La participación incidente: ¿Una tarea pendiente en Bogotá?
Las Actuaciones Estratégicas (AE) han sido definidas y proyectadas como intervenciones urbanas integrales. Es decir, son un mecanismo de planeación de segundo nivel que puede modificar los lineamientos y las directrices del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para adelantar proyectos de renovación y revitalización urbana en 25 zonas de la ciudad, con el objetivo de remplazar las antiguas edificaciones por unas nuevas de mayor altura y de mayor densidad de habitantes por área ocupada.
Además del componente de planeación, las AE también incluyen, la posibilidad de ejecutar acciones de compra, expropiación, subastas de suelo, demolición y construcciones de nuevas edificaciones, equipamiento urbano y redes de servicios públicos. Con la idea de entregar a los urbanizadores privados tareas que antes correspondían al sector público.
En las reuniones de socialización de las AE y los Planes Parciales que ha desarrollado la Secretaría de Planeación las opiniones de la ciudadanía han estado divididas entre quienes tienen la expectativa de hacer un buen negocio o mejorar su lugar de vivienda y quienes se oponen a este proyecto y quieren mantener su vivienda o negocio en las condiciones actuales.
Una de las objeciones más comunes se basa en el escepticismo de que la administración distrital de un pago justo por los predios y que se presente un fenómeno de gentrificación, en el cual los antiguos moradores sean remplazados con una nueva población de mayores ingresos. Para evitar que se presente este fenómeno la administración distrital ha anunciado que se prepara un decreto de protección a moradores por parte de la Secretaria de Hábitat, en el cual se busca proteger a la población antigua con medidas como el pago de metro construido por metro construido. Es decir, que se entregue como pago un área en las nuevas edificaciones, que debería ser igual al área demolida de las antiguas edificaciones. Sin embargo, esta propuesta tentativa de la administración ignora que los antiguos moradores además de ser propietarios de un área de construcción son también propietarios de algo de mayor valor, el suelo, sobre el que se edificaran los futuros proyectos.
La mayor garantía de un proceso democrático de revitalización urbana y de un pago justo, por el valor del suelo y por el valor de las construcciones antiguas, podría ser la participación incidente de las comunidades en la elaboración de las resoluciones y directrices de las actuaciones estratégicas, así como en la construcción del decreto de protección a moradores.
Tanto el POT como las resoluciones de las AE señalan que promoverán un proceso de participación incidente en los procesos de planeación y de revitalización urbana. Según la Administración Distrital la participación incidente busca que la gente decida, incida, se exprese y movilice de manera cada vez más contundente en la construcción de lo público y en la definición de los asuntos claves de la ciudad. En la socialización de las AE priorizadas se han adelantado reuniones en las localidades de Bogotá lideradas por la empresa Renovo y la Secretaría de Planeación. También se han adelantado reuniones en las localidades para informar sobre la elaboración del decreto de protección a moradores por parte de la Secretaria de Hábitat. Sin embargo, ha sido limitada la convocatoria y escasa la asistencia ciudadana a los eventos de socialización. Estas reuniones con la ciudadanía han tenido un carácter informativo sobre los lineamientos definidos por la administración y las intervenciones de los ciudadanos han sido muy limitadas en el tiempo y dirigidas a la formulación de preguntas, pero no de ideas y propuestas. La exposición de la administración se ha limitado a la presentación de directrices sin recoger propuestas de los antiguos moradores. En general no se han implementado metodologías que permitan una participación incidente de la ciudadanía.
Las directrices de las actuaciones estratégicas no deberían construirse sin la participación de las comunidades. El decreto de protección a moradores debería ser vinculante en su incidencia en la definición de directrices de las Actuaciones Estratégicas. El decreto de protección a moradores debería incluir además del pago de metro construido por metro construido una retribución justa por el valor del suelo.
Si queremos que los desarrollos urbanos, y la construcción de la ciudad a futuro, sean parte de un proceso justo y democrático, es urgente la implementación de estrategias para la participación incidente. Es clave reconocer y recoger la opinión de la ciudadanía con metodologías como talleres participativos, elaboración de encuestas y entrevistas a los habitantes de las zonas donde se desarrollarán las AE.
