Se ha vuelto costumbre querer arreglar todo con militarización y “pie de fuerza”. Esa es la lógica que el Gobierno Duque ha implementado en diversas zonas del país y que ahora quiere llevar a Arauca; territorio azotado por la violencia, y el cual se encuentra bajo el sometimiento de los grupos armados. No hay explicación que permita entender, cómo un territorio con la mayor cantidad de militares desplegados, tenga los problemas de seguridad que está enfrentando desde el 2 de enero del 2022.
Hay que decirlo sin titubeos: el gobierno nacional lleva más de 20 días construyendo una dinámica facilista, reduciendo el recrudecimiento de los índices de violencia a enfrentamiento entre ELN y las disidencias de las extintas FARC. Arauca es uno de los departamentos donde más presencia militar y policial se tiene por metro cuadrado; con la llegada de 680 hombres desplegados en Saravena, Arauquita, Tame y Piedemonte se completa el número de 7 mil hombres del ejército nacional. Lo que hace preguntar, si hay tantos militares, ¿por qué el ELN se pasea por el casco urbano de Arauquita como la fuerza Estatal, a pocos metros de la visita oficial de Duque?
Ahora bien, el Gobierno Duque, durante sus 4 años, se acordó de Arauca solo en tiempos de crisis humanitaria, de lo contrario, pareciera que no existiera en el mapa nacional. Tanto así, que después de 1 meses y veinte días, Arauca se encuentra sin Gobernador. Hay que recordarle al Presidente Iván Duque y su gabinete, que Arauca, no solo es territorio para explotación de hidrocarburos, es un territorio llamado a ser laboratorio de paz, esa misma que han intentado destruir durante los últimos cuatro años. El recrudecimiento de la violencia en Arauca, que dejó 27 asesinados, más de 2 mil desplazados y 10 mil familias afectadas, es la muestra que la ‘promesa de seguridad’ del uribismo 2.0 se quedó en palabras y, al contrario, el país se les salió de las manos.
De poco ha servido, que el Gobierno Duque tuviera el diagnóstico de lo que sucede en esta región si las alertas tempranas no fueron atendidas a tiempo, y el Ministerio de Defensa solo se dedica a realizar anuncios, contradecir “foto montajes” o hacer consejos de seguridad que no terminan en nada. Sin duda, la labor de la fuerza pública es fundamental para lograr una intervención humanitaria en la zona y se fortalezca la institucionalidad. No es posible que este departamento sufra por escenarios predecibles y que la institucionalidad funja como notario y no como Estado que vele por los derechos de los ciudadanos.
No basta realmente con lamentar la tragedia que se pudo evitar; se requiere una verdadera acción del Gobierno en la que participen todos los actores y conlleve a lograr una estrategia efectiva que evite y contrarreste el baño de sangre que se está viviendo en el departamento.
El camino a seguir para Arauca es una intervención humanitaria, con todos los organismos internacionales y nacionales que contribuyan a desencalar la violencia en un territorio que también se encuentra permeado por la corrupción. Desde 1992 hasta 2020 Arauca ha tenido 15 gobernadores, 6 de ellos en calidad de encargados y de ellos, 8 recibieron sanciones de distinto tipo o fueron condenados por la justicia.
Con Arauca se tiene una deuda histórica, este es un territorio que según el índice de competitividad departamental 2020-2021 presenta: Bajo porcentaje de vías primarias en buen estado, escasa adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), baja cobertura de educación superior, técnica y tecnológica, deficiencias estructurales en el mercado laboral y escaso por no decir nulo, desarrollo empresarial e industrial.
Esta situación tiene que cambiar, este territorio rico en sus paisajes y sus riquezas naturales, debe ser recuperado por el Estado, se debe garantizar el buen vivir y seguridad de sus habitantes y ello inicia con sentarse a escuchar a las comunidades, comprender el conflicto y buscar soluciones tanto en materia de seguridad, como en los temas sociales y económicos que aquejan a la región. La violencia no solo se erradica con las armas.
El gobierno nacional debe garantizar que la Comisión de Paz y los organismos internacionales puedan ir a verificar la situación de los habitantes de la zona y la efectividad de las medidas que se han adoptado para proteger y garantizar el buen vivir de las araucanas y araucanos.
La paz debe llegar a Arauca, no nos está permitido guardar silencio sobre la situación del departamento fronterizo, ni ser indiferentes al sufrimiento de un pueblo, que exige la implementación del Acuerdo de Paz y el que se retomen las relaciones fronterizas con Venezuela.
Consolidar la paz en Arauca, debe estar mediado porque el gobierno deje su terquedad y se retomen los diálogos con el ELN. Solo la salida dialogada y negociada puede lograr que cese la horrible noche en Arauca.
Arauca merece la paz, y esta solo se logra haciendo un llamado al ELN y a las disidencias de las FARC para que de manera inmediata se realice un cese al fuego, que permita la construcción de una agenda de diálogo y se retomen las negociaciones de paz con el ELN. También, es necesario que el gobierno deje su terquedad y rencores heredados con el país vecino de Venezuela y se adelanten conversaciones binacionales con el objetivo de avanzar en una resolución dialogada y pacífica de los conflictos.
Arauca exige la paz y la presencia integral de las instituciones estatales. Paz para Arauca.
