Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema de Justicia avala extradición del hermano de Piedad Córdoba

La Corte Suprema de Justicia dio su visto bueno para que el hermano de la senadora Piedad Córdoba sea extraditado a los Estados Unidos.

El máximo tribunal de la justicia estudió el caso y tras deliberar dio el concepto favorable a la solicitud del Gobierno norteamericano.

En la decisión La Corte dejó claro de acuerdo la ponencia de la magistrada Myriam Ávila, que “el envío de granadas o ametralladoras no precisamente significa un cargo por el cual deba ser extraditado, pero sí con el envío de drogas a ese país”.

“En razón a lo anterior, no se advierte que contra el requerido se adelante en Colombia investigación por los mismos hechos por los que fue pedido en extradición, de ahí que no se cumple el aludido presupuesto para emitir concepto desfavorable”.

Álvaro Córdoba Ruiz fue llamado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, así como la sobrina de Piedad Córdoba, Libia Amanda Palacio Mena. Ambos fueron capturados por el grupo SIU de la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía Nacional.

De acuerdo a la información disponible, Álvaro Córdoba sería el coordinador logístico del abastecimiento de drogas desde el sur de Colombia.

Rodolfo Hernández quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

El excandidato presidencial y ahora senador de la república, Rodolfo Hernández, será investigado por hechos de corrupción en un contrato firmado en la empresa de Aseo de Bucaramanga por la Corte Suprema de Justica.

Al ocupar el cargo de senador de la República, la investigación judicial que estaba en manos de la fiscalía general de la Nación pasa ahora a manos del máximo tribunal de la justicia en Colombia, quien deberá establecer si el ahora congresista de oposición es responsable o no.

La Fiscalía abrió le investigación como presunto responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, cuando ejerció como alcalde de Bucaramanga y al parecer, habría ejercido su poder para direccionar el contrato que tenía como objeto asesorar a la Emab sobre el procedimiento adecuado para el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco.

El contrato por el que Hernández deberá responder ante su nuevo juez, fue firmado por l por $336 millones a favor del ingeniero Jorge Hernán Alarcón.

 

Nueva investigación para el congresista Wilmer Carrillo

Foto: La Opinion.com.co

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abre investigación penal y llama a indagatoria al representante a la Cámara Wilmer Ramiro Carrillo porque, siendo secretario de Infraestructura en el departamento del Norte de Santander, habría ordenado pagos a contratista por obras no ejecutadas en detrimento del departamento.

El máximo tribunal de la justicia en Colombia, abrió investigación al congresista en 2021  por en ocho contratos que Carrillo suscribió para el suministro de combustible de vehículos y ambulancias. En su momento, la Contraloría reportó un detrimento cercano a $3.000 millones para el hospital de Ábrego, en Norte de Santander.

Según la entidad, el político habría cambiado el manual de funciones del hospital para hacer viable el contrato de un familiar. Tras estas irregularidades, la Fiscalía imputó cargos a seis personas cercanas al centro asistencial.

Carrillo es representante a la cámara con el aval del Partido de la U. Cumple dos períodos en el legislativo.

Investigación a tres congresistas por los OCAD – PAZ

La Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra los congresistas Wadith Manzur, Yamil Hernando Arana y Ape Cuello Baute, por su presunta participación en un caso de posible corrupción que se habría gestado en torno a los dineros de la implementación del acuerdo de paz.

El oficio 5318 de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, pide a los congresistas del partido Conservador, “explicar si tienen o no que ver con una presunta red de corrupción que habría cobrado coimas de entre el 2 y el 12 por ciento para la adjudicación de dineros de regalías para los proyectos previstos por los llamados OCAD-Paz”.

El documento pide además escuchar al exconsejero de Paz, Emilio Archila, quien desde el primer día que se conoció del asunto lo puso en mano de las autoridades.

Al respecto, la Contraloría General de la Nación procesa fiscalmente a 9 alcaldes por posibles desviaciones de recursos del OCAD-Paz y ha llegado a plantear que podría existir un cartel dedicado a generar este tipo de desfalcos.

María del Pilar Hurtado recupera su libertad sin confesar quien ordenó las chuzadas

La exdirectora del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), obtuvo libertad condicional al acreditar un total de 120 meses y 27 días de prisión con detención física y redención de pena por trabajo y/o estudio, según lo estableció la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal de la justicia en Colombia determinó que la exfuncionaria del gobierno Uribe “ha tenido un comportamiento ejemplar en reclusión y que durante el tiempo que ha permanecido recluida se ha dedicado a la reconstrucción de sus acciones mediante el trabajo y el aprendizaje”, destaca la providencia, señalando que ha desarrollado labores de agricultura urbana, trabajo comunitario, entre otras actividades.

María del Pilar Hurtado estuvo al frente del DAS en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.  Con más de 15 años de trayectoria en el sector público. Fue secretaria general y luego directora del Instituto distrital para la recreación y el deporte (IDRD) así como asesora de Andrés Camargo en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa en Bogotá.

En marzo de 2006 fue nombrada subdirectora del DAS durante la dirección de Andrés Peñate, y un año después Uribe la escogió como reemplazo de Peñate luego de que éste renunciara. Muy pronto aparecieron acusaciones en su contra. En 2008 el entonces senador y hoy presidente electo, Gustavo Petro, denunció que el DAS lo había interceptado ilegalmente y que Uribe había dado la orden. A esto se unió la revelación del senador del Polo Democrático Alexander López, quien señaló que el DAS estaba haciendo seguimientos ilegales a los congresistas de su partido.

Cuando el escándalo creció y su orden de captura se hizo inevitable, viajó a Panamá y solicitó un asilo por persecución política.  A partir de ese momento el gobierno de Colombia en cabeza de Juan Manuel Santos inició las gestiones para que el país vecino la regresara, sin embargo, estas solicitudes fueron negadas por el mandatario de ese entonces Ricardo Martinelli.

Se supo entonces que el expresidente Uribe ayudó en las gestiones para que Panamá le otorgara el refugio, valiéndose de su cercanía con Martinelli. Cuando Juan Carlos Varela, cercano a Juan Manuel Santos, reemplazó a Martinelli en la presidencia de Panamá y cuando el mandatario colombiano logró que la Interpol emitiera la orden de captura contra Hurtado, el país vecino anunció que empezaría a buscarla para su captura y el abogado de Hurtado en Colombia, Jaime Camacho, anunció que se entregaría a las autoridades colombianas.

A su regreso el país, el 27 de febrero de 2015 fue condenada a catorce años de prisión. Hasta el momento María del Pilar Hurtado no ha entregado información a la justicia colombiana que permita conocer el nombre de la persona en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez que dio la orden de espiar de manera ilegal a miembros de oposición, algunos periodistas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.

Ocupan bienes de Mario Castaño

La Fiscalía General de la Nación, ocupó 21 inmuebles urbanos, 7 vehículos, 2 sociedades y 1 establecimiento de comercio que se encuentran a nombre del senador Mario Alberto Castaño Pérez.

Las diligencias de secuestro y embargo de bienes fueron  realizadas en Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas), Quibdó (Chocó), Cartagena (Bolívar) y Medellín (Antioquia), donde se pudo confirmar que algunas de estas estaban a nombre de familiares y personas cercanas al congresista.

Todo esto hace parte de una investigación judicial que le sigue la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por su presunta participación en una red de corrupción que habría gestionado de manera irregular contratos en varios departamentos y entidades del orden nacional.

Los bienes afectados con medidas cautelares quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

 

Condenan otro exgobernador del Chocó por corrupción

La Sala Especial de Primera Instancia de la  Corte Suprema de Justicia, condenó a siete años y 6 meses de prisión y una multa de 3.486.681.447 pesos al exgobernador encargado del Chocó, Modesto Serna Córdoba, por los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación en favor de terceros .

Los hechos tienen que ver con la documentación que Serna Córdoba entregó para que el departamento reconociera una serie de  pagos por cesantías y sanción moratoria que se adeudaba a  101 docentes, de los cuales 62 no cumplían con los requisitos exigidos por la ley.

Los documentos sirvieron como título ejecutivo por valores de $484.716.167 pesos y 1.185.564.278 pesos para iniciar proceso ejecutivo que terminó con el pago total de la obligación.

Modesto Serna Córdoba, ocupó el cargo Secretario de Gobierno del municipio del Carmen del Darien, alcalde del mismo municipio; diputado del departamento del Chocó, secretario de Gobierno del Chocó y ejerció como gobernador encargado del departamento losdías 30, 31 de julio y 1 de agosto de 2007.

El exgobernador queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por 8 años. La pena impuesta se da sin beneficio de prisión domiciliaria.

 

La nueva cita de Armando Benedetti con la Justicia

El día de hoy viernes 3 de mayo, el senador Armando Benedetti acudirá a cita en la Corte Suprema de Justicia quien enfrenta un proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

La diligencia tendrá lugar en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien le investiga porque en la declaración de renta del senador dice que sus ingresos económicos provienen de su actividad en el legislativo. De acuerdo con el trabajo de la togada,  “cuando se realiza el cruce de gastos, inversiones, compras y demás cargos, la suma del dinero recaudado no es proporcional”.

“A partir del análisis del flujo de efectivo real del señor Armando Benedetti tiene por justificar $2.919.809.595 que no provienen de su actividad económica.”, según la Corte, estos recursos no están justificados desde el año 2002.

En medio de este proceso, la Fiscalía General de la Nación ocupó ocho inmuebles para extinción de dominio a nombre del senador y de tres personas más, ubicados en Bogotá, Atlántico y Meta.

El congresista argumenta a su favor que la investigación no ha tenido en cuenta aspectos como préstamos, los beneficios de extensiones que tiene y más reposiciones de votos de campaña.

 

Rechazan tutela que buscaba la no extradición del hermano de Piedad Córdoba

La Corte Suprema de Justicia rechazó la tutela interpuesta por la senadora electa, Piedad Córdoba, con la que buscaba evitar la extradición de su hermano, Álvaro Córdoba Ruiz, solicitado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

«Se rechaza la acción de tutela de la referencia, como quiera que el memoralista no subsanó lo requerido mediante proveído de 29 de abril (…) de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, según el cual si no se corrige la solicitud podrá ser rechazada de plano», consigna la decisión del máximo tribunal de la justicia en Colombia.

Córdoba Ruiz fue pedido junto a Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio Mena, por los cargos de apoyo logístico para las disidencias de ‘Gentil Duarte’ en el sur del país, y de estar involucrados en tráfico de cocaína y armas, delitos vinculados a carteles mexicanos.

En el escrito la Corte advierte que este rechazo no impide que se pueda presentar una nueva tutela.

Sacan a Armando Benedetti del grupo de ‘Los ‘Bulldozer’

La Corte Suprema de Justicia dictó Auto Inhibitorio en la investigación al senador Armando Benedetti por el caso de Odebrecht.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó en su decisión que el congresista jamás estuvo en reuniones en las que se acordaron pagos de sobornos y, que además no era cercano ni a Otto Bula ni al empresario Federico Gaviria.

La decisión del máximo tribunal de la justicia en Colombia, no pudo establecer relación alguna entre Benedetti y los cabildeos que se hicieron para favorecer a Odebrecht en el contrato de la Ruta del Sol.

El abogado Mauricio Pava, quien estuvo a cargo de la defensa del senador, considera que “la investigación de la Corte reconoció la absoluta inocencia y se impuso la verdad judicial sobre la versión pública después de más de 4 años”.

“El Auto Inhibitorio deja claro que no tuve nada que ver con el tema de los bulldozer; que no tuve nada que ver con Odebrecht; que todas las personas que fueron a declarar no estuvieron en reunión conmigo ni yo tuve nada que ver con ellas; ni hubo incremento patrimonial a mi favor”, dijo Benedetti.

El senador culpa al exfiscal Néstor Humberto Martínez, de estar detrás de los señalamientos que se hicieron en su contra.

¿Qué sigue para Otoniel tras el ‘ok’ de la Corte a su extradición?

Este miércoles la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’, otrora máximo jefe del Clan del Golfo quien es requerido por la justicia de ese país por delitos de narcotráfico.

Tras la decisión adoptada por el máximo tribunal judicial en Colombia la suerte del hombre que era considerado como el narcotraficante más buscado del país en la última década, queda en manos del Presidente Iván Duque que podrá ordenar su extradición a Estados Unidos en los próximos días.

Sin embargo, la decisión podría retrarsarse y quedar en manos del próximo gobierno en caso que el equipo jurídico de alias ‘Otoniel’ recurra a recursos como la tutela, que de prosperan, podrían frenar el proceso de extradición.

Dairo Antonio Úsuga fue capturado en octubre del año 2021 en zona rural de Necoclí (Antioquia) y ha estado preso en los calabozos de la Dijín de la Policía, en donde ha rendido múltiples versiones ante la JEP y la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado.

Alias ‘Otoniel’ intentó acogerse a la JEP, argumentado que había sido parte de las filas de las extintas FARC. Sin embargo, la misma Corte negó enviar el expediente a ese tribunal de paz porque no se comprobó que Úsuga hubiera pertenecido a esa extinta guerrilla.

En Colombia, se le acusa de terrorismo, asesinato, secuestro, extorsión, reclutamiento forzado de menores, abuso sexual, y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas.

Revocan suspención de pena por caso Jineth Bedoya

La Corte Suprema de Justicia revocó  la  suspensión condicional de la ejecución de la pena de 40 años y 6 meses de prisión impuesta a Jesús Emiro Pereira Rivera, exintegrante de las AUC condenado por la justicia ordinaria en el 2019 por acceso carnal violento agravado, secuestro y tortura de la periodista Jineth Bedoya Lima.

La Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la justicia en Colombia determinó que Pereira Rivera no cumple las condiciones para acceder a  este beneficio  y dice además que no ha reconocido su probada calidad de coautor en los delitos perpetrados contra la comunicadora.

Para la Corte, la posición del desmovilizado desconoce la sentencia ratificada en dos instancias por la justicia ordinaria, los delitos cometidos por el grupo paramilitar de la que Pereira Rivera era el comandante financiero y enlace de los grupos que operaban en Bogotá y los Llanos Orientales.

Pese a la sentencia de la jurisdicción ordinaria, el desmovilizado admitió los hechos, pero negó haber sido uno de sus perpetradores o tenido incidencia en la orden para su ejecución.

A juicio de la Sala, es un contrasentido que el postulado pretenda beneficiarse frente a la sanción que le impuso la justicia ordinaria al declarar probada su participación y, al mismo tiempo, deseche su contenido en Justicia y Paz alegando que no es cierto.

Uribe saca el paraguas ‘Venezuela’ para protegerse del ‘huracán Merlano’

Álvaro Uribe, expresidente y líder del partido Centro Democrático, reaccionó a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que compulsó copias a la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que adelanten las investigaciones necesarias tras las declaraciones que entregó Aída Merlano sobre la compra de votos en la costa, donde él figura.

Uribe ha publicado un comunicado titulado ‘Manipulación de la dictadura de Venezuela’, en el cual se menciona que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «agrega a la señora Merlano a la lista de personas, prófugos de la justicia que ha manipulado para que declaren en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez».

Uribe ha asegurado que «escasamente se cruzó saludos y pocas palabras» con Merlano cuando ésta fue congresista y ha subrayado que sus campañas fueron financiadas con «recursos transparentes». Además, ha asegurado que «seguirá opinando en contra de la dictadura de Maduro». «Jamás he tenido relación política o personal con miembros de la casa Char o de la casa Gerlein», ha añadido en un tuit posterior.

También ha respondido a las acusaciones el candidato oficial a la Presidencia de Colombia del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quien ha anunciado que denunciará a Merlano por injurias y calumnias.

«La convicta Aída Merlano habría dicho ante las autoridades judiciales que dineros de las casas Char y Gerlein entraron ilegalmente a mi campaña presidencial en 2014. Niego categóricamente que dineros de dicho origen hayan ingresado a mi campaña en 2014, que ha sido investigada de manera exhaustiva durante cerca de 8 años sin que se haya encontrado irregularidad alguna, porque no la hubo», explica el comunicado.

«No conozco a la señora Merlano. Nunca crucé palabra con ella, ni en persona, ni telefónicamente», ha remachado Zuluaga. «Jamás he tenido relación política o personal con miembros de la casa Char o de la casa Gerlein. Ambas familias y sus agrupaciones políticas apoyaron abiertamente a Juan Manuel Santos en 2014, quien fue mi adversario. Ni el Centro Democrático ni yo hemos sido aliados de ninguna índole con alguna de esas agrupaciones», ha asegurado.

El ‘ventilador’ de Aida Merlano: estos son algunos de los políticos salpicados

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, del último testimonio que rindió recientemente la excongresista Aida Merlano que salpicó a varios políticos por compra de votos.

La decisión de la Corte se da con la intención de que el ente investigador y la Comisión de Acusaciones adelanten las pesquisas necesarias en este caso.

En su más reciente comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, Merlano salpicó a varios personajes de la política nacional que se habrían beneficado de la red de corrupción electoral que le permitió llegar al Congreso en 2018, y por la cual fue condenada por la justicia colombiana.

Según ha trascendido, entre los nombres que mencionó Merlano está el del ex alcalde de Barranquilla y precandidato presidencial Alejandro Char. Así mismo, el del presidente Iván Duque Márquez.

En la lista también figuran los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Así como el ex vicepresidente Gérman Vargsr Lleras y el ex fiscal, Néstor Humberto Mártinez.

Además de los políticos, la ex congresista que se encuentra actualmente en Venezuela, también mencionó a Julio Gerlein, poderoso empresario en Barranquilla y fundador de la firma Valorcon.

Corte Suprema de Justicia dice que David Barguil no es ausentista

La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Instrucción, archivó la investigación que seguía al senador del Partido Conservador, David Barguil, por supuesto ausentismo.

El congresista enfrentaba cargos por acusaciones que le señalaban de falsificar 25 excusas médicas, presentadas para justificar las ausencias en plenarias y comisiones.

La organización trabajen Vagos, liderada por la candidata a la Cámara de Representantes, Katherine Juvinao, decía era que Barguil había entregado incapacidades falsas, y pidió la pérdida de investidura ante el Consejo de Estado e instauró una demanda penal en el máximo tribunal de la justicia.

La Corte Suprema de Justicia no encontró ilegalidades en las 25 incapacidades presentadas entre 2014 y 2018, para no asistir a trabajar.