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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Diego Cancino

Diego Cancino se queda sin trabajo

El exconcejal de Bogotá y exviceministro del Interior, Diego Cancino, no será nombrado en la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La decisión se tomó tras el escándalo que protagonizó el exfuncionario por la denuncia pública de una de sus excompañeras de trabajo en el Ministerio del Interior, quien le señala de haberse querido sobrepasar con ella en medio de una noche de copas.

Tras la denuncia de acoso sexual, la Fiscalía General de la Nación a Viviana Vargas, directora de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, abrió investigación a Cancino. De acuerdo con la versión de la funcionaria, «la abrazó y le tocó los senos en varias ocasiones, sin el consentimiento de la joven de 31 años, e incluso intentó besarla, a pesar de la negación de la chica».

Al desatarse el escándalo, Diego Cancino, expidió un comunicado expresando su arrepentimiento por su conducta y la molestia que pudo provocar en la persona de Viviana Vargas.

«Estoy absolutamente convencido de que en ningún momento incurrí en ninguna forma de acoso sexual en el marco de un encuentro entre excompañeros -ya que hacía más de un mes había salido del Ministerio del Interior-, y en el cual estuvimos acompañados de personas a quienes Viviana invitó en calidad de amigos suyos», dijo el exconcejal.

Diego Cancino cuenta su versión del escándalo que lo salpica

El exviceministro del Interior y exconcejal de Bogotá, Diego Cancino, en un comunicado de prensa reconoció su error y mal proceder con la actual asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana de Gobierno del Ministerio del Interior, Viviana Vargas, a quien reiteró sus disculpas.

Cancino aclara que para el momento de los hechos señalados por Viviana Vargas el ya se había retirado de la entidad y que la reunión en su casa se hizo en un ambiente de reencuentro entre excompañeros de trabajo y que estuvieron acompañados por otras personas invitados por la funcionaria.

«Estoy absolutamente convencido de qué en ningún momento incurrí en ninguna forma de acoso sexual en el marco de un encuentro entre excompañeros, ya que hacía más de un mes había salido del Ministerio del Interior-, y en el cual estuvimos acompañados de personas a quienes Viviana invitó en calidad de amigos suyos», expresó Cancino en su comunicado.

El exviceministro y exconcejal, reafirmó su compromiso para que la verdad de este hecho se conozca y dice estar dispuesto a acudir a la justicia las veces que sea necesario.

Diego Cancino fue designado en los últimos días por el presidente de la república, Gustavo Petro, para que ocupe la dirección de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Nota relacionada: Señalan a Diego Cancino por supuesto acoso

Señalan a Diego Cancino por supuesto acoso

Viviana Vargas Ávila, funcionaria del Ministerio del Interior, asegura que el exviceministro del Interior, y nuevo presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diego Cancino, trató de sobrepasarse con ella en medio de una invitación en el lugar de residencia del funcionario.

De acuerdo a la narración de Vargas para la Revista Cambio, Cancino trató de besarla y según ella, «en varias oportunidades le tocó los senos sin su consentimiento». La funcionaria asegura que acudió a la cita para tratar de asuntos relacionados con su trabajo, además porque su contrato laboral ya estaba a punto de finalizar como asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana de Gobierno del Ministerio del Interior.

Dice además que ella trató de salir del apartamento pero que supuestamente él se lo impidió, por lo que ella llamó de inmediato a unos amigos quienes llegaron al lugar de residencia de Cancino, quien incluso delante de ellos, trató de besarla, según narra.

Cuenta Vargas que, en días posteriores, Diego Cancino trató de hablarle para disculparse por lo sucedido, sin embargo, ella asegura que evadió la conversación.

“Te ofrezco sinceras y profundas excusas, perdóname. Mi comportamiento estuvo mal y claramente no debí haber actuado así. Te escucho y asumo las claridades que pones. Jamás voy a confundir los límites claros que me expresas. Eres una mujer y ser hermosa. Bondad y fuerza para transformar. Perdóname por favor”, se evidenció en el chat revelado por la revista CAMBIO.

Confidencial Colombia trató de comunicarse con el exviceministro, Diego Cancino, sin embargo, al cierre de la nota no fue posible establecer contacto para conocer su versión de los hechos.

Al respecto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a través de un comunicado de prensa rechazó los sucesos denunciados por Yuly Viviana Vargas, asegurando que su trabajo ha sido valioso para la entidad y que la continuidad del contrato de Yuly Viviana Vargas Ávila, formalizado el 24 de octubre de 2024, confirma su compromiso.

Se espera un pronunciamiento por parte de Diego Cancino a quien se le conoce por su defensa a la mujer, al respeto por la dignidad y honra de las personas, sin importar su sexo, raza o religión.

El viceministro del Interior, Diego Cancino, dice que «la reforma a la salud no está en capilla de velación»

En entrevista para Confidencial Colombia, el viceministro del Interior, Diego Andrés Cancino, explica cuáles son sus nuevas funciones y asegura que desde su cargo ayudará al ministro del Interior en toda la gestión necesaria para sacar adelante los proyectos del Gobierno Nacional que hacen trámite en el Congreso de la República, incluyendo el de la salud, que, según él, «no está en capilla de velación».

Diego Cancino, otro verde anticlaudista que llega al Gobierno Nacional

El exconcejal de Bogotá de la Alianza Verde, Diego Cancino, ocupará el cargo de viceministro del Interior en reemplazo de Gustavo García, quien renunció por diferencias irreconciliables con el jefe de esta cartera, Luis Fernando Velasco.

Cancino viene de la política local y es, junto con el actual superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, el segundo concejal de la Alianza Verde que viene de hacer oposición a la exalcaldesa Claudia López, en aterrizar en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Diego Cancino es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene estudios de maestría en políticas públicas de la Universidad de los Andes y desde muy joven ha sido coequipero de Antanas Mockus, cuando juntos discutían con el profesor Carlo Federici sobre política y pedagogía. ha sido profesor universitario (Universidades de los Andes, Externado y Rosario) en las cátedras de liderazgo y políticas públicas, pensamiento científico y cultura ciudadana y columnista en Confidencial Colombia.

¡Barbosa arranque!

La administración de Francisco Barbosa al mando de la Fiscalía General de la Nación se aproxima a su cierre. Se definió como «una de las personas más preparadas de su generación» y considerándose a sí mismo «la segunda autoridad más importante del país». Palabras por lo menos paradójicas frente a su actuar como Fiscal. Barbosa ha liderado la oposición al Presidente Petro, no ha combatido la impunidad y ha ejercido investigaciones de manera sesgada. Muchos han visto su “politiquería” por la Fiscalía como un trampolín a su futura candidatura presidencial y no como ejercicio para que la justicia opere.

En sus últimos días, Barbosa mandó a hacer placas conmemorativas con su nombre y en letra de estilo y se gastó 180 millones de pesos para la impresión de libros de su autoría, entretanto amenaza con imputar penalmente a personas cercanas al presidente Gustavo Petro, como al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa; allana a medios de comunicación alternativos como La revista Raya y allana también las instalaciones del sindicato de maestros Fecode. Sin embargo, se ha hecho el de la vista gorda en la financiación de las campañas de los excandidatos presidenciales Rodolfo Hernández y de Federico Gutiérrez o con los involucrados en el detrimento patrimonial de 4,3 billones de pesos en el caso de  Hidroituango. La Investigacion de los dineros de “ñeñe” Hernández, reconocido narcotraficante, a la campaña de Iván Duque quedó en la impunidad.
 
Francisco Barbosa, como sus antecesores, será recordado como un fiscal más del país que abusó del poder y que legitimó fiscales mentirosas y presuntamente criminales.

La Corte Suprema puede mostrar altura democrática y probidad ejemplar. Seguir aplazando la elección de la Fiscal es inaudito. Ha pasado antes, con Barbosa no fue así, pero en este caso la dilación implica que llegue la Vice fiscal Mancera. Mujer mentirosa, ya comprobado y con presuntas relaciones con fuerzas ilegales y con prácticas delictivas como el narcotráfico y el tráfico de armas.

El fiscal se va, no puede quedar él en cuerpo ajeno y mucho menos en una persona con todos estos cuestionamientos.

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Piedad: la política negra jugada por la paz y la inclusión

Irreverente, audaz y valiente. Compleja y sin pelos en la lengua. Terca, apasionada, elocuente y brillante. La Negra se erigió bajo convicciones muy fuertes y enfrentó la muerte por esas convicciones: la paz, la salida negociada a la guerra, los derechos de las mujeres, la dignidad de las personas LGBTIQ+, la incidencia política de los afros, la movilización rebelde de los jóvenes.

Piedad Córdoba representa los retos y odios de este país. Las tensiones y contradicciones más fuertes de nuestra democracia las encarna la vida de la negra y su muerte es un testimonio de nuestros conflictos, traumas culturales y prejuicios cotidianos.

Cuando la paz estaba criminalizada y cuando en este país, según el dogma de Uribe, no había conflicto armado, Piedad insistió en una salida política y no militar a nuestro conflicto armado, insistió en los acuerdos humanitarios y se la jugó por ellos. En una sociedad que en su mayoría clama guerra, sangre y bala, Piedad, de facto y con acciones políticas resistía a esta aplanadora cultural de la guerra.

Cuando jóvenes eran perseguidas, perseguidos, asesinadas/os y desaparecidas/os – en plenos diálogos de paz con las FARC-EP- Piedad Córdoba apoyo una movilización nacional de jóvenes rebeldes a la guerra, llenaron las calles de este país y al unísono gritaban: exigimos paz y no más sangre.

En el Congreso de la República, Piedad fue determinante para la aprobación de la ley 1257 de 2008 que tiene como objeto “(…) la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional (…)”. Ante nuestro patriarcalismo, racismo y arribismo las organizaciones de mujeres lograron articularse y construir ese tesoro normativo y político. El liderazgo y la fuerza de la senadora Piedad Córdoba contribuyeron de manera fundamental para que este mandato de justicia se volviera ley.

Para que las parejas homosexuales tuvieran reconocimiento legal la negra hizo un proyecto de ley al respecto. Hoy el matrimonio Gay es un hecho.

Luchó y resistió contra el racismo y promovió los derechos afros sistemáticamente.

Piedad, como política, no favoreció a los privilegiados, ni la guerra, se enfrentó a los poderosos de su partido y de este país, por esa razón la quisieron eliminar físicamente, la quisieron callar políticamente, le quisieron negar sus derechos políticos. Ella con persistencia, humor, resistencia y valentía nos mostró que en política la lucha es larga y que las derrotas son inyecciones de poder subjetivo para fortalecer la lucha colectiva y no dejarse derrumbar.

La muerte de Piedad ha mostrado también cómo nuestra sociedad y muchos de nuestros lideres están cargados de odio y erigidos en la indolencia. Los comentarios de muchos jóvenes, de lideres políticos y de influencer indignan y generar frustración -Tu y yo podemos pensar diferente, pero tu y yo jamás nos alegramos de la muerte de nadie, jamás queremos eliminar la humanidad de nadie.  Tu nunca despojas de dignidad a nadie y mucho menos una vez muerta. Esta actitud es la que se siente, por ejemplo, en la voz de Jota Pe Hernández. No vale la apena repetir sus frases en X.

Necesitamos, como dice nuestra jefe del equipo negociador ante el ELN Vera Grabe, transformarnos a nosotros mismos, despojarnos de tanto odio y de querer eliminar al otro de diferentes maneras ¡Esa es la principal transformación cultural y pedagógica que requiere la paz! La muerte de Piedad y estas reacciones nos deben poner este asunto como un reto fundamental de país. Desde ahí se empieza a tejer el Acuerdo Nacional.

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La Corrupción vive: El Libro Blanco De Bogotá

Recientemente la alcaldesa Claudia López afirmó en su cuenta de X (antes Twitter) lo siguiente: “Le cumplimos a Bogotá sin un solo hecho de corrupción”, asegurando que se respetaron “con absoluta rigurosidad los impuestos de los bogotanos y los invertimos con transparencia y honestidad”. La publicación de la alcaldesa, lamentablemente para la ciudadanía bogotana, está lejos de ser verdad, pues sobre el uso transparente y honesto de los recursos hay serias dudas y cuestionamientos, especialmente en algunos procesos contractuales.

Junto a mi equipo de trabajo, nos dimos a la tarea de recopilar algunos de esos hechos que ponen en entredicho la felicitación que la alcaldesa se da a sí misma. Nuestro trabajo consistió en reunir algunas de las denuncias que hemos hecho, para ser consignadas en un Libro Blanco, que esperamos, sirva como una herramienta para alertar a la administración entrante sobre la persistencia de contratistas corruptos que aún logran hacerse con millonarios recursos de las bogotanas y los bogotanos.

El compendio de casos que consignamos en el Libro Blanco da cuenta de cómo los socios del Carrusel de la Contratación siguen cooptando recursos de la ciudad.

Por eso invito a que los ciudadanos y ciudadanas evaluemos lo que ha sucedido en nuestra ciudad.

Lo que ocurrió en la Unidad de Mantenimiento Vial encierra arabistas del carrusel de contratación: se otorgaron dos contratos, uno a una empresa con un accionista condenado por su participación en el Carrusel de la Contratación y otro adjudicado a una empresa cuyo único dueño tiene una investigación por responsabilidad fiscal abierto por detrimento patrimonial ¿Es motivo de orgullo que los contratos otorgados en estos dos procesos, que suman más de 38 mil millones de pesos, terminen en manos de condenados e investigados?

En la UAESP se entregó un contrato de casi 7 mil millones de pesos a un consorcio que tiene una empresa cuya controlante estaba presa por apropiarse ilegalmente de recursos públicos en alianza con Musa Besaile.

Se entregó la construcción de un Centro de Atención Prioritaria por un valor de 14.751 millones de pesos a una empresa que tiene un historial de incumplimientos con la Universidad Nacional, con la Universidad Distrital, con el Distrito de Buenaventura y que es investigada por posibles hallazgos con incidencia fiscal y disciplinaria.

Y lo que es peor aún, la gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, que debe cuidar nuestros recursos, tiene 4 suspensiones y un proceso de responsabilidad fiscal y continúa en su cargo.

Se nombró al presidente de ETB a un directivo que estructuró un negocio en el que modificó el manual de contratación para poder contratar prácticamente a dedo y en el que la empresa más grande de Bogotá perdió 612 mil millones de pesos.

La administración saliente puede ser calificada con muchos adjetivos, pero difícilmente la rigurosidad, la honestidad y la transparencia sean los valores que rigieron la actuación en los casos que presentamos de manera detallada y con todos los soportes pertinentes en el Libro Blanco.

Viene a mi cabeza un adagio popular que recordaré en 2026: Dime de qué presumes y te diré de qué careces.

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La corrupción en Bogotá vive

El término «carrusel de la contratación» se ha utilizado en varios contextos para describir esquemas corruptos en los que se manipulan procesos de licitación y contratación pública, para beneficiar a ciertos actores de manera indebida.

El Grupo Nule, liderado por los hermanos Miguel, Guido y Manuel Nule, fue objeto de una investigación y condena en Colombia debido a su participación en varios casos de corrupción relacionados con contratos de obras públicas en Bogotá. El entramado del Grupo Nule implicó una serie de prácticas ilegales que afectaron la transparencia y legalidad en la contratación pública.

El Grupo Nule estuvo involucrado en la ejecución de proyectos de infraestructura y obras públicas en Bogotá, incluyendo la construcción de la fase III de la Troncal de la Caracas, la troncal de Transmilenio por la Avenida El Dorado (Calle 26) y otras obras de gran envergadura.

El mecanismo del carrusel de contratación del grupo Nule que facilitó el éxito de sus prácticas fraudulentas incluyo: Manipulación de licitaciones, sobrevaloración de contratos, incumplimiento de contratos y relaciones de corrupción con funcionarios públicos.

Además de las prácticas corruptas, el Grupo Nule también enfrentó acusaciones de incumplimiento en la ejecución de los proyectos, lo que llevó a demoras y problemas en la entrega de las obras.

Como resultado de las investigaciones, en 2013 los hermanos Nule fueron condenados por delitos como peculado por apropiación, cohecho, interés indebido en la celebración de contratos, y otros cargos relacionados con corrupción. Estas condenas representaron un hito en la lucha contra la corrupción en Colombia y llevaron a un escrutinio más estricto de los procesos de contratación pública en el país.

Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá Claudia López, una de las líderes de la consulta anticorrupción, no ha podido deshacerse del fantasma de los Nule y sus tentáculos siguen captando recursos públicos en el Distrito Capital.

Los mecanismos que utiliza actualmente el grupo Nule para contratar en Bogotá son complejos e incluyen el uso diferentes testaferros, cambio de nombre y razón social de las empresas, establecimiento de nuevas uniones temporales y consorcios, rotación de accionistas y representantes legales, y cambio de domicilio, entre otros. Así, empresas que estuvieron involucradas en el carrusel que desfalcó a Bogotá en la época de Samuel Moreno siguen operando y contratando con el distrito.

Según la Corte Suprema de Justicia la empresa Obras de Ingeniería Guadalupe SAS (antes Tecniciviles) recibió anticipos por más de mil millones de las empresas del Grupo Nule en el marco del carrusel de contratación.

Además, Obras de Ingeniería Guadalupe tiene un historial de incumplimientos e irregularidades: en 2022 la Contraloría obligó a esta y otras empresas a devolver $4 mil millones por la construcción irregular de un colegio en Santander que hoy se encuentra abandonado, y en el 2017 el Invias multó a esta y otras empresas por $3 mil 600 millones por el incumplimiento del contrato de construcción del Túnel de la Línea.

En 2018 la asamblea de accionistas de Tecniciviles modifica el nombre de la empresa y cambia su domicilio. Pasa de Bogotá a Barranquilla y desde ese momento se empieza a llamar Obras de Ingeniería Guadalupe SAS, con el mismo NIT. Así pueden presentarse nuevamente a licitaciones conservando la experiencia, lo que les da un buen puntaje en los procesos de licitación y contratación.

Hasta 2019 los dueños de Obras de Ingeniería Guadalupe SAS eran Martha Isabel Fonseca  (ahora ex esposa de Mauricio Galofre Amin) y Rodrigo José Piedrahita Amin quien también es el dueño de Roccia SAS. Mauricio Galofre Amin, fue condenado a 13 años de prisión por pagar millonarios sobornos para que las empresas de los Nule recibieran contratos en la Alcaldía de Samuel Moreno.

Actualmente loscontratistas de los cementerios y del mantenimiento a la malla vial comparten orígenes en el carrusel que desfalcó a Bogotá en la época de Samuel Moreno y que se relacionan con Marcela Sofía Alíes Fuentes, la mujer que pagando una condena por corrupción, y que participa en los contratos del distrito como ficha de los Nule.

El Consorcio Tecni Malla Vial 2021 conformado por Obras de Ingeniería Guadalupe SAS y Roccia SAS, tiene actualmente un contrato con el Distrito de Bogotá por un costo inicial de $22.000 millones de pesos para el arrendamiento de maquinaria y vehículos para mantenimiento vial y que terminó costando $35.000 millones por cuenta de dos adiciones presupuestales de $13 mil millones. Es decir, adiciones extraordinarias por más de la mitad del valor del contrato.

Resulta que la empresa Obras de Ingeniería Guadalupe SAS antes del 2018 era Tecniciviles, empresa que comparte historias con la empresa Tecniconsulta SAS y los protagonistas del carrusel de contratación. 

Marcela Alíes Fuentes, quien paga actualmente una condena por corrupción, y Mauricio Galofre Amin fueron socios accionistas (cada uno con el 25% de las acciones) entre el 2009 y el 2011 de Tecniciviles, una empresa con un objeto social similar a Tecniconsulta SAS que fue fundada en el 2006 también por la familia Castillo Baute y en la que desde 2007 hasta el 2011 Marcela Alíes y su familia (sus hermanos, su mamá y su papá) fueron los miembros de la junta Directiva, y en la que además durante este mismo periodo Marcela Alíes fue representante legal.

Tecniconsulta SAS está vinculada al menos a siete procesos de responsabilidad fiscal, sobre los que la Contraloría General de la República advierte un presunto detrimento patrimonial por más de $28 mil millones.

Otro caso de un contrato que se ejecuta actualmente con la Ciudad de Bogotá es el del Consorcio San Marcos 2021. Se trata de un contrato de interventoría sobre la concesión que opera los cementerios distritales por $6 mil 900 millones (UAESP-508-2021) y un plazo de 5 años y 3 meses, en el que participa con un 25%, Tecnologías y Consultorías Ambientales y de Gestión SAS (TECNICONSULTA SAS. NIT:00.218.054-1) de propiedad de Marcela Sofía Alíes Fuentes, la ficha clave del Grupo Nule a la que nos referimos antes.

Resulta más que preocupante que hoy en día el grupo Nule aún cuente con la capacidad y la aprobación de los funcionarios de la alcaldía de Bogotá para seguir contratando con el Distrito.

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El presupuesto se va a un barril sin fondo

La apuesta política que está detrás del presupuesto de Bogotá aprobado por la mayoría del Concejo 2024 pone como prioridad a Transmilenio, por encima de temas fundamentales para la vida de los bogotanos, como los derechos, la salud, la educación y la seguridad.

Para el 2024 el presupuesto total de ingresos del Distrito asciende a $33.2 billones, de los cuales $26.3 billones son presupuesto de inversión (el 79.4%), $4.6 billones son presupuesto de funcionamiento (el 14%) y $2.1 billones corresponden al pago de servicio de deuda (6.5%).

Del presupuesto de inversión del Distrito, la mayor parte está orientado al sector de movilidad con $7.3 billones (28%). En ese sector el rubro más alto es el de la transferencia al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), con $3 billones.

Lo anterior no ha sido un secreto para nadie, pues desde el inicio de esta administración se apostó porque el mayor nivel de inversión de la ciudad se concentrara en el sector movilidad, para el cual se está solicitando actualmente $14.8 billones de pesos, de los cuales va para Transmilenio la enorme suma de $10.2 billones de pesos.

El presupuesto para Transmilenio ha crecido aceleradamente durante las últimas dos administraciones (Peñaloza y López), pasando de $1.3 billones en 2017 a $10.2 billones en 2024. Es decir, el presupuesto en 2024 para TM es casi 8 veces más de lo que fue en 2017.

Para 2024 la Empresa Transmilenio sería la entidad con el presupuesto de inversión más alto de Bogotá, ocupa casi el 30% del total del presupuesto de la ciudad. Este presupuesto es casi 3 veces el presupuesto del sector salud; es casi de 6 veces el presupuesto del sector de integración social; es más de 10 veces el presupuesto del sector cultura.

Lo anterior, es una expresión de la apuesta política de los últimos 2 gobiernos de la ciudad: invertir de forma intensiva en el sistema de transporte de la ciudad, el cual está estructurado sobre el Transmilenio, y en consecuencia renunciar a intensificar la inversión en los sectores sociales claves.

Esa cantidad exorbitante de dinero se ha debido, entre otras razones, al gran déficit del Sistema Integrado de Transporte Público desde el 2012 y que se profundizó en 2020 por la pandemia. Lo peor de todo es que por más plata que se apruebe en el presupuesto, por más que se aumenten las tarifas a los usuarios, el déficit no parece disminuir. Las razones para que el déficit continúe agudizándose son las siguientes: 1) los costos operativos siguen en aumento haciendo que el costo-beneficio del Sistema sea cada vez menos eficiente y 2) la remuneración de los operadores privados aumentó enormemente, incrementando los costos del Sistema.

Las proyecciones frente al déficit son muy desesperanzadoras pues el déficit aumentará de forma extraordinaria en los próximos años. La empresa Transmilenio proyecta que entre 2023 y 2033 el valor acumulado del Fondo de Estabilización Tarifaria, que es el fondo que cubre el déficit financiero del Sistema de Transporte Público de Bogotá, será de $47.8 billones.

Entonces vale la pena preguntarnos, si el déficit de Transmilenio tiende a agudizarse, sin tener proyecciones que nos indiquen que el sistema en algún momento va a alcanzar el equilibrio, ¿Por qué seguir invirtiendo tantos billones de pesos en él cuando ni siquiera es un sistema de transporte digno para los bogotanos?

Bogotá tiene que pensar en una solución que ataque el problema de déficit estructural de Transmilenio. Esta será una tarea que, sin duda alguna, le queda al nuevo alcalde Carlos Fernando Galán. La garantía de los derechos fundamentales de los bogotanos debe ser la prioridad y no los intereses particulares de unos cuántos empresarios.

¡Seguimos insistiendo en la necesidad de una Reforma Popular a la Policía!

Por: Diego Cancino

El pasado jueves 30 de noviembre acompañamos la Audiencia Pública por la Reforma Policial convocada por el Congreso de la República en la localidad de Puente Aranda. Este fue un espacio para denunciar la impunidad de las violaciones a DDHH cometidas por la fuerza pública, pero además para reiterar la importancia de impulsar activamente una reforma popular a la Policía en perspectiva de construcción de paz.

Aunque con el cambio de gobierno y de dirección de la Policía Nacional se han gestado algunas transformaciones, la reforma estructural a la Policía sigue siendo una necesidad imperante. Como lo afirma Campaña Defender la Libertad -entre otras organizaciones-, se siguen evidenciando los mismos patrones de violencia por parte de la fuerza pública. En especial, persisten patrones como las lesiones oculares cometidas por el ESMAD -ahora UNDMO-, que se caracterizan por su impunidad[1].

Son múltiples los casos de detenciones arbitrarias, torturas, lesiones oculares, violencia sexual, violencia basada en género, homicidios y lesiones personales vinculados a miembros de la Policía Nacional que -principalmente en las jornadas de protesta- se presentan desde el 2019 y que a la fecha permanecen impunes. Desde ese momento hemos insistido y trabajado en una apuesta colectiva para transformar de manera profunda a la Policía.

¿Cuál es el objetivo de la reforma a la Policía que proponemos? Fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia la Policía Nacional y la legitimidad de ésta como una institución de carácter civil, por medio de la apertura institucional y el diálogo periódico con la ciudadanía

¿Cómo proponemos construirla? Convencidos de la necesidad de que la reforma a la Policía tenga un carácter popular, es decir, que sea construida desde el diálogo comunitario y ciudadano vinculante, proponemos continuar con nuestra estrategia de asambleas populares. Se trata de espacios de diálogo plural y constructivo entre la ciudadanía, con presencia de las instituciones y actores relevantes, guiados por el ánimo reconocer al otro y con el objetivo de sentar las bases de una Reforma a la Policía. La Policía no puede seguir siendo vista como un cuerpo que se encuentra en guerra con la ciudadanía, sino que ésta debe ser entendida como agente cultural. A propósito del enfoque de paz, la Policía Nacional juega un papel fundamental en su consolidación. A pesar de la naturaleza civil de la Policía, las dinámicas del conflicto armado interno acercaron a la Policía a prácticas y funciones militares. En ese sentido, la política de paz total implica adoptar una nueva realidad en materia de orden público, en el que la Policía debe afianzar su naturaleza civil, por medio de su rol pedagógico y comunitario, y cuyo propósito principal sea la transformación de conflictos de manera no violenta.

Ponemos a disposición de quienes quieran seguir contribuyendo a esta causa todas nuestras apuestas: el proyecto de ley que construimos con el apoyo de 67.600 firmas, las conclusiones de los múltiples encuentros que hemos realizado, así como las redes que consolidamos con las víctimas, organizaciones e instituciones.


[1] Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, Movimiento en Resistencia contra las Agresiones Oculares del ESMAD, y Centro de Atención Psicosocial. (2022). Represión en la mira: Lesiones oculares en el marco de las protestas en Colombia. ISBN: 978-958-53871-2-6.

Contra las mujeres nunca más

El 25 de noviembre se conmemora la lucha de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas en República Dominicana por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Las hermanas Mirabal fueron perseguidas y finalmente ultimadas por el dictador por alzar su voz en contra de un gobierno autoritario, por desafiar la muerte y el terror, por oponerse al miedo y por liderar un movimiento político que anhelaba la libertad. Las hermanas Mirabal, conocidas como “Las Mariposas” fueron asesinadas por pretender transformar una sociedad y por soñar una patria para todas y todos.

Tras su asesinato, fue llevado a cabo en Bogotá el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Como fruto de este encuentro surgió la propuesta de establecer el 25 de noviembre como el Día de la Lucha contra la Violencia Hacia las Mujeres, que fue aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1999. Es por este legado de lucha que miles de mujeres han llenado las calles exigiendo una vez más un orden social que no las violente y cuestionando profundamente la estructura patriarcal y machista que hoy sigue imperando.

Al respecto, considero pertinente retomar algunas de las ideas que plantea Judith Butler en su libro La Fuerza de la no violencia, que constituye un marco teórico para abordar la prevención de la violencia política contra las mujeres. Lo primero que destaco de este texto la importancia que tiene la ética en la no violencia, entendiendo que se convierte en un imperativo para construir una sociedad que se base en la igualdad y en el respeto.

Por otra parte, Butler da cuenta de la interconexión de las luchas políticas, señalando cómo la violencia contra las mujeres está intrínsecamente ligada a otras formas de opresión, por lo cual propone la construcción de una política de la igualdad que desafíe las estructuras de poder existentes. Esto implica que prevenir la violencia política contra las mujeres pasa necesariamente por cuestionar y transformar las normas políticas y las prácticas que terminan por reproducir la desigualdad de género en la esfera política.

Estos planteamientos de Butler tienen enorme validez en la actualidad; a nivel global, 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual por lo menos una vez, lo cual contrasta con la baja inversión en la prevención de violencia de género, pues sólo un 5 % de la ayuda gubernamental mundial va destinada a la violencia de género y menos del 0.2 % se invierte en prevenirla[1]. En Bogotá, además, sigue siendo evidente la desigualdad en el acceso a posiciones políticas decisorias como demuestran las pasadas elecciones al concejo en las que sólo 11 de 45 concejales serán mujeres y donde no hubo ninguna mujer compitiendo por la Alcaldía. Por

si fuera poco, a nivel nacional sólo resultaron electas 6 gobernadoras y “no habrá ninguna alcaldesa en las principales ciudades del país”[1].

La historia nos ha enseñado que las luchas preceden derechos y que la organización popular y social es la base de la transformación. Ayer las voces que inundaron las calles nos lo han recordado una vez más, nos han gritado una vez más que la sociedad que hemos construido no es justa, que su estructura, sus normas y sus prácticas siguen siendo violentas y que hay millones de mujeres luchando por un cambio justo, innegable e indetenible.

Las Mariposas que asesinó la dictadura dominicana vuelan sobre Colombia, su voz continúa vibrando y desafiando la historia y a todos aquellos que pretendieron alguna vez callarlas y negarlas. Que su lucha transforme y nos transforme, que su voz nunca jamás sea ignorada, que sepan que sus pasos abren caminos. Que nunca más se pretenda avanzar sin ustedes, ni contra ustedes.

Diego Cancino


[1] Cifra tomada de: https://www.elespectador.com/politica/solo-seis-mujeres-seran-gobernadoras-en-colombia-y-ninguna-alcaldesa-en-ciudades-capitales/


Un balance del arboricidio en Bogotá

Por Diego Cancino

La alcaldesa Claudia López durante sus cuatro años de gobierno autorizó un arboricidio sin precedentes en Bogotá.

Durante su campaña para la alcaldía de Bogotá, Claudia López prometió “reverdecer Bogotá”. La propuesta se centró en implementar medidas para mejorar la sostenibilidad ambiental de la ciudad. La alcaldesa Claudia López presentó este plan con el objetivo de aumentar las áreas verdes, reducir la contaminación y promover prácticas más ecológicas en la capital colombiana.

El balance al día de hoy de esta propuesta es negativo si contemplamos las cifras de tala de árboles en la ciudad de Bogotá en sus tres categorías: 1. Emergencia, 2. Manejo y 3. obras, obtenemos un total 60.788 árboles autorizados para tala durante la alcaldía de Claudia López. Mientras que la cifra total durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, en las mismas tres categorías, fue de 54.215. Así que Claudia López autorizó en total un 12% más árboles talados que los permitidos por Enrique Peñalosa.

Esto se hace más evidente si analizamos las cifras de tala de árboles autorizada por razón de la realización de obras, Mientras Peñalosa autorizó la tala de 19.206 árboles para obras en sus 4 años, Claudia López autorizo talar 34.534 árboles por razón de la realización de obras. Es decir que Claudia López autorizó talar 80% más árboles por obras que Enrique Peñalosa. Un contraste muy decepcionante si tenemos en cuenta que estas cifras nos muestran una preferencia por las obras, la cementación y el asfaltado de superficies, para remplazar el espacio que antes ocupaban los árboles.

Este arboricidio autorizado por la Administración lo comprueban cifras dadas por la propia Secretaría de Ambiente en respuesta a derecho de petición. Así que el arboricidio en Bogotá no es un mito, es una lamentable realidad. Si cada árbol que ha autorizado talar la alcaldesa tuviera exactamente 10 años de vida, la alcaldesa habría talado a hoy algo así como 607.880 años de vida forestal. Que la historia lo recuerde, acá no se reverdeció Bogotá, se ordenó un arboricidio sin precedentes.

La tala indiscriminada de árboles en Bogotá ha suscitado críticas y preocupaciones por parte de la comunidad y de los defensores del medio ambiente. Esta práctica ha generado una serie de impactos negativos, incluyendo la pérdida de biodiversidad, la reducción de los espacios verdes urbanos y la disminución de la calidad del aire. La degradación del entorno natural afecta directamente a la salud de los ciudadanos y contribuye de manera negativa al cambio climático. Además, la tala sin un adecuado plan de reforestación y sin considerar el equilibrio ecológico pone en peligro la estabilidad de los ecosistemas locales.

Resaltamos la necesidad urgente de adoptar prácticas más sostenibles, de promover la conservación de los recursos naturales, si se busca garantizar un futuro más saludable y equilibrado para Bogotá.

¿Cuál es el antídoto contra la corrupción en la contratación pública?

Frente a los últimos acontecimientos de corrupción en la contratación pública, es inevitable no quedar impresionado y no preguntarse las razones por las cuales sigue habiendo tantos escándalos, ¿acaso los corruptos tienen el método infalible para lograr sus cometidos? ¿O es la manera en la que se contrata la que termina favoreciendo  a algunas empresas con escándalos de corrupción que se reencauchan o se camuflan para volver a contratar con el Estado?    

Dichas preguntas nos parecen cruciales para poder atacar el problema y evitar que en el futuro el Estado siga haciendo contratos con personas sancionadas y con sentencias por la comisión de delitos. 

No basta con indagar por los representantes legales de los Consorcios, las Uniones temporales y demás figuras que pueden contratar con el Estado, pues se debe hacer una indagación juiciosa, se debe levantar el velo para descubrir quiénes son los socios, es decir, quiénes son las personas que tienen la mayor capacidad de decisión. Una vez encontradas las personas, se debe realizar una búsqueda sobre su pasado, con el objetivo de determinar si tienen escándalos y si han cometido delitos durante la ejecución de contratos.  

Frente a dicha indagación, vale la pena preguntarnos en el marco del escándalo de los cementerios en Bogotá ¿Y a los contratantes se les olvidó realizar esta investigación? ¿O simplemente no les interesaba hacerla?

El mes pasado, denuncié que Marcela Sofía Alíes Fuentes, dueña de la empresa con mayor participación, en el Consorcio San Marcos 2021, quienes le hacen interventoría a la concesión de cementerios en Bogotá, se encuentra pagando una condena de cuatro años y seis meses de prisión por los delitos de falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos y corrupción privada agravada sobre bienes del Estado, desde comienzos del 2020.

Marcela Sofía Alíes Fuentes no sólo tuvo la representación legal de la empresa Tecnologías y Consultorías Ambientales y de Gestión SAS (TECNICONSULTA SAS. NIT: 900.218.054-1), desde 2012 hasta mediados de 2019, sino que además es accionista mayoritaria desde el 15 de junio del 2017.

Además de lo anterior, la Fiscalía comprobó que TECNICONSULTA  SAS, en cabeza Alíes Fuentes, participó en un entramado de corrupción a través del cual se apropió de por lo menos $ 4 mil millones de pesos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), que fueron a parar a los bolsillos de Musa Besaile y otros políticos corruptos en 2017.

Es decir, el pasado de TECNICONSULTA SAS fundada en 2008 por dos familias de la costa atlántica: Galofre Amin y Castillo Baute, es bien turbio, pues estas personas estuvieron relacionadas con el escándalo del carrusel de contratación de Bogotá y con carteles de contratación en el norte del país.

Mauricio Galofre Amin, uno de sus fundadores, fue sentenciado en 2009 por la Corte Suprema de Justicia a 13 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el pago de millonarios sobornos durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas. Tal es la cercanía de esta empresa con el carrusel de contratación y los Nule, que durante el 2009 y 2010, la empresa Ponce de León fue su dueña -con más del 90% de las acciones- de TECNICONSULTA SAS. Ponce de León es una de las empresas del Grupo Nule, involucradas en el escándalo del carrusel de contratación.

Hoy en día, TECNICONSULTA SAS está vinculada al menos a siete procesos de responsabilidad fiscal, que señalan la participación de esta empresa como interventora en la ejecución de varios contratos de obra sobre los que la Contraloría General de la República advierte un presunto detrimento patrimonial que asciende a más de $28 mil millones en distintos municipios y gobernaciones del país.

¿Cuál debe ser entonces el siguiente paso? Que los contratantes soliciten la nulidad de este contrato. No podemos permitir que a pesar de las condenas, tengamos que seguir permitiendo que personas corruptas sigan estando detrás de la ejecución de contratos con dineros sagrados de la ciudad.

Diego Cancino