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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Creo en Bogotá

Santa fe, una travesía desde 1939

Bogotá, a través del tiempo ha tenido cambios buenos y malos, sin embargo, es innegable que hoy, son más de nueve, los barrios que están inmersos en la inseguridad. No obstante, barrios como Santa fe, en la localidad de los Mártires, además de delincuencia, está permeado por mafias, sicariato y vulneración de derechos.  

Un barrio que comenzó a ser gestionado en 1939 y promocionado como residencial, comercial e industrial, que para entonces fue un sector privilegiado de la élite de la capital, morada de líderes políticos, embajadores, médicos y extranjeros, hoy es uno de los nueve sitios más peligrosos del país.

 

Una zona que nació con esmero y berraquera, de gente pujante y trabajadora, con los años comenzó su decadencia, convirtiendo casas en apartamentos y con los años, apartamentos en hoteles, y estos en posadas, y posadas en residencias hasta llegar a ser moteles y así, en los años 60, la prostitución, que en sus inicios era reservada y apartada, comenzó a multiplicarse por todo el vecindario atrayendo clientes y, con esto, la llegada de discotecas y bares clandestinos fue inminente.

Lo que ocurrió en el barrio Santa fe, se réplica hoy por muchas localidades de Bogotá y para los años 70, las problemáticas de drogas e inseguridad se intensificaron, abriendo la década de los 80 con una ola de narcotráfico que transformó esa vida residencial y empresaria de sus inicios, en vida y obra del crimen organizado.

En los años 90, la prostitución y el consumo de drogas se expandió de tal manera que para el año 2.000, esta zona fue declarada de tolerancia, convirtiendo el sector no solo en venta de drogas ilícitas, narcotráfico, sino, en comercios de autopartes robadas y trata de menores de edad.

Lo anterior, más que el relato de un barrio del centro de Bogotá es la historia de una ciudad descuidada y con muy poca planeación. Si bien es cierto que Bogotá ha tenido avances, es evidente que la ciudad está estancada en la inseguridad, indigencia, comercios informales, basuras, expendio de drogas ilícitas, desaparición forzada de personas, trata de menores de edad y falta de apoyo al comercio y pequeño empresario formal.

Entonces, la falta de seguimiento, control político y conciencia ciudadana, así como puede cambiar el entorno de un barrio, del mismo modo, puede cambiar la esencia de toda una ciudad, pasando de residencial, empresarial, industrial y turística, a ser cuna de la delincuencia y el hampa.

Hoy, los habitantes temen cuando una moto se les acerca o cuando el transporte público hace una parada inesperada. Contestar una llamada en la calle se volvió una travesía al igual que salir de un banco sin policía.

Javier Ospina

Bogotá en peligro

En el primer semestre del 2023 la inseguridad tuvo un repunte aterrador en 8 de 12 delitos de alto impacto, tuvieron incrementos porcentuales, el panorama bogotano se llenó de delitos a plena luz del día, han ocurrido 22 feminicidios, se encontraron 37 cuerpos con señales de tortura, se conoció la existencia de un bar de torturas en Chapinero.

También aparecieron carteles alusivos al aniversario del Frente 53 de las FARC: Edison Romaña, se comprobó que el Frente 2 Manuel Marulanda Vélez, de las disidencias de las FARC, estuvo detrás del «estallido social», quedó en libertad una de las líderes de la Primera Línea de Engativá por vencimiento de términos, se reportaron 1.054 cámaras públicas fuera de servicio. Mientras esto ocurría, la alcaldesa Claudia López, viajaba por el mundo culpando al gobierno nacional de la inseguridad que hay en Bogotá.

 

Las cifras solo demuestran la paupérrima situación de la ciudad en este desgobierno, los delitos que aumentaron son: secuestro (80%), hurto a entidades financieras (66,7%), hurto a residencias (31,7%), hurto a personas (28,1%), hurto a automotores (13,3%), homicidios (11,1%), extorsión (3,6%) y hurto a motocicletas (1,1%). Estamos frente al accionar de estructuras criminales que se mueven a través de diferentes modalidades de delincuencia a lo largo y ancho de Bogotá, lo que he denominado «la gobernanza del crimen».

Según la Defensoría del Pueblo, a través de 19 oficios de consumación y las Alertas Tempranas 010-21 y 005-22, la ciudad se encuentra en riesgo permanente, distintas bandas delincuenciales se están disputando el control de territorios y de economías ilegales en localidades como: San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy y Sumapaz. Aunque el organismo de control lleva más de dos años haciendo advertencia, la administración solo ha hecho caso omiso, dando como resultado que los criminales ya hayan dejado 37 cuerpos torturados en diferentes localidades como señal de intimidación y venganzas.

Esto deja muy en claro que la seguridad en Bogotá le quedó grande a esta administración que solo llegó a improvisar. Según la Encuesta de Percepción de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 77% de los ciudadanos se sienten inseguros en la ciudad. Por otro lado, según FENALCO, el 64% de los comerciantes se sienten inseguros en la localidad donde desempeñan su actividad económica.

Queda claro que la promesa de campaña donde Claudia López afirmaba que Bogotá tendría una alcaldesa jefa de policía que haría temblar a los delincuentes, se la llevó el viento. Así como la falsa esperanza en que esta administración sea capaz de terminar el año con un balance positivo en términos de seguridad.

La futura administración no solo tiene el desafío de recuperar la relación con la policía, sino también el fortalecer la seguridad de la mano de tecnología de punta y de articularse con toda la ciudadanía y sectores con el único objetivo de acabar con la gobernanza del crimen.

Lucia Bastidas

Concejo de Bogotá

El comercio formal de San Victorino: entre la espada y la pared

Las problemáticas que enfrentan no justifican el valor definido por la administración de Claudia López. En el Centro Comercial Gran San se concentra el comercio al por mayor y por menor, genera empleos y aporta a la ciudad con el pago de impuestos, y aun así deben sobrellevar el desequilibrio e injusticia que profundizan las decisiones del gobierno de López que antepone la ocupación del espacio público por ventas informales sobre los derechos de comerciantes formales.

Muestra de esto es el avalúo catastral de los locales del Centro Comercial Gran San que en promedio está entre $400 y $1.000 millones, el metro cuadrado tiene un valor de $117 millones y el impuesto predial que pagan anualmente está alrededor de $22 millones. Han manifestado que estos valores son excesivos al buscar vender sus bienes inmuebles el metro cuadrado es cotizado en $5 millones.

 

Según cifras de la Secretaría Distrital de Hacienda, en Bogotá el ICA le dio ingresos al distrito por $5.62 billones en 2022 y se estima un recaudo de $5,76 billones para 2023 y aun así invisibilizan a los formales del sector que concentra el comercio al por mayor y por menor de Bogotá que es una de las actividades que mayor aporta al PIB capitalino

Además de este desatino en los cálculos catastrales los comerciantes argumentan que en el sector reina la falta de autoridad: aglomeración de ventas informales que limitan el acceso a sus locales, inseguridad, ventas de sustancias psicoactivas, comercio de armas, acumulación de basuras, ventas de alimentos insalubres y hasta el uso de pipetas de gas.

Como lo indica IDIGER cuando han requerido realizar visitas es imposible porque los vendedores ambulantes tapan los hidrantes, toman actitudes violentas y hasta amenazan a los funcionarios no pueden mover a los vendedores cuando están ubicados en los hidrantes porque toca actitudes agresivas y en algunos casos han sido atacados.

La administración de Claudia López le ha dado la espalda al comercio formal no importa el número de mesas que se convoquen o las voces que alerten, para la Bogotá Cuidadora estos no son temas importantes.

En la reunión del 23 de junio IPES informó que en la localidad de Santa Fe hay 14.650 vendedores informales.  Y en el polígono de San Victorino se han identificado 1.070 esta cifra se triplica los miércoles y sábados que se realiza el Madrugón. Este año buscan lograr el Pacto Gran San que al escuchar cómo funciona deja ver que siguen prevaleciendo derechos de las ventas informales.

Explican que estos Pactos funcionan como Acuerdos de Acción Colectiva buscando una supuesta organización del espacio siendo permisivos en la ocupación del espacio público que predomina en las entradas de los centros comerciales locales. Cuando se les pregunta cuales son los beneficios para los formales no hay respuesta concreta, lo que demuestra que no han sido tenidos en cuenta.

En las mesas de trabajo al preguntar qué entidad coordina las intervenciones en el sector de San Victorino el silencio prevalece ¿La solución es no hacer nada y realizar cálculos políticos al dar espacio a las ventas informales como lo ha profundizado el director del Ipes Alejandro Rivera? ¿Alguna entidad Alcaldía Local de Santa Fe o Secretaría de Gobierno se ha interesado en liderar el tema y lograr coordinación institucional?

San Victorino concentra todas las problemáticas que tiene Bogotá y hasta que no ocurra una emergencia por las pipetas de gas nadie tomara decisiones. Un posible incendio sea CAUSADO por estos elementos o por otra causa no puede ser atendido a tiempo El incendio que ocurrió en abril de 2023 en el centro comercial Cali Mío no pudo ser controlado debido a la aglomeración de ventas informales, como lo indicaron los bomberos de Cali.

Ni siquiera se han preocupado por realizar un simulacro para tener en cuenta cada una de las singularidades de este sector. Las ventas de comidas insalubres en el espacio público es un problema de salud pública y lo han querido minimizar y se ha conocido que promocionan tratamientos odontológicos, pero la decisión es no hacer nada

Alcaldesa, secretarios, directores la Bogotá Cuidadora también debe llegar a San Victorino, los comerciantes están entre pagar impuestos altísimos para evitar sanciones por parte de la administración distrital y ver como las ventas disminuyen porque los clientes no pueden ni siquiera ingresar al centro comercial. Esta administración puso los derechos de unos por encima de los derechos colectivos al trabajo y al goce efectivo del espacio público. Llevo tres años y medio denunciando que la ciudad está al garete y este sector es un claro ejemplo de desgobierno, falta de autoridad y ventanas rotas.

Lucia Bastidas

¿Dónde están las cámaras de vigilancia de Bogotá?

En el sistema de videovigilancia de la ciudad no están funcionando el 100% de las cámaras que pertenecen a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Lo que significa que el Centro  Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Bogotá no visualiza en tiempo real los diferentes puntos de la ciudad. Ante esta situación quiero manifestar a la opinión pública:

  • Actualmente el sistema cuenta con 9.178 cámaras. El 63,4% pertenecen a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 20% a entidades públicas (Secretaría de Movilidad, CAR, INVIAS y Transmilenio) y 16,4% son del sector privado.
  • Según informó la SDSCJ de las 5.828 que pertenecen al distrito, solamente están funcionando 4.774. Es decir, 1.054 (el 18%) están fuera de servicio. ¿Cómo garantizar la seguridad de los bogotanos si ni siquiera la infraestructura dispuesta para ello opera de manera adecuada?. Desde noviembre del 2022 la Contraloría Distrital alertó que eran 700 las cámaras que estaban operando, a la fecha hay 354 adicionales que quedaron fuera de servicio.
  • La entidad alude esta inoperancia a: obras del IDU (31), falta de energización (335), problemas en la conectividad (36) y fallas técnicas del C4 (630). Esta última representa el 59,7% del total de las cámaras que no están funcionando.
  • El Plan de Desarrollo incluyó un proyecto denominado “Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá” con un presupuesto para el cuatrienio de $539.945.530.111, actualmente tiene una ejecución del 74%.
  • Además, según la entidad las 630 cámaras están incluídas en el contrato de mantenimiento de con número de proceso SCJ-SIF-LP-003-2022 firmado el 05 de octubre de 2022 con duración de 10 meses por un valor de $14.823.000.000. Lo cierto es que en este momento no están trabajando en pro de la seguridad de la ciudad.

Le he propuesto a la ciudad un ecosistema de seguridad que necesita que el 100% de las cámaras estén funcionando. La seguridad está en riesgo.

 

Lucia Bastidas

¿Quién ronda a los alcaldes locales?

Durante 2020, 2021 y 2022 las empresas: Estudios e Ingeniería S.A.S (EEI S.A.S), creada en 2010, y Estudios, Diseños y Construcciones de Proyectos de Ingeniería S.A.S. (EDC S.A.S) creada en 2018, de propiedad de Ivan Alonso Pardo Ávila, adquirió 31 compromisos para obras en parques, espacio público y malla vial por $63.832.977.092, con: Usaquén, Santa Fé, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Engativá, Barrios Unidos y Ciudad Bolívar.

Pardo, sólo a través de EEI S.A.S cuenta con 24 compromisos para y parques, espacio público y malla vial por $51.467.402.735, durante estos tres años, con:

 

  1. Usaquén, $5.942.275.720
  2. Santa Fé, $3.591.763.537
  3. San Cristóbal, $14.900.820.381
  4. Usme, $3.560.513.564
  5. Tunjuelito, $972.278.940
  6. Bosa, $4.328.789.077
  7. Kennedy, $1.462.643.673
  8. Engativá, $2.315.681.818
  9. Barrios Unidos, $1.881.060.120
  10. Ciudad Bolívar, $12.511.575.905

La empresa EDC S.A.S, formó consorcio junto a EEI S.A.S, ambas empresas de Pardo:

  1. Miravalle 2020 en Usme, que tuvo un contrato por $1.934.368.130
  2. Engativá 2022  por $3.351.332.726
  3. EDC Parques 2023 en Kennedy por $2.595.690.610
  4. Vías EDC 2022 por $4.484.182.891 en Engativá.

En mantenimiento, conservación y construcción de parques esta misma empresa y consorcios cuenta con 16 compromisos para un total de $41.178.957.221 durante los tres años en: San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Engativá, Barrios Unidos y Ciudad Bolívar, ocho de las 20 alcaldías locales. Para malla vial y espacio público obtuvo $22.654.019.871 en las localidades de Usaquén, Santafé, Kennedy y Ciudad Bolívar.

Hay alertas en el funcionamiento de la empresa EEI S.A.S. Entre agosto y octubre de 2018 su personería jurídica pasaba entre Ivan Alonso Pardo y Sandra Liliana Galindo Sánchez con un intervalo menor a un mes. En las actas de reuniones figura Elkin Dario Villamil Suaréz, actual Subdirector de Infraestructura de la CAR quien asistió como invitado.

Elkin Dario Villamil fue propietario de EIS Constructores S.A.S, que tiene 3 compromisos para interventoría en parques por $335 millones, esta empresa parte del consorcio INTEROBRAS de contrato de interventoría UAESP-673-2021, entre los últimos representantes legales figura Michael Adolfo Marín Calderón, actual contratista del área jurídica del DADEP (proceso en SECOP DADEP-CD-224-2023).

Las empresas EEI S.A.S., EDC S.A.S y EIS Constructores S.A.S funcionan en la misma dirección en la Av Calle 24#51-40 en diferentes oficinas 512, 316 y 309 respectivamente.

Solicito a los entes de control, a la Secretaria de Gobierno y a la alcaldesa Claudia López que ponga lupa en la cartelización que se está presentando en la contratación relacionada a los parques desde los Fondos de Desarrollo Local.

Lucia Bastidas Ubate