Etiqueta: Darío Fierro

De tropiezos y expectativas

Escrito por Columnista en Mar 29, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Dentro de las fuentes de energía más utilizadas en el mundo, pese a su capacidad de contaminación, se destaca el carbón gracias a su poder calorífico, su bajo costo y su abundancia. De acuerdo con los datos reportados por EIA Coal 2022 CC BY 4.0 los principales productores de este mineral son China, India, Estados Unidos, Indonesia, Australia y Rusia. Colombia, en contraste, que posee una de las minas de carbón térmico a cielo abierto más grandes del mundo, tiene un modesto puesto en el mercado global gracias a que exportó 61 millones de toneladas en el 2022 de acuerdo con las cifras publicadas por el DANE.

El ritmo de uso del carbón como energético en el mundo ha aumentado como consecuencia de la reactivación económica posterior a la pandemia y a la invasión que padece Ucrania a manos de Rusia. Un buen ejemplo lo muestra China, que hoy genera más energía a partir de carbón que en años previos a la pandemia.

Según: Global Carbon Budget-Friedlingsteinet al. 2022b, BloombergNEF, con la demanda de China, el ritmo de crecimiento en India y la crisis energética en Europa como consecuencia del bajo suministro de gas proveniente de Rusia y el consecuente incremento de su precio, la generación global de energía a partir de carbón se ha incrementado un 0,6%, que aunque es un bajo número permite entender la puja global por el sustituto fósil más inmediato al gas.

Con China como actor principal tanto como productor y consumidor de carbón, vale la pena ilustrar su relevancia con dos referencias: i) Según Coal 2022 IEA License CC BY 4.0 el consumo global de carbón para 2022 rondaba las 8.000 millones de toneladas (Mt), de las cuales a China le corresponden el 53%, 14% a India, 11% al resto de Asia, 6% para US y lo mismo para Europa, es decir que mas de la mitad del consumo mundial se usa en la canasta energética del gigante asiático; y ii) en el verano pasado la baja producción de energía hídrica en medio de una gran ola de calor elevó la generación térmica en agosto a mas de 500 (TWh) que corresponde a un crecimiento interanual del 15%, cifra mensual que es superior a la generación térmica anual de cualquier país con excepción de India y US.

Ante la reciente propuesta de “aceleración de la agenda” por Naciones Unidas, en donde se sugiere evitar la puesta en funcionamiento de nuevas plantas térmicas y la eliminación gradual del uso del carbón para 2030 en países miembros de la OCDE y para 2040 para los demás países, hay señales que indican que la meta propuesta para 2030 de 1.5 C como calentamiento global no se cumplirá. Por un lado el aumento de la construcción y puesta en funcionamiento de nuevas plantas térmicas y por otro, el ritmo de inversión en energías alternativas y la infraestructura requerida, veamos:

Mientras la demanda global por carbón en el largo plazo probablemente decrecerá, China, India e Indonesia fortalecerán su red de generación de energía con carbón en las próximas décadas con la construcción de nuevas plantas térmicas, mientras la mayoría de las plantas de generación a carbón en Europa y US tienen más de 40 años de uso y se planea su cierre gradual.

Por otra parte y de acuerdo con World Energy Investment 2022 IEA License CC BY 4.0 para 2021 se esperaba que la inversión total en energía renovable llegara a 750 billones de dólares, hoy según el mismo reporte la cifra es de USD900 billones, pero con las metas globales trazadas para 2030 el gasto anual en un escenario de eficiencia energética, electrificación y energías renovables para uso final se requiere cuadruplicar la actual cifra, es decir alrededor de USD 4.000 billones por año, que deben provenir principalmente de inversión pública e inversionistas institucionales, quienes se enfrentan a una serie de desafíos relacionados con la disponibilidad de datos transparentes y fiables sobre la valoración de activos energéticos que hoy no son considerados como indices globales listados, así como sobre sus riesgos específicos y macrofinancieros. La misma incertidumbre se cierne sobre la infraestructura requerida para su acopio, transporte y comercialización.

Es indudable el desafío que enfrenta el sector para lograr el concurso institucional requerido, capaz de movilizar los recursos necesarios para alcanzar la meta de des-carbonizar el planeta pero hay señales que permiten vislumbrar un escenario optimista con datos de inversión de los últimos años, como el siguiente: debido a la velocidad en la mejora tecnológica y a la reducción de costos, por cada dólar invertido en energía eólica y páneles solares fotovoltáicos hoy, se obtiene cuatro veces mas de energía que un dólar invertido en las mismas tecnologías diez años atrás; esperemos que la tendencia se mantenga o mejore.

Claro que no es suficiente, pero es un indicador que muestra señales que van en la dirección correcta. No sólo el tiempo sino las decisiones de todas los países del mundo, el concurso de los agentes de energía, así como los mercados financieros, lo dirán.

A espaldas de un energético estratégico

Escrito por Columnista en Feb 28, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

No deja de causar curiosidad la relevancia mediática que alcanzan los temas nucleares asociados a conflictos bélicos, accidentes en operación de reactores nucleares y desastres naturales que han dejado a su paso un número importante de pérdidas humanas. Este impacto genera resistencia sin sustento en muchos sectores de la sociedad frente a las bondades de los usos de la tecnología nuclear y su estratégica importancia para la humanidad de cara a los retos que impone la transición energética.

Los conflictos bélicos asustan y parecieran asuntos del pasado como lo fueron Hiroshima y Nagasaki en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, pero ese fantasma apareció recientemente con la invasión rusa a Ucrania y la toma y posterior recuperación de la central nuclear de Chernobyl por las fuerzas locales, sin pérdidas humanas asociadas a la radiación nuclear. De las asociadas al conflicto, aún sigue la cuenta. El dato clave aquí es este: el uso de tecnología nuclear con fines bélicos implica enriquecimiento del uranio en más del 90% que, comparado con su uso en fines comerciales, oscila entre el 3,5% – 5%.

Respecto a los accidentes por operación y/o imperfecciones de reactores nucleares, hay registro de dos casos significativos, Three Mile Island en Pensilvania US en 1979 (sin pérdidas humanas) y Chernobyl en 1986 con 47 muertos asociados al accidente y más de 350.000 evacuados, según el reporte oficial del Comité Científico de Naciones Unidas (UNSCEAR).

En cuanto a los desastres naturales el caso relevante ocurrió en Fukushima Japón en marzo de 2011, producto de un seísmo de 9.0 grados se generó un tsunami de más de 15 metros de altura afectando los reactores de respaldo que deberían bombear agua para enfriar el reactor principal. Como consecuencia del accidente no hubo fatalidades por radioactividad, sin embargo, los registros indican más de 2.300 pérdidas humanas producto del fenómeno natural y la evacuación de más de 160.000 personas.

Sin desconocer el impacto que pueden generar los anteriores hechos, resulta erróneo estigmatizar los beneficios que ha traído para la humanidad la existencia de la tecnología nuclear, desde su descubrimiento en 1.896, en la medicina, la industria militar y los usos comerciales, en los que me quisiera concentrar.

Una revisión al indicador que compara las fatalidades ocurridas por tipo de generación de energía entre los años 1.969 y 2.000 publicado en 2010 por OCDE/NAE con datos de Paul Scherrer Institute, muestra que el método más seguro por terawatt (medida de generación de energía) al año, es la energía nuclear: 950 muertes en generación fósil, 10.288 en generación hídrica y solo 48 por generación nuclear (menos del 0,5%). Es justo reconocer que en las anteriores cifras y para el caso concreto de la generación a partir de fuentes fósiles los países de la OCDE sólo aportan el 25%; la mayoría de los casos se generan en países por fuera de esta organización.

Dentro de las bondades ofrecidas por la generación de energía nuclear, merece especial atención el poder calorífico que se genera en su proceso frente a las más convencionales, toda vez que allí radica el interés por su demanda. El poder calorífico es la cantidad de energía que se libera en el proceso de combustión por tipo de combustible y para el caso de la nuclear es de 3.900 GJ/kg, número que por sí solo no dice mucho pero que frente al poder calorífico generado por el hidrógeno es de 30 veces, 85 para el caso de los combustibles líquidos en promedio y de 205 para el caso del carbon. (Cálculos del autor con datos fuente de: NIST Chemistry WebBook OECD/IEA Electricity Information – various editions; and International Gas Union, Natural Gas Conversion Guide).

Acerca de impactos ambientales como la emisión de gases efecto invernadero, la energía nuclear muestra niveles tan bajos como los de la energía eólica (12 gr/CO2 eq KWh) frente a los 820 para el caso del carbón y 490 para el gas natural, según datos de United Nations (UN) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Podría detenerme en otros datos relevantes como la vida útil de cada planta nuclear, el tamaño de área necesaria para su instalación, la cantidad de agua usada en el proceso o el factor de planta (indicador de eficiencia), pero hasta acá creería que es evidente el rol de la fuente nuclear como un energético de transición estratégico, al cual el país le ha dado la espalda, quizá por el alto costo político de impulsar una verdadera reforma energética, sumado al valor de acceso a esta tecnología, por supuesto ninguno de los dos justificables.

De manera práctica, merece especial atención por parte del Ministerio de Minas y Energía la propuesta lanzada por el investigador de asuntos nucleares del servicio geológico colombiano MSc, Camilo Prieto, el pasado 20 de enero, de instalar reactores nucleares modulares en las ZNI (Zonas No Interconectadas) capaces de reemplazar la generación que allí se hace con fuentes fósiles, la cual suscribo y a la que agregaría la instalación de las unidades necesarias para generar energía nuclear para los municipios del caribe y el pacífico colombiano, como parte de la solución a la compleja problemática energética que hoy enfrentan esas regiones.

Mientras en Colombia las discusiones acerca de considerar la energía nuclear como un fuerte componente de la matriz energética no han comenzado, sumado a la inexistencia de una ley de energía nuclear como requisito vinculante de cara a acceder a este tipo de tecnología, que ayude en el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos en el plano internacional, alrededor del mundo muchos países ya han incorporado la energía nuclear en su canasta energética.

Casos ilustrativos con datos del Banco Mundial para población y del IAEA Power Reactor Information System (PRIS), World Nuclear Association Reactor Database: la energía nuclear en la matriz energética de Francia aporta el 69% con una población de 68 millones de habitantes, en US ésta representa el 20% con 332 millones (muy relevante para su tamaño y la importancia de la generación por vía fósil), China 5% con 1.412 millones (pareciera baja pero recordemos que es quizá el país más poblado del mundo), Corea del Sur 28% con 26 millones. En el vecindario se destacan los avances de Argentina, México y Brasil con 7% 5% y 2% respectivamente y la lista sigue. ¿Colombia para cuándo?

Receta para la construcción de institucionalidad

Escrito por Columnista en Feb 15, 2023. Publicado en Colombia, Opinión.

Recientemente se conoció en contenido del proyecto de Decreto que pretende quitarle a la CREG las funciones en ella delegadas por los gobiernos de turno desde 1994, el cual ha generado preocupación en diferentes círculos del sector energético.

Para juzgar el impacto de esta potencial medida es necesario entender el papel que cumple la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG desde su creación y los motivos que la inspiraron.

Hasta inicios de la década de 1990 el desarrollo del sistema eléctrico colombiano recaía sobre el Estado, a quien se le debe reconocer sus esfuerzos por cumplir sus obligaciones constitucionales en la materia y los logros alcanzados hasta entonces. Sin embargo los pobres resultados de su gestión en términos sociales y financieros estaban caracterizados por la baja cobertura e ineficiencia en la prestación del servicio, mínimos niveles de inversión e inexistencia de competitividad; la realidad financiera de la época está referida en la publicación del BID (Entre el Mercado y el Estado, Millan, Jaime, 2006): para la época el sector eléctrico era responsable de 30% de la deuda externa total y del 33% del déficit del sector público no financiero, estaba en bancarrota.

Precedido de un fuerte fenómeno del Niño, cuyas prolongadas sequías redujeron a niveles críticos los embalses del país, se puso en evidencia la fragilidad del sistema con el costoso apagón de 1992, explicado en la demora y sobrecostos de entrada en operación de proyectos hidroeléctricos como el del Guavio. Con acierto el gobierno creo un marco legal (leyes 142, 143 y posteriormente la 1715) capaz de adoptar una política nacional de generación, transmisión, interconexión y distribución de fuentes alternativas, así como la regulación técnica para todos los energéticos que derivó en el desarrollo del mercado eléctrico que hoy conocemos.

La piedra angular del sistema es la CREG que apoyada en los cargos por confiabilidad, la remuneración a los agentes y del funcionamiento del mercado, bajo criterios técnicos, ha garantizado que los prestadores del servicio cuenten con suficiencia financiera y el cumplimiento de las inversiones a lo largo de toda la cadena de servicio, asegurando su expansión, en franca competencia entre actores locales y extranjeros así como públicos y privados, capaz de responder a la demanda energética nacional.

La CREG como órgano técnico independiente, cuyas funciones entre otras, consisten en establecer un modelo tarifario que refleje los costos de inversion, así como de operación, administración y de mantenimiento de la misma, asegurando la confiabilidad requerida en la operación del sistema, velando por la transparencia del sector y propendiendo por unos precios eficientes en la prestación del servicio, ha permitido la sostenibilidad económica necesaria para lograr la financiación de las inversiones en materia de generación, transmisión y distribución, cerrando la brecha de cobertura pasando de un poco más de 70% de la población a inicio de los 90, a más del 97% en la actualidad (Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica-PIEC 2019-2023, UPME). Es justo reconocer que existen retos por superar, máxime aún cuando ese 3% restante se encuentra disperso por todo el territorio nacional.

Con el anterior panorama no deja de sorprender la intención del gobierno plasmada en la publicación del citado proyecto de Decreto. En una opinión muy personal se me ocurren dos hipótesis que la explicarían: i) intervenir la política tarifaria en determinados grupos poblacionales como alivio inflacionario o ii) limitar el campo de actuación de los miembros independientes de la CREG, cuya mayoría es producto de las “jugaditas” finales del anterior gobierno por mantener el control de dicho órgano.

En ambas situaciones o cualquier otra explicación al margen de las hipótesis (sin demostración), la intención del gobierno contenida en el proyecto de Decreto es innecesaria debido a que éste tiene asiento en la CREG con los Ministros de Minas y Energía, Hacienda y el Director Nacional de Planeación, sin contar con los mecanismos mediante los cuales el gobierno puede participar de las modificaciones que bajo su criterio sean necesarias en el marco de la política energética nacional con el consenso de sus miembros.

Respecto a las medidas de control a la inflación, existen mecanismos apropiados en el mismo marco, como la política de subsidios que se viene otorgando a los usuarios de los estratos uno, dos y tres y que requiere ser focalizada urgentemente no solo por su impacto fiscal sino a los errores de inclusión del sistema de estratificación.

En caso contrario, la entrada en vigencia del proyecto de Decreto, será considerado como una intervención indebida del gobierno en la CREG, que acarreará con la pérdida de la confianza inversionista, desmejorará el perfil de riesgo de los agentes de la cadena calificadas, limitará su financiamiento por vía del costo de la deuda, deteniendo la expansión del sector y la confiabilidad del servicio dándole la espalda a los legítimos intereses de los consumidores.

Considero muy acertado la comunicación conocida el lunes 13 de febrero suscrita por un número plural de ex altos funcionarios de estado y ex comisionados de la CREG quienes claman por la no intervención.

El gobierno nacional debe velar para que la convivencia entre la inversión pública y privada y las regulaciones del sector público se mantenga al margen de las posiciones y diferencias políticas.

Permítanme a manera de corolario la siguiente reflexión: “La construcción de institucionalidad es un arte difícil. No hay una receta; es siempre un ejercicio de persuasión y construcción de confianza antes que uno de autoridad. Y es ante todo un ejercicio de voluntad, perseverancia y visión” (Entre el Mercado y el Estado, Millan, Jaime, 2006).

¿Deben los países de menores ingresos subsidiar la corrección de la huella de carbono global ?

Escrito por Columnista en Ene 31, 2023. Publicado en Columnista invitado, Opinión.

Para algunos de quienes nos consideramos apolíticos y que preferimos conservar prudente distancia con ese mundo, es necesario tomar partido, al menos desde estas tribunas, en coyunturas como la agenda energética global, porque las decisiones que allí se toman nos incumben y a todos por igual.

Así las cosas, llamó mi atención la frase “… La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón” pronunciada por el presidente Gustavo Petro en su intervención en la COP27. Quizá en el largo plazo tenga razón, pero no para el corto y menos para el mediano y explicó algunas de mis razones.

Del cacareado asunto de la no suscripción de nuevos contratos de exploración, el propio gobierno sabe que no podrá ser así (no tengo pruebas, pero tampoco dudas), porque lo que estaría en juego es la soberanía energética y el país se vería abocado a importar hidrocarburos, debido a que la demanda por sus derivados es una realidad creciente y el país no tiene cómo sustituirla con tanta celeridad. Importar hidrocarburos sería la solución, pero con un escenario de alta incertidumbre habida cuenta del manejo político de nuestro vecino país petrolero (valdría la pena recordar el alto costo que está asumiendo Alemania al depender de otro país para atender la demanda doméstica de energía), y la volatilidad de las condiciones de mercado, sería irresponsable con sus habitantes y con consecuencias impredecibles.

Luego no tiene sentido dejar enterrados los hidrocarburos que garantizarían la soberanía energética, solo por cumplir con una agenda ambiental liderada por países con enormes huellas de carbono. Dicho de otra manera, equivaldría a que los países más pobres, con menores emisiones de gas efecto invernadero – GEI, subsidien ambientalmente ahora a aquellos países que cargan la mayor responsabilidad del deterioro del medio ambiente que ya estamos padeciendo.

Ello no quiere decir que la política nacional deba ser mezquina con el resto de planeta haciendo caso omiso al cambio climático y seguir emitiendo GEI sin responsabilidad. Por el contrario, el desarrollo de una política de Estado, que garantice una transición energética apropiada para el país y no de una agenda de gobierno para un cuatrienio, es y será de buen recibo por el mundo entero, lo cual aseguraría la financiación para implementar aquellas medidas ambientales que viabilicen una transición energética en función de la realidad del país, así como mantenernos dentro de niveles apropiados de la huella de carbono que le permitan a la mayoría de la población colombiana mejorar sus condiciones de vida. Permítanme ilustrar esta última parte:

Suena bastante bien en los foros locales, pero especialmente en los internacionales, comprometerse con metas como la reducción de 51% de las emisiones GEI y lograr carbono-neutralidad para 2030 y 2050 respectivamente, pero al revisar las cifras, pareciera que la balanza no está de nuestro lado, como lo evidencia este pareto: según Glen Peters, del Center for International Climate and Environmental Research, en Oslo, en términos de población mundial, casi el 50% de la huella de carbono atribuida a los hábitos de consumo, es producida por el 10% de la población de mayores ingresos, mientras que sólo el 10% de ésta, lo aporta el 50% más pobre.

¿Y cuál es el tamaño de esa huella ambiental? De acuerdo con cifras de Banco Mundial, para el 2019, ésta era de 4,4 toneladas por año per-cápita como promedio del mundo. Pero como promedio que se respete, esconde los matices, veamos esa huella de carbono para algunos casos a fin de comparar nuestra realidad: la Unión Europea 6,4, Norteamérica 14,8, el mundo árabe 4,3, Qatar 32,8 (inverosímil), miembros de la OCDE 8,5, LATAM y el Caribe 2,6, Brasil 2, Argentina 3,7, Chile 4,6 y Colombia 1,6 (juzguen ustedes mismos); por otra parte, está entidad clasifica a Colombia dentro de los países con ingreso mediano y bajo, grupo que aportó 3,4 ton por año de las emisiones de GEI, para el mismo año.

Muchos de los países que han alcanzado niveles de desarrollo altos, consecuentemente clasificados en ingresos altos por el mismo buró, se financiaron, entre otros, con el desarrollo de su industria extractiva (mientras Colombia exporta sus materias primas sin desarrollo profundo de su aparato productivo) y ahora que el planeta se está calentando, nos piden que aportemos en la misma medida. Respetuosamente, debo manifestar que no coincido con esa postura y mucho menos con la suspensión de los contratos para nuevas exploraciones de hidrocarburos. Coincido con aquellas voces que aseguran que dejar enterrados nuestros hidrocarburos, por cuenta de estas ambiciosas metas, implicaría una presión fiscal innecesaria y el sacrificio de la fuente de financiación natural que requiere una transición energética responsable para el país, con el costo adicional del desvanecimiento de la esperanza para que muchos de los menos favorecidos mejoren sus condiciones de vida.

Esa política de Estado que nos permita hacer una transición energética apropiada para el país debe: i) no ser solo un plan de un gobierno; ii) debe considerar la ejecución de los actuales contratos de exploración para hidrocarburos y la suscripción de nuevos mejorando las condiciones para el estado, prestando mucha atención inclusive a los hidrocarburos no convencionales; iii) materializar la inversión anunciada de USD200 millones anuales del estado para combatir la deforestación de la Amazonia Colombiana; iv) reestructuración de sector de ganadería extensiva, que, junto con el anterior, son los mayores aportantes de emisiones GEI en el país y finalmente, v) Colombia debe continuar con la mejora de la composición de su matriz energética, particularmente en la sustitución de fuentes fósiles por renovables sin sacrificar el consumo de sus reservas de hidrocarburos. Larga y difícil tarea, pero ese es el camino.

Nota: ¿Qué espera el Gobierno Nacional para incentivar a los actuales agentes del mercado de combustibles líquidos, que permiten la generación de energía en las zonas no interconectadas del país, para hacer una sustitución a gas y quizá gradualmente a nitrógeno, gris por ahora, con la participación de Ecopetrol?

Darío Fierro