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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Corrupción

Presidente de LaLiga le da alivio al Barcelona tras escándalo de corrupción

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, advirtió este jueves que ya no puede haber ningún tipo de sanción «deportiva» para el FC Barcelona por el ‘caso Negreira’ al haber ya prescrito para ese tipo de castigos, y que se personarán «como acusación particular» si finalmente hay una querella por parte de la Fiscalía, al tiempo que dejó claro que «estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español».

A través de un video en los canales oficiales de Twitter de LaLiga, Tebas ofreció «la postura» de la patronal tras haber visto «todo» ya sobre este asunto que implica al que fuera exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira y al conjunto catalán y desveló ‘Ser Catalunya’, para «diferenciar algunos temas claros».

«Lo primero es que es evidente que en el 2018 y los anteriores las normas de ‘compliance’ que controlan los conflictos de intereses tanto del CTA como del FC Barcelona no funcionaron ya que con lo hemos visto esos servicios no se deberían haber prestado ni en los importes ni en los hechos que se han prestado», afirmó.

En este sentido, el dirigente puntualizó que, aunque «se habla de que pudiera haber sanciones deportivas», desde el organismo ya han «estudiado que no es posible porque del año 2018 al 2023 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años».

«Otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal, que la Fiscalía está investigando los hechos y si puede existir un delito de corrupción entre particulares en la versión de amaños de ámbito deportivo», añadió Javier Tebas.

El presidente de LaLiga indicó que van a esperar «a cómo acaba» esta investigación. «Vamos a respetarla y una vez que termine, si la Fiscalía decide interponer la oportuna querella. A partir de ahí tomaremos la decisión, si hay una querella evidentemente nos tendremos que personar como acusación particular y si no la hay, el asunto quedará archivado», detalló.

Además, desde la patronal también van a solicitar que se estudie si el miembro del organismo que estaba en esas épocas para designar a los árbitros «si tuvo alguna interferencia o intervino el señor Negreira en alguna designación». «Lo que si es una conclusión es que tanto estética como éticamente estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español», sentenció.

Le puede interesar: Las claves para entender supuesta «compra» de árbitros por el Barça

*Foto: Europa Press

Imputan cargos a cuatro policías que habrían permitido prostitución en la localidad de Kennedy

De acuerdo con una investigación de la fiscalía general de la Nación, el intendente Óscar Javier Vanegas y los patrulleros Walder Antonio Orjuela, Jairo Alexander Pineda, Cristhian Fernando Molina quienes estaban adscritos al CAI Caldas en la localidad de Kennedy de Bogotá, habrían permitido delitos como prostitución infantil, venta de estupefacientes y tráfico de armas en la localidad de Kennedy.

Labores de policía judicial, entre las que se destacan interceptación de comunicaciones, pusieron al descubierto a los uniformados del CAI quienes serían los encargados de cobrar las altas sumas de dinero que imponían los cabecillas de las organizaciones criminales y que eran cobradas en establecimientos públicos, bares y vendedores informales.

La investigación da cuenta omitían sus deberes frente al control a la venta de licor adulterado, permitían la prostitución infantil y exigían dinero a delincuentes implicados en hurtos; muchos de estos serían integrantes de organizaciones como el llamado Tren de Aragua.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Orjuela Morales y Molina Salas, quienes no se allanaron a los cargos imputados. Por su parte, Óscar Javier Vanegas, y Pineda López aceptaron su responsabilidad y fueron cobijados con detención domiciliaria.

Cerca de 3 millones de euros tras la corrupción en el Ministerio de Defensa de Ucrania

La Fiscalía General de Ucrania sostiene que la trama de corrupción en el seno del Ministerio de Defensa podría haber ocasionado al Estado pérdidas valoradas en 120 millones de grivnas (2,9 millones de euros) – , un caso que ya ha provocado la detención del viceministro, Viacheslav Shapovalov, y el cese de varios altos cargos.

De acuerdo con la investigación, se sospecha de que dos empresas se habrían beneficiado de esta trama, aumentando artificialmente el precio de bienes y alimentos destinados a las Fuerzas Armadas a través de «compañías ficticias».

Mientras tanto, siguen las investigaciones para conocer el grado de implicación y participación de funcionarios de esta cartera en todo este asunto, detalla la Fiscalía en un mensaje a través de su perfil de Telegram.

En la última semana, en vísperas de la cumbre Ucrania-UE de este viernes en Kiev, las autoridades ucranianas parecen haber intensificado su lucha contra la corrupción, uno de los requisitos reclamados por Bruselas para avanzar en la posible adhesión del país al grupo europeo.

La puesta en escena ha dejado varias redadas y operativos en organismos públicos, como el Ministerio de Hacienda, o más recientemente, en Odesa, donde algunas de sus autoridades habrían desviado fondos destinados a la compra de bienes militares y de ayuda humanitaria.

Ucrania ha sido escenario en el pasado de numerosos casos de corrupción y Transparencia Internacional lo situó en 2021 en el 122º puesto de un total de 180 en su estudio sobre percepción de la corrupción.

La Contraloría destapó un elefante blanco en las Fuerzas Militares

Una investigación de la Contraloría General destapó un presunto elefante blanco que le habría costado al Estado 30.595 millones de pesos al interior de las Fuerzas Militares.

Los resultados de esta labor derivaron en un proceso de responsabilidad fiscal, por el cual el ente de control ordenó el embargo de los bienes inmuebles del mayor Gerardo Mojica Leyva, lo mismo a la mayor Luz Mery López Rangel y al coronel Óscar Alberto Jaramillo Carrillo.

El elefante blanco se habría constituido a través de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, quien se encargó de la construcción de un centro de rehabilitación funcional en el cantón ubicado en la localidad de Puente Aranda en Bogotá, que beneficiaría a las víctimas del conflicto armado.

De acuerdo con la contratación, esta obra debía ser puesta en funcionamiento según el 31 de diciembre de 2014 y al día de hoy se encuentra sin terminar y con deficiencias en la construcción.

El Hospital debía tener 14.069 metros cuadrados distribuidos en cuatro pisos, más áreas exteriores de 1.469 metros cuadrados

Secretario de gobierno del Meta, y un grupo de exalcaldes habrían participado en entramado de corrupción

Fueron judicializados el secretario de Gobierno de la Gobernación de Meta, Hernán Alexis Gómez Niño, y a los exalcaldes de Fuentedeoro (Meta), Guillermo Suárez Trujillo y Jesús Antonio Londoño Zapata, por su presunta participación en un entramado de corrupción que direccionó la contratación en varios municipios de Meta, Casanare y Cundinamarca.

También fueron vinculados los exsecretarios de planeación de Fuentedeoro, Nelson Enrique Sarmiento Hernández y Miguel Roberto Muñoz Torres; y los contratistas Claudia Milena Ricaurte Rincón, Yeison Javier Medina Neira y Carlos Augusto Daza Orrego.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas hicieron parte de un entramado criminal que, entre 2015 y 2022, orientó los procesos contractuales para realizar obras civiles, como acueductos, para beneficiar a dos uniones temporales.

En 2015, el ahora secretario de Gobierno de Meta habría gestionado irregularmente la adjudicación de un contrato por 4.752 millones de pesos, cuyo objeto era la construcción de un alcantarillado para las veredas Puerto Aljure y Puerto Santander, en Fuentedeoro (Meta); con el respectivo contrato de interventoría que ascendió a 218 millones de pesos.

En la licitación se presentaron varios oferentes para simular un concurso público. La evidencia indica que se usaron formatos, firmas y sellos de empresas constituidas legalmente para organizar propuestas falsas y así garantizar que una unión temporal ganara el contrato sin dificultades.

El entonces alcalde de Fuentedeoro, el señor Suárez Trujillo, presuntamente conocía el propósito ilegal y obtuvo ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) los recursos para cubrir un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. De este proyecto salieron los dineros del contrato de construcción del acueducto, el cual es motivo de investigación. Por esta actuación, el exmandatario habría recibido 150 millones de pesos.

Otra anomalía detectada estaría relacionada con el giro de 1.533 millones de pesos, sin tener en cuenta que el contrato fue suspendido por dificultades en acuerdos de servidumbre en varios predios por donde pasaría la red de alcantarillado.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los investigados, según el posible nivel de participación, delitos como: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.

Los cargos no fueron aceptados. Tres de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, ellos son el secretario de Gobierno de Meta y los contratistas Daza Orrego y Ricaurte Rincón. Cuatro investigados más cumplirán detención en el lugar de residencia; mientras que el señor Medina Neira seguirá vinculado al proceso.

Un total de 11 inmuebles urbanos y 5 rurales, 25 vehículos, 4 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 196 semovientes, fueron afectados con medidas cautelares en el marco de la investigación.

 

Imputan cargos a exalcalde de Buenaventura

Foto: Cortesía

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a Edison Bioscar Ruiz Valencia, un exalcalde encargado de Buenaventura (Valle del Cauca), que habría participado en un entramado de corrupción que permitió a particulares quedarse con dineros de un proyecto de vivienda.

En la investigación se constató que, mientras ejerció el cargo en 2018, Ruiz Valencia realizó una convocatoria pública para comprar lotes, terrenos o bienes que permitieran avanzar en el plan de dar casa nueva a la población vulnerable.

El entonces alcalde suscribió de manera directa cuatro contratos de compraventa de varios inmuebles por 24.984 millones de pesos. El material de prueba indica que este proceso se realizó sin estudios previos de mercado y con posibles irregularidades en fechas, plazos y valores. De esta manera, al parecer, se vulneraron varias normas y principios esenciales de contratación como planeación y selección objetiva.

Asimismo, se estableció que los predios comprados habrían sido avaluados muy por encima del costo real, lo que generó pérdidas al municipio por 12.492 millones de pesos. Estos dineros fueron pagados de más y quedaron en manos de los contratistas.

A la cárcel siete funcionarios del INPEC por temas de corrupción

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a siete integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y a dos particulares, quienes harían parte de una red delictiva señalada de exigir dinero a los internos y a sus familias para permitirles entrar a la cárcel La Modelo de Bogotá diversos elementos.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a estas personas, según el posible nivel de participación, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión; y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Los procesados son: los dragoneantes César Augusto Moreno Hidalgo, Christopher Mauricio Salcedo Cuadros, Luis Fernando Bustos Galindo, Jonathan Javier Sánchez Quiroga, Julio Humberto Oviedo España y Álvaro Castro Quinayas; y los particulares Leidy Stefanía López Sánchez, Rosimary Giraldo Montoya y Daniel Mauricio Barrios

Los elementos de prueba obtenidos, en un trabajo conjunto con el grupo GAULA de la Policía Nacional, dan cuenta de que los funcionarios se habrían concertado para permitir el paso de alucinógenos, licores, cigarrillos y celulares que eran vendidos a los privados de la libertad. Asimismo, se demostró que, al parecer, también permitían realizar llamadas extorsivas.

De otra parte, se conoció que las dos mujeres, presuntamente, acopiaban y ocultaban los elementos prohibidos y restringidos por el reglamento penitenciario en casetas ubicadas en inmediaciones de La Modelo.

Durante la investigación se realizaron dos diligencias de registro y allanamiento en las garitas del establecimiento carcelario, donde fueron incautados teléfonos celulares, encomiendas con artículos personales, sim card, una gramera, marihuana y bebidas alcohólicas.

Mindefensa confirma fallo destituyendo a un funcionario por apropiación de dineros públicos en la Armada

El ministro de Defensa, Iván Velásquez confirmó el fallo de primera instancia proferido por el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, donde se responsabiliza disciplinariamente al servidor público Rafael Ignacio Fierro Hernández por apropiarse de forma indebida de dineros cuya administración estaban a cargo de la Base Naval ARC Bolívar, con sede en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C.

De acuerdo con la providencia, quedó demostrado que el señor Fierro Hernández, quien ocupaba el cargo de jefe de Presupuesto de la Base Naval ARC-Bolívar, se apropió de dineros públicos para ser usados en el pago de los servicios de gas y energía de personas naturales y jurídicas, así como de bienes inmuebles que no tenían ninguna relación con la Armada Nacional.

Las conductas que fueron calificadas como gravísimas a título de dolo por parte del señor Fierro Hernández, se desarrollaron continuamente durante los años 2015, 2016 y 2017, en donde el servidor hizo uso de recursos públicos ilícitamente por más de $50.000.000.

Sobre estos hechos también se compulsaron copias ante la fiscalía general de la Nación y Contraloría General de la República a efectos de que se adelanten las actuaciones penales y fiscales a las que haya lugar.

 

Imputan cargos a directivo de Triple A

La fiscalía general de la Nación imputó cargos como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad ideológica en documento privado y administración desleal a Nelson Eduardo Polo Carbonel, directivo de y accionista de una de las compañías que conforman Triple A.

Al parecer, Polo Carbonel habría participado en maniobras que permitieron la apropiación irregular de 23.379 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación esta persona, mediante actas de junta directiva, habría autorizado la contratación y subcontratación de bienes y servicios con la sociedad Triple A, que nunca se prestaron ni ejecutaron. Con esta actuación, al parecer, avaló la apropiación en favor de terceros de 23.379 millones de pesos, entre 2012 y 2014.

Por estos mismos hechos, el exgerente de Triple A S.A. E.S.P., reconoció su participación en el entramado criminal y fue condenado; mientras que otros cuatro posibles participes fueron imputados y sus procesos se encuentran en etapa de juicio.

 

Partido Liberal pierde una curul en el Senado

El Partido Liberal pierde una curul en el Senado de la República, luego de que la mesa directiva de la Corporación declarara la Silla Vacía al puesto del congresista Mario Castaño.

El exsenador aceptó cargos por conformar una red de corrupción en varios departamentos, municipios y entidades del Gobierno Nacional.

“Dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 134 de la Constitución Política, respecto de la curul del doctor Mario Alberto Castaño, identificado con cedula de ciudadanía 75.067.786, por las razones dadas en la parte considerativa del presente acto administrativo. En consecuencia, no habrá lugar al llamado a su reemplazo”, dice la resolución.

Con la decisión, la plenaria del Senado de la República queda con 106 curules en donde el Partido Liberal reduce sus curules quedando con 13.

Mario Alberto Castaño Pérez se acogió a sentencia anticipada, ante investigación por liderar una estructura criminal que, en complicidad con un grupo de alcaldes, funcionarios y particulares cómplices, se apropió de multimillonarios recursos de la administración pública provenientes del patrimonio del Estado.

Senadora del Pacto Histórico denuncia supuestos malos manejos de las regalías durante el Gobierno Duque

La Senadora de la República del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, denunció “una cadena de irregularidades en el manejo de los recursos de los fondos regionales y ambientales del Sistema General de Regalías durante el período del expresidente Iván Duque.

Se trataría de uno de los peores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.

De acuerdo con los resultados de la investigación, durante la administración de Iván Duque se asignaron 12.245 contratos, así como actos de ordenación de gasto bajo la modalidad de contratación directa y regímenes especiales que suman recursos por el orden de los 3.8 billones de pesos.

Según los hallazgos de la congresista,” entre el 7 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2022, el gobierno destinó recursos a dedo y sin una sólida justificación técnica”.

Actual Ley de Regalías, a la medida de la corrupción

La investigación de la senadora Hernández determinó con fuentes en territorio, que para que un proyecto de regalías salga adelante y tenga vida se “requiere” de un padrino político que “garantice” su aprobación a cambio del pago de coimas durante las distintas fases del proceso.

En ese sentido, el alcalde del municipio de Colón- Génova (Nariño), Segundo Gil López, y quien fue uno de los mandatarios consultados durante la verificación en territorio, contó detalles reveladores frente a cómo habría funcionado la dinámica de intermediación que terminó desviando a bolsillos particulares, importantes recursos públicos pertenecientes a la ciudadanía.

“Durante varios años en muchas entidades del Estado han instalado unas especies de ‘peajes’, es decir el pago de coimas o dádivas, a cambio de permitir el avance de un proyecto de regalías. Si esto no se hace la iniciativa sencillamente es descartada por muy buena que sea, lo cual no solo es hecho descarado de corrupción, sino que además impide la materialización de proyectos valiosos y que sí necesitan con urgencia las comunidades”, indicó.

Por cuenta de las pesquisas adelantadas por la congresista, se encontró que en los contratos de regalías para las regiones y del presupuesto ambiental, se aplicó el mismo patrón basado en el pago de dádivas desde el nacimiento hasta la finalización del proyecto de inversión que sumarían el 10% de los recursos totales ejecutados. Es decir, “esta práctica habría generado un desangre en corrupción de 380 mil millones de pesos”.

Un tercer hallazgo de la actual congresista señala al Fondo Mixto para la promoción del Deporte y la Gestión Social, en el Valle del Cauca, donde se habrían ejecutado un total de 37 contratos por $34.000 millones.

Dice la senadora que esta es la misma entidad que ejecutó casi 500 mil millones de pesos de los cuestionados contratos del OCAD paz, aun cuando cuenta con un patrimonio de apenas 6.401 millones de pesos.

El informe dice además que la Fundación Universidad del Valle, obtuvo 253 contratos a dedo por $245 mil millones

Para Hernández es curioso que, “la Fundación Universidad del Valle figura con un patrimonio neto de apenas 4.100 millones de pesos, es decir 50 veces menos de los montos que recibió, lo que se constituye, para los intereses del Estado, en un grave riesgo al depender de una organización con un limitado músculo financiero en caso de una eventualidad derivada de la ejecución de los recursos. Es bueno recordar, que esta organización ya ha estado inmersa en varios escándalos por importantes retrasos en la ejecución de proyectos y por hallazgos fiscales de la Contraloría General”.

Otro caso que encontró la senadora del Pacto Histórico, es el relacionado con las Asociaciones de Municipios, que han sido constituidas, en buena parte, por ex alcaldes.

“Se valen de las fragilidades del mismo para constituir esta clase de organizaciones a fin de evitar los esquemas de contratación públicos, de control y de transparencia amparados en leyes como la 80 de 1993.  Estas organizaciones recibieron de las manos del gobierno Duque, 255 contratos a dedo por 162 mil millones de pesos, sin ninguna clase de vigilancia y bajo el desconocimiento de la opinión pública”, indicó.

Casa por cárcel para lobbysta de la red de Mario Castaño

Nova Cañón, integrante de la red de corrupción del senador liberal, Mario Castaño, recibió el beneficio de casa por cárcel luego de un acuerdo con la fiscalía general de la Nación.

Cañón, ejercía la función de lobista de la organización y la encargada de conseguir contratos y citas con el senador.

El beneficio fue establecido luego comprometerse a la entrega de información sobre la red de corrupción liderada por el senador liberal, quien manejaba la política en el Eje Cafetero.

El juez que maneja el caso permitió además la casa por cárcel a Santiago Cañón a quién se le imputará junto a Nova, los cargos de celebración indebida de contratos y peculado.

Nova y Santiago fueron capturados en medio de un operativo del CTI de la fiscalía general en contra de esta organización que pagaría millonarios sobornos a alcaldes y gobernadores en los departamentos de Tolima, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, para la entrega de diversos convenios y contratos de prestación de servicios.

Nova Lorena Cañón se hizo fuerte en la organización del senador Castaño por ser relacionista pública, y tener conexiones en el Congreso, en el Gobierno de Iván Duque, en los medios de comunicación y hasta con la mamá del expresidente Juliana Márquez.

El senador Mario Castaño enfrenta cargos en la Corte Suprema de Justicia por organizar una red dedicada a la búsqueda de contratos, especialmente de infraestructura, para de esta forma ganar buenos porcentajes, además de tramitar hojas de vidas en las diferentes entidades del Estado y cobrar comisiones por cada obligación firmada.

Aunque la fiscalía general anunció que existen al menos 60 personas indiciadas de pertenecer a la estructura delictiva.

 

 

«Bogotanos utilizan muy poco la Línea Anticorrupción»: Veeduría Distrital

La encuesta desarrollada por la Veeduría Distrital para entender la percepción que tienen los ciudadanos de los hechos de corrupción, así como de los mecanismos de denuncia y su efectividad, revela que el 62.9% de las personas dijo haber conocido actos de corrupción, pero solo el 33,5% los ha denunciado.

La desconfianza en los mecanismos de denuncia es el primer motivo por el que los bogotanos acuden al silencio, además de considerar que no sirven para nada.

Tan solo el 5% de los encuestados afirmaron que actúan bajo premisas como: “el fin justifica los medios”, “el vivo vive del bobo” y “por la plata baila el mono”. El 67% de las personas consideran que han hecho algo contra la corrupción.

El 93% de los encuestados consideran una acción corrupta el hecho de no denunciar personas que cometen actos de corrupción.

Sobre los mecanismos a través de los cuales se ha denunciado, la Línea anticorrupción es la que menos se utiliza o se conoce, según lo estableció el órgano de control distrital.

La encuesta no tiene representatividad estadística, por lo cual los resultados deben interpretarse en términos del número de personas encuestadas y no de toda la población de la ciudad.

Ver encuesta:

Resultados de La Encuesta de Canales de Denuncia y Protección Al Denunciante VF (1) by Confidencial Colombia on Scribd

España, sexto país de la UE donde se cree que la corrupción está muy extendida

España se sitúa en el sexto lugar entre los países de la UE en el que los ciudadanos creen que la corrupción está muy extendida, con casi nueve de cada diez encuestados que considera que está «totalmente extendida» en el país, según un Eurobarómetro hecho público este miércoles por la Comisión Europea.

El 89 por ciento de los encuestados españoles ha afirmado que la corrupción está muy extendida, por detrás del 98 por ciento de Grecia, el 94 de Chipre y de Croacia, el 91 de Hungría y el 90 de Portugal.

La cifra se sitúa por encima de los casi siete de cada diez ciudadanos europeos que creen que la corrupción sigue estando muy extendida en su país. Al otro lado de la balanza, sólo el 17 por ciento de los finlandeses y el 16 por ciento afirman tener esta percepción.

Respecto a los que opinan que los altos niveles de corrupción no son lo suficientemente perseguidos en su país, España se sitúa en quinta posición, ya que un 80 por ciento de los encuestados han manifestado su «total acuerdo» con esta afirmación, sólo por detrás de Grecia, Hungría, Chipre y Eslovenia y, por encima del 69 por ciento de la media europea.

Además, el 67 por ciento de los españoles considera que la corrupción está extendida entre los políticos sea a nivel nacional, regional o local, un porcentaje en línea del 67 por ciento de Eslovenia, por lo que ambos Estados miembros lideran la lista, y se sitúan por encima de la media europea del 55 por ciento.

En un paso más, el 84 por ciento de los españoles sitúan los partidos políticos como el ámbito en el que se incurre en mayores abusos de poder para obtener beneficio personal, seguido por el 70 de Chile y el 66 de Portugal.

Ocupan bienes de Mario Castaño

La Fiscalía General de la Nación, ocupó 21 inmuebles urbanos, 7 vehículos, 2 sociedades y 1 establecimiento de comercio que se encuentran a nombre del senador Mario Alberto Castaño Pérez.

Las diligencias de secuestro y embargo de bienes fueron  realizadas en Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas), Quibdó (Chocó), Cartagena (Bolívar) y Medellín (Antioquia), donde se pudo confirmar que algunas de estas estaban a nombre de familiares y personas cercanas al congresista.

Todo esto hace parte de una investigación judicial que le sigue la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por su presunta participación en una red de corrupción que habría gestionado de manera irregular contratos en varios departamentos y entidades del orden nacional.

Los bienes afectados con medidas cautelares quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).