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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Corrupción

Ecuador acusa a la embajada Argentina de dejar escapar a exministra

El ministro de Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, ha acusado al embajador argentino Gabriel Fuks, recién expulsado del país, de «despejar» la zona de policías para ayudar a escapar a la exministra ecuatoriana Duarte Pesantes, sentenciada por corrupción.

«En el peor de los casos hubo complicidad», ha declarado el ministro ecuatoriano y ha calificado de «incongruente» y de «arrogante» el relato de Fuks, que ha asegurado no saber nada al respecto.

 

Justo antes de la expulsión de Fuks, el presidente argentino Alberto Fernández habló por teléfono con Holguín para intentar atenuar la situación sin éxito, según ha publicado el diario argentino ‘La Nación’.

La exministra de Transportes del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), María de los Ángeles Duarte (2010-2013), huyó el pasado lunes de la Embajada de Argentina en Quito, capital de Ecuador, donde se encontraba bajo asilo tras ser condenada a ocho años de prisión por corrupción. Tras su huida, Duarte llegó a Caracas, capital de Venezuela, donde se reunió con el embajador argentino, Óscar Laborde.

Las autoridades ecuatorianas sospechan que la exministra salió de la Embajada en un coche diplomático con ayuda de la propia embajada, algo que Argentina ha desmentido.

El viernes pasado hubo un «asado» en la Embajada argentina, en la que entraron y salieron vehículos diplomáticos, que no pueden ser registrados, según ha informado el diario argentino ‘Clarín’.

Además, las autoridades argentinas han explicado que Fuks notificó de la ausencia de Duarte el domingo. De forma inmediata avisó al ministro de Exteriores argentino Santiago Cafiero que a su vez contactó con su homólogo ecuatoriano para informar al respecto.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, coincidirá con su homólogo argentino el 24 y 25 de marzo durante la cumbre Iberoamericana que se va a realizar en República Dominicana.

El Triángulo de Las Bermudas

La corrupción en Colombia parece ser un mal endémico que se resiste por todos los medios a desaparecer, antes por el contrario, cuando se ataca ese flagelo desde el Estado, sale un escándalo más grande que indigna al país.

Y esto no es de ahora, es de siempre. Solo que con la reinserción a la vida civil de las FARC, ya todos los grandes problemas no se le achacan a esa extinta guerrilla, por eso la corrupción quedó al descubierto y es más evidente. Antes pasaba algo desapercibida porque todo lo malo que pasaba en Colombia, inmediatamente era culpa de las FARC y así se desviaba la atención de otros flagelos tan nocivos e igual de perjudiciales como la corrupción y el narcotráfico.

 

El tema de la corrupción parece estar arraigado en la sociedad, desde lo más mínimo en la cotidianidad se convierte en ello, desde los que se cuelan en el transporte público en las grandes ciudades, hasta los que se quedan con las vueltas de más que les da el tendero de la esquina, es un flagelo lastimosamente galopante que vive en la realidad nacional.

Pero hay casos de casos, hay corrupción simple dijéramos y corrupción a la carta, donde se mueven los grandes negociados que terminan por dilapidar los recursos públicos que son de todos los colombianos.

Por ejemplo, en el caso de la salud sí que abundan. Parece que los corruptos se ensañaron con la salud de los colombianos, muchos dirigieron poderosas EPS, bien recordamos el sonado caso Saludcoop, con Carlos Gustavo Palacino, entre 2000 y 2004, habría desviado recursos cercanos a los 398 mil millones de pesos. Por esto la Fiscalía recientemente pidió que se emita fallo condenatorio por los delitos de falsedad en fraude procesal y documento público. El tristemente célebre Palacino, salió con fincas, apartamentos, propiedades con canchas de golf y mucho más.

Ahora bien las regiones no se quedan atrás, en el caso específico de Nariño a la salud se le adeudan 3 billones de pesos a EPS, como Salud Cóndor, Emssanar y Comfamiliar Nariño.

Y si profundizamos más pues ni qué decir del Fondo Mixto del Deporte del Valle que se adueñó en el año 2021 de por lo menos , 33 proyectos en temas de paz por cerca de $485.298 millones para ejecutar obras en Nariño, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Putumayo y Valle del Cauca.
De esos 33 contratos, 17 tuvieron sobre costos por más de $18 mil millones, como lo denunció en un debate el Representante Duvalier Sánchez. Lo más cuestionable es que este es un Fondo que maneja la Gobernación Del Valle.

Lo más indignante es, como lo denunció en su momento el diario El Espectador “El manual de contratación del Fondo Mixto del Deporte establece que únicamente los socios miembros del “Pool de Aliados Estratégicos” podrán concursar para ejecutar los contratos públicos o privados que sean designados por esta entidad. Es decir, los 33 contratos de Ocad-Paz fueron asignados a integrantes de este exclusivo grupo de empresarios que integran el “Pool”. “Lo grave es que ellos hicieron su propio manual de contratación”. Algo realmente fuera de serie y totalmente reprochable.

Como vemos, la corrupción sigue campante y por más esfuerzos que se hagan es complejo detener esta vena rota, pero de todos depende ponerle freno. De lo contrario Colombia terminara desangrada y ahogada en este flagelo que tiene en cuidados intensivos los recursos públicos del país.

Guillermo García Realpe
@GGarciaRealpe

¿Por qué somos tan corruptos?

Hace varios años mi profesor de historia de México, Fernando Escalante, decía en una clase que el fetiche por la norma que tenemos los latinoamericanos es igual a la pasión por violarla. Colombia es un ejemplo perfecto de esa paradoja: por una parte, es un productor de leyes que se fundamentan en el castigo como principio rector de la sociedad, pero por otra la vida cotidiana funciona en la constante violación de la norma y en la evasión de las reglas. Queremos un país libre de corrupción, pero no queremos tocar la cultura que la origina y el sistema de incentivos que la mantiene. Así no lo queramos aceptar, todos y todas vivimos inmersos en la cultura de la corrupción.

Esa cultura pasa efectivamente por la recomendación política, pero también porque la política se convirtió en un mecanismo para conseguir empleo y por el tipo de liderazgos políticos – personalistas al extremo – que hemos construido como sociedad, quiénes en vez de invertir la mayor parte de su tiempo, recursos y energía en el bienestar general, deben hacerlo en sobrevivir en el mundo político, a costa de los resultados que deberían estar produciendo.

 

Sobre la recomendación política hay todo tipo de polémica. La verdad es que es el eje de la contratación pública y lo que produjo que la clase política, especialmente la regional, se concentre en intermediar recursos, dado el profundo centralismo que nos gobierna. Si se piensa en la trayectoria vital de los Nule, es fácil encontrar que el primer contrato de esa empresa creada por hijos de exgobernadores y políticos lo obtuvieron gracias a sus contactos. Se repite la fórmula con Julio Gómez, con Emilio Tapia, o con los contratistas de la alimentación escolar. Contrario al prejuicio, no es el exceso de descentralización lo que ha producido élites regionales super poderosas, sino el centralismo que creó la necesidad de intermediación de recursos, cargos y puestos públicos. Tan culpable es el senador clientelista como el ministro con el que interactúa o el financiador de la campaña.

La segunda razón es que la corrupción se convirtió hace muchos años en una forma de movilidad social. De hacerle trampa a la vida. En una sociedad tan desigual como la colombiana tener o no tener empleo hace la diferencia. Y tener empleo en el Estado, aún más. Así, en la política del día a día, la competencia por el empleo es tóxica y mediada en gran parte por la recomendación política. No hay trayectoria al desarrollo compatible con el clientelismo, ni en América Latina, ni en Europa, ni en Asia, ni en África. No importa con cuanto ahínco defendamos la frase de: se gobierna con los amigos.  

Así, la cultura de la corrupción ha permeado hasta los huesos nuestros liderazgos políticos, y un poco también a la sociedad en general. Eso traducido al liderazgo político e institucional crea todo un círculo perverso, independientemente de la ideología que profesemos. Creamos monstruos colectivos, para luego quemarlos y castigarlos a la luz pública, mientras los grupos de la contratación siguen siendo los mismos, las campañas políticas impagables y las barreras de acceso para los liderazgos políticos más representativos de las bases sociales de Colombia son prácticamente insalvables.

Por esa misma vía no hay partidos políticos que funcionen o perduren con líderes políticos que oscilan entre personalidades e intermediarios. Lo que estamos viendo con tristeza es que en vez de partidos de ideas volvemos a la fracasada idea de partidos de personalidades. En las próximas regionales vamos a estar llenos de personalismos tan importantes que necesitan colectividades hechas a su medida. El partido de Ingrid Betancourt, el partido de los Galán, el partido de Quintero, el partido de Rodolfo Hernández, el partido de Roy Barreras, y cualquier otro que sienta que lo más importante en la política es que le hagan caso.

Si la corrupción es el hueco por el que se va la esperanza de un país más equitativo ¿por qué defendemos continuar con el mecanismo, con tanta ferocidad? Demandamos a gritos castigo, pero seguimos haciendo lo de siempre. Es curioso como una sociedad como la colombiana no ha hecho conciencia sobre la calidad de instituciones que producen estas prácticas arraigadas en la cultura política del país.

En la semana que pasó, en Pares, lanzamos una idea arriesgada para poner la corrupción en el centro del debate nacional, con la irreverencia que a veces caracteriza las ideas de la sociedad civil, que, por supuesto debe ser analizada, revisada y enriquecida por las personas más expertas y conocedoras, por las comunidades regionales que sufren la frustración de que su vida nunca cambie, y también por quienes toman las decisiones. Pero tal vez lo más importante que se develó es que no queremos reconocer la cultura de la corrupción y las consecuencias que ha traído sobre el diseño institucional. En ese espíritu vamos a insistir. No podremos tener un cambio si no tenemos una conversación nacional y honesta sobre la corrupción. Sobre las formas de hacerlo, tenemos la mente abierta para aprender.

Laura Bonilla

Politóloga

 

El Mecanismo de la corrupción

En la historia, cuando las izquierdas han alcanzado el gobierno desestiman la corrupción como un problema. Parte de la explicación es porque se concentran en transformar el sistema como un todo y desprecian los mecanismos de funcionamiento de las instituciones, del estado, de la economía. Esto es claro en las últimas reformas que presentó el gobierno, y que se fundamentan en el paradigma de que todo lo público es mejor, y que basta querer hacerlo y garantizar los recursos para que funcione bien.

Pero en el mundo esta idea es más bien relativa. Hay tantos casos de modelos públicos exitosos – como en Europa del norte – como desastrosos, en el caso de la India. Lo que hace que muchos países en desarrollo hayan fracasado estrepitosamente en el paradigma es justamente lo que se desprecia como problema: la corrupción.

 

Así, la política más virtuosa para la superación de la pobreza puede terminar trayendo más pobreza. Las transferencias monetarias directas pueden promover mejores condiciones materiales de vida para las personas más rezagadas de la sociedad, o pueden también crear un sistema perverso de incentivos que deriven en clientelismo y en detrimento mismo de la democracia, creando incluso más pobreza. Así mismo, la salida fácil de dejar todo en manos privadas tiene el mismo problema al crear élites y oligopolios con dinero público que concentran la ganancia, pero no distribuyen un peso. Por eso, el cómo se hacen las cosas es tan importante como el qué.

Es fundamental entender el mecanismo de la corrupción, cómo y de donde proviene, para saber cuáles son las decisiones que debemos tomar en las elecciones regionales que se aproximan. En Colombia las leyes anticorrupción son punitivas o prohibitivas, lo que no ha ayudado a evitar que los corruptos manejen el dinero público, sino a crear mayores barreras de acceso para el resto de la sociedad. El centro del mecanismo radica en el poder de intermediación de la clase política con la ordenación del gasto. Voy a tratar de explicar cómo funciona.

Por una parte,  entre los actores del sistema está el estado central que tiene el control de la mayor parte de los recursos, los intermediarios políticos (usualmente congresistas) y una serie de contratistas o privados que ejercen de “prestamistas” o financiadores de campañas. La función primaria de los senadores o representantes es ubicar personas de su confianza en distintas instituciones y gestionar recursos de inversión para financiar sus propias campañas y las de sus aliados regionales. Así, se garantiza una cadena de confianza en la intermediación. Se vuelven super poderosos porque ningún mandatario local puede gobernar sin ellos. Pero sus servicios son demasiado costosos.

Entre más alejado sea el municipio, entre más vulnerable su población, el congresista tiene más poder sobre los mandatarios regionales, y éstos menos posibilidad de orientar el presupuesto a las necesidades de su territorio y no a pagar las deudas de campaña. Una vez la persona es electa en la alcaldía debe garantizar la devolución de su dinero, que por supuesto no es tan alta en la reposición de votos. Al final, el contratista no hace otra cosa que mover dinero público. Saca una comisión de su relación política, ejecuta o no el objeto del contrato, se queda con una porción importante que invierte nuevamente en campañas para que le sea retribuido con ganancias. En este caso, toda la financiación de campañas es estatal.

Por eso, la corrupción no puede ser desestimada para un gobierno que quiere poner lo publico en el centro de las reformas sociales. En la ejecución de la política pública el Musa Besaile petrista hará lo mismo que el Musa Besaile uribista y es garantizar su propia financiación por encima de las necesidades del territorio. Estas élites tienen la capacidad de adaptar sus formas a cualquier sistema, de montar EPS como Solsalud – fachada del condenado Luis Alberto Gil – o de torcer la contratación pública a su favor, a cambio de gobernabilidad. Da igual cual sea la norma. Al final, cualquier institución creada terminará siendo objeto de sofisticados pliegos tipos y prestando un servicio de pésima calidad. Los derechos de la gente es lo que menos le importa al mecanismo. Piénsenlo.

 

 

 

Presidente de LaLiga le da alivio al Barcelona tras escándalo de corrupción

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, advirtió este jueves que ya no puede haber ningún tipo de sanción «deportiva» para el FC Barcelona por el ‘caso Negreira’ al haber ya prescrito para ese tipo de castigos, y que se personarán «como acusación particular» si finalmente hay una querella por parte de la Fiscalía, al tiempo que dejó claro que «estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español».

A través de un video en los canales oficiales de Twitter de LaLiga, Tebas ofreció «la postura» de la patronal tras haber visto «todo» ya sobre este asunto que implica al que fuera exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira y al conjunto catalán y desveló ‘Ser Catalunya’, para «diferenciar algunos temas claros».

 

«Lo primero es que es evidente que en el 2018 y los anteriores las normas de ‘compliance’ que controlan los conflictos de intereses tanto del CTA como del FC Barcelona no funcionaron ya que con lo hemos visto esos servicios no se deberían haber prestado ni en los importes ni en los hechos que se han prestado», afirmó.

En este sentido, el dirigente puntualizó que, aunque «se habla de que pudiera haber sanciones deportivas», desde el organismo ya han «estudiado que no es posible porque del año 2018 al 2023 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años».

«Otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal, que la Fiscalía está investigando los hechos y si puede existir un delito de corrupción entre particulares en la versión de amaños de ámbito deportivo», añadió Javier Tebas.

El presidente de LaLiga indicó que van a esperar «a cómo acaba» esta investigación. «Vamos a respetarla y una vez que termine, si la Fiscalía decide interponer la oportuna querella. A partir de ahí tomaremos la decisión, si hay una querella evidentemente nos tendremos que personar como acusación particular y si no la hay, el asunto quedará archivado», detalló.

Además, desde la patronal también van a solicitar que se estudie si el miembro del organismo que estaba en esas épocas para designar a los árbitros «si tuvo alguna interferencia o intervino el señor Negreira en alguna designación». «Lo que si es una conclusión es que tanto estética como éticamente estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español», sentenció.

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*Foto: Europa Press

Imputan cargos a cuatro policías que habrían permitido prostitución en la localidad de Kennedy

De acuerdo con una investigación de la fiscalía general de la Nación, el intendente Óscar Javier Vanegas y los patrulleros Walder Antonio Orjuela, Jairo Alexander Pineda, Cristhian Fernando Molina quienes estaban adscritos al CAI Caldas en la localidad de Kennedy de Bogotá, habrían permitido delitos como prostitución infantil, venta de estupefacientes y tráfico de armas en la localidad de Kennedy.

Labores de policía judicial, entre las que se destacan interceptación de comunicaciones, pusieron al descubierto a los uniformados del CAI quienes serían los encargados de cobrar las altas sumas de dinero que imponían los cabecillas de las organizaciones criminales y que eran cobradas en establecimientos públicos, bares y vendedores informales.

 

La investigación da cuenta omitían sus deberes frente al control a la venta de licor adulterado, permitían la prostitución infantil y exigían dinero a delincuentes implicados en hurtos; muchos de estos serían integrantes de organizaciones como el llamado Tren de Aragua.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Orjuela Morales y Molina Salas, quienes no se allanaron a los cargos imputados. Por su parte, Óscar Javier Vanegas, y Pineda López aceptaron su responsabilidad y fueron cobijados con detención domiciliaria.

Cerca de 3 millones de euros tras la corrupción en el Ministerio de Defensa de Ucrania

La Fiscalía General de Ucrania sostiene que la trama de corrupción en el seno del Ministerio de Defensa podría haber ocasionado al Estado pérdidas valoradas en 120 millones de grivnas (2,9 millones de euros) – , un caso que ya ha provocado la detención del viceministro, Viacheslav Shapovalov, y el cese de varios altos cargos.

De acuerdo con la investigación, se sospecha de que dos empresas se habrían beneficiado de esta trama, aumentando artificialmente el precio de bienes y alimentos destinados a las Fuerzas Armadas a través de «compañías ficticias».

 

Mientras tanto, siguen las investigaciones para conocer el grado de implicación y participación de funcionarios de esta cartera en todo este asunto, detalla la Fiscalía en un mensaje a través de su perfil de Telegram.

En la última semana, en vísperas de la cumbre Ucrania-UE de este viernes en Kiev, las autoridades ucranianas parecen haber intensificado su lucha contra la corrupción, uno de los requisitos reclamados por Bruselas para avanzar en la posible adhesión del país al grupo europeo.

La puesta en escena ha dejado varias redadas y operativos en organismos públicos, como el Ministerio de Hacienda, o más recientemente, en Odesa, donde algunas de sus autoridades habrían desviado fondos destinados a la compra de bienes militares y de ayuda humanitaria.

Ucrania ha sido escenario en el pasado de numerosos casos de corrupción y Transparencia Internacional lo situó en 2021 en el 122º puesto de un total de 180 en su estudio sobre percepción de la corrupción.

La Contraloría destapó un elefante blanco en las Fuerzas Militares

Una investigación de la Contraloría General destapó un presunto elefante blanco que le habría costado al Estado 30.595 millones de pesos al interior de las Fuerzas Militares.

Los resultados de esta labor derivaron en un proceso de responsabilidad fiscal, por el cual el ente de control ordenó el embargo de los bienes inmuebles del mayor Gerardo Mojica Leyva, lo mismo a la mayor Luz Mery López Rangel y al coronel Óscar Alberto Jaramillo Carrillo.

 

El elefante blanco se habría constituido a través de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, quien se encargó de la construcción de un centro de rehabilitación funcional en el cantón ubicado en la localidad de Puente Aranda en Bogotá, que beneficiaría a las víctimas del conflicto armado.

De acuerdo con la contratación, esta obra debía ser puesta en funcionamiento según el 31 de diciembre de 2014 y al día de hoy se encuentra sin terminar y con deficiencias en la construcción.

El Hospital debía tener 14.069 metros cuadrados distribuidos en cuatro pisos, más áreas exteriores de 1.469 metros cuadrados

Secretario de gobierno del Meta, y un grupo de exalcaldes habrían participado en entramado de corrupción

Fueron judicializados el secretario de Gobierno de la Gobernación de Meta, Hernán Alexis Gómez Niño, y a los exalcaldes de Fuentedeoro (Meta), Guillermo Suárez Trujillo y Jesús Antonio Londoño Zapata, por su presunta participación en un entramado de corrupción que direccionó la contratación en varios municipios de Meta, Casanare y Cundinamarca.

También fueron vinculados los exsecretarios de planeación de Fuentedeoro, Nelson Enrique Sarmiento Hernández y Miguel Roberto Muñoz Torres; y los contratistas Claudia Milena Ricaurte Rincón, Yeison Javier Medina Neira y Carlos Augusto Daza Orrego.

 

De acuerdo con las investigaciones, estas personas hicieron parte de un entramado criminal que, entre 2015 y 2022, orientó los procesos contractuales para realizar obras civiles, como acueductos, para beneficiar a dos uniones temporales.

En 2015, el ahora secretario de Gobierno de Meta habría gestionado irregularmente la adjudicación de un contrato por 4.752 millones de pesos, cuyo objeto era la construcción de un alcantarillado para las veredas Puerto Aljure y Puerto Santander, en Fuentedeoro (Meta); con el respectivo contrato de interventoría que ascendió a 218 millones de pesos.

En la licitación se presentaron varios oferentes para simular un concurso público. La evidencia indica que se usaron formatos, firmas y sellos de empresas constituidas legalmente para organizar propuestas falsas y así garantizar que una unión temporal ganara el contrato sin dificultades.

El entonces alcalde de Fuentedeoro, el señor Suárez Trujillo, presuntamente conocía el propósito ilegal y obtuvo ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) los recursos para cubrir un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. De este proyecto salieron los dineros del contrato de construcción del acueducto, el cual es motivo de investigación. Por esta actuación, el exmandatario habría recibido 150 millones de pesos.

Otra anomalía detectada estaría relacionada con el giro de 1.533 millones de pesos, sin tener en cuenta que el contrato fue suspendido por dificultades en acuerdos de servidumbre en varios predios por donde pasaría la red de alcantarillado.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los investigados, según el posible nivel de participación, delitos como: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.

Los cargos no fueron aceptados. Tres de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, ellos son el secretario de Gobierno de Meta y los contratistas Daza Orrego y Ricaurte Rincón. Cuatro investigados más cumplirán detención en el lugar de residencia; mientras que el señor Medina Neira seguirá vinculado al proceso.

Un total de 11 inmuebles urbanos y 5 rurales, 25 vehículos, 4 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 196 semovientes, fueron afectados con medidas cautelares en el marco de la investigación.

 

Imputan cargos a exalcalde de Buenaventura

Foto: Cortesía

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a Edison Bioscar Ruiz Valencia, un exalcalde encargado de Buenaventura (Valle del Cauca), que habría participado en un entramado de corrupción que permitió a particulares quedarse con dineros de un proyecto de vivienda.

 

En la investigación se constató que, mientras ejerció el cargo en 2018, Ruiz Valencia realizó una convocatoria pública para comprar lotes, terrenos o bienes que permitieran avanzar en el plan de dar casa nueva a la población vulnerable.

El entonces alcalde suscribió de manera directa cuatro contratos de compraventa de varios inmuebles por 24.984 millones de pesos. El material de prueba indica que este proceso se realizó sin estudios previos de mercado y con posibles irregularidades en fechas, plazos y valores. De esta manera, al parecer, se vulneraron varias normas y principios esenciales de contratación como planeación y selección objetiva.

Asimismo, se estableció que los predios comprados habrían sido avaluados muy por encima del costo real, lo que generó pérdidas al municipio por 12.492 millones de pesos. Estos dineros fueron pagados de más y quedaron en manos de los contratistas.

A la cárcel siete funcionarios del INPEC por temas de corrupción

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a siete integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y a dos particulares, quienes harían parte de una red delictiva señalada de exigir dinero a los internos y a sus familias para permitirles entrar a la cárcel La Modelo de Bogotá diversos elementos.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a estas personas, según el posible nivel de participación, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión; y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

 

Los procesados son: los dragoneantes César Augusto Moreno Hidalgo, Christopher Mauricio Salcedo Cuadros, Luis Fernando Bustos Galindo, Jonathan Javier Sánchez Quiroga, Julio Humberto Oviedo España y Álvaro Castro Quinayas; y los particulares Leidy Stefanía López Sánchez, Rosimary Giraldo Montoya y Daniel Mauricio Barrios

Los elementos de prueba obtenidos, en un trabajo conjunto con el grupo GAULA de la Policía Nacional, dan cuenta de que los funcionarios se habrían concertado para permitir el paso de alucinógenos, licores, cigarrillos y celulares que eran vendidos a los privados de la libertad. Asimismo, se demostró que, al parecer, también permitían realizar llamadas extorsivas.

De otra parte, se conoció que las dos mujeres, presuntamente, acopiaban y ocultaban los elementos prohibidos y restringidos por el reglamento penitenciario en casetas ubicadas en inmediaciones de La Modelo.

Durante la investigación se realizaron dos diligencias de registro y allanamiento en las garitas del establecimiento carcelario, donde fueron incautados teléfonos celulares, encomiendas con artículos personales, sim card, una gramera, marihuana y bebidas alcohólicas.

Mindefensa confirma fallo destituyendo a un funcionario por apropiación de dineros públicos en la Armada

El ministro de Defensa, Iván Velásquez confirmó el fallo de primera instancia proferido por el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, donde se responsabiliza disciplinariamente al servidor público Rafael Ignacio Fierro Hernández por apropiarse de forma indebida de dineros cuya administración estaban a cargo de la Base Naval ARC Bolívar, con sede en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C.

De acuerdo con la providencia, quedó demostrado que el señor Fierro Hernández, quien ocupaba el cargo de jefe de Presupuesto de la Base Naval ARC-Bolívar, se apropió de dineros públicos para ser usados en el pago de los servicios de gas y energía de personas naturales y jurídicas, así como de bienes inmuebles que no tenían ninguna relación con la Armada Nacional.

 

Las conductas que fueron calificadas como gravísimas a título de dolo por parte del señor Fierro Hernández, se desarrollaron continuamente durante los años 2015, 2016 y 2017, en donde el servidor hizo uso de recursos públicos ilícitamente por más de $50.000.000.

Sobre estos hechos también se compulsaron copias ante la fiscalía general de la Nación y Contraloría General de la República a efectos de que se adelanten las actuaciones penales y fiscales a las que haya lugar.

 

Imputan cargos a directivo de Triple A

La fiscalía general de la Nación imputó cargos como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad ideológica en documento privado y administración desleal a Nelson Eduardo Polo Carbonel, directivo de y accionista de una de las compañías que conforman Triple A.

Al parecer, Polo Carbonel habría participado en maniobras que permitieron la apropiación irregular de 23.379 millones de pesos.

 

De acuerdo con la investigación esta persona, mediante actas de junta directiva, habría autorizado la contratación y subcontratación de bienes y servicios con la sociedad Triple A, que nunca se prestaron ni ejecutaron. Con esta actuación, al parecer, avaló la apropiación en favor de terceros de 23.379 millones de pesos, entre 2012 y 2014.

Por estos mismos hechos, el exgerente de Triple A S.A. E.S.P., reconoció su participación en el entramado criminal y fue condenado; mientras que otros cuatro posibles participes fueron imputados y sus procesos se encuentran en etapa de juicio.

 

Partido Liberal pierde una curul en el Senado

El Partido Liberal pierde una curul en el Senado de la República, luego de que la mesa directiva de la Corporación declarara la Silla Vacía al puesto del congresista Mario Castaño.

El exsenador aceptó cargos por conformar una red de corrupción en varios departamentos, municipios y entidades del Gobierno Nacional.

 

“Dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 134 de la Constitución Política, respecto de la curul del doctor Mario Alberto Castaño, identificado con cedula de ciudadanía 75.067.786, por las razones dadas en la parte considerativa del presente acto administrativo. En consecuencia, no habrá lugar al llamado a su reemplazo”, dice la resolución.

Con la decisión, la plenaria del Senado de la República queda con 106 curules en donde el Partido Liberal reduce sus curules quedando con 13.

Mario Alberto Castaño Pérez se acogió a sentencia anticipada, ante investigación por liderar una estructura criminal que, en complicidad con un grupo de alcaldes, funcionarios y particulares cómplices, se apropió de multimillonarios recursos de la administración pública provenientes del patrimonio del Estado.

Senadora del Pacto Histórico denuncia supuestos malos manejos de las regalías durante el Gobierno Duque

La Senadora de la República del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, denunció “una cadena de irregularidades en el manejo de los recursos de los fondos regionales y ambientales del Sistema General de Regalías durante el período del expresidente Iván Duque.

Se trataría de uno de los peores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.

 

De acuerdo con los resultados de la investigación, durante la administración de Iván Duque se asignaron 12.245 contratos, así como actos de ordenación de gasto bajo la modalidad de contratación directa y regímenes especiales que suman recursos por el orden de los 3.8 billones de pesos.

Según los hallazgos de la congresista,” entre el 7 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2022, el gobierno destinó recursos a dedo y sin una sólida justificación técnica”.

Actual Ley de Regalías, a la medida de la corrupción

La investigación de la senadora Hernández determinó con fuentes en territorio, que para que un proyecto de regalías salga adelante y tenga vida se “requiere” de un padrino político que “garantice” su aprobación a cambio del pago de coimas durante las distintas fases del proceso.

En ese sentido, el alcalde del municipio de Colón- Génova (Nariño), Segundo Gil López, y quien fue uno de los mandatarios consultados durante la verificación en territorio, contó detalles reveladores frente a cómo habría funcionado la dinámica de intermediación que terminó desviando a bolsillos particulares, importantes recursos públicos pertenecientes a la ciudadanía.

“Durante varios años en muchas entidades del Estado han instalado unas especies de ‘peajes’, es decir el pago de coimas o dádivas, a cambio de permitir el avance de un proyecto de regalías. Si esto no se hace la iniciativa sencillamente es descartada por muy buena que sea, lo cual no solo es hecho descarado de corrupción, sino que además impide la materialización de proyectos valiosos y que sí necesitan con urgencia las comunidades”, indicó.

Por cuenta de las pesquisas adelantadas por la congresista, se encontró que en los contratos de regalías para las regiones y del presupuesto ambiental, se aplicó el mismo patrón basado en el pago de dádivas desde el nacimiento hasta la finalización del proyecto de inversión que sumarían el 10% de los recursos totales ejecutados. Es decir, “esta práctica habría generado un desangre en corrupción de 380 mil millones de pesos”.

Un tercer hallazgo de la actual congresista señala al Fondo Mixto para la promoción del Deporte y la Gestión Social, en el Valle del Cauca, donde se habrían ejecutado un total de 37 contratos por $34.000 millones.

Dice la senadora que esta es la misma entidad que ejecutó casi 500 mil millones de pesos de los cuestionados contratos del OCAD paz, aun cuando cuenta con un patrimonio de apenas 6.401 millones de pesos.

El informe dice además que la Fundación Universidad del Valle, obtuvo 253 contratos a dedo por $245 mil millones

Para Hernández es curioso que, “la Fundación Universidad del Valle figura con un patrimonio neto de apenas 4.100 millones de pesos, es decir 50 veces menos de los montos que recibió, lo que se constituye, para los intereses del Estado, en un grave riesgo al depender de una organización con un limitado músculo financiero en caso de una eventualidad derivada de la ejecución de los recursos. Es bueno recordar, que esta organización ya ha estado inmersa en varios escándalos por importantes retrasos en la ejecución de proyectos y por hallazgos fiscales de la Contraloría General”.

Otro caso que encontró la senadora del Pacto Histórico, es el relacionado con las Asociaciones de Municipios, que han sido constituidas, en buena parte, por ex alcaldes.

“Se valen de las fragilidades del mismo para constituir esta clase de organizaciones a fin de evitar los esquemas de contratación públicos, de control y de transparencia amparados en leyes como la 80 de 1993.  Estas organizaciones recibieron de las manos del gobierno Duque, 255 contratos a dedo por 162 mil millones de pesos, sin ninguna clase de vigilancia y bajo el desconocimiento de la opinión pública”, indicó.