Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Diego Cancino

Cancino quiere sacar del trono a Jorge Rey

A pesar de tener su nombre sonando en el sonajero para ser el próximo candidato de la Alianza Verde para la Alcaldía de Bogotá, el concejal Diego Cancino no le suena mucho esta idea y preferiría ser candidato a la Gobernación de Cundinamarca.

Cancino fue la cabeza de lista al Concejo de Bogotá de la Alianza Verde y con el paso del tiempo se fue distanciando de la alcaldesa Claudia López, a quien le ha criticado algunos de sus proyectos como el Plan de Ordenamiento Territorial y la Región Bogotá Cundinamarca.

Si el concejal logra ser el candidato por la Alianza Verde tendrá que enfrentarse al exgobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, quien aspira a la reelección y se encuentra armando su equipo de campaña.

Los ungidos por Gustavo Bolívar como aspirantes a la Alcaldía de Bogotá

Desde su cuenta de Twitter el excongresista y libretista, Gustavo Bolívar, propuso al Pacto Histórico escoger al candidato a la Alcaldía de Bogotá entre un grupo de cinco nombres.

Bolívar considera que la alianza petrista debe buscar un candidato en una consulta interna en donde podría participar el exconcejal Hollman Morris, el exsecretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo y los concejales, Diego Cancino, Heidy Sanchez y Carlos Carrillo.

La Alcaldía de Bogotá hoy se encuentra en manos de la Alianza Verde, quien ganó la candidatura en 2019 con Claudia López como aspirante. Este partido también discute la posibilidad de ir en conjunto con el Pacto Histórico o de lanzar un aspirante propio.

 

Ojo a sus facturas ¡Las tarifas de aseo deberían bajar en 2023!

Desde julio de 2022 hemos denunciado el cobro irregular del servicio de aseo que la empresa PROMOAMBIENTAL les ha hecho a los bogotanos. Pues bien, gracias a nuestras denuncias y a la anulación del laudo arbitral que le permitía a esta empresa cobrar a los usuarios tarifas de barrido por encima de lo permitido por la ley, las tarifas de aseo en la ciudad tendrán que bajar desde enero de 2023.

El servicio de aseo en la ciudad de Bogotá opera bajo el modelo de concesión. En 2017, mediante un proceso de licitación pública la UAESP adjudicó la prestación del servicio de aseo en 5 Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) a 5 sociedades. Una de esas 5 sociedades es PROMOAMBIENTAL, quienes prestan el servicio de aseo en el ASE 1, conformado por las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

En agosto de 2019 PROMOAMBIENTAL demandó ante un tribunal de arbitramiento a la UAESP y a PROCERASEO -empresa creada en el marco del modelo de concesión para procesar la información que se generaría en la ejecución del servicio de aseo-, al considerar que la remuneración debía liquidarse de acuerdo con los kilómetros barridos y no con aplicación a lo que había sido consagrado en la licitación.

En julio de 2021 el Tribunal de Arbitraje desestimó las pretensiones de PROMOAMBIENTAL, al establecer que la Resolución CRA 720 no contempló mecanismo de REMUNERACIÓN de los recursos entre concesionarios, sino el método para calcular tarifas; por tanto, la REMUNERACIÓN para los concesionarios debía hacerse conforme a lo señalado en el contrato de concesión y en especial en la licitación pública.

Por otro lado, en el marco del proceso arbitral contra PROCERASEO, el laudo arbitral modificó los efectos jurídicos, técnicos, económicos y financieros de la licitación pública para la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá a favor de PROMOAMBIENTAL. Es decir, la decisión arbitral estableció que la remuneración o retribución a los concesionarios, debía hacerse por el número de kilómetros supuestamente barridos y no solamente por el número de suscriptores del ASE.

En consecuencia, el laudo arbitral obliga a modificar las reglas contractuales fijadas desde la licitación, provocando que la remuneración no estuviera en función del número de usuarios de la respectiva ASE (como establece el contrato), sino de los kilómetros barridos. Además, obligó a PROCERASEO a pagarle a PROMOAMBIENTAL casi $140 mil millones, que corresponde a la diferencia entre la remuneración realizada a PROMOAMBIENTAL en función del número de usuarios (lo establecido en el contrato) y lo solicitado por PROMOAMBIENTAL en función de los kilómetros que esta empresa reportó que barrió durante los meses que van de marzo de 2018 a octubre de 2021.

Sin embargo, el 31 de Agosto de 2022, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Decisión Civil anuló el laudo arbitral en contra de PROCESASEO. El juez declaró que el tribunal arbitral no era competente para decidir la forma en la que se distribuyen los recaudos vía tarifa y, en consecuencia, como se liquida y paga la remuneración a los concesionarios del servicio de aseo, toda vez que esto no es un asunto del contrato de sociedad que contenía la cláusula arbitral.

Aunque se anuló el laudo arbitral, está decisión no recae sobre la decisión de fondo del tribunal arbitral, sino que difiere la decisión a la autoridad competente, quien deberá decidir el asunto de fondo con las pruebas recaudas en el proceso arbitral. En ese sentido, mientras se decida el asunto de fondo, queda vigente el esquema de liquidación aplicable antes del laudo arbitral, es decir, de acuerdo a lo consagrado en la licitación.

Gracias a esa decisión, otras acciones jurídicas y nuestras denuncias en contra de PROMOAMBIENTAL se espera que las tarifas de aseo bajen desde el 2023 para los bogotanos. Sin embargo, debemos advertir que esta situación podría cambiar si el juez competente que asumirá el caso decide adoptar el esquema venía aplicando PROMOAMBIENTAL. Por eso, seguiremos pendientes del cambio de las tarifas y del cuidado de los recursos de todos ¡PROMOAMBIENTAL no le hará conejo a la ciudadanía!

Diego Cancino

Concejal de Bogotá

Surgen los primeros opositores al Corredor Verde de la Carrera Séptima

Al proyecto de Corredor Verde, diseñado por la alcaldesa Claudia López para dar solución de movilidad a los bogotanos que deben desplazarse entre la calle 200 y el centro de la ciudad por la Carrera Séptima le nació un grupo opositor liderado por los concejales Carlos Carrillo, Martín Rivera, Heidy Sánchez, Diego Cancino y Diana Diago.

Este grupo de cabildantes crearon el movimiento ‘Salvemos la Séptima’, argumentando el impacto negativo en materia económica, de movilidad y estructural que según ellos, “ocasionaría si se llega a construir”.

Para los concejales,  “se trata de un proyecto plagado de improvisación, donde se eliminan totalmente los carros por la Carrera Séptima de norte a sur; no habrá capacidad suficiente para transportar a los ciudadanos; se invertirán $2.9 billones de pesos en un proyecto que va a taponar  la movilidad de la ciudad; se acabará la ciclovía dominical por la Séptima; no hay un plan alternativo de movilidad para los carros que ya no transitarán por la Séptima los barrios aledaños colapsarán, entre otras repercusiones por las que se impulsan a los concejales a instaurar el comité”.

El Corredor Verde irá desde la calle 26 hasta la calle 200 y contempla buses eléctricos, estaciones, carriles para vehículos, zonas peatonales, ciclorruta y cicloparqueaderos, zonas verdes y conexión con dos cables aéreos. Se estima que su costo estaría alrededor de los 2,7 billones de pesos, recursos que aportará totalmente el Distrito.

 

Construcción de ciudad a partir de la conversación: un sueño que aún puede hacerse realidad

El proyecto del Corredor Verde de la carrera 7ma que presentó la administración, se traduce en una propuesta de Transmilenio.  Además, este proyecto reduce el tránsito de automóviles a un solo carril, en sentido Norte-Sur: el IDU ya reconoció durante su participación en la Audiencia del Museo del Chico que la carrera 7ma desde la calle 32 hasta la calle 93 solo va a tener un sentido, sentido sur-norte, para movilidad mixta (carros particulares, motos, rutas escolares, carros de carga, etc.).

Por ello, en la 92 con 7ma, en la subida a la Avenida Circunvalar, tienen proyectado un puente estrecho de un carril y de un solo sentido.  El tráfico que va en dirección de norte a sur tendría que desviarse de la carrera Séptima en la calle 92 para continuar por la Circunvalar utilizando un puente de un solo carril.

Una verdadera transformación social a partir de cambios tan fuertes como el que produciría el Corredor Verde por la séptima, sólo sería posible a partir de la construcción de un sentido compartido. Es decir, un cambio como estos no sólo puede pensarse desde el ámbito de lo que va a construirse sino que tiene que implicar un verdadero diálogo con la ciudadanía, en el cual se reconozca la voz del otro para poder construir confianza y llegar a acuerdos que realmente permitan reconocer este tipo de proyectos como verdaderos espacios para la vida en comunidad.

Sin embargo, la oportunidad de hacer un diálogo se ha perdido con el proceder autoritario de esta administración y en este artículo explicaremos los principales inconvenientes que ha tenido su actuar y por qué la ciudadanía molesta e incómoda tiene toda la razón.

Claudia López ha incumplido tres acuerdos con la ciudadanía. Uno constituye una de sus promesas de Campaña, pues ella había afirmado que no iba a convertir la 7ma en una troncal de buses del sistema de transporte masivo de la ciudad. Es más, dicha promesa se incorporó en el Plan de Desarrollo  en el artículo 105: “En ningún caso el corredor verde incluirá una troncal de transporte masivo como la que se planteó en el proyecto diseñado por el Instituto de Desarrollo Urbano durante 2017 y 2018…”

Otro frente al artículo del Plan de Desarrollo advertido, pues allí estaba consignado que se iba a diseñar un corredor verde con participación ciudadana incidente. Lo cual tampoco ha pasado y al parecer tampoco hay intenciones de que suceda. Al igual que el proyecto del POT de Bogotá, el Corredor Verde ha sido un proyecto realizado en el escritorio de la Administración, a espaldas de la ciudadanía.

Y por último, en el Acuerdo 781 de 2020 por medio del cual se aprobó el primer cupo de endeudamiento del Distrito por un valor de casi $11 billones, la administración adquirió la obligación de exponer el proyecto del Corredor Verde a finales de 2021 ante el Concejo de Bogotá. Sin embargo, dicha exposición nunca se llevó a cabo.

La ciudadanía siente incertidumbre frente al proyecto presentado por la Alcaldía porque no hay claridad ni precisión sobre varias cosas, según Omar Oróstegui, hay falta de información en lo siguiente:

  1. Escenarios modulaciones de movilidad en kra 11 y Circunvalar
  2. Tiempos estimados de desplazamiento vehículo privado vs transporte público por tramo
  3. Impacto en la valorización de predios
  4. Estrategias para mitigar llegada de vendedores ambulantes alrededor de estaciones
  5. Especificar nuevas intersecciones viales y tiempos cruces semafóricos oriente-occidente
  6. Detallar Tipos de buses y capacidad de pasajeros
  7. Definición operador troncal y explicar qué pasará con la demanda estimada de pasajeros de los otros operadores
  8. Explicar por qué se solicitan recursos en presupuesto 2023 cuando se habían aprobado por cupo de endeudamiento
  9. Detallar costos de los nuevos pasos subterráneos y puentes vehiculares
  10. Explicar tiempo estimado de ejecución por tramo y medidas para mitigación de tráfico.

Lo que está ocurriendo frente al Corredor Verde de la 7ma es una imposición a las malas y no lo podemos permitir. Como Concejal de Bogotá hago un llamado a la ciudadanía para que se fortalezca la acción colectiva, tenemos que movilizarnos a través de muchos medios y no permitir que la manera de hacer las cosas por las malas y sin participación haga de las suyas en Bogotá. Aún podemos transformar a Bogotá desde el diálogo. Hago un llamado también a la Alcaldía para que abra estos espacios y no se cierre a una toma de decisiones arbitraria que puede tener consecuencias nefastas para la ciudad.

 

 

Un año con retos, contradicciones y logros colectivos

El pasado jueves primero de diciembre rendí cuentas sobre mis principales ejes de trabajo del año 2022: 1. nuestras denuncias sobre graves atajos en la ETB; 2. nuestro proceso de reforma popular a la policía; 3. nuestras denuncias de violencia policial, la construcción de un informe de impunidad en casos de violencia policial, la demanda de inconstitucionalidad que interpusimos contra los traslados por protección y; 4. la oposición que ejercimos al proyecto de región metropolitana por los graves riesgos de volteo de tierras que genera.

Sobre la defensa de los recursos públicos de la ciudadanía, demostramos que en el negocio de móviles 4G, que estructuró el ahora expresidente de ETB, Sergio González, la empresa y la ciudad perdieron como mínimo 612 mil millones de pesos. También denunciamos escandalosos contratos de asesorías que terminaron en miles de millones de pesos en pérdidas para ETB pero en generosos pagos a Delta Partners, que, por hacer un terrible trabajo, recibió 81 mil millones de pesos de los bogotanos en tres años. No sobra decir que González renunció sin darle a la ciudad una explicación y sin presentar el libro blanco de estos negocios.

En cuanto al proceso de reforma popular a la policía, tuvimos 25 espacios de diálogo con la ciudadanía, propiciando la discusión tanto desde los territorios como en espacios académicos, lo cual nos ha permitido compartir experiencias y visiones con más de 600 personas. Además, más de 300 personas de todo el país, nos han expresado que quieren sumarse a esta gran conversación que debe convertirse en un mandato ciudadano que, mediante una reforma profunda, siente las bases de una policía preparada para cuidar la vida, los derechos y la paz.

Durante este año también estuvimos acompañando diversos procesos de víctimas de violencia policial por indebida aplicación de los traslados por protección, violación a los DD.HH en jornadas de protesta, violencia basada en género y lesiones personales. En este proceso hemos trabajado de la mano de organizaciones defensoras de DD.HH que han asumido la representación jurídica de algunas de las víctimas y en el caso de las violaciones cometidas en el Portal de las Américas y las amenazas que reciben algunos jóvenes que participaron en las protestas, hemos denunciado los hechos ante las autoridades correspondientes.

En lo que se refiere a la defensa de una visión compartida de región, su estructura ecológica y su riqueza cultural, hemos puesto en conocimiento de la ciudadanía el peligro que el esquema previsto por el proyecto de Región Metropolitana representa. Es por eso que durante su trámite en el concejo, denuncié que esta iniciativa resulta útil para favorecer intereses particulares, particularmente aquellos asociados al uso del suelo, dando cuenta así de un alto riesgo de volteo de tierras.

Ahora bien, hay cifras que es imposible establecer: ¿Cuántos abrazos intercambiamos con las madres que perdieron a sus hijos por alzar la voz? ¿Cuántas lágrimas derramamos reconstruyendo sus relatos? ¿Cuánto miedo sintieron quienes denunciaron la crueldad de la fuerza pública y luego fueron perseguidos? ¿Cuán grande es su valentía para volver a luchar por todos y todas? ¿Cuántas veces nos vimos a los ojos y sonreímos entendiendo que nuestras ideas viven también en otros? ¿Cuántas veces perdimos la esperanza y nos la devolvió una sonrisa y un abrazo sincero?

Las historias detrás de estas preguntas son las que nos motivan a estar a la altura de la responsabilidad que tengo la oportunidad de ejercer. La fuerza de quienes luchan desde cada territorio por una vida digna y en paz es la que orienta nuestro quehacer político. Gracias a quienes han acompañado nuestra labor este año.

El presupuesto de Bogotá, hecho a la medida de los dueños del Transmilenio

En los próximos días se discutirá en el Concejo de Bogotá el presupuesto del Distrito para el año 2023, un presupuesto clave, pues será el último con el que contará la administración de Claudia López para cumplir con su plan de desarrollo y con sus apuestas de política pública.

Previo al debate y la deliberación de este proyecto tan importante para la ciudad, ofrezco las siguientes reflexiones que me ha generado su lectura y que considero que son importantes para dar un debate informado.

El presupuesto de gastos e inversión del Distrito para 2023 presentado por la Administración asciende a $31.4 billones, de los cuales $26.1 billones son presupuesto de inversión (el 82.8%), $3.8 billones son presupuesto de funcionamiento (el 12.3%) y $1.5 billones corresponden el pago de servicio de deuda (4.9%).

La mayor parte del presupuesto de inversión del Distrito está orientado al sector de movilidad, con $8.5 billones (33%). Le sigue en orden de magnitud, sector educación con $6.2 billones (23.8%), sector salud con $3.6 billones (13.9%) y el sector de integración social con $1.8 billones (7.2%).

Bien por la educación, la salud y la inclusión social que siguen siendo apuestas claves del presupuesto de la ciudad, pues es a través de un presupuesto decidido en estos sectores que Bogotá puede llegar a ser una ciudad de derechos.

Sin embargo, preocupa que al mirar en conjunto el presupuesto del Distrito y sus empresas, el sector de movilidad se ha comido la mayor parte del presupuesto y aumenta su participación cada año, mientras los demás sectores (educación, salud, integración social, cultura, ambiente, etc.) reducen su participación (ver gráfica a continuación).

Ggrafica Transm by Confidencial Colombia on Scribd

¿Por qué? Porque la prioridad presupuestal de los últimos dos gobiernos ha sido profundizar el modelo de movilidad basado en Transmilenio. Veamos:

De los $26.1 billones del presupuesto de inversión del Distrito, la extraordinaria suma de $2.9 billones (más del 10%) es para cubrir el déficit financiero del Transmilenio, y la tendencia de dedicar cada vez más presupuesto al Transmilenio sigue en aumento: se calcula que durante los próximos 10 años se necesitarán casi $50 billones para cubrir el déficit financiero estructural del Transmilenio.

Pero no solo eso, para 2023 la Empresa Transmilenio sería la entidad con el presupuesto de inversión más alto de Bogotá: $8.6 billones. Este presupuesto es más de 2 veces el presupuesto del sector salud; es más de 4 veces el presupuesto del sector de integración social; es más de 8 veces el presupuesto del sector cultura.

Ahora bien, es un hecho que en varias ciudades del mundo el transporte público sea subsidiado, y que esto le genere enormes inversiones a una ciudad, sin embargo, el problema de fondo es el modelo de transporte al que se la ha apostado, y el cual le ha consumido enormes recursos a Bogotá.

El modelo de transporte de Bogotá funciona para los privados, pero le genera enormes gastos a la ciudad. Los 4 grupos empresariales que controlan casi la totalidad de la operación del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá han tenido ganancias millonarias, solo en 2021 la utilidad neta de estos grupos empresariales sumó $122 mil millones, mientras que la ciudad tuvo que poner en ese año $1.7 billones para garantizar la operación del sistema y la remuneración a esos privados.Necesitamos un modelo de transporte en el que todos ponen y todos ganan. Debemos repensar el modelo de transporte de la ciudad y liberar recursos para los sectores sociales que en estos tiempos de crisis lo requieren urgentemente.

La Región Metropolitana: cuando los negocios priman sobre la vida

El 1 de noviembre en Cundinamarca y el 2 de noviembre en Bogotá se declaró la calamidad pública por las afectaciones derivadas de los incrementos de las lluvias en la región. La preocupación se ha concentrado en los cuerpos de agua y en la inestabilidad de los suelos para sobrellevar las crecientes de los ríos y los deslizamientos.

Además de los cambios climáticos extremos, el crecimiento de los municipios ha provocado una presión sobre el uso del suelo alrededor de la cuenca del Río Bogotá y una sobreexplotación de los servicios ecosistémicos, que afectan negativamente al río y que impide que se adapte a las condiciones actuales, como las crecientes (CODS, 2020; Manrique, 2018; Probogotá, 2018).

Esta situación no es ajena al manejo irregular del ordenamiento territorial en Cundinamarca y Bogotá. La adecuación de los cauces de los ríos por la CAR, el cambio del uso del suelo y la urbanización descontrolada en los municipios no ha tenido como eje el ordenamiento del agua.

La Región Metropolitana – RM era una oportunidad para armonizar el modelo de ordenamiento territorial y la protección de la estructura ecológica principal en torno a la gestión del agua. Sin embargo, el esquema de integración que se aprobó deja la puerta abierta para la intensificación del volteo de tierras, configurado por los poderes políticos locales y regionales; y crea un Consejo Regional que usurpa las funciones de quienes fueron elegidos popularmente, el cual, ¡oh sorpresa! podrá decidir sobre el uso del suelo. Por donde se vea hay favorecimiento a negocios inmobiliarios.

La RM desconoce su misión fundamental de cuidado del agua y el medio ambiente en la región. Por eso, mi voto negativo a la RM obedece a una gran desilusión. Una vez entré al Concejo, en marzo de 2020, realizamos un gran encuentro de visión compartida entre Bogotá y Cundinamarca, ¡totalmente inspirador! Fueron concejales de casi todos los partidos, congresistas, organizaciones sociales, la administración de Cundinamarca y Bogotá, y entidades multilaterales y de cooperación.

El propósito de este encuentro era generar una construcción de sentido compartido entre Bogotá y Cundinamarca y en sus diversas expresiones, para trastocar y transformar la desconfianza existente. Eso solo se construye a través del dialogo, y eso fue no lo que no existió en esta RM. Lo que pasó durante el trámite de toda la RM, desde el Congreso hasta el Concejo, fue todo lo contrario. No se quiso reconocer la voz de la ciudadanía, no se quiso tejer confianza.

Y ese desconocimiento de la ciudadanía implicó que la RM que se aprobó en el Concejo de Bogotá excluyera la cuenca del Río Bogotá como un eje articulador de la región ¡Cuántas veces nos lo advirtió la ciudadanía! Incluso enfrentando una emergencia climática, el Concejo no representó a los ciudadanos. Lo que queda entonces con esta RM es un esquema subyugado a los intereses particulares y que intensificará las mayores ilegalidades, a través de las alianzas políticas que tradicionalmente han gobernado este territorio.

Presidente de ETB, Sergio González, nos debe muchas explicaciones

¿Cómo interpretar la renuncia del presidente de la ETB Sergio González en las últimas horas? ¿No es mucha coincidencia que justo después del reporte que realizó Coronell el pasado 26 de octubre de 2022, González renuncie a su cargo? ¿González quiso librarse del Debate de Control Político en el Concejo que iba a ser agendado próximamente? ¿Acaso González no quiere darle la cara a Bogotá por la millonaria pérdida de $ 612 mil millones del negocio de móviles 4G?

¡Qué casualidad! En lugar de responder los cuestionamientos que hemos hecho, el presidente de la ETB, Sergio González decide renunciar. No dice nada sobre nuestras denuncias sustentadas y sí nos aclara que consiguió trabajo.

Presidente González, ha generado dudas profundas la manera en que ha dado respuestas a nuestras denuncias: no ha dado una defensa corporativa y apelando al patrimonio de la ETB, ha hecho usted una apología personal.

Presidente González, nos hicieron falta argumentos y que tomara estas denuncias con seriedad.

Parece ser que esta renuncia es una huida por todas las denuncias que hemos venido haciendo por el fracaso de ETB en el negocio de móviles 4G con pérdidas que ascienden a los $ 612 mil millones ya que González fue quien estructuró dicho negocio en 2013. Recordemos que tal y como lo denunciamos, las proyecciones iniciales del negocio indicaban que la ETB tendría en 2019 una participación cercana al 10% del mercado de abonados del servicio móvil, pero el resultado del negocio fue un total fracaso. En 2019 ETB no tenía una participación mayor al 0.6% del mercado de abonados (casi 20 veces menos de lo proyectado).

Denunciamos que en contraste con toda la pérdida para ETB, los resultados del negocio para Colombia Móvil (TIGO) -empresa socia de ETB para desarrollar el negocio de móviles- fueron muy favorables: Colombia Móvil aumentó su participación en el mercado durante la puesta en marcha de este negocio. Pasaron de 8 millones de abonados en telefonía móvil en el primer trimestre de 2014 a 11.6 millones de abonados en el cuarto trimestre de 2019. Además, aumentaron sus ingresos de $0.9 billones de (2012) por servicios móviles a 1.6 billones en 2021 (casi el doble). ¿Y quién dio explicaciones al respecto? Nadie, González no dijo nada al respecto.

Y por último, como si lo anterior no fuera poco, denunciamos que a la empresa consultora que asesoró a ETB para estructurar este negocio, se le pagó la suma extraordinaria de más de $66 mil millones. Otra pérdida porque al parecer la consultoría no sirvió para nada. ETB tomó decisiones erróneas al contratar a Delta Partners, esa es una verdad que aún González no reconoce.

En declaraciones públicas, aunque el presidente González reconoció esta gran pérdida, ni siquiera trató de advertir las ganancias o de reducir el monto denunciado. Sin embargo, en sus palabras no había explicaciones para entender lo ocurrido, dijo mentiras sobre el cumplimiento de metas y los recursos para financiar el negocio y habló de un libro blanco que supuestamente solicitó él para investigar el tema.

Hasta el momento, debemos advertir que la lectura del libro blanco le ha sido negada a Bogotá, pues en respuesta a derecho de petición, ETB justificándose en la reserva legal, niega su consulta. Otra actuación que nos deja atónitos. Independientemente de que ETB  tenga derecho a mantener privados algunos documentos por el secreto empresarial y de cara a sus competidores, sí nos debe una explicación verídica y que permita tomar cartas en el asunto para que hechos como estos no vuelvan a afectar el patrimonio de Bogotá, que es sagrado.

¿A quién entonces se le pide explicación y que responda?

Producto de los hechos que hemos denunciado, Bogotá ha tenido un detrimento público. Las denuncias probablemente generaron la salida del presidente de ETB. El control político tiene sentido si quien llega es alguien probo que valora el patrimonio público de la ciudad. No puede tener vínculos con personas que tengan intereses particulares y actitudes atajistas.

Sergio González nos debe muchas explicaciones y no puede irse sin aclarar, sin verdad y reparación.

Solicitamos públicamente que sea publicado el libro blanco para que podamos entender cuál fue la causa de esta pérdida y podamos reconocer a los responsables. ¡Bogotá lo exige!

Los atajos de la ETB y el detrimento del patrimonio público

En el artículo que escribí hace 8 días para este medio mostré que la ETB lleva 8 años de pérdidas cuantiosas en el negocio de móviles. Basados en la información de los informes de gestión de esa entidad calculamos que las pérdidas a hoy en ese negocio son mayores a los $600 mil millones.

¿Qué fue lo que pasó con ese negocio? ¿quiénes son los responsables de este detrimento patrimonial tan grande para la ETB y para la ciudad?

Durante esta semana denunciamos que existen pruebas de mal manejo administrativo, malas decisiones e irregularidades en el proceso de contratación de este proyecto que pueden explicar el fracaso absoluto de este negocio. Veamos.

La ETB contrató desde 2012 y hasta 2016 a la empresa de consultoría internacional Delta Partners para básicamente estructurar y poner en marcha el negocio: estudiar su prefactibilidad, realizar las proyecciones financieras, identificar y acompañar la negociación de alianzas estratégicas, diseñar la estrategia comercial del negocio, entre otras actividades.

Por esta consultoría se le pagó a esta empresa internacional una suma cercana a los $66 mil millones, lo cual representó el 16% del total de las inversiones realizadas por ETB para llevar a cabo el negocio. Y solo por un contrato Delta Partners recibió la extraordinaria suma de $3 mil millones mensuales durante siete meses (para un total de $21 mil millones).

Con tal suma extraordinaria para asesorar el negocio se habría esperado que el proyecto de móviles fuera un éxito para la empresa y para la ciudad. Pero no, el negocio fue un fracaso. Y no solo eso, la contratación con Delta Partners está llena de irregularidades.

Según los hallazgos administrativos de la Contraloría de Bogotá, Delta Partners fue contratada en 2012, cuando el actual presidente de la ETB era el responsable de este negocio (siendo vicepresidente de Estrategia y Negocios), sin cumplir los requisitos técnicos durante la evaluación de las ofertas y, contrario a lo que documentó ETB en un informe, hubo otro oferente (Greenwich Consulting) que sí cumplía los requisitos técnicos establecidos.

Además, la Contraloría señala que la ETB firmó un contrato por tres millones de dólares con una unión temporal de empresas creadas por Delta Partners que tenían un capital de 10 mil dólares. Es decir, el valor del contrato fue 300 veces el capital de la empresa constituida para el negocio. Y que además se violó el manual de contratación puesto que la cuantía de este contrato ameritaba que se hiciera mediante invitación pública y no mediante contratación directa.

En respuesta a estas denuncias que realicé, el presidente de la ETB salió a defenderse. Aceptó las enormes pérdidas del negocio, pero a pesar de haber liderado la estructuración del negocio entre 2012 y 2014 y de haber decidido contratar en 2012 y 2013 a Delta Partners, el presidente afirmó que él no tiene ninguna responsabilidad sobre el detrimento patrimonial que le causó este negocio fallido a la ETB.

El presidente ha dicho que la responsabilidad del fracaso del negocio ha sido principalmente de la administración de Peñaloza, quienes, según él, marchitaron el negocio al haber decidido desacelerar las inversiones en infraestructura y actividad comercial del negocio.

Y para sustentar sus afirmaciones ha citado un documento de investigación que no es público, llamado “libro blanco”, en el que se documenta y se analiza, según él, lo sucedido en el negocio de móviles entre 2014 y 2019.

Pues bueno, le exigimos al presidente que haga público ese “libro blanco”. Los bogotanos deben saber por qué el patrimonio público de la ciudad se esfumó. La ciudadanía debe saber quiénes fueron los responsables de esa pérdida tan brutal.

La ciudadanía merece conocer cuál fue la responsabilidad de esa empresa consultora en el resultado del negocio. La ciudadanía merece conocer cuál fue su responsabilidad en ese detrimento patrimonial.

Presidente, el que nada debe, nada teme.

La respuesta de ETB al concejal Diego Cancino

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), respondió a los señalamientos del concejal, Diego Cancino, en los que hizo referencia a unos hallazgos de la Contraloría Distrital, en los que, según él, la entidad tomó decisiones erróneas contratando a la firma Delta Partners.

Al respecto, la ETB, respondió que la elección de Delta Partners no se hizo a dedo y que hizo parte de un proceso al que se presentaron cuatro ofertas, salvaguardando así la libre concurrencia y la selección objetiva.

Dice además que la auditoría realizada por la Contraloría Distrital ya fue cerrada y con acción de mejoramiento cumplida, que en ningún momento cuestionaron la conducta ni fiscal ni disciplinaria del proceso de contratación.

Noticia relacionada: Concejal Diego Cancino revela contratación irregular en la ETB

En cuanto a las afirmaciones de Cancino en donde asegura que el modelo de negocio asesorado por Delta Partners, “ha dado pérdidas por más de 612 mil millones de pesos”, la ETB dijo que la emprensa tenía 390 mil usuarios móviles cuando el modelo de negocio de Delta proyectaba 338 mil y se venía cumpliendo con el plan. Al finalizar la siguiente administración (2016 – 2019), ETB tenía 389 mil usuarios mientras que la proyección del plan era de 1.663.000.

Finalmente la empresa de comunicaciones de Bogotá hizo claridad en las pérdidas del negocio móvil, según los estudios de la Contraloría y un documento motivado por esta administración y realizado por la Universidad Externado de Colombia denominado “El libro blanco”. Según la entidad, “se deben principalmente a tres aspectos: (1) la decisión de marchitamiento del negocio móvil dentro del portafolio de servicios de la empresa, adoptado en el periodo 2016 – 2019 por parte de la administración de ese entonces, como costa en la decisión de junta directiva del 13 de diciembre 2016 (acta 315), donde los servicios móviles pasaron a un tercer nivel de prioridad y se adoptó la desaceleración comercial y de inversión en infraestructura”.

Concejal Diego Cancino revela contratación irregular en la ETB

El concejal, Diego Cancino, revelo los hallazgos administrativos hechos por la Contraloría Distrital, que ETB tomó decisiones erróneas al contratar a Delta Partners, firma que asesoró, entre otros, el negocio de móviles y que tuvo contratos con ETB por más de $81 mil millones entre el 2013 y 2016. Es decir, más de $20 mil millones al año, por asesorar un negocio que ha dado pérdidas por más de 612 mil millones de pesos.

Según la Contraloría Distrital, ETB suscribió por lo menos tres contratos de consultoría con Delta Partners (2012, 2013 y 2015) por cerca de $66 mil millones con el propósito de estudiar la prefactibilidad del negocio de móviles, identificar y acompañar la negociación de alianzas estratégicas, diseñar la estrategia comercial del negocio, entre otras actividades.

Esta asesoría se llevó el 16% del valor total de la inversión realizada por ETB en el negocio de móviles ($66 mil millones sobre el total invertido entre 2013 y 2020 que fue $411 mil millones). Y sólo por un contrato (No. 4600014865), Delta Partners recibió la extraordinaria suma de $3 mil millones mensuales durante siete meses (para un total de $21 mil millones).

Nota relacionada: El fracaso de negocio de móviles de ETB

Cancino aseguró que Sergio González -cuando fue vicepresidente en 2012- contrató a Delta Partners sin cumplir con los requerimientos técnicos exigidos en la invitación pública y que, contrario a lo que documentó ETB en un informe, “hubo otro oferente que sí cumplía los requisitos técnicos”.

Además, según la Contraloría de Bogotá, la ETB firmó un contrato por tres millones de dólares con una unión temporal de empresas creadas por Delta Partners que tenían un capital de 10 mil dólares (0,3% del valor del contrato). Es decir, el valor del contrato fue 300 veces el capital de la empresa constituida para el negocio. Y que además se violó el manual de contratación puesto que la cuantía de este contrato ameritaba que se hiciera mediante invitación pública y no mediante contratación directa.

Se incluyen también dentro de los hallazgos de la Contraloría inconsistencias en los documentos soporte de algunos contratos (Contrato No. 4600014784), pago al consultor por encima de lo presupuestado (Contrato No. 4600013217), insuficiencia de estudios económicos para soportar la estimación de los valores de los contratos (Contrato No. 4600012801), pagos en moneda extranjera sin justificación (Contrato No. 4600012801), ejecución del contrato sin constitución de las pólizas de garantías (Contrato No. 4600011841), entre otros.

Cancino señaló que existen serios cuestionamientos no sólo por el valor de las consultorías, sino por los innumerables hallazgos administrativos establecidos por la Contraloría: “¿Cómo es posible que se contrate una asesoría con tantas irregularidades para estructurar un negocio, se paguen sumas exorbitantes y que luego el negocio resulte en un fracaso para ETB?, puntualizó.

El fracaso de negocio de móviles de ETB

En el año 2013 la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) celebró un contrato de Unión Temporal (UT) con la empresa Colombia Móvil – TIGO para incursionar en el mercado de tecnología móvil 4G LTE en Colombia. Mediante la Resolución 2623 de 2013, el MinTIC le adjudicó a la UT el permiso para el acceso, uso y explotación del espectro radioeléctrico para la operación del servicio de móviles con redes 4G[1].

Las proyecciones de ese negocio eran altas, lo que favorecería el patrimonio público y el desarrollo de la ciudad. Se proyectaba que para el 2019 ETB tendría una participación cercana al 10% del mercado de abonados del servicio móvil[2] (aproximadamente 6.5 millones de clientes). Sin embargo, los resultados logrados fueron casi 20 veces menos de lo proyectado, para 2019 ETB no tenía una participación mayor al 0.6% del mercado de abonados[3].

Desde que inició la operación en 2014, los costos y gastos del negocio de móviles han sido mayores a los ingresos. Para el 2022 se proyectó que el desarrollo de los negocios de ETB, que incluía el negocio de móviles, iba a representar ingresos anuales por $4.5 billones y una utilidad operacional anual cercana a los $2 billones[4] ¡Sin embargo, las pérdidas entre 2014 y 2021 ascienden a $612 mil millones[5]! Para 2021 los ingresos totales de ETB fueron $1.3 billones (3 veces menos de lo que se proyectaba) y la utilidad operacional de todos sus negocios fue $143 mil millones (13 veces menos de lo que se proyectaba)[6]:

etb by Confidencial Colombia on Scribd

En contraste, los resultados del negocio para Colombia Móvil – TIGO fueron favorables. Por un lado, la empresa aumentó su participación en el mercado de 8 millones de abonados en telefonía móvil en el primer trimestre de 2014 a 11.6 millones de abonados en el cuarto trimestre de 2019[1]. Por el otro, pasaron de $0.9 billones de ingresos en 2012 por servicios móviles a 1.6 billones en 2021 (casi el doble de ingresos)[2]:

etb 1 by Confidencial Colombia on Scribd

etb 3 by Confidencial Colombia on Scribd

 

Información Postdata. Comisión de Regulación de Comunicaciones.

[2] Información extraída del sistema de información Postdata. Comisión de Regulación de Comunicaciones.

 

[1] ETB (2021). “Información Relevante”. Disponible en: https://etb.com/corporativo/UploadFile/Informacion/2022-01-31-07-09-06_Anexo-(15).pdf

[2] Saúl Kattan. Portafolio, “La ETB sigue haciendo historia: inicia la operación de 4G”. Disponible en:  https://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/etb-sigue-haciendo-historia-inicia-operacion-4g-64524

[3] Información extraída del sistema de información Postdata. Comisión de Regulación de Comunicaciones.

[4] Saúl Kattan, “Caso de éxito ETB. Transformación 2012-2016”. Disponible en: https://imgcdn.larepublica.co/cms/2015/03/25051110/Presentaci%C3%B3n%20ETB.pdf

[5] La información de ingresos y costos se obtuvo del acápite de “Estado de Resultados, información por segmentos” de los informes de gestión de ETB desde 2015 hasta 2020.

[6] Ver informe de gestión 2021. Estado de Resultados.

Por la memoria de Juan Esteban Alzate

El pasado lunes 10 de octubre, en Bogotá nos despertamos con la noticia del homicidio de un joven de 14 o 15 años en TransMilenio. Las versiones de la Policía y de la Empresa TransMilenio, difundidas por los medios de comunicación, indicaban que el crimen había ocurrido el sábado 8 de octubre a la altura de la Estación Ricaurte, que el joven estaba con sus amigos en aparente estado de alicoramiento y que, al pisar a un pasajero, se inició una riña en la que el joven terminó asesinado. Esta versión indica que se trató de una riña que terminó con la muerte de un joven borracho.

Ese joven era Juan Esteban Alzate. Las últimas noticias han incluido el testimonio de la madre, quien dice que Juan Esteban fue humillado momentos antes por el aparente homicida, cuestiona la versión de la riña y de que su hijo estuviera borracho. Por el contrario, dice la mamá, Juan Esteba pidió disculpas por el pisotón, pero el presunto homicida le pidió –de manera amenazante– que se arrodillara, a lo cual el joven se negó. En ese momento, continua el relato, el presunto homicida saca un cuchillo y lo clava contra la humanidad de Juan Esteban. Lo más importante del relato de la madre consiste en haber agregado un elemento que no fue considerado por la Policía ni por TransMilenio: Juan Esteban tenía orientación sexual diversa, estaba con su novio y tenían muestras de cariño cuando fue increpado y posteriormente asesinado. Además del homicidio de Juan Esteban, el presunto agresor habría lesionado al novio con ataques de cuchillo dirigidos a la cabeza.

En la entrevista rendida a RTVC, la madre aseguró que “la persona que atacó a mi hijo, causándole la muerte, era homofóbica porque él hizo varios lances, sino que la pareja de mi hijo se metió para que no lo atacara más. Claro, eso fue homofobia”.

La orientación sexual de Juan Esteban, las muestras de cariños que estaba teniendo con su novio y las lesiones a este último son un hechos que deben ser considerados la investigación, ya que podría aclarar que se trató de un crimen de odio. Pero más allá de la investigación, que le corresponde coordinar a la Fiscalía, las autoridades públicas no pueden revictimizar al difundir información sensible sobre la pérdida de vidas humanas.

Una riña requiere del uso de la violencia por dos o más personas y, por los hechos narrados por la madre, se trató de violencia (quizás) homofóbica y de la defensa legítima de Juan Esteban a su dignidad. En este punto, la versión del estado de alicoramiento pierde total pertinencia, ya que no hubo violencia física de parte de Juan Esteban, de hecho –según su madre– se disculpó por haber pisado al aparente homicida.

La versión difundida por la Policía y por TransMilenio, prácticamente, induce a concluir que Juan Esteban se ganó su suerte por estar borracho y entrar en una riña con otra persona. Nada más revictimizante que agregar hechos infundados –como la riña y el alicoramiento– y omitir otros –como que la víctima tenía una orientación sexual diversa, estaba con su novio y fue presionado a arrodillarse–.

Por ello, no basta contar con las mejores leyes para reformar a la Policía. Es importante, pero no es suficiente. Su cultura institucional debe tener una especial sensibilidad con este tipo de casos, más si se trata de menores de edad y personas que padecen discriminación estructural. En los comunicados de la Policía es una generalidad encontrar la versión de riña y alicoramiento para intentar dar una explicación sobre homicidios.

Por lo anterior, por la memoria de Juan Esteban Alzate y de todas las personas que han sido asesinada, torturadas o lesionadas por sentir diferente, por tener una orientación sexual o identidad de género diversa: ¡Basta ya!

Nota relacionada: