Cinco estudiantes indígenas entre 10 y 13 años han desaparecido en el departamento del Vaupés. Se presume que están desaparecidas en la selva. Esta semana fue convocado un consejo de seguridad para iniciar una búsqueda conjunta con las autoridades competentes.
La Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública hicieron oficial hoy un protocolo de orientación para definir la situación militar de los colombianos. El documento tiene la finalidad de guiar a las personas que quieran incorporarse al Ejército Nacional y la Policía Nacional.
Luego de 24 horas del paro de docentes la Defensoría del Pueblo hace un llamado a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), para que retome diálogos con el Gobierno Nacional, ya que, el Ente se siente preocupado porque más de nueve millones de estudiantes del país permanecen sin clase.
La Defensoría del Pueblo designó a un abogado y a un psicólogo para atender a los familiares del niño Eduardo Stiven Gamba Rojas, quien murió en confusos hechos, en los que estarían involucrados militares, miembros de la Fuerza de Tarea Sumapaz.
Otro hecho trágico sobre violencia infantil se presentó en el municipio de Palmar de Varela (Atlántico). Esta vez una madre sería la implicada en el asesinato de sus tres hijos de 4, 6 y 10 años.
En las últimas horas se conoció que cuatro menores fueron asesinados en la vereda de El Cóndor a 45 minutos de la ciudad de Florencia (Caquetá), por hombres armados que irrumpieron en la vivienda en donde se encontraban los infantes de 17, 14, 10 y 7 años. Otro niño de 12 años alcanzó a huir y así dar aviso a las autoridades.
La Defensoría del Pueblo, advierte sobre la tragedia que podría presentarse en varias URI de Bogotá por hacinamiento. Según el defensor Jorge Armando Otálora Gómez, la sobrepoblación en estos lugares se da luego de que el fin de semana en estos Centros de Detención Transitoria, se dieran varios hechos que ponen en peligro a los retenidos.
Durante todo el 2014 diferentes organizaciones como la Onu y la Human Rights Watch han denunciado la cruda situación humanitaria que vive el puerto más grande del país. Según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo el fin de año no es el mejor.
Menores de edad están siendo utilizados en el departamento del Quindío como “carritos”, es decir son mensajeros para llevar y traer dinero, estupefacientes y panfletos amenazantes. Los municipios más afectados por esta práctica son Quimbaya, Circasia y Calarcá.
“Uso preventivo de la pólvora por los Derechos Humanos” es la campaña que lanza la Defensoría del Pueblo haciendo un llamado a las autoridades y los ciudadanos para que acaten las recomendaciones sobre el riesgo que implican los juegos pirotécnicos y evitar episodios como el ocurrido en Soacha durante las últimas horas.
Tres menores de edad desaparecieron en el departamento del Cauca en extrañas circunstancias. El jueves de la semana pasada desapareció un niño del resguardo indígena Pioyá; el lunes de esta semana un adolecente en la vereda de San Pedro del municipio de Caldono y una niña de ocho años en el casco urbano de Almaguer.
Ante el anuncio de un “plan de guerra” de las Farc contra los indígenas Nasa la Defensoría del Pueblo emitió una carta en la que condena la declaración del grupo insurgente y solicita un pronunciamiento de su comisión negociadora en La Habana.
La Defensoría del Pueblo advierte la presencia de “bandas criminales” en 168 municipios de 27 departamentos, una de ellas es el ‘Clan Úsuga’ o ‘Autodefensas Gaitanistas’. Estos grupos al margen de la ley ejercen actividades delictivas como homicidios selectivos, extorsión, reclutamiento forzado entre otras.
Niña indígena de la comunidad Nasa de 15 años que hacía parte de las filas de las Farc en el norte del Cauca, fue entregada a una misión humanitaria para la protección de los derechos humanos de la infancia. La joven fue valorada médicamente por miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y posteriormente se produjo el encuentro con su familia.