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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Curules de paz

Curules de Paz radican proyecto de reforma a la Ley de Víctimas

Los 16 congresistas que ocupan las curules de paz representando a las víctimas del conflicto armado en la Cámara, presentaron un proyecto de ley que reforma la Ley de Víctimas con la idea de darle una mayor agilidad al proceso de reparación.

Si la iniciativa es aprobada por el legislativo, se creará la figura de un facilitador con calidades de conciliador, quien se encargará de registrar las necesidades más inmediatas y apremiantes concordantes con el plan de vida de la víctima y su familia.

 

Para esto el conciliador hará el debido seguimiento a los procedimientos con el ánimo de obtener respuestas inmediatas sin esperar fallos judiciales y trámites que, de acuerdos a los representantes por las curules de paz, “suelen ser demorados”.

En el acto de radicación del proyecto de ley, los congresistas explicaron que las fuentes de financiación que permitirían una rápida y mejor indemnización y reparación a las víctimas se podrían tomar como fuentes de financiación recursos provenientes de la última reforma tributaria y de ingresos como los de las regalías del petróleo, por ejemplo.

“Las curules de paz deben extenderse hasta que se indemnice a la última víctima”: John Fredi Valencia

Por: Diego Amado

El representante a la cámara por las curules de paz, John fredi Valencia, expresa su inconformismo en entrevista para Confidencial Colombia, por lo que considera un desequilibrio en la norma que les abrió la posibilidad a las víctimas para que accedieran a unas curules especiales en una corporación, mientras a los exguerrilleros de las Farc, se les permitió en las dos corporaciones (Cámara y Senado).

 

El congresista anunció la presentación de un nuevo proyecto que establezca la permanencia de unas curules paras las víctimas en cámara y senado hasta que, según él, “se repare a la última víctima del conflicto en Colombia”.

El gobierno Petro tiene un desafío bastante fuerte con la reparación a todas las víctimas del conflicto y sobre todo con la restitución de tierras. ¿Usted si cree que va por buen camino y que se puede avanzar de manera significativa en los próximos cuatro años?

John fredi Valencia: Los congresistas les estamos dando todas las garantías para que se pueda ejecutar el plan de que prometió. El presidente va a ejecutar un presupuesto grande; va a tener en su cartera disponible 405 billones para poder cumplirle a los colombianos; por regalías va a tener casi 30 billones de pesos para llegar a esos lugares más lejanos y atender a la población en esos territorios. Tiene en sus manos un proyecto de paz total que le brinda las garantías para sentarse a dialogar con estos actores que están generando caos, violencia, muerte en Colombia. El gobierno va a tener muchas garantías en este periodo.

El país no deja de producir víctimas porque el conflicto armado no se ha superado. ¿ no cree que por mucha plata que se le invierta siempre será insuficiente?

John fredi Valencia: Es un paso fundamental que hemos dado, pero tenemos que arrancar, tenemos que mostrarle a Colombia el camino de esa desigualdad. El conflicto armado genera muchas muertes, mucho desplazamiento, porque no hay inversión en estas zonas. Colombia está en el deshonroso lugar de ser uno de los países más desiguales de Suramérica.

En el proceso de Justicia y Paz, muchos líderes de opinión, muchos representantes y congresistas, incluso mucha gente de la academia, le exigía a los paramilitares que se estaban desmovilizando que repararán a sus víctimas. Extrañamente no se ve lo mismo con las FARC,  ¿es que estas son menos importantes?

John fredi Valencia: Yo creo que es una deuda que tiene este grupo con las víctimas de Colombia y de todos los departamentos, porque no se ha visto nada hasta ahora. Yo creo que se puede dar en este gobierno. Vamos a sentarnos a dialogar, lo vamos a debatir desde aquí, desde el Congreso de la República y esperemos para el bien de todas las víctimas, que son más de 9 millones de colombianos, que eso se dé.

Desde el nivel político, esta exigencia se la están dejando al uribismo que no apoyó ni a la Ley de Víctimas ni al proceso de paz.

John fredi Valencia: Eso se va a dar. El País debe entender que estamos empezando una legislatura, vamos por cuatro años, apenas vamos 5 meses, tenemos 48 meses por trabajar y en este en este entendido vamos a exigirles a ellos que reparen a las víctimas.

¿Las víctimas deben representar un papel más preponderante en la mesa de diálogos con el ELN al que representaron en la mesa de diálogos con las FARC?

John fredi Valencia: Claro, nosotros las víctimas tenemos que jugar un papel fundamental ahí. Mucho más relevante que el que se jugó en el en el acuerdo con las FARC. Las víctimas deben ser el centro de esos diálogos, de esos acuerdos. Somos los que hemos sufrido el flagelo de la guerra en las regiones más apartadas; los que hemos salido desplazados, los que hemos perdido familiares y tierras.

¿Qué puntos de los que se acordaron con las Farc no deben acordarse con el ELN?

John fredi Valencia: En el acuerdo con las FARC se estableció que los actores que generaron la violencia, pueden tener representación tanto en Senado como en Cámara. Nosotros las víctimas sólo tenemos en Cámara. Esto es desequilibrado, nosotros debemos estar en el Congreso de la República y en la política, hasta que se repare a la última víctima.

¿Las curules para las víctimas deben extenderse en el tiempo?

John fredi Valencia: Por supuesto, deben extenderse hasta que se indemnice a la última víctima que queda en Colombia. Porque en 8 años no vamos a hacer incidencia para que se indemnice a todas las víctimas; para que se repare a todas las víctimas, para que todos los desplazados vuelvan a sus tierras. Las 16 curules de paz vamos a presentar un proyecto de ley, es una pelea dura pero la vamos a dar.

Usted nació en un departamento que sufre la violencia todos los días, de hecho, hubo una masacre hace poco, ¿Qué sabe de eso?

John fredi Valencia: Parece que al país o a los gobiernos no les importará el departamento del Putumayo donde fueron asesinados cinco jóvenes. Grupos criminales, acaban con la vida dejando a unas familias rezando, velando y en un total sufrimiento. Es algo que nosotros siempre venimos recalcando.

Parece que el departamento del Putumayo sólo cuenta para los aportes que le podemos generar al país en regalías, porque allá hay mucho petróleo y esos recursos y esas ganancias llegan a un fondo a nivel nacional y se lo distribuyen. Solamente parece que somos importantes para eso.

¿Han servido de algo los 400 efectivos de las fuerzas militares que envió el presidente Petro al Putumayo?

John fredi Valencia: No podría decir si han servido o no han servido, porque envían los soldados, pero ahí le responden los grupos con una masacre de 5 personas. Entonces, Colombia, el presidente y el gobierno deben sacar sus propias conclusiones.

Es la primera vez que usted se enfrenta a estas tareas legislativas, ¿cómo se ha sentido?

John fredi Valencia: No es fácil, yo no vengo de ser político, no había estado nunca en la política, aquí estamos haciendo escuela para tratar de dar una mano a Colombia, que tanto lo necesita y al departamento del Putumayo. Estamos trabajando muy juiciosamente para que esto salga adelante.

Senado le puso reglas a las curules de paz

La plenaria del Senado aprobó con 69 votos el proyecto de ley de iniciativa gubernamental que amplía el número de miembros de las siete comisiones constitucionales en la Cámara de Representantes.

La ampliación se dará por dos períodos consecutivos a partir del próximo 20 de julio cuando entran en vigencia las 16 curules de paz que nacieron con el Acuerdo de La Habana como medida de reparación para las víctimas.

 

La discusión pasa a la plenaria de la Cámara de Representantes quien tiene ahora en sus manos la posibilidad de convertir el proyecto en ley de la república o de hundirlo si no cuenta con las mayorías para aprobarlo.

Las nuevas curules que quedarían así: dos representantes de víctimas en cada comisión constitucional de la Cámara de Representantes y tres en las Comisiones Primera y Quinta de esa corporación. Durante los dos periodos legislativos que estarán los representantes de las víctimas integrarán la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Ética, la de la Equidad para la Mujer, la de Comisión Legal de Cuentas y de la Acusaciones también tendrán dos miembros adicionales.

Atacan a bala a dos candidato a las curules de Paz en Urabá

A menos de 48 horas de que se inicie la jornada electoral en Colombia, dos candidatos a las curules de paz en Urabá fueron víctimas de un atentado a bala mientras se encontraban haciendo procelitismo en zona rural de Carepa, Antioquia.

Se trata de Diana Hurtado y Menderson Mosquera Quinto, quienes salieron ilesos del ataque a su vehículo que se registró en el sector de Las 300, en la vía a Zungo.

 

Según relató el candidato Mosquera, fueron atacados por desconocidos y gracias a la pericia del conductor lograron huir del sitio y llegar hasta el aeropuerto Antonio Roldan Betancourt de Carepa y lograron ser auxiliados por el ejército que estaba en el lugar.

La candidata Diana Hurtado recibió valoración médica, ya que los vidrios rotos  del carro en el que se movilizaba, le causaron leves afectaciones en las piernas.

Entretanto, el candidato Henderson Mosquera criticó la falta de garantías para el ejercicio electoral que viven en su territorio, además, le solicitó a la Unidad Nacional de Protección agilizar un esquema de protección ya que son varias las amenazas que ha denunciado por su trabajo social.

Curules de paz, víctimas de la falta de implementación del Acuerdo de Paz

El pasado 3 de marzo Juliette de Rivero, la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, presentó el nuevo Informe Anual del organismo sobre Colombia, que resume la dramática situación de derechos humanos en el país durante el año 2021. Entre los muchos temas de preocupación, está el riesgo que se enfrenta en la elección de 16 curules de paz, punto 2 del Acuerdo de Paz, debido al lugar que ocupan los grupos armados en los diferentes territorios y centros urbanos, la falta de presencia integral del Estado en las zonas rurales, el aumento de masacres, y más de 202 homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos.

Las 16 curules especiales de paz deben contribuir a reparar el daño sufrido por las víctimas de décadas de conflicto armado en Colombia, que tenía entre muchas de sus causas la exclusión política. El Acuerdo de Paz de 2016 preveía que en los departamentos más afectados por la guerra -Arauca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Sucre, Valle del Cauca y Tolima- se disputarían 16 curules especiales y temporales para reforzar la representación política de las víctimas.

 

Sin embargo, durante cinco años el partido de gobierno Centro Democrático, con la mano de Álvaro Uribe detrás, y sectores aliados del Congreso se opusieron a estas curules.  El 30 de noviembre de 2017 se hundió, por un voto, el proyecto que estaba en conciliación en el Senado. La lucha para rescatarlas duró cinco años, hasta la Corte Constitucional, tras una acción del senador Roy Barreras que revivió estas curules de paz el 21 de mayo 2021 (Sentencia SU-150).  Otros varios meses después, el 6 de octubre de 2021, el presidente Iván Duque por fin firmó el Decreto 1207 de 2021 que reglamentó el acto legislativo 02 de 2021, reconociendo así el derecho a las víctimas de ocupar sus curules en el Congreso por dos periodos: 2022-2026 y 2026-2030.

Esta demora tan grande hizo que en vez de contar con años de preparación para garantizar la integridad de la elección de las curules, se tuviesen solo unos pocos meses. El 13 de diciembre del 2021 se cerraron las inscripciones para los aspirantes a las curules de paz. Los aspirantes deben cumplir ciertos requisitos como haber nacido en uno de los municipios de las circunscripciones o haber vivido en estos durante tres años consecutivos -esto teniendo en cuenta que algunos de ellos pueden ser víctimas de desplazamiento forzado-,  y estar incluidos en el  Registro Único de Víctimas por alguno de los hechos victimizantes contemplado en la Ley 1448 de 2011, de manera individual o colectiva. A finales de febrero del año en curso, se conocían 396 candidatas y candidatos para ocupar las 16 curules de paz, entre los cuales se encuentra personas muy cuestionadas como el hijo del paramilitar “Jorge 40”, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, de la mal llamada “Asociación Paz es Vida”, señalada de ser una organización de papel y compra de votos. Todo indica que varios aspirantes no son más que fichas de las mismas maquinarias políticas de siempre.

El informe de la OACNUDH reconoce que la creación de las circunscripciones transitorias especiales de paz es un avance significativo, precisamente con relación a la participación política de las víctimas de las zonas más afectadas por el conflicto armado. Pero a la vez, la señora de Rivero llamó la atención sobre el alto riesgo que corren las 16 circunscripciones de paz  en las elecciones del domingo 13 de marzo. La histórica votación está en peligro por la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales que operan en las zonas que corresponden a esas circunscripciones y su impacto negativo para el proceso electoral y la democracia.

Los factores que ponen en riesgo las elecciones de las curules son los mismos que afectan todo el proceso de implementación del Acuerdo de Paz de 2016. El incremento de la violencia que se documenta en el informe se da justamente en estas zonas históricamente afectadas por el conflicto y es la misma que afecta severamente los liderazgos, la vida comunitaria indígena, campesina y afrodescendiente, y la de las mujeres en zonas rurales.

Según de Rivero, la violencia se ha agudizado concentrándose mayoritariamente en cuatro departamentos del país: Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que también en su momento fueron altamente afectados por el conflicto armado. Registró un total de 100 casos de posibles masacres, de las cuales, 78 fueron verificadas y mayoritariamente perpetradas en esos cuatro departamentos. Estos hechos estuvieron acompañados por limitaciones de prácticas ancestrales y comunitarias, y demás hostigamientos de grupos armados al margen de la ley contra la población civil, comentó de Rivero.

La señora de Rivero también informó que es en las regiones del Pacífico y del Caribe donde hubo mayores indicadores de pobreza multidimensional, con un 30,9% y un 28,7%, respectivamente, y que a nivel general la población informal ascendió al 48,1%, lo que incide en el análisis de la situación de inseguridad en el país. Hizo un llamado a reforzar la presencia integral del Estado para tratar estas situaciones, porque de lo contrario, se pueden aumentar las vulnerabilidades como las que se presentan en lugares como Quibdó, donde los déficits económicos y la presencia de grupos armados ya muestran su intensidad. Precisó que con la llegada del Estado, hay mayor acceso a la justicia y a los servicios básicos, a la vez que se disminuye la impunidad y se impulsa el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales.

La representante indicó que en el informe de la Alta Comisionada se presentaron 202 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 100 tuvieron una relación directa entre su asesinato y su labor social. El 75% de estos hechos tuvieron lugar en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Cauca – nuevamente, zonas con alta afectación de la guerra. Entre tanto, se registraron 1.116 amenazas contra esta población y contra organizaciones defensoras de derechos humanos, además de lo sucedido durante las jornadas de movilización social.

Nos encontramos en un círculo vicioso. Se firmó el Acuerdo de Paz para transformar las causales estructurales del conflicto armado. Al no haberlo implementado, el gobierno de Duque se presta para sostener estas mismas causales. Es responsable de una situación en que el incremento de violencia en las zonas rurales donde se disputan la curules de paz las pone en riesgo, lo cual que se da por ausencia integral del Estado y la falta de implementación del Acuerdo de Paz. Se teme que un proceso que podría haber sido transformador, se quede corto.

Como siempre sucede, en el informe de 2021, la Alta Comisionada le hizo una serie de recomendaciones al Estado colombiano,  instándolo  a  implementar el Acuerdo de Paz;  a darle seguimiento al llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de Acuerdos Humanitarios para la protección de la vida y el respeto de los derechos humanos; a que el Ministerio del Interior refuerce la capacidad y metodología de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para implementar medidas concretas de prevención de la violencia; a que se fortalezcan las Comisiones Regionales del Ministerio Público para dar seguimiento a las Alertas Tempranas, mediante la articulación entre las Personerías, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo; y a que el Gobierno robustezca y, en algunos casos, reactive las mesas territoriales de garantías y fortalezca el seguimiento de sus decisiones, entre otros puntos. El camino al andar no podría ser más claro, pero quedará para el próximo gobierno.

Candidaturas a las curules de paz se encuentran sin financiación, según la MOE

El más reciente informe de la Misión de Observación Electora, MOE, entregado a las entidades estatales en el marco de la Tercera Comisión Nacional de Seguimiento Electoral del 2022, convocada por el Ministerio del Interior, expresa las preocupaciones de la organización por la no recepción en algunas campañas políticas porque estas no han recibido el anticipo para su debida financiación.

Para la MOE, “esto es de total preocupación y amerita una reacción oportuna por parte de las autoridades electorales y del gobierno nacional, pues las barreras de acceso a estos recursos se traduce en la limitación a la participación en política en tanto no podrán desarrollar las campañas electorales en condiciones de igualdad, sobre todo cuando en el Acto Legislativo 02 de 2021, se determinó que la financiación de estas campañas sería preponderantemente estatal”.

 

El Acto Legislativo 02 de 2021, establece que las 16 curules transitorias para las paz, que garantiza la participación de las víctimas del conflicto en el Congreso de la República durante dos períodos consecutivos, tendrá financiación preponderantemente estatal, mediante el sistema de reposición de votos y acceso a los anticipos, en los términos y topes que determine la autoridad electoral.

Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, “es preocupante esta situación porque estos candidatos, enfrentan para aperturar cuentas bancarias y obtener las pólizas que les permiten la recepción de anticipos. Lo anterior no solamente afecta el acceso a la financiación de las campañas electorales, sino también la transparencia y rendición de cuentas de los recursos que están siendo empleados para la contienda.”

Otro asunto que motiva alerta de la MOE tiene que ver con un software de propiedad del Estado para el desarrollo del escrutinio que realizará el Consejo Nacional Electoral, pero que deja el escrutinio a nivel territorial (zonal, local, municipal y distrital) como propiedad de empresas privadas.

Ante este modelo para el desarrollo de los escrutinios, la MOE enfatizó que las garantías para la realización de auditorías y acompañamiento de las organizaciones políticas no sólo debe darse para el software del escrutinio general (de propiedad del Estado), sino que debe incluirse la posibilidad de hacerlo sobre el desarrollo de los escrutinios zonales, locales, municipales, distritales y departamentales.

De otro lado, la MOE solicitó a la Registraduría Nacional ser acreditada como observadora, para poder realizar un ejercicio de observación electoral.