcantarillado Combinado de la SubCuenca Salitre Gravedad y que conllevaron una adición a la obra.

La Contraloría de Bogotá evidenció que existen hallazgos que suman unos $6.486 millones, por sanciones por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por presunto aprovechamiento forestal sin contar con los permisos

La Contraloría de Bogotá investiga unos contratos de arrendamientos firmados por la Unidad de Mantenimiento Vial

La Contraloría de Bogotá D.C configuró hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de $24 mil millones, por sobrecostos en el contrato el arrendamiento de la Sede Operativa de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UARMV) ubicada en la Localidad de Fontibón, lo que habría conllevado un millonario detrimento patrimonial.

Los hechos por los cuales se establecieron los hallazgos tienen que ver con la diferencia entre lo que pagó de arriendo la UARMV ($31.899 millones) y lo que realmente debió pagar ($7.720 millones) desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2024.

 

El organismo de control estableció que los propietarios del predio arrendado (en diciembre de 2018) ofertaron el inmueble por $120 millones mensuales ($4.800 por metro cuadrado) e inexplicablemente la UARMV terminó alquilando ese mismo predio a través de un tercero (gestor inmobiliario) por más de $599 millones mensuales ($29.400 por metro cuadrado), es decir, por un costo 300% superior al ofertado inicialmente y al que indicaba el mercado inmobiliario para el momento de los hechos.

Además, la Contraloría encontró que la UARMV desconoció varias opciones de arriendo ofertadas en la misma zona (que reunían los requisitos exigidos de área, medio ambientales y de ubicación, entre otros) que tenían cánones menores al finalmente seleccionado, sin analizar las condiciones del mercado.

Los hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de $24 mil millones están siendo trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría, para que se inicie un Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF)

con el que se puedan recuperar los recursos públicos y para que paguen las personas responsables del millonario daño patrimonial ocasionado a la ciudad.

“Sin duda esos $24 mil millones de sobrecostos pudieron haberse usado en asuntos urgentes para la ciudad, entre ellos, el arreglo de las vías que precisamente corresponde a la misionalidad de la Unidad”, manifestó el contralor de Bogotá D.C., Julián Mauricio Ruiz.

La Contraloría Distrital investiga, además, el hecho de que ocho entidades del Distrito hayan contratado con la misma empresa que aparece en los hallazgos en la UARMV, el arrendamiento de por lo menos 49 inmuebles entre los años 2020 y 2024.

«El Data Center es el peor negocio de la ETB», dijo el contralor de Bogotá

La Contraloría de Bogotá D.C. declaró responsables fiscales a cuatro exdirectivos de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, a los contratistas de obra y los interventores del frustrado proyecto ‘Data Center Alma’, por irregularidades en su planeación, construcción (no terminada) e implementación, por cuantía de $23.787 millones; y ante la pérdida de la inversión realizada por la ETB desde el año 2015.

El organismo de control fiscal documentó graves falencias en la concepción de los contratos (especialmente en los diseños y cronogramas), mala calidad y abandono de las obras civiles, al igual que ausencia de controles efectivos por parte de los entonces funcionarios de la ETB y de la firma que realizaba la interventoría de la construcción (DCC Data Center Consultores); lo que conllevó a la no conclusión del millonario proyecto y el detrimento de los recursos utilizados por la Empresa de Telecomunicaciones.

 

El ‘Data Center Alma’ era un innovador proyecto concebido en su momento como un centro de almacenamiento de datos a gran escala, que debería constituirse en un modelo de expansión de negocios para la ETB a partir de la promoción y comercialización de espacios, en los cuales los clientes podrían almacenar de manera segura toda su información en equipos de última generación.

Para la construcción del ‘Data Center Alma’ -con dos edificios en un terreno de 6.870 metros cuadrados ubicado en la Zona Industrial de Puente Aranda-, la ETB suscribió cuatro contratos -sin contar con los diseños definitivos ni la licencia de construcción aprobada- en los cuales se evidenciaron: incumplimientos, mala calidad, abandono de la obra, no uso de los equipos, y deficiente supervisión e interventoría.

“El frustrado proyecto Data Center es quizás uno de los peores negocios que ha hecho la ETB en su historia, y donde se perdieron más de $23 mil millones de todos los bogotanos”, manifestó el contralor de Bogotá D.C., Julián Mauricio Ruiz.

Contraloría de Bogotá inició procesos fiscales por abandono de obras

La Contraloría Distrital de Bogotá inició procesos de responsabilidad fiscal por $6.310 millones por abandono de obras de renovación del alcantarillado en barrios Los Libertadores y Canadá Güira (Localidad de San Cristóbal) a fin de establecer los responsables y buscar al mismo tiempo la recuperación de los millonarios recursos invertidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

Los procesos se derivan de a su vez, de los hallazgos configurados durante una Auditoría de Regularidad (número 169 de 2023) realizada a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá desde la Dirección de Servicios Públicos de la Contraloría.

 

Los contratos para la renovación de redes de alcantarillado en la Localidad de San Cristóbal fueron suscritos en el año 2019 por la Empresa de Acueducto de Bogotá, uno por valor de $43.690 millones y el otro por $19.967 millones. La entrega final de estas obras estaba programada para febrero del 2022 (contrato 1) y agosto del 2021 (contrato 2), ninguna de las cuales se cumplió.

Contraloría de Bogotá investiga la contratación en las 20 localidades

La Contraloría de Bogotá, luego de culminar una auditoría a los Fondos de Desarrollo Local, configuró un total hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor de $11.200 millones.

Estos hallazgos en las 20 localidades de Bogotá, tienen que ver con irregularidades en el manejo y ejecución de recursos públicos, incluyendo pagos excesivos, reconocimientos indebidos y sobrecostos en la contratación de bienes y servicios, además de deficiencias en la justificación técnica y financiera de adiciones presupuestales y reconocimientos de mayores valores pagados.

 

“fundamentalmente se están encontrando problemas en la planeación de obras de infraestructura, puede ser de malla vial, los andenes y las vías terciarias que están dentro de los barrios por donde caminamos todos los ciudadanos”. Y agregó que se observaron otros asuntos relacionados con los temas del adulto mayor, y con el acompañamiento o desarrollo de las minipymes», informó el director de la Oficina de Apoyo al Despacho del Contralor de Bogotá, Juan Carlos Gualdrón.

El ente de control de Bogotá anunció que las personas involucradas en estos hechos serán llamadas a versión libre en los próximos días.

Alerta de la Contraloría por recursos del Cuerpo de Bomberos de Bogotá

La Contraloría de Bogotá emitió una alerta porque al parecer, en la Unidad Administrativa Especial – Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá están en riesgo inminente de pérdida $6.643 millones que figuran en un contrato para la adquisición de siete máquinas extintoras de incendios suscrito en diciembre de 2022 con la Unión Temporal Extintor 4 X 4.

“Los $6.643 millones que están en riesgo inminente de pérdida corresponden al pago anticipado del contrato 588 de 2022 (cuyo valor total es de $13.557 millones) pago anticipado que fue hecho por la Unidad Administrativa Especial (UAE) Cuerpo Oficial de Bomberos a la Unión Temporal Extintor 4 X 4, una vez se firmó el contrato”, dice el órgano de control del Distrito.

 

De acuerdo con la Contraloría, estos dineros estarían a punto de perderse por incumplimientos en los (pagos) compromisos adquiridos por la Unión Temporal Extintor 4 X 4 con la fabricante de los chasises (Navistar Defense – en Estados Unidos) para producir los chasis para máquinas extintoras de incendios.

También por la imposibilidad de cumplir el cronograma pactado entre el Distrito y los contratistas (Unión Temporal Extintor 4 X 4) para la entrega de las máquinas extintoras de bomberos, como consecuencia de los incumplimientos en los pagos a la fábrica de chasis (Navistar Defense).

El organismo de control pudo establecer que una de las firmas que hacen parte de la Unión Temporal Extintor 4 X 4, la empresa 7M Group, está inhabilitada para continuar con el contrato por sanciones y multas impuestas por incumplimientos en otros contratos.

La Contraloría a encontró, que el acuerdo entre los contratistas y la firma de Estados Unidos establecía un pago inicial por el 50% equivalente a USD$600.000 (600 mil dólares), de los cuales a la fecha solo se han desembolsado USD$300.000 (300 mil dólares). Además, estableció que a la fecha no se ha brindado soporte alguno sobre el paradero de más de $1.600 millones por parte de la UAE – Cuerpo Oficial de Bomberos y los contratistas involucrados.

El organismo considera que el riesgo inminente de pérdida de recursos no solo impacta las finanzas de la UAE – Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, sino que también se pone en riesgo la atención oportuna de emergencias que puedan registrarse en la ciudad ante la necesidad de las nuevas máquinas extintoras (contratadas en 2022).

Dice además que la directora de Bomberos de Bogotá no ha hecho entrega de información concreta, “incluso ha dado declaraciones a los medios que no son ciertas, afirmando que la Contraloría ha acompañado ese proceso y que el uso del pago anticipado ha sido adecuado, lo cual no es verdad conforme a las pruebas recaudadas”.

Al respecto, la directora de la entidad, Paula Ximena Henao Escobar, explicó que los recursos no se han perdido ni están en riesgo de perderse y que estos corresponden a un anticipo y que por tanto hay un plan de inversión anticipada y que este contrato no ha finalizado y que solo se hizo una suspensión.

Contraloría de Bogotá puso la lupa a las obras por valorización inconclusas

La Contraloría de Bogotá configuró trece hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de $5.150 millones, por irregularidades en la ejecución de ocho obras financiadas con recursos de valorización que no fueron ejecutadas en los plazos inicialmente pactados e incluso aún no han sido entregadas a la ciudad.

Los hallazgos con presunta incidencia fiscal evidenciados por la Dirección Sector Movilidad, tienen que ver, principalmente, con fallas en los estudios y diseños, problemas con redes de servicios públicos, incumplimiento de cronogramas, falta de idoneidad, baja disponibilidad de personal y carencia de materiales de obra por parte de los contratistas.

 

“Dentro de los hallazgos más representativos encontramos los relacionados con la construcción de la Avenida Rincón con Avenida Boyacá, las conexiones peatonales de las calles 73, 78 y 85, la ampliación del puente de la calle 153 con Autopista Norte, y el puente peatonal de la calle 112 con carrera 9”, informó el contralor de Bogotá D.C., Julián Mauricio Ruiz.

“A partir de estos hallazgos, iniciaremos inmediatamente en la Contraloría los Procesos de Responsabilidad Fiscal (PRF) con el fin de que los responsables indemnicen a la ciudad”, anunció el Contralor.