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El reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, tiene importantes recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta por el gobierno nacional, pues indirectamente aportan a la disminución en las altas tasas de deforestación en Colombia, las cuales han hecho que en los últimos 5 años hayamos perdido aproximadamente medio millón de hectáreas, afectando valores importantes de biodiversidad y reduciendo los beneficios que estos ecosistemas generan a la sociedad.

La Alta Comisionada textualmente “Exhorta al Estado a redoblar esfuerzos para implementar el Acuerdo de Paz, en particular la Reforma Rural Integral, los programas de desarrollo con enfoque territorial y el capítulo étnico, a fin de combatir las desigualdades estructurales”.

Esta reforma rural integral, debidamente implementada para reconocerle y facilitarle a los campesinos en condición de vulnerabilidad sus derechos a la tierra y al uso sostenible del bosque, es un elemento estructural que encamina a detener la deforestación y especialmente, a lograr una “presencia estatal” que va mucho mas allá de seguir evaluándola como el área en kilómetros cuadrados bajo responsabilidad de tal o cual funcionario del sistema nacional ambiental. Es ni más ni menos que ganar en gobernabilidad, pero también en generar gobernanza y empoderamiento de esas comunidades campesinas, de la mano del propio Estado.

Las familias campesinas que habitan las reservas forestales (baldíos de la Nación) son parte de la solución a la deforestación, mas no el problema. Muchos de ellos, como en el caso de la Reserva Forestal de la Amazonía, llegaron allí buscando una alternativa de vida que inicialmente se basó en la hoja de coca. Esta dinámica ha ido transformándose hacia otro tipo de actividades productivas alternativas o complementarias a la ganadería y sus subproductos pero que hoy en día encuentra en el uso sostenible del bosque, una importante opción que les permite permanecer y generar un mayor arraigo por la tierra y sus frutos, mejorando paulatinamente sus condiciones de vida.

La cooperación internacional ha visto aquí un potencial inmenso y tiene una apuesta de largo plazo para detener la deforestación, incluyendo esas dos variables claves: acceso a la tierra y uso sostenible de los bosques.

Usar sosteniblemente el bosque y en general la naturaleza, como mecanismo para su conservación, es la ruta lógica que planteó desde hace décadas el Convenio de Diversidad Biológica y que en países como el nuestro, la falta de oportunidades, la violencia, el despojo y la pobreza extrema lo hacen más que necesario. Pero ello implica reconocer que el problema no es solamente para el ambientalismo y ecologismo, sino para sectores como el agropecuario y sobre todo para las instituciones que fueron creadas para viabilizar el acceso de las familias campesinas a sus derechos sobre la tierra.

Usar sosteniblemente los bosques implica acceder legal y técnicamente a cosecha, transformación y comercialización de productos no maderables como asaí, moriche, canangucha y mil opciones más. Pero no es la única forma. La posibilidad de aprovechar sosteniblemente los propios productos maderables no debe ser descartada ni estigmatizada por el propio gobierno: debe ser potencializada, técnicamente acompañada y desarrollarse en un contexto que combine derecho a tierras y sus frutos.

De otra parte, la adecuada aplicación del acuerdo 118 de la Agencia Nacional de Tierras ANT relacionado con el reconocimiento de derechos de uso a quienes habitan las reservas forestales de Ley 2ª, que fueron creadas para desarrollar la economía forestal y proteger la naturaleza, es una herramienta muy útil, pero compleja en su implementación a cargo de Minagricultura a través de la Agencia Nacional de Tierras y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS. Es necesario sentarse a la mesa con estos colombianos asentados en las reservas forestales que son los potenciales interesados de esta figura jurídica con lenguaje pedagógico, conocimientos básicos de uso sostenible y buena voluntad de diálogo, para así evitar que ellos se sigan estrellando continuamente con mensajes políticos encontrados, interpretaciones erróneas del Acuerdo y su eterno temor de cómo cualquier firma suya en un documento con el gobierno, implica que algún día van a perder su tierra o sus derechos.

Pero así como hay herramientas para abordar acuerdos con quienes están asentados al interior de las Reservas Forestales de Ley 2ª, de manera paralela es urgente la adjudicación en áreas que fueron sustraídas de estas reservas desde incluso más de 40 años y donde no en pocos casos, la deforestación es incluso más dinámica. El Estado tiene un pasivo inmenso en esta y otras regiones del país, donde se prometió tierra, se hicieron significativas sustracciones de reservas forestales y poco o nada se adjudicó.

Hay opciones socio ambientales para detener la deforestación. Es urgente ponerlas en práctica. Ni siquiera es un tema económico: es más un tema estratégico y de derechos. Y la cooperación internacional está lista a apoyar.