Derechos mínimos para los criminales
El pasado 18 de febrero a la edad de 93 años, falleció el célebre jurista alemán Claus Roxin (1935-2025), uno de los penalistas más influyentes durante la segunda parte del Siglo XX y lo que va del Siglo XXI. El Profesor Roxin fue el creador de teorías jurídicas como la Imputación objetiva y la teoría del dominio del hecho incorporadas en la legislación penal colombiana. Fue defensor del estado social de derecho, enseñó siempre sobre la importancia del derecho penal para esta forma estatal. Acuñó frases que han hecho carrera entre las nuevas generaciones de penalistas: “Un estado de derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal.” y “La misión del Derecho Penal está en asegurar a sus ciudadanos una convivencia libre y pacífica, garantizando todos los derechos establecidos jurídico-constitucionalmente.” A su muerte, bien vale la pena reflexionar sobre el exceso de garantismo existente en el ordenamiento jurídico penal colombiano, en el que, los criminales tienen tanto o más derechos que el común de ciudadanos ¿Acaso un criminal no debería tener derechos mínimos?
Los procesados y delincuentes tienen hiperderechos, los condenados adquieren un catálogo ilimitado de derechos. Las cárceles antes que purgatorios, para algunos académicos deberían ser resorts, donde los reclusos deben contar con todo tipo de garantías que van desde el trabajo, educación, recreación hasta derechos sexuales, reproductivos y al ocio. Las enseñanzas del profesor Roxin terminaron en retórica, el derecho penal y su adlátere, la política criminal, existen para que los delincuentes gocen de privilegios aún en penitenciarias.
En estricto sentido, a la víctima es a quien se le deben garantizar los derechos, cuyos bienes jurídicos tutelados han sido vulnerados; el Estado y el sistema judicial deben estar al servicio de la víctima y no al servicio del victimario. Una persona subjudice no debe tener derecho a ocupar cargos públicos, todo investigado debería ser apartado inmediatamente del cargo, jamás saltar de puesto en puesto estatal como frecuentemente ocurre en Colombia.
Los delincuentes reclaman derechos, dizque “Gestores de paz” organizados en fundaciones al servicio del delincuente, olvidaron que no son víctimas, son victimarios. Los criminales se pavonean en redes sociales y estrados judiciales con sus abogados venales expertos en hallar las zonas grises y las fisuras normativas para dilatar términos procesales y obtener beneficios por tecnicismos y no por aspectos sustanciales. Otrosí de la sobre carga laboral de fiscales y jueces, que hacen que los procesos penales se dilaten y las diligencias se reprogramen hasta agotar a la víctima que termina por desistir en su causa, mientras los delincuentes saturan el sistema judicial para salirse con las suyas.
El delincuente debe tener derechos mínimos. La justicia debe buscar la reparación integral de la víctima, pero también el castigo para quien delinque. El delincuente debe aprender cuál es su rol en el sistema judicial, y no obtener derechos y garantías por la simple invocación de la dignidad humana ¿Acaso el delincuente pensó en la dignidad humana de su víctima? ¿Por qué la sociedad sobredimensiona la dignidad humana del delincuente aún por sobre la de la víctima? Preguntas que bien valen la pena formular en gracia de discusión. Al profesor Roxin le hizo falta pregonar que estado social de derecho no significa privilegios para los delincuentes.
El sistema penal no debe de ser un parque de diversiones con la justicia como rey de burlas y las cárceles lugares estivales para los criminales. O se ponen serios para juzgar a los criminales y, las Facultades de derecho dejan de enseñar tantos garantismo y retórica jurídica, o apague la luz y póngale candado al País. La delincuencia le está ganando la partida a la sociedad colombiana. La víctima siempre ha de ser preferida y favorecida por sobre el delincuente, sino es así ¿Para qué entonces, la justicia?
