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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Diego Cancino

Ganó la mafia y el todo vale, perdió la decencia

El pasado domingo se llevaron a cabo nuevas elecciones en Colombia, en las cuales se eligieron gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, entre otros, para los próximos cuatro años.

Un análisis general de los resultados nos indica que el país retrocedió en sus esfuerzos por profundizar la democracia y que se consolidaron los poderes regionales anclados en la política tradicional y en los clanes políticos.

En el Atlántico continúa la hegemonía absoluta de los Char, en Boyacá y en Cundinamarca continúa el dominio absoluto de Amaya y Rey; en el Valle del Cauca llegó a gobernar la poderosa Dilian Francisca Toro.

En el Cesar sigue el poder indiscutible de los Gnecco, pues la gobernadora electa, acusada por la Fiscalía por hechos de corrupción, es subordinada de este clan familiar. En Sucre, el exrepresentante a la cámara Yahir Acuña se convirtió en el Alcalde de Sincelejo, aun cuando enfrenta varios procesos en la Corte Suprema por presuntos nexos con el paramilitarismo y corrupción.

En estas y otras regiones se impusieron aquellos que viven del todo vale, de los atajos, del abuso de poder y de su uso para el favorecimiento de intereses particulares. No importan las investigaciones, denuncias por corrupción o procesos penales que se les ha abierto a estos poderosos y sus familias, ni importa que sean conocidas sus prácticas para corromper los procesos electorales, al final se impuso su poder y ganaron las elecciones.   

Según la Fundación Pares[1] en estas elecciones fueron elegidas para Alcaldías, Gobernaciones, Asambleas y Concejos 18 personas asociadas con presuntos hechos de corrupción, 19 herederos de clanes políticos, 13 personas con investigaciones judiciales, 11 con investigaciones disciplinarias, 4 con presuntos nexos con grupos armados y 3 herederos de la parapolítica. El panorama es muy complicado.

En Bogotá perdieron las fuerzas progresistas y las apuestas políticas alternativas al establecimiento político en la ciudad. La Alcaldía de Bogotá la ganó de forma contundente Galán, que contará en el Concejo con el apoyo de todos los partidos tradicionales que se consolidaron en estas elecciones a fuerza de maquinaria política.

El Partido Alianza Verde no es ajeno a esta situación. Fuimos castigados aquellos que defendimos los principios y la coherencia dentro del Partido y que fuimos una voz crítica al mal gobierno de Claudia López. Y ganaron aquellos que se plegaron ciegamente al proyecto de Claudia López y que fueron apoyados por su maquinaria y la del también electo Carlos Amaya.

Con estos resultados en Bogotá las voces independientes y el control político al poder establecido en la ciudad quedarán debilitados. Esto es sin duda un golpe contundente a la democracia deliberativa en Bogotá.

Quedará apenas un pequeño reducto de concejales que se opondrán con argumentos e ideas a un modelo de ciudad posiblemente orientado a cuidar los intereses de los grandes capitales y a descuidar los recursos vitales y la vida.

El panorama en la ciudad y en el país es muy complejo. El Gobierno del Cambio y las fuerzas progresistas deben esforzarse por consolidar sus apuestas sociales para no dejar de legado el regreso de una derecha antidemocrática al poder.

Nosotros seguiremos en pie de lucha. Esta piedra no será el fin de nuestro camino. No desfalleceremos en nuestro esfuerzo por profundizar la democracia y construir una forma de hacer política de forma digna.

Diego Cancino


[1] 30 candidatos cuestionados fueron elegidos para cargos de elección popular: PARES (caracol.com.co)

Necesitamos tu voto para seguir defendiendo a Bogotá

Quién dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón”. Esa ha sido la fuerza de esta campaña, durante estos meses hemos dejado el corazón en las calles. Sólo el apoyo ciudadano permitirá a quienes hemos sido leales a la confianza derrotar a los que usan el Verde de disfraz y avanzar en la defensa de la vida y los recursos vitales de Bogotá. Estos han sido los dos axiomas de la política que asumí desde hace 4 años como concejal.

Denunciamos de frente y sin tapujos, y la ciudadanía nos ha dado fuerza para seguir defendiendo la democracia. Yo no tengo el voto de maquinarias del Distrito, ni el de funcionarios amarrados. Lo que tengo es la convicción de seguir el mandato constitucional de garantizar derechos, la vida y los recursos públicos. La naturalización del clientelismo, la corrupción y la violación de DDHH hacen que quien, desde la política, denuncia lo haga en contracorriente. Por eso, este domingo vota por mí, será un voto libre, consciente y para derrotar a los corruptos que me quieren callar.

Yo soy un servidor de la ciudadanía, uno que reconoce emociones, razones, intereses, imaginarios y apuestas ciudadanas. Uno que nunca transó con nadie y que defendió vehemente la vida. Son varios los esfuerzos realizados como concejal de Bogotá. Tejimos colectivamente una reforma a la Policía transparente y garantista de los derechos humanos. Denunciamos violaciones a los DDHH cometidas por la Fuerza Pública. Logramos que la Corte Constitucional restringiera el uso arbitrario del Traslado por Protección. Denunciamos la comisión de atajos en la CAR Cundinamarca. Denunciamos la pérdida de enormes recursos en la ETB que implicaron la renuncia de su presidente. Denunciamos los atajos del exgobernador Carlos Amaya y actual candidato a la Gobernación de Boyacá.Denunciamos graves irregularidades y relaciones corruptas en la contratación de la interventoría de los cementerios en Bogotá.

Todas estas acciones nos han representado la oposición directa de ciertos grupos sociales y políticos, descalificaciones de miembros de mi Partido y opositores, y amenazas directas contra mi integridad. Sin embargo, con tu confianza, quiero seguir con la convicción de que la política sí puede ser una herramienta de transformación cultural y pedagógica. Mi papel como agente político es y seguirá siendo desafiar la corrupción, el atajo y el uso de lo público para favorecer intereses privados, y si tengo que ir en contracorriente, lo seguiré haciendo. No será fácil, pero con el apoyo transparente de la ciudanía lo lograremos ¡Ganaremos con honestidad!

¿Cómo puedes votar por mí? Este domingo, 29 de octubre, pide el tarjetón al Concejo de Bogotá, busca el logo del Partido Verde y marca con una x el logo del Partido y el número 34 sin salirte del recuadro. Gracias por tu confianza.

Diego Cancino

Claudia López, la anti-verde

Hace cuatro años, cuando Claudia López no era alcaldesa y yo no era concejal, recorríamos la ciudad en busca del apoyo, pero sobre todo de la confianza de la ciudadanía.

En ese momento, la entonces candidata firmó el Acuerdo Programático por el Medio Ambiente, con el que adquirió 17 compromisos que incluían proteger la estructura ecológica principal y los espejos de agua, así como fortalecer el cuidado de la Reserva Van der Hammen; el pacto de Claudia era defender la vida y el entorno de los enamorados del cemento que ven en el medio ambiente un obstáculo para sus proyectos urbanísticos.

Sin embargo, cuatro años después, ahora que Claudia es alcaldesa y yo soy concejal, la realidad es otra. La alcaldesa olvidó sus compromisos y se quitó el traje verde, que resultó ser un disfraz, para traicionar la confianza que la ciudadanía nos expresó con el voto.

El humedal Tibabuyes, el más grande de Bogotá con 222.58 has, es objeto de obras de perfiles viales en cemento reforzado de un kilómetro de largo y 76 pilotes en concreto que se entierran en el suelo protegido del humedal, tal como ha denunciado el portal Cuestión Pública. Afortunadamente, parte de estas obras han sido detenidas por las acciones jurídicas que la comunidad ha emprendido.

Mientras tanto, en el humedal Córdoba, se avanza en obras que no cuentan con la aprobación de la comunidad y se ignora la existencia de dos acciones populares que protegen el humedal.

Los humedales y la estructura ecológica de la ciudad se mantienen con vida por la acción colectiva de las comunidades, que se organizan y resisten desde la movilización social y desde las acciones jurídicas, enfrentando hoy a la alcaldesa que hace cuatro años las engañó.

Mentir para hacerse elegir es propio de la politiquería tradicional, esa que genera desconfianza en la ciudadanía hacia quienes ejercemos funciones públicas. Mentir y engañar es la forma en la que algunos y algunas pretenden ganar y luego gobernar, pero no será jamás la nuestra, ni puede ser la que dirija los destinos del partido verde ni de la ciudad.

Sólo el apoyo ciudadano nos permitirá a quienes hemos sido leales a la confianza, derrotar a los que usan el verde de disfraz y avanzar en la defensa de la estructura ecológica que le da vida a Bogotá.

Diego Cancino

Claudia López, Musa Besaile y el contrato de interventoría de los Cementerios del Distrito

Por: Diego Cancino

Hace algunos años, cuando Claudia López fue senadora de la República, fue una ferviente crítica de los hechos de corrupción del entonces, también senador, Musa Besaile. Recientemente, Besaile fue condenado por promover el paramilitarismo en el país en alianza con el Bloque Córdoba dirigido por el confeso paramilitar Salvatore Mancuso, junto a quien no sólo promovió el paramilitarismo sino que se valió de esta estructura armada para ganar elecciones en los departamentos y municipios de la costa caribe para tener representación en el Congreso de la Republica. A comienzos de este año, Besaile aceptó cargos por corrupción cometidos en el departamento de Córdoba. En mayo del año 2023, la Corte Suprema de Justicia condenó a Besaile a 92 meses de prisión y multa de 4.666,64 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concierto para delinquir agravado relacionado a alianzas con grupos al margen de la ley.

A pesar de las denuncias púbicas, la administración distrital adjudicó un contrato para la interventoría de la concesión de los cementerios de la ciudad al CONSORCIO SAN MARCOS del que hace parte la empresa TECNICONSULTA SAS con una participación mayoritaria de 25%. TECNICONSULTA SAS es una empresa asociada con Musa Besaile, quien ha utilizado sus influencias políticas para que esta empresa haya logrado ganar licitaciones y obtener contratos con el Estado.

Para la fecha de la firma del contrato con la administración distrital, ya era de público conocimiento que el senador Musa Besaile intervino ilegalmente para garantizar que TECNICONSULTA SAS ganara el contrato de interventoría del programa de vivienda gratuita del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) por $16 mil millones. Según la Fiscalía,  cambio de su intermediación, Musa Besaile y otros senadores, acordaron quedarse con $4 mil millones (25% del total) del contrato otorgado a TECNICONSULTA SAS.

Ese proceso, la empresa TECNICONSULTA SAS presentó documentos falsos sobre idoneidad y experiencia. Así mismo, la representante legal de esta empresa, Marcela Sofía Alíes Fuentes, acordó con el otro proponente de la licitación un pago de $200 millones para que presentaran una propuesta inviable, de manera que resultaran perdedores.

Por estos hechos, la representante legal de TECNICONSULTA SAS, Marcela Sofía Alíes Fuentes, fue condenada en enero de 2020 a 4 años y 6 meses de prisión pues fue encontrada responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, corrupción privada y falsedad en documento privad.

TECNICONSULTA SAS fue hallada responsable en al menos 7 procesos de responsabilidad fiscal, que señalan la participación de esta empresa como interventora en la ejecución de varios contratos de obra sobre los que la Contraloría General de la República ha advertido sobre un presunto detrimento patrimonial que asciende a más de $28 mil millones.

Es inaceptable que en la administración de Claudia López – integrante del Partido de los Recursos Públicos como Recursos Sagrados y del No Todo Vale- se haya adjudicado un contrato a una empresa con semejante prontuario de corrupción y criminalidad, cuando las investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría, y las condenas de la justicia ordinaria y la Corte Suprema de Justicia, eran ya de público conocimiento.

Sin corrupción podríamos cubrir las necesidades de Bogotá

En Colombia, la corrupción es un tema de todos los días y por eso lo hemos normalizado como sociedad. Sin embargo, este problema que aniquila los sueños de los colombianos, no debe ser olvidado ni menospreciado. Es por esto que como Concejal de Bogotá, no me canso de repetir que los recursos públicos son sagrados y no me detendré en mis denuncias. No pararé hasta que como sociedad comprendamos que la gravedad de las acciones de pocos afecta a miles de personas.

Debemos interiorizar como sociedad que el hecho de que unos pocos llenen sus bolsillos con los recursos de los bogotanos es muy grave y que no podemos seguir permitiéndolo. El rechazo social en contra de estos actos es fundamental y no podemos dejar de expresarlo. Gracias a este rechazo, podemos forjarnos un criterio de cara a las votaciones del próximo 29 de octubre.

Es cierto que a nuestra sociedad le cuesta mucho dimensionar la cantidad de dinero que perdemos con cada acto de corrupción. Es por esta razón que me parece muy ilustrativo el siguiente ejercicio:  

Recordemos el caso de ETB y el de los cementerios en Bogotá. En el primero, ETB perdió 685 millones de pesos en el negocio de móviles entre otras cosas, por la extraordinaria y costosa asesoría que pagó a la consultora Delta Partners, cuyas proyecciones no sólo nunca se materializaron, sino que resultaron en un rotundo fracaso, entre 2013 y 2016.

Delta Partners fue contratada en 2012 por Sergio González, cuando fue vicepresidente, sin cumplir con los requisitos del Manual de Contratación. Además, la Contraloría advirtió que el documento formato solicitud de bienes y servicios dentro de uno de los contratos, se estimó en un precio de COL$858.400.000, el cual no fue soportado en ningún estudio económico (Contraloría de Bogotá, 2016, Informe de Auditoría de Regularidad, Contrato No. 4600011841).

Con esta suma, con 685 millones, en Bogotá se podrían tapar 5 millones de huecos o se podría duplicar el presupuesto de la Universidad Distrital del año pasado y sobraría dinero. Esta cantidad no es despreciable, es una cantidad que significaría enormes cambios para Bogotá.

Y el segundo caso, el de los cementarios, ocurrió por un presunto pago de coimas por $1.500 millones, y el contrato de concesión para la operación de los cementerios distritales tuvo un valor de $41 mil millones (2021-2026). Sin embargo, hoy que se está terminando anticipadamente el contrato debido a los escándalos de corrupción, no está claro cuánta plata se habrá perdido. Esto es muy doloroso porque con el dinero se pueden resolver muchos problemas y se puede hacer feliz a los bogotanos.

Con la suma de $1.500 millones podríamos pagarle los gastos de inversión al Instituto Distrital del patrimonio cultural (IDPC) que equivale a 480 millones de pesos, más los gatos de inversión de la Orquesta Filarmónica de Bogotá que son 507 millones de pesos, o podríamos cancelar los gastos de inversión de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño que suma 1.317  millones de pesos.

Concienticémonos del valor y la importancia que tienen los recursos públicos para cada entidad e institución del Distrito, no sigamos dándole nuestro voto a políticos tradicionales que están del lado de quienes apoyan a personas como Sergio González, ex presidente de la ETB.

Diego Cancino

El abandono del CAPS Bravo Páez, un desastre anunciado

La semana pasada denunciamos que una de las obras de infraestructura del sector salud más importantes para el suroriente de la ciudad fue abandonada por la empresa a la cual el Distrito contrató para realizarla.

Se trata de la construcción del Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Bravo Páez, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, obra que fue adjudicada a la empresa MIROAL Ingeniería SAS en marzo de 2021 después del proceso de licitación (No. 02 DE 2020) en el que participaron 18 proponentes más.

El contrato adjudicado a esta empresa para la construcción de la obra se estructuró por un valor de casi $15 mil millones, para que fuera terminado en agosto de 2022 y para que una vez finalizara atendiera 132 mil habitantes del sur de la ciudad.

No obstante, MIROAL no completó la obra, solo ejecutó el 23% y dejó vencer los términos – a pesar de haber pedido una prórroga del contrato y de haber pedido una adición presupuestal de $8 mil millones-. La Contraloría Distrital señaló que ante esta situación la Administración Distrital está adelantando un nuevo estudio de mercado para abrir de nuevo un proceso licitatorio.

Lo preocupante de este caso no solo es que se pierdan los recursos públicos valiosos que iban orientados a cubrir las necesidades en salud de poblaciones del sur oriente de la ciudad; sino también que la Administración Distrital pudo haber evitado esa situación y no lo hizo.

La empresa MIROAL Ingeniería SAS tiene un historial de incumplimientos y de obras mal construidas que están a la vista de todos y no se entiende con qué criterio la Administración Distrital decidió contratar a esta empresa con estos antecedentes.

El más relevante de todos los antecedentes es el siguiente: MIROAL en 2017 firmó contrato con la Universidad Nacional para la construcción de una infraestructura en la sede Tumaco por $21 mil millones. La obra tenía un plazo de ejecución de 15 meses, no se cumplió este plazo y se le adicionaron $8 mil millones más, hasta que en septiembre de 2021 se venció el contrato y solo se completó el 21% de la obra. Un abandono de obra igual que el se configuraría 2 años después en Bogotá.

Otro: en 2020 MIROAL firmó 12 contratos de obra de infraestructura educativa con el Ministerio de Educación, la Contraloría encontró que todos los proyectos de obra nueva se encuentran suspendidos, se les han solicitado prórrogas y ninguno de ellos ha terminado.

Pero, por si no fuera poco, conociéndose estos antecedentes, la Alcaldía de Ciudad Bolívar le cedió en 2022 a MIROAL el contrato para la terminación de una obra de infraestructura de la Universidad Distrital. El resultado no podía ser de otra manera: la Contraloría de Bogotá encontró en la obra terminada fallas técnicas que presentan “un riesgo latente de peligro para la comunidad universitaria y demás transeúntes”.

Es inaudito lo que sucedió. La Administración Distrital debe serias explicaciones sobre su afán de contratar con esta empresa. Las explicaciones que ha dado la alcaldesa y el secretario de salud son insuficientes.

Hay que decirlo sin sonrojarse y sin titubeos: A la mierda los corruptos, están desangrando nuestras vidas, nuestra ciudad y nuestra dignidad.

Diego Cancino

La van Der Hammem: otra promesa incumplida de Lopez

El 15 de septiembre, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) llevó a cabo la audiencia pública para la solicitud de la licencia ambiental del proyecto de la prolongación de la Avenida Boyacá, desde la calle 183 hasta la calle 235, que pasará por la Reserva Forestal Van Der Hammen. La posición y decisiones de la Alcaldesa Claudia López sobre este asunto se suman a la lista de incumplimientos del Pacto Ambiental que firmó durante su campaña.

Mientras que en el 2020 celebrábamos la aprobación de un Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental” que respetaba y cuidaba el medio ambiente, así como el logro colectivo de aprobar $53.889 millones para la Reserva Thomas Van Der Hammen. Desde el 2021, la alcaldesa ya estaba tomando decisiones en detrimento de la Reserva. Mediante el POT proyectó 3 vías sobre la Reserva: Boyacá, el Jardín y San José.

Luego, en abril de este año, nos sorprendieron con la decisión de la CAR de aprobar la sustracción de 20,87 hectáreas de la Reserva ¿Por qué la alcaldesa no salió en defensa de la conectividad ecológica de la Reserva?  Porque fue ella misma quien pidió la sustracción el 3 de diciembre de 2021.

Hacer efectiva la participación ambiental incidente en materia ambiental”, decía el Pacto Ambiental que firmó durante su campaña. Resulta que el Distrito se negó a que la ciudadanía pudiera intervenir en audiencia con la CAR sobre la sustracción de esas hectáreas ¡La alcaldesa nunca ha sido una defensora de la Reserva Thomas Van Der Hammen! Su firma al pacto ambiental fue una completa estafa: prometió protegerla e incumplió.

Ahora nos enfrentamos a una nueva decisión sobre la Reserva: la aprobación de la licencia ambiental sobre el proyecto de la prolongación de la Avenida Boyacá, que pasaría por la Reserva Van Der Hammen. Aquí nuevamente la posición del Distrito ha sido clara. Incluso cuando el Ministro de Transporte ha advertido que la Avenida Boyacá no es la única alternativa de movilidad para el norte de la ciudad, la Alcaldesa insiste en la construcción de esta vía en detrimento del compromiso ambiental que firmó como prioridad durante su campaña.

La integridad de la Reserva Van Der Hammen está en riesgo como consecuencia del proyecto de la alcaldesa Claudia López. Las mentiras y promesas incumplidas de la alcaldesa son incalculables. Humedales cementados, estructura ecológica de la Reserva Van Der Hammen rota, Transmilenio por las vías en las que prometió no hacerlo, etc. ¿Quién es entonces la politiquera? La Reserva Van Der Hammen es uno de nuestros pulmones y baluartes ecológicos. Respetar profundamente esta estructura y sistema ecológico es un punto crucial del compromiso ambiental que firmé hace 4 años y que he mantenido firmemente.

Transporte público gratuito

El presidente Petro propone que las tarifas del transporte público masivo sean gratuitas para los habitantes de las grandes ciudades del país en tanto es un servicio público financiado por todos los ciudadanos. Pretende buscar alternativas para que el transporte público masivo sea más eficiente, menos costoso y más sostenible para las ciudades. Propone además que sea financiado en parte con una contribución de los hogares de las grandes ciudades, y que esta contribución sea distribuida equitativamente.

Sorprende la reciente opinión favorable y complementaria de Claudia López a esta propuesta cuando este mismo año el alza de la tarifa de Transmilenio de esta Alcaldía violó el derecho a la movilidad y el derecho a la igualdad de las personas con menores ingresos en Bogotá porque disminuyó el descuento de la tarifa plena del 32.6% al 18.2% en el servicio zonal y del 32.1% al 18.2% en el servicio troncal para la población más vulnerable. La alcaldesa no tuvo en cuenta que, con la tarifa actual una persona en condición de pobreza monetaria con ingresos mensuales aproximados de $ 560.000, emplea al menos el 25% de su ingreso mensual en transporte. 

La propuesta del presidente Petro se puede complementar con la búsqueda de nuevas fuentes robustas de financiación: aumentar capturas de rentas por la valorización del suelo, aumentar la explotación comercial del Transmilenio. En Francia hay ejemplos orientados a lograr una ciudad con mayor justicia social y justicia ambiental. En Dunkerque desde 2018 la ciudad aprobó el acceso gratuito para todos sus habitantes. Esta medida redujo las emisiones de carbono y se financió con un impuesto a las empresas. En Paris, se implementa para menores de 18 años, estudiantes y personas que se encuentran buscando empleo y se proyecta ampliarla para toda la población a partir de 2026. La medida se cubriría con impuestos a los vehículos más contaminantes y a los gigantes tecnológicos como Amazon[1].

Pero más allá de la financiación del transporte el debate debe ser sobre quiénes deben operar el transporte. La operación debe ser pública, no podemos seguir subsidiando las ganancias de los privados. Proponemos que la operación de TM deje de ser concesionada y pase a ser contralada por la ciudad (de manera gradual, pero en corto tiempo). Por dos razones:

1. Las ganancias de los operadores privados son extraordinarias y le cuestan mucho a la ciudad: La utilidad neta de los 4 grupos empresariales que controlan 33 de los 34 contratos vigentes en 2021 fue de 122 mil millones. El promedio de rentabilidad sobre el patrimonio de esas empresas, es decir, la utilidad neta, equivale al 47 % de su capital, ni siquiera el sector financiero se les acerca, pues su rentabilidad sobre patrimonio es del 12 %.

2. La operación pública ha mostrado ser menos costosa que la privada: mientras que los costos operativos de los operadores privados son en promedio el 94 % de los ingresos, los costos operativos del operador público son del 76 % de los ingresos.

En el actual contexto electoral el pronunciamiento del presidente fortalece la democracia deliberativa y coloca en el debate público un tema álgido: ¿cómo el sistema de transporte masivo aporta a una ciudad con justicia social y justicia ambiental?  Un sistema de transporte masivo con tarifa gratuita (o tarifa 0) tiene enormes beneficios: fortalece el uso masivo del transporte, libera enormes recursos que se pueden usar para mejorar calidad y seguridad en el sistema; pero además liberaría recursos para fortalecer el gasto social con otros fines: educación, salud, y cultura.


[1] https://www.bbc.com/mundo/especial-57632328

¡A la mierda los corruptos!:

Por: Diego Cancino

En esta oportunidad quisiera que el lector se preguntara, ¿Cómo estoy reaccionando ante la corrupción? En una escala de 1 a 10, ¿Qué tanta indignación me produce? Al responder esta pregunta no puedo evitar sentir que la sociedad colombiana ha pasado por tantos hechos de corrupción que está en shock, que parece que ya no reacciona. Pero cuáles son las razones por las cuales, en la actualidad, ya no reaccionamos ante actos de corrupción, ¿Acaso estamos tan acostumbrados que otro hecho más no nos sorprende?

¿Es esto perjudicial para nuestra sociedad? Yo creo rotundamente que sí, que esta actitud no nos deja progresar, veamos:

En primer lugar, porque esta actitud pareciera sucumbirnos en un “ya no importa nada” y eso es absolutamente perjudicial. Esto nos lleva a ya no querer saber más de política, a ya no querer escuchar a ningún(a) candidat@.

Y en segundo lugar, porque con esta actitud, la desconfianza se apodera de la sociedad. Lo que hace que sea imposible tejer redes y trabajar unidos por causas comunes.

La situación es tan grave que la sociedad bogotana se indigna más por un “MIERDA” al aire en un canal de televisión nacional, que cuando un político se roba los recursos públicos para comprar relojes caros y autos de colección. Lo anterior porque como sociedad tenemos absolutamente alterada nuestra capacidad para indignarnos, llevamos tantos años viendo y escuchando corrupción que lamentablemente lo naturalizamos, es parte de nuestro paisaje.

Pero no lo sigamos permitiendo, tenemos que recuperar esta capacidad e indignarnos justamente por los hechos que son realmente graves. Aprendamos de nuevo, volvamos a sentirnos realmente molestos con quienes se roban nuestros sueños porque esta indignación es el fundamento del reproche moral que como sociedad hacemos a los corruptos y la condena que estos pueden recibir de nuestra parte.

Hoy digo “a la mierda los corruptos” y lo sostengo sin titubeos en todos los canales y emisoras de radio hasta que nuestra sociedad colombiana despierte y recupere la justa capacidad de indignación. Los recursos públicos son sagrados y no podemos seguir permitiendo que los corruptos se apoderen de ellos.

Cuando volvemos a indignarnos, vuelve a interesarnos la política, volvemos a creer en el progreso y en que con pequeñas acciones como el votar a conciencia, podemos cambiar el mundo.

 

 

La Fiscalía tras la ruana

Por: Diego Cancino

El Partido Verde nació con dos premisas elementales que deben guiar su acción en la política: creemos que la vida es sagrada y que debe ser protegida; y que los recursos públicos también lo son y deben ser usados de forma responsable y transparente y requieren de vigilancia para garantizar que así sea.

Como miembro y representante del partido en el concejo de Bogotá he alzado la voz siempre que estos dos principios han sido ignorados por quienes ejercen el poder y ejecutan el presupuesto. No he vacilado en hacerlo incluso cuando esto ha implicado señalar atajos dentro de mi partido.

Es por eso que he denunciado públicamente posibles irregularidades en la administración de los recursos públicos durante el gobierno del entonces gobernador y hoy candidato a la Gobernación de Boyacá Carlos Amaya.

Como el país sabe, señalé que hubo tres consorcios armados por dos hermanos, los hermanos Peña. Esos consorcios están conformados por empresas que en algunos casos, curiosamente registran la misma dirección, pese a lo cual les fue posible concentrar más de 160 mil millones en contratación durante el gobierno de Amaya.

Hoy algunos de esos contratos de obras públicas están siendo investigados en la contraloría y en la procuraduría. Hay serios retrasos en la ejecución y 30 mil millones de pesos en adiciones, como si estuvieran premiando con más recursos la falta de ejecución y las demoras.

Amaya, que debió dar la cara a los boyacenses y al partido verde, prefirió intimidarme con acciones jurídicas interponiendo una tutela en mi contra alegando que estaba afectando su buen nombre. Sin embargo, su intención de forzarme a retractarme públicamente fue derrotada, pues tanto en primera como en segunda instancia la justicia me dio la razón.

Ahora es la justicia quien pedirá respuestas a Amaya, esas que se niega a dar a los boyacenses y ante la opinión pública, lo hará Fiscalía General de la Nación, que ha abierto una investigación a raíz de las denuncias que hice. La justicia muchas veces tarda, pero llega, y hoy empieza a buscar debajo de la ruana que quería cubrirlo todo.

Quienes defendemos y nos guiamos por los principios del partido verde seguiremos alzando la voz ante el mal uso de los recursos públicos. En mi caso, continuaré siendo leal a la confianza que me han dado: atajo que vea, atajo que denuncio.

La Alcaldía debe proteger a los habitantes de los territorios y no facilitar su expulsión

El pasado 18 de julio de 2023, la Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de Hábitat publicó su propuesta de protección a moradores y actividades productivas. De acuerdo con el proyecto de decreto, esta propuesta busca “el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores y de las actividades productivas”. Pero ¿cuál es su alcance?, ¿realmente protege a quienes residen en los territorios?, ¿garantiza el derecho a la vivienda, el pago de un precio justo, el poder de negociación de los propietarios?

Analizamos la propuesta y esto fue lo que encontramos: Primero, no protege a los moradores (propietarios, poseedores, arrendatarios), sino que protege los intereses de los inversionistas privados. ¡Todos ponen, ellos ganan! El proyecto de decreto favorece a constructores e inversionistas por encima de los derechos de los moradores de tres formas:

  • A los moradores que quieran vender su casa no se les garantiza un precio justo. No se les reconoce el valor residual derivado de todas las ganancias que obtendrían los constructores.
  • A los moradores que decidan participar del proyecto les pueden entregar un predio de menor tamaño, lo cual desmejora sus condiciones residenciales iniciales. La alcaldesa dijo que se iba a pagar metro a metro a los moradores: ¡falso! Esta será una opción que tiene el desarrollador y no un derecho de los propietarios.
  • A los moradores y dueños de actividades económicas que vendan o que participen en el proyecto no se les dará reconocimientos económicos suficientes para cubrir gastos y pérdida de ingresos.

Segundo, la vida digna de la ciudadanía no es la prioridad. ¿Renovación urbana con qué fin?, ¿fines públicos? No se garantiza la viabilidad social de los proyectos. Esta propuesta facilita el desarrollo de con pocas restricciones y sin garantizar que tengan un impacto social positivo. Debemos tener unos criterios claros y rigurosos que permitan evaluar si el proyecto mejora o no las condiciones de vida de los habitantes.

Tercero, debilita el poder de negociación de los propietarios, pues los privados pueden adquirir individualmente cada uno de los predios, sin necesidad de negociar colectivamente con todos los propietarios afectados. Debe ser una obligación vincular colectivamente a todos los afectados.

Cuarto, las entidades del Distrito no cuidan los intereses de los moradores en los procesos de renovación urbana. Establece un papel pasivo para las entidades públicas que participan en estos proyectos. Le exigimos a la Administración que defina claramente las responsabilidades y obligaciones de los Operadores Urbanos Públicos y que garantice que tengan un papel activo para equilibrar la relación entre moradores y desarrolladores. La ecuación debe ser justa y balanceada, en este momento no lo es.

Quinto, facilita el uso desproporcionado de la expropiación a favor de privados pues no se garantiza que el proyecto por el cual se expropia sea viable socialmente y no garantiza como condición para expropiar el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores. Le exigimos a la Administración que no se haga un uso abusivo de la expropiación, que se solo proceda como última alternativa y siempre que se garantice una mejor calidad de vida de los moradores.

Con el apoyo de diversas comunidades, con las cuales nos hemos reunido en los territorios de la ciudad, hicimos una serie de comentarios, sugerencias y cambios a esta propuesta, que esperamos sean tenidos en cuenta en la versión final de este decreto. Nuestra propuesta se concentra fundamentalmente en tres asuntos:

  1. Que se pague un precio justo a los propietarios por sus predios o que les entreguen un predio de igual tamaño;
  2. Que se acuda a la renovación urbana solo cuando se trate de proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes;
  • Que las negociaciones para la compra de los predios se hagan de manera colectiva atendiendo a los intereses de moradores y el bien común.

Por último, le exigimos a la Administración que garantice que la ciudadanía pueda decidir, en igualdad de condiciones y colectivamente, la renovación urbana que quiere, para mejorar sus condiciones de vida y no para hacer negocios. Lo mínimo que se espera es que las entidades de distrito se pongan del lado de los ciudadanos y protejan irrestrictamente los intereses de los moradores por encima de los inversionistas. Está bien el negocio, pero no a costa de la gente.

Diego Cancino

El autoritarismo se tomó los partidos alternativos en Bogotá

El núcleo de la democracia son los partidos políticos. Por eso sus integrantes debemos ser ejemplo de prácticas democráticas y la colectividad debe ser un ejemplo de ejercicio deliberativo y democrático.

El talante de una colectividad se evidencia en la forma como se toman decisiones, en la forma como se llegan a acuerdos. Eso es lo que nos diferencia de los partidos tradicionales, donde priman las decisiones autoritarias, el personalismo, el todo vale.

Pues bien, las colectividades que se han erigido con la promesa de profundizar la democracia han defraudado sus propios principios.

En el marco de la conformación de las listas al Concejo de Bogotá, el Partido Polo Democrático prefirió favorecer una famiempresa electoral en vez de elegir democráticamente a sus candidatos, decisión que arrinconó a los concejales más valientes de su colectividad, a Carlos Carrillo y a Celio Nieves, los cuales no podrán ejercer su derecho a reelegirse.

Lamentablemente nuestro Partido Alianza Verde no se quedó atrás para resquebrajar los principios democráticos. En primer lugar, amañaron la elección del candidato verde a la Alcaldía para intencionalmente sacar y dejar sin opciones a los 3 candidatos que desde posiciones ideológicas distintas han sido críticos de la Administración Distrital en cabeza de Claudia López y de las decisiones autoritarias dentro de la colectividad.

Para ello se configuró una encuesta para decidir por el candidato del Partido Alianza Verde con unos criterios que a priori ninguno de los candidatos iba a lograr cumplir. De esa manera, los candidatos Martín Rivera, Lucía Bastidas y Luis Carlos Leal quedaron por fuera del juego. Y a este último a pesar de haber logrado la más alta intención de voto entre los verdes también le desconocieron su derecho a ser candidato.

Y, finalmente, el Comité de Avales del Partido Alianza Verde en un ejercicio absolutamente antidemocrático y autoritario durante el proceso de elección de los candidatos al Concejo de Bogotá decidió arrebatarme el aval y al final, a pesar de ser la votación más alta del Partido en las elecciones pasadas, decidieron asignarme el número 34 como un castigo por ser crítico de la Administración de Claudia López, quien traicionó sus promesas de campaña y los principios del Partido.

Los que le apostaron a callarme y a castigarme por ser crítico de las decisiones del Partido y de la Administración Distrital les digo: ¡no pasarán! La coherencia es el principio rector de mi ejercicio político. Me la juego con el 34.

34 veces sí a defender la vida, 34 veces digo sí a defender los recursos públicos, 34 veces sí a la defensa de los derechos de los jóvenes. Los intereses de la ciudad están por encima de los intereses particulares. La labor es profundizar la democracia y dignificar la política. La política no se vende y surge desde la libertad y la apuesta por lo público. No callarán mi voz, seguimos firmes con Bogotá.

Diego Cancino 

Imaginación, determinación y libertad

Por: Diego Andrés Cancino Martínez.

En política jamás se debe hacer algo, en privado, que no se pueda hacer en público. Esta es la voz que apela a cuatro principios de Antanas Mockus: la vida es sagrada, los recursos públicos son sagrados, no todo vale y luchamos contra la cultura del atajo. En mi pasada campaña electoral, el sentido de usar una cámara instalada en la frente, fue transmitir un mensaje: Soy un parlante, un amplificador de voces, la cámara es para visibilizar y denunciar violaciones a los DDHH y prácticas corruptas. La cámara hace público lo público, permite captar las realidades de la gente en el entorno político, sin estigmatizar, pero buscando transformar, enseñando a no comprar votos, a compartir el carro, para contribuir a disminuir el tráfico, atenuar el impacto ambiental, promover la cultura ciudadana.  Esa ha sido nuestra gestión. Es lo que hemos hecho. Con imaginación, determinación y libertad para enfrentar a los corruptos, a las estructuras que cometieron atropellos en el estallido social y en la pandemia. Denunciamos con Susana Mohamad y el apoyo de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, los casos inaceptables de tortura perpetrados por algunos agentes policiales.

Todos los partidos alternativos, el Pacto Histórico en general, el Polo Democrático, Colombia Humana, el Partido Mais, el Partido Verde, se la han jugado por un proyecto social demócrata, para profundizar la democracia sin caer en las prácticas políticas corruptas, con pedagogía y una apuesta por la paz, buscando el reconocimiento de las personas que nunca han sido escuchadas, para que ellas dejen de ser excluidas. En todo esto tenemos que dar ejemplo, no lo estamos haciendo y hay que hacer una labor autocrítica.

Lo que pasó con los avales para la inscripción de candidatos a las corporaciones, no tiene sentido y es intolerable porque excluyeron a candidatos que tienen legitimidad como dirigentes populares: al profesor Carrillo sin una consulta a las bases, al concejal Celio Nieves, quien fue líder estudiantil, dirigente sindical, presidente de la Asociación Distrital de Educadores y quien ha desempeñado una labor impecable en el Concejo, a Cristian Robayo excelente edil de Ciudad Bolívar, candidato de Alirio Uribe y de Iván Cepeda y a Ati Quigua destacada promotora cultural de prácticas de preservación ambiental y respeto por la naturaleza. Todos ellos excluidos mediante procedimientos similares a las prácticas políticas tradicionales que quisiéramos superar.

Lamentablemente, hay estructuras políticas que quieren cooptar los partidos. Pero les decimos que NO PASARÁN, como en los campos de resistencia al fascismo. Estamos rodeados de una cantidad de prácticas que hemos denunciado: los atajos del exgobernador de Boyacá ahora co-presidente del Partido Verde, las incoherencias de la alcaldesa, con el Plan de Ordenamiento Territorial que no responde a las necesidades reales de la ciudad y si favorece en gran escala unos intereses particulares inmobiliarios, el alimentador elevado, el TransMilenio por la séptima, etc.

De las crisis pueden salir una cantidad de transformaciones inéditas. Los partidos que apostamos por profundizar la democracia, que criticamos el modelo tradicional económico y político, tenemos que hacer una reflexión muy profunda, tenemos que dar ejemplo y dar un vuelco y desde ahí jalonar un nuevo proyecto. Los candidatos y candidatas que hemos compartido la misma perspectiva política vamos a dejarla toda en la cancha. Aún no hemos ganado el poder, tenemos que seguir resistiendo y persistiendo y es con votos que lo vamos a lograr, porque en las entidades territoriales también se está jugando un proyecto de país. Si lo perdemos ganan los partidos tradicionales.

Nos han querido callar, amordazar, pero nuestra voz no la han podido silenciar. Me querían excluir del partido, pero me premiaron con el número 34 que representa imaginación, determinación y libertad. Entre más fuerte es el viento, más vuela la cometa. Con el 34 vamos a multiplicar los votos. Vamos con toda a ponerle el ojo a Bogotá.

Se renueva nuestro compromiso por Bogotá

Con gozo y mucha ilusión, quiero anunciar que hemos recibido el aval del Verde para seguir, junto a ustedes, defendiendo este proyecto de ciudad cuyo corazón son los derechos y el trabajo colectivo que se teje a través del diálogo.

Durante estos tres años y medio como Concejal de Bogotá, hemos defendido los compromisos que ustedes nos confiaron y los principios centrales del Partido Verde: que el derecho a la vida es inviolable, que los recursos públicos son sagrados, la transformación de los conflictos en espacios de construcción, y que el desarrollo es el crecimiento ordenado alrededor del agua, la vida y el cuidado del medio ambiente.

En primer lugar, sin vacilar, hemos luchado por defender la vida, por cuidarla, por alzar la voz cuando han pretendido negarla y apagarla. Así lo hicimos cuando durante el Paro Nacional, la vida de los jóvenes fue maltratada por un Estado que los torturó, que los desapareció, que los asesinó, y que pretendió, sin éxito, ocultar sus excesos.

Denunciamos cuando en un CAI de San Mateo (Soacha) se encendió una “hoguera humana” que apagó nueve vidas que podían salvarse. Demostramos que el Portal de las Américas fue utilizado para torturar a quienes ejercían el derecho a la protesta. Y construimos un informe sobre la violación masiva de DDHH que sirvió como insumo para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, demandamos junto al hoy Ministro de Defensa, los traslados por protección del Código de Policía, logrando limitar su alcance; junto a la Campaña Defender la Libertad, coadyudamos una demanda que demostró que la violencia contra la movilización fue sistemática y obligó al ESMAD a modificar sus protocolos e intervenciones.

En segundo lugar, el esfuerzo colectivo y la solidaridad como valor central en la construcción de ciudad se reflejan en la defensa de los recursos públicos como recursos sagrados. Este es otro de los principios que orientaron nuestra labor, cuando denunciamos  al entonces presidente de la ETB, quien privilegió los atajos sobre el interés público y cuando demandamos la elección del entonces directivo de la CAR Luis Carlos Motta. En ambos casos incidimos para que ambos personajes no siguieran liderando Instituciones tan importantes para Bogotá.

En tercer lugar, la ciudad que merecemos y soñamos es una que crezca cuidando la vida, que proteja la biodiversidad, que valore el agua como su mayor riqueza. Luchar por ese proyecto común nos ha llevado a defender la depredación de humedales como El Tibabuyes de los intereses de quienes sueñan con una ciudad donde el agua permanezca enterrada debajo de carreteras y edificios, considerando que sepultar la vida bajo toneladas de cemento es progreso.

Nuestra ciudad entra en un debate sobre la profundización de dos modelos. Uno donde avanzar es cementar, donde la democracia se reduce a las decisiones que se toman a puertas cerradas, donde los más poderosos imponen sus intereses, donde alzar la voz es arriesgar la vida, donde la desigualdad crece al ritmo del cemento que la inunda. Y otro, que busca poner al agua en el centro como ordenadora del crecimiento, en el que la vida es inviolable y para el cual imaginar es la base para tejer un lenguaje común que erradique la desigualdad y nos permita comprender que todos debemos poner para ganar.

Esta es la oportunidad de avanzar en la construcción de esta ciudad, de una Bogotá que nos inspire, que nos enorgullezca, que reconozca el valor de las voces diversas, que entienda que sólo avanzamos cuando nadie se queda atrás. Cuenten con que doblaremos nuestros esfuerzos para seguir defendiendo los propósitos que nos unen, cuenten con que jamás entregaremos las banderas que hemos levantado juntos.

Este esfuerzo es el que le da sentido a la política y debe ser colectivo. Sólo con ustedes, sólo caminando juntos, sólo sumando nuestras ideas, nuestros pasos y nuestras voces, seremos capaces de derrotar a quienes cuentan con chequeras grandes y sueños cortos.

Daremos esta nueva lucha como las hemos dado todas: con convicción, con independencia, con valentía y con alegría, esa que no han podido arrebatarnos. Estamos listos para defender los sueños que compartimos y sé que con ustedes y sólo con ustedes, saldremos victoriosos.

 

 

 

El poder de la gestión pública admirable en la democracia

La gestión pública admirable tiene como objetivo “elevar la confianza y el respeto de los habitantes de Bogotá hacia las instituciones y los organismos distritales y el compromiso de los servidores públicos y de todas las personas con una gestión efectiva y transparente[1].

La contratación estatal puede fortalecer la democracia o quebrarla en todos los sentidos del término. Por un lado, puede ser la herramienta más potente para generar una gestión pública admirable, por otro, puede ser un mecanismo para favorecer intereses y engrosar los bolsillos de algunos particulares.

Es común que en el ejercicio de la contratación pública en Colombia prevalezca el uso de excepciones a los procesos licitatorios con el objetivo de beneficiar intereses privados. Un esquema de contratación expedito y sin concursos meritocráticos que favorece a pocos. Un esquema a través del cual se utilizan indebidamente figuras como los convenios interadministrativos, las uniones temporales y los consorcios para concentrar la contratación en unas pocas personas.

Al final, todo se mueve bajo una lógica de mercado en el que los contratistas no pasan por los filtros de los principios de la contratación pública, sino que buscan el beneficio particular, utilizando mecanismos legales de manera fraudulenta. Aun en los procesos licitatorios, estas prácticas irregulares se gestan desde la etapa precontractual -por ejemplo, a través de las adecuaciones de los pliegos de condiciones-

Además, son frecuentes los casos en los que la contratación pública se ha prestado para crear prácticas clientelistas que generan ganancias a través de la malversación de recursos públicos y a su vez benefician a candidatos políticos que facilitan seguir en esta dinámica. Emblemático es el caso del carrusel de la contratación en Bogotá, que desfalcó al Estado por $2,2 billones.

La contratación estatal en esta lógica clientelar y perversa de asumir la gestión pública y la política lo que hace es desfalcar a la sociedad y al Estado como un todo. Esta práctica incluso afecta a quienes como funcionarios públicos o quienes prestan funciones públicas, cegados por intereses particulares, se habitúan a incrementar sus ingresos a través de actos de corrupción que aparentan ser “insignificantes”.  Dinámicas que comienzan desde alcaldías locales -como las que se han denunciado en la actual administración-, que se multiplican y finalmente convierten al Estado en un ente mercantil desprovisto de toda garantía social y de derechos.

Mientras que, si se concibiera la contratación pública desde la gestión pública admirable, podría ser una de las herramientas más expeditas, vía recursos públicos, para garantizar los bienes públicos, para construir sociedad y para generar grandes obras con saldo pedagógico. Obras que podrían inspirar, facilitar, interconectar y garantizar los derechos de la ciudadanía si la contratación se realizara de manera admirable.

La gestión pública admirable es una forma de construir confianza hacia las instituciones y un compromiso de los servidores públicos con la gestión pública es que la contratación sea admirable y sin atajos. Cuando por vía de la contratación pública se filtra la corrupción, se afecta el bien común y se intensifican las inequidades. La contratación estatal no puede ser una herramienta de corrupción, sino una herramienta para garantizar derechos y bien-estar.

[1] Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D. C. 2001-2004 “Bogotá para vivir todos del mismo lado”. Citado en: Ceballos & Martin (2004) BOGOTÁ: ANATOMÍA DE UNA TRANSFORMACIÓN Políticas de seguridad ciudadana 1995-2003.

Diego Cancino