Los fenómenos naturales como avenidas de ríos (crecidas) e inundaciones, avalanchas, remociones en masa (derrumbes), hasta terremotos y tsunamis, se tornan en desastres cuando a su paso encuentran seres humanos y animales viviendo en condiciones de vulnerabilidad frente a su fuerza destructora natural. Pero se insiste en decirles desastres “naturales” de tal forma que se le saque el quite a la responsabilidad humana al respecto. Y esto no es posible.
¿Quiénes son responsables? Son múltiples y concurrentes. Aquí una síntesis.
Responsabilidad de las personas y sus decisiones. Son los principales responsables puesto que se asientan en zonas de alto riesgo, puede ser por desconocimiento o porque habiendo sido advertidos no creen que vaya a pasar nada malo o porque no teniendo para dónde ir toman el riesgo de vivir bajo un riesgo.
Responsabilidad de los profesionales que no lleven a cabo sus labores teniendo en cuenta: el conocimiento detallado que implica un asentamiento de personas en zonas de riesgo y, la última frontera de la ciencia en su materia, por ejemplo en evaluaciones y diseños (estabilidad de taludes, cálculo estructural, hidrología).
Responsabilidad de los dirigentes políticos (alcaldes, gobernadores, ministros, presidente, funcionarios de alto rango) que tienen una tarea permanente en prevenir que sucedan desastres por fenómenos naturales, tomando todas las medidas necesarias para evitarlos. En el caso doloroso del desastre de Dosquebradas de la semana pasada, las declaraciones del director de la CARDER son realmente alarmantes, porque dejan ver su total falta de comprensión técnica del evento. Y él es quien estaba a cargo de la prevención desastres. Es un síntoma recurrente: la politización de estas delicadas entidades que tienen unas responsabilidades superiores.
Pero también los politiqueros en campaña que “ofrecen” terrenos en zona de riesgo y ayudan para que algunas poblaciones los invadan, generando así el origen de un desastre.
Responsabilidad cultural y que termina siendo de todos: nos apabulla la idea de ser pesimistas porque en esta tierra en la que todos somos alegrones está mal visto ser pesimista. Principalmente porque confundimos el significado de la palabra.
Haciendo uso del diccionario, pesimista es aquel “que tiende a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más negativo o desfavorable”. Para ser preventivos tenemos que pasar por la pregunta ¿qué puede salir mal? en la búsqueda de situaciones que tendrían efectos malos, para ver cómo, si se presentan, no tienen impactos negativos sobre la vida de personas, animales y ojalá, la naturaleza como un todo. Es decir, todo lo contrario a ser pesimistas: un intento de que no pase nada malo es más bien ser optimista. En nuestra cultura reinante, llena de costumbres de gente que ha vivido en la pobreza y de poca responsabilidad colectiva, subdesarrollada, es mejor “jugársela”; no deja de oírse expresiones como “… eso no pasa nada”, a pesar de que los hechos muestran que sí pasa.
Este escrito es de buen recibo después de un desastre como el de Dosquebradas. Probablemente estemos de acuerdo fácilmente. No así, si hubiera sido escrito antes de la tragedia por el efecto cultural fuerte que tenemos. En este sentido, una cultura nociva. Es tiempo de actuar como lo haría un país desarrollado: preventivamente ante los riesgos estudiados y detectados que haya.
Me temo que los organismos del Estado que tienen que ver con prevención de riesgos y manejo de desastres tienen más trabajo en manejo de desastres que en prevención de los mismos, pero no necesariamente porque no quieran hacer su trabajo y sean malos funcionarios. Es que para hacer prevención se requiere la voluntad política de los dirigentes políticos. Y ahí siempre tenemos problemas.
Un ejemplo de renombre nacional para ilustrar nuestra reacción cultural y nuestras falencias en el actuar de los dirigentes políticos. Ahora que se conoce el informe de los expertos de Pöyry sobre HidroItuango deberíamos actuar no solamente en las acciones preventivas que resultan en línea con que el proyecto opere lo antes posible, como lo reclaman todas las fuerzas vivas del departamento. Esas nuevas recomendaciones (al parecer estaban desde noviembre pero no se conocían por los medios) incluyen asuntos como que se logre operar lo antes posible, liberar el vertedero aunque fuera en forma parcial para reparar lo que se presume debe estar muy deteriorado y en congruencia a ello no se piense en cambiar a los contratistas, puesto que a pesar de que pueda haber diferencias contractuales entre las partes, esto es de mucha más jerarquía.
También el informe deja claro que el riesgo de un desastre, nada natural, subsiste. Tanto así que propone que se construya un túnel de descarga intermedia para poder bajar el nivel del agua en la represa en caso de eventos graves, y poder manejar mejor la contingencia sobreviniente. Es decir, una obra mayor que ayude en caso de un evento que pueda generar un desastre. Esta recomendación hay que atenderla. Pero también es claro que deberíamos estar pensando en qué pasaría si se materializara el riesgo que subsiste a través de un evento fatal. Nos corresponde actuar en forma preventiva: ¿Cómo sería la avalancha provocada? ¿Qué poblaciones afectaría? ¿Quiénes están amenazados mortalmente? ¿Cómo se podría prevenir su muerte? ¿Cómo son las señales de emergencia para que deban evacuar y cuánto tiempo tienen para hacerlo y salvar sus vidas? ¿Cuáles son las rutas de evacuación y cómo es el entrenamiento de las poblaciones para la evacuación rápida y masiva? ¿Qué se debería tener previsto para que puedan subsistir después del evento? ¿Cuánto tiempo durarían las condiciones de emergencia? Y prepararnos.
En 2018, después del evento del colapso del túnel de desviación (la Galería Auxiliar de Desviación o tercer túnel de desviación), hubo voces que advirtieron de este tipo de riesgos en medio de la angustia generalizada por retomar el control del proyecto. Se habló de una población total amenazada de 130,000 personas. No hemos salido de ese mismo riesgo y por lo tanto es el momento de actuar en consecuencia y hacer planes y ejecuciones urgentes para mantener fuera del riesgo de muerte a toda esta población.
A quienes piensen que es mucho dinero que habría que invertir para algo que puede no ocurrir y que se puede perder, hay que exigirles que respondan al cuestionamiento ¿cómo pensarían si fueran habitantes de Puerto Valdivia? (los habitantes de Puerto Valdivia son quizás, los más directa y gravemente amenazados, y tendrían muy poco tiempo para salvarse). ¿Serán menos colombianos y se merecerán correr ese riesgo por ello?
A los dirigentes políticos (alcaldes, gobernador, directivos EPM e HI, y funcionarios directamente involucrados) que tienen en sus manos esta misión preventiva, recordarles que ya no habrá ninguna forma de decir que fueron eventos desafortunados que se presentaron en forma natural y que no les correspondería culpa alguna. Todo lo contrario: serían responsables de no haber actuado preventivamente, para lo cual solo se requiere comprender el riesgo y tener la voluntad política para emprender las acciones. Ambas son parte innegable de sus obligaciones.
