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La impunidad es sobre todo una recompensa. Una recompensa para los corruptos que pueden llevarse el botín y los alienta a seguir robando. Recuerda esto una frase de Ayn Rand: “cuando caes en cuenta que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio personal, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada». Así estamos, condenados si no logramos hacer que una parte importante de la política colombiana haga los arreglos que se necesitan para parar la corrupción generalizada.

Sobre el “hallazgo desolador” del Secretario de la Transparencia, no hay nada de qué sorprendernos (CM&,2023). Es cierto que una impunidad del 94% es asombrosa. No se entiende cómo una sociedad puede vivir sin justicia. Pero no puede sorprendernos cuando es normal y cotidiano, desde hace décadas, que se destapen nuevos “escándalos” (no se escandaliza nadie ya) de personajes de la política. Los conocemos a través de los titulares de periódicos, revistas y sitios de internet que usualmente aprovechan para atacar a quienes les sean contrarios a los intereses de los dueños de su medio de comunicación, en el ejercicio, también corrupto, del oficio de “informar”. Lo único que ha ido cambiando, francamente al alza, es el monto de tales “escándalos”.

Por lo cual, lo “destapado” por el Secretario de Transparencia de la Presidencia Andrés Idárraga sí constituye un balance desolador, como él lo llama, pero no es un gran descubrimiento. Sí podría ser muy importante si en realidad este Gobierno estuviera dispuesto a “meterle ganas” para disminuir la corrupción. Si sólo es un mecanismo para desprestigiar al Fiscal y enviarle un mensaje de “hagámonos pasito” entonces no pasará nada diferente a todo lo anterior; no nos olvidemos que, en los hervores de todas las campañas, sin excepción, todos los candidatos han prometido que atacarán la corrupción, y nosotros, el pueblo bobo, vuelve y cree. Cínicamente, porque sabían que no lo iban a hacer, como en efecto, no lo hicieron. Ninguno.

Hay que advertir que no todas las denuncias tienen que terminar en encarcelamientos o terminan siendo “un positivo”, lo que significa que el número de denuncias que se manejan puede ser más alto que lo debido, y por su parte, la más grave, no todos los actos corruptos tienen su denuncia, lo que significa que el número de denuncias puede no reflejar un número mucho más grande de contratos con corrupción porque no hubo denuncias. Esto puede tener muchas causas (ejemplos): a la gente le da miedo denunciar, o piensa que no va a pasar nada denunciando y para que perder su tiempo, o porque se terminó la ejecución con todo y corrupción, o porque ya ha hecho carrera que así es el asunto y hay que aceptarlo.

Como todos podemos inferir, en la medida que haya más impunidad hay más corrupción por no haber ninguna consecuencia adversa por cometer ilícitos. Sin tener en cuenta la aclaración del párrafo anterior, con total impunidad (94%) pues debemos tener total corrupción. Algo así es lo que se percibe. No tenemos una cifra cierta sobre la corrupción, solo algunas estimaciones de las entidades de control de años recientes que hablaron de 50 billones anuales (ElPaís, 2017)(Alponiente, 2022); es posible que se queden cortas.

El sistema de control (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía) y el judicial (jueces, tribunales y altas cortes), como se sabe con casos ciertos, han entrado en la cadena de corrupción y que, como dice el Secretario, son responsables de la impunidad. Desde que los montos de corrupción son enormes se habilitó también que hubiera dinero para silenciar y torcer a todos los posibles actores en el proceso. Pero, desde luego, la mejor forma de que no haya impunidad es que no haya corrupción a la cual procesar judicialmente y no termine en impunidad al final. De Perogrullo.

Y hay varias medidas preventivas de bulto, que se le pueden sugerir al Secretario con el mejor ánimo de proponer los cambios necesarios.

Posiblemente el aumento de los montos de la corrupción haya influido en forma directa en una mayor impunidad, porque habilita el pago de los torcidos en todo el sistema, desde los que entregan el contrato, los de los entes de control y los jueces hasta las altas cortes. Por lo tanto, hay que prohibir la agregación de contratos y en lo posible que, al revés, se desagreguen en partes más pequeñas. ¿Para qué agregar muchos colegios regados en la geografía nacional en un solo contrato, como lo hizo el FFIE? Con contratos pequeños, el monto es menor y la corrupción no alcanzaría para pagar a toda la cadena.

La más importante en todo caso, es prohibir las figuras que posibilitan que los dineros públicos no se controlen como públicos sino como privados, es decir, al antojo de quien los contrata. Ese es el caso de las entidades de economía mixta, de moda entre las entidades territoriales, que van desde poblaciones pequeñas hasta la mismísima Medellín. Al poder establecer las reglas como privado no se utilizan pliegos tipo para escoger al contratista; por supuesto, el pliego de condiciones se hace a la medida (sastre) del contratista que viene escogido de antemano. Esta cadena de corrupción, como ya se sabe también desde hace años, parte desde el Congresista que “consigue” los recursos y llega hasta el Alcalde, y seguramente funcionarios que se puedan atravesar o deban participar, que hacen caso y también participan del botín. Hay para todos. Desde luego, el contratista es parte de la banda.

En el Gobierno Duque y en este, los Presidentes han prohibido que no se usen pliegos tipo en las contrataciones del orden nacional mediante sendas “directivas presidenciales” a las que ninguno de sus funcionarios ha hecho caso y que terminaron siendo retiradas sin pena ni gloria meses después. A este nivel es la fuerza del “sistema corrupto” que hasta el todo poderoso Presidente de turno resulta pintado en la pared, seguramente por condicionamiento de los Congresistas que le advierten al mandatario que no lo acompañarán en sus iniciativas en el Congreso si no tienen como hacer fluir el dinero ilícito al que están acostumbrados.

Si el señor Presidente y su Secretario de la Trasparencia quieren de verdad impactar positivamente y en forma descomunal al país, lo que tienen que hacer es desmontar la posibilidad de saltarse la Ley 80 de 1993, a través de la figura descrita, que incluye la mermelada como se le conoce a los “acuerdos” que hace el Ejecutivo con los Congresistas para garantizar su “gobernabilidad”.

Los funcionarios de todas partes de la geografía nacional dirán que entonces no van a poder hacer mayor cosa en sus periodos puesto que los procesos de contratación son muy engorrosos. En la medida en que lo que les interese a los gobernantes sean los contratos y no los proyectos, la demora en los procesos perjudica a sus infames bolsillos. Pero es que los proyectos bien pensados para mejorar algún aspecto en el bienestar de los habitantes, bien planeados, bien licitados, bien contratados y bien desarrollados tienen ciclos de madurez que requieren tiempo. No obstante, se podría estudiar cómo mejorar los tiempos en esos procesos, puesto que siempre se encontrarán oportunidades dentro de la legalidad y con mayor uso de la tecnología. Se necesita que Colombia Compra Eficiente desarrolle un proceso eficiente al mismo tiempo de salvaguardar la trasparencia en la adquisición de bienes y servicios del Estado. Y en últimas, solo al principio habría un impacto en la ejecución mientras se hace el ajuste requerido, porque después los procesos fluirían con sus tiempos necesarios, aunque algunos pasarán de un período anual al siguiente, asunto que tampoco les gusta a los funcionarios corruptos porque les quita manejo frente a los otros actores corruptos coequiperos en el robo de los dineros públicos.

En este tema, especialmente, saber lo que se debe hacer esta bien pero no significa mayor cosa. Lograr hacerlo es lo que se lleva todos los méritos. Ninguno de los que pertenecen a este sistema corrupto querrá ayudar, como es apenas lógico. Y eso puede significar una gran soledad en una batalla peligrosa al máximo, que exige entonces mayor inteligencia y coraje. La gran oportunidad para, de verdad, cambiar al país y de paso para cumplir con la promesa de campaña y ganar una enorme cantidad de puntos en la opinión pública. Sin duda.

Rafael Fonseca Zárate

@refonsecaz