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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Diego Cancino

Un cambio por la vida: el cambio que necesita Colombia

Colombia saldrá hoy a votar por el nuevo Presidente de la República y la nueva Vicepresidenta del país. En este país, históricamente, el continuismo se disfraza. Evidentemente el continuismo de exclusión, de desigualdad y de violencia no tiene réditos políticos. Hoy, todos los candidatos presidenciales dicen representar el cambio. En uno de los debates presidenciales, Federico Gutiérrez aseguró que, al igual que Petro, le apuesta al cambio ¿ese es el cambio que necesita Colombia? ¿un “cambio” empotrado en el uribismo y los nexos tradicionales de la política con la paraestatalidad?

Gustavo Petro y Francia Márquez no sólo lo han propuesto, sus historias de vida han encarnado ese cambio por la vida. El cambio que propone la fórmula del Pacto Histórico es una apuesta para bajar la tasa de homicidios que el gobierno de Iván Duque deja en 27.4 por 100 mil habitantes.

Necesitamos un cambio real que no  perpetúe la ortodoxa política de seguridad basada en el aumento del pie de fuerza, sino que la prioridad sea la vida y los derechos humanos, la investigación criminal rigurosa, políticas que no se basen exclusivamente en la ley por las malas, y que tengan en cuenta los impactos diferenciales, territoriales, económicos y sociales, y los mecanismos de regulación que sustentan las ilegalidades en los territorios. Para que el cambio sea por la vida, la protesta no se puede tratar como un problema de orden público.

La Policía y el ESMAD, deben garantizarse por una policía anti motines construida colectivamente y que no salga a la calle viendo y tratando a los jóvenes como si fueran enemigos internos de este país. Debemos reconocer que la humanidad ha logrado tener derechos y democracia gracias a la protesta y a la resistencia contra la autocracia, la exclusión, el hambre y la pobreza.

El cambio que necesita Colombia llena a la vida de dignidad, por lo que respeta e implementa las decisiones de la Corte Constitucional sobre derechos sexuales y reproductivos, la eutanasia, el matrimonio igualitario, entre otros, así como también hace reales las promesas de la Constitución en garantías para la salud, educación y demás derechos sociales. El cambio por la vida y por la vida digna, enfrenta la intermediación financiera, asume el Estado como el principal agente que garantiza derechos sin caer en la lógica del ánimo de lucro. La concentración de la tierra que vivimos, la más alta del mundo, impide un cambio por la vida donde las campesinas y campesinos tengan derecho a ser y hacer lo que quieren ser y hacer. Implementar el acuerdo 1 de paz es fundamental en ese sentido.

Este cambio por la vida asume la educación como principal factor de transformación del país enfrentando la enorme exclusión entre el mundo rural y urbano, entre los colegios internacionales y los colegios oficiales de los territorios pobres de las ciudades.

Colombia necesita que le apueste a la adaptación climática y luche contra la deforestación sin criminalizar a la población indígena y campesina. Pasar de un modelo extractivo, que considera al ambiente como una oportunidad económica, a un modelo que lo proteja sin criminalizar a los más necesitados, es un cambio por la vida.

La tasa de desempleo que deja este gobierno es del 12%, un alto porcentaje de informalidad (44%), y una feminización del desempleo (17% de desempleo en mujeres y 10% de desempleo en hombres). No hay ningún cambio si se propone perpetuar un sistema tributario regresivo, basado en la teoría del goteo, según el cual aumentar los beneficios a las grandes empresas y a sus accionistas, el bienestar “goteará” al resto de la población. En contraposición, un cambio por la vida necesita recursos en el que se eliminen las exenciones tributarias (todos ponen, todos ganan) y cada quien aporta según su capacidad.

Un cambio por la vida, en últimas, es un cambio para que se teja paz y paz territorial en Colombia, se implementen los acuerdos y no se hagan trizas. Este cambio por la vida hace resistencia a la guerra, a la paraestatalidad y a las fuerzas mafiosas que han penetrado el Estado.

La trayectoria política y personal de Gustavo Petro y Francia Márquez representan este cambio. Sus liderazgos se han concentrado en la paz, en resistir y denunciar el paramilitarismo y la corrupción, en mejorar las condiciones de vida de las personas históricamente excluidas.

Soy Diego Cancino, concejal de Bogotá por la Alianza Verde, y por eso mismo, quiero que este 29 de mayo Francia Márquez sea mi vicepresidenta y Gustavo Petro mi presidente.

 

 

La elección del contralor: un dilema ético

El día que debía dar mi voto para la elección del contralor, fue inevitable pensar que en su escogencia por parte de los miembros del Concejo había otros intereses, es decir, intereses diferentes a pensar en quién sería la persona más idónea para el cargo. Dichos intereses implican que quienes eligen esperan algo a cambio por su voto, algún beneficio para sí mismos. Dicha lógica de la obtención de beneficios personales tiene por detrás una teoría moral que no reconoce a las personas como fines en sí mismos, sino como medios para la obtención de ganancias personales.

¿Cómo se configura el dilema ético en el caso de la elección del Contralor para mí como Concejal de Bogotá? En primer lugar, hubo varios puntos que me pusieron a pensar cuando salió el nombre de Julián Mauricio Ruíz Rodríguez dentro de la terna por dos razones principalmente: 1) que él participó en la elaboración de la resolución 0728 del 18 de noviembre de 2019, en la cual se fijan los criterios de valoración de las hojas de vida de los concursos para Contralorías territoriales, pues él ya se desempeñaba como director jurídico de la Contraloría General y 2) la terna seleccionada supuestamente por mérito, tiene a tres personas que resultaron ser subalternos del contralor general Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba. Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, al iniciar la convocatoria para la elección, era vicecontralor general de la República y exdirector jurídico de esa entidad. De hecho, en algunas resoluciones firmó como contralor general encargado.

En segundo lugar, se presentaron hechos dentro del Concejo que fácilmente generaban reflexiones éticas sobre posibles conflictos de intereses en el momento de votar por contralor, pues varios tienen familiares que trabajan en la Contraloría General. Por esa razón, una veeduría llamada ‘Recursos Sagrados’ interpuso recusaciones contra los concejales con cuota en la Contraloría. En total se contaron cuatro recusaciones. Hasta aquí nos podemos cuestionar ¿por qué estos Honorables Concejales no se declararon impedidos, por qué esperaron  hasta que los recusaran?

Y en tercero y último lugar, ¿Qué hizo el Concejo frente a las recusaciones presentadas? Otro punto que sin duda alguna me dejó perplejo e indignado. Todas las recusaciones presentadas fueron rechazadas de plano. Posibilidad que el Reglamento Interno del Concejo no contempla. Según el artículo 118, cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta o no la causal invocada dentro de los cinco días calendario siguientes a la fecha de su formulación. Luego, la Plenaria decide de plano dentro de los diez días calendarios siguientes a la fecha de su recibo. Y si el conflicto fuere respecto del debate y la votación (como ocurría para este caso), el Presidente debe excusar de votar al Concejal. Dicho procedimiento no se llevó a cabo.

Ante la situación, decidí retirarme del recinto y no votar por lo argumentos aquí advertidos  y también vino a mí un sentimiento de impotencia, pues realmente no había nada que pudiera hacer para detener esa elección.

Lo más valioso que tenemos como seres humanos y concejales es nuestra libertad. Hechos como estos pueden debilitar la autonomía y en ese sentido no dignificar nuestra labor.

El nuevo cupo de endeudamiento ¿una apuesta necesaria?

El voto libre, el voto producto de le deliberación, el voto vital como concejal supone que pueden existir dudas, que es necesario disponer de análisis juiciosos que incidan en la manera en que uno vota, es un voto que está por fuera de las amenazas, chantajes o presiones. En este momento confieso frente al nuevo cupo de endeudamiento, que es por $5,8 billones, tengo razones para votar a favor y razones para votar en contra…sigo pensando mi voto.

El pasado 3 de mayo la Administración radicó ante el Concejo Distrital una nueva solicitud de cupo de endeudamiento para la ciudad por un valor de $5.8 billones, con los cuales se busca aportar a la financiación de la segunda línea del Metro ($2.8 billones), construir infraestructura social y financiar becas de educación media y superior.

La administración ha afirmado reiterativamente que estas inversiones están orientadas a combatir la crisis social y económica producida por la pandemia, y especialmente orientadas a reducir el desempleo de la ciudad, que en la pandemia afectó con más fuerza a jóvenes y mujeres.

Sin embargo, haciendo un repaso de las inversiones proyectadas con este cupo de endeudamiento queda claro que las mismas no tendrán los efectos prometidos en la generación de empleo a corto plazo, especialmente para jóvenes y mujeres.

Solo para ilustrar, la segunda línea del Metro, que ocupa casi la mitad del cupo de endeudamiento, se comenzaría a construir a partir de 2027, es decir que el grueso de los empleos generados solo se materializará hasta ese año.

Además, con los recursos del cupo de endeudamiento que se aprobaron en 2020, y con los cuales se prometió generar empleo joven y femenino, apenas se han creado 13% de empleos para mujeres y 15% de empleos para jóvenes, del total de empleos generados.

Pero más allá de esto, nos asalta una enorme preocupación: esta administración es la que más se ha endeudado en la historia reciente de la ciudad. Entre 2008 y 2019 los niveles de deuda nunca habían superados los $2 billones anuales; de hecho, el nivel de deuda en 2019 fue de apenas $1 billón.

Sin embargo, desde el 2020 hasta la actualidad la deuda ha crecido enormemente, por lo que a marzo de 2022 el nivel de deuda de la ciudad ya se encuentra casi en $7 billones, y si se llega a aprobar el cupo actual de endeudamiento podríamos estar hablando de casi $13 billones. Es decir, pasaríamos de $1 billón a $13 billones en menos de 4 años.

¿Es este nivel de endeudamiento responsable? La administración ha señalado que, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley, este nivel de deuda que se contraería es sostenible, no obstante, ese nivel de deuda le implicaría a la ciudad prescindir de aproximadamente $10 billones en los próximos 10 años por concepto de servicios de deuda, los cuales podrían ser inversión social valiosa para la ciudad.

Solo para tener una idea de cuánto tendría que prescindir la ciudad: $10 billones son más de 20 veces el presupuesto de inversión anual del Sector de Desarrollo Económico, más de 12 veces el del Sector Cultura, Recreación y Deporte y casi 10 veces el del Sector de Integración Social.

Ahora bien, la ciudad ya tuvo que prescindir de activos estratégicos del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) para financiar el metro, pues vendió el 9.4% de su participación en el GEB para obtener $1.6 billones con los que comenzaría la financiación de la segunda línea.

Haber vendido estos activos estratégicos implicó para la ciudad haber perdido por lo menos $1 billón por concepto de dividendos en los próximos 5 años. Es decir, sigamos sumando pérdidas para la ciudad.

Bogotá tiene un comportamiento fiscal admirable. Es una ciudad que ha realizado el grueso de sus inversiones sociales a partir de sus propios recursos y no de las transferencias de la nación o de la deuda contraída. Esta es una tradición que no podemos perder.

Ahora, el 41% del cupo de endeudamiento va a educación ($2,49 billones), de ellos casi la mitad ($1,09 billones) va a “proyectos de infraestructura educativa”, Con esta deuda se construirían 19 colegios de jornada única.

Una apuesta de la ciudad por la jornada única es una apuesta revolucionaria y trascendental: impacta la calidad educativa de los jóvenes, impacta la vida de estos jóvenes y de posibles conductas que entren en conflicto con la ley, impacta el bienestar de estos jóvenes y sus familias: disminuye pobreza y aumenta la probabilidad de tener empleo digno.

La jornada única son como ”4 vueltas y un mandado”. Si hablamos en el Partido Verde de que con educación todo se puede, la jornada única es una herramienta muy potente para desarrollar esa idea. Este argumento puede ser razón suficiente para aprobar el cupo.

En términos prácticos qué vamos a hacer: vamos a radicar una proposición sustitutiva del articulado para que el valor del cupo de endeudamiento solicitado solo corresponda a las inversiones sociales en educación y oportunidades para las mujeres, restando del valor actual lo correspondiente a la financiación de la segunda línea del metro. Es decir, pasaríamos de un cupo de $5.8 billones a $3 billones. Nos endeudamos, pero no de manera tan alta, sería casi la mitad de lo que nos están pidiendo aprobar.

Rompiendo miedos

En el marco de la presente campaña presidencial hemos sido testigos de la utilización de diversos mecanismos y dispositivos retóricos para generar miedo entre los votantes, especialmente frente a la idea de un gobierno alternativo liderado por Francia Márquez y Gustavo Petro. La expropiación, la reforma pensional y la reforma a la salud son miedos constantes y recurrentes, alimentados por la campaña que busca la continuidad del establecimiento y de la vieja clase política. La que busca que los colombianos y colombianas teman con soñar otro futuro posible.

Es por eso que decidimos dialogar con la ciudadanía, en un ejercicio en el cual reconocemos los miedos existentes y buscamos, a través de la palabra y el argumento, desmitificarlos y explicar la propuesta programática que busca sentar las bases de una transición seria, responsable y decidida hacia un país que busque por fuera el neoliberalismo las respuestas para su desarrollo y que encuentre en la aplicación de los acuerdos de paz el centro de una nueva cultura política y social: una donde el derecho a la vida sea inviolable.

En este proceso hemos contado con la participación de más de 400 ciudadanos y ciudadanas, en donde el intercambio de ideas y el respeto por la opinión distinta han sido la regla. De esta forma tuvimos la oportunidad de dialogar sobre la propuesta de salud, que busca aplicar un modelo preventivo basado en derechos, entendiendo que la provisión de bienes y servicios básicos hacen parte de las necesidades que deben ser cubiertas para garantizar el derecho a la salud. Sin agua potable, sin alimentación balanceada, sin saneamiento básico, sin un ambiente sano y una vivienda digna, el derecho a la salud seguirá sin ser satisfecho.

También abordamos la propuesta pensional cuyo objetivo, mediante la aplicación de un sistema de pilares, es lograr garantizar que todas las personas que cumplan los requisitos puedan acceder al derecho a la pensión, además de lograr apoyar económicamente a los adultos mayores que no tienen ingresos de pensión. Transformar el modelo de pensiones significa que el estado colombiano resolvería un déficit en el fondo público de pensiones que en 2021 ascendió a $14.8 billones de pesos.

Los ajustes institucionales que proponemos ponen los derechos en el centro y se basan en la solidaridad como el valor central del ejercicio de lo público y de la acción del estado: un sistema de salud que busque prevenir la enfermedad y no trasladar enormes ganancias a intermediarios; un sistema de pensiones en donde la competencia entre los fondos públicos y privados se acabe y en donde cada ciudadano realice un aporte al sistema público, cubriendo la pensión de quienes trabajaron ayer y esperando la solidaridad de quienes lo harán mañana.

Este esfuerzo colectivo de diálogo ha sido posible gracias a la disposición ciudadana de discutir y confrontar las ideas desde el reconocimiento del otro, y gracias a la decidida participación de personas como Luz María Múnera, Luciano Sanín, Martha Alfonso, Ricardo Bonilla, Ana Erazo, Carolina Corcho y Terry Hurtado, quienes enfrentaron los miedos a través del argumento. Continuaremos con estos ejercicios de diálogo que nos permiten reflexionar, ejercer la crítica y la autocrítica y, sobre todo, encontrar nuevas formas de decirle a los colombianos y colombianas que ante la campaña de miedo debemos responder soñando hoy, y construyendo juntos esos sueños mañana. Seremos potencia de la vida.

Traslados por protección: Detenciones arbitrarias solapadas

En el marco de la conmemoración del año del Paro Nacional del 2021, este 28 de abril demandamos con Iván Velásquez, exmagistrado y director de la Corporación Justicia y Democracia, la figura de los traslados por protección – TPP, consagrada en el artículo 155 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) y posteriormente modificada por el artículo 40 de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 2197 de 2022), por vulnerar el derecho a la libertad personal, el principio de estricta legalidad, el principio de igualdad, la dignidad humana y la prohibición de regresividad de los derechos fundamentales.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que en un Estado de Derecho la libertad personal es la regla y no la excepción, las causales que habilitan el TPP deberían contener garantías objetivas que eviten arbitrariedades por parte de las y los operadores. Aunque los TTPP no son una sanción, la Corte Constitucional ha advertido que, al imponer una carga significativa sobre la libertad de las personas, en todo momento debe garantizarse el debido proceso. Por ende, todo traslado que no cumpla con esas garantías implica una violación al derecho a la libertad.

La demanda que se radicó se sustenta en tres puntos fundamentales. En primer lugar, señala que la privación de la libertad debe ser una medida excepcional, por ende, solamente procederá el traslado cuando la Policía agote otras medidas menos restrictivas. En segundo lugar, las causales del TTP no cumplen con el estándar mínimo de protección trazado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, en tanto son ambiguas y permiten la coexistencia de múltiples interpretaciones sobre la procedencia del traslado. Por último, la demanda indica que el TPP es una medida paternalista, ya que la Policía no está obligada a indagar el consentimiento de la persona objeto del traslado, sustituyendo su capacidad de autoprotección.

Adicionalmente, los TPP de facto han sido interpretados como detenciones arbitrarias. A pesar del aparente carácter protector de la medida, defensores de derechos humanos y otras instancias, como la Corte Suprema de Justicia y la CIDH, han constatado que la aplicación de esta figura ha sido arbitraria e ilegal. A su aplicación se han vinculado casos de desapariciones forzadas, violencia sexual, tortura, entre otros. En suma, terminó siendo un boquete para la violación de DDHH.

Al conmemorarse un año del estallido social, no hay claridad oficial sobre el número de traslados realizados en Bogotá y en el país durante esos días. Según información extraída del Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC, desde el 28 de abril hasta el 25 de mayo del año 2021, en el país se registraron 4.835 traslados por protección, de los cuales el 58% se aplicaron a jóvenes entre los 19 y 29 años.

En Bogotá, según la Personería, entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021, se realizaron 446 casos de traslados a sitios no permitidos, al menos 10 detenciones cada día. De estos, el 57% de los traslados se realizaron en la localidad de Kennedy, en donde la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas por presencia de organizaciones ilegales. Por otro lado, la Policía Metropolitana de Bogotá asegura que no realizó TTP durante esas fechas en la ciudad, lo que contrasta radicalmente con los traslados arbitrarios e ilegales que se registraron esos días.

Las detenciones arbitrarias han sido uno de los patrones identificados en las protestas no solo del 2021, sino también del 2020 y del 2019. Existe una completa desnaturalización y abuso de la figura de los TPP, por lo que se requiere una transformación profunda que comienza por la declaratoria de inconstitucionalidad de los apartados demandados.

Indudablemente, una sociedad democrática se profundiza en la medida en que se garantice y se intensifique la libertad. La libertad es uno de los tesoros más importantes de un individuo y de una sociedad y no podemos permitir su desconocimiento, ni ningún tipo de regresividad en su protección.

 

Demandan figura de ‘Traslados Masivos por Protección’

Diego Cancino, concejal de Bogotá e Iván Velásquez ex magistrado y director de la Corporación Justicia y Democracia, instauraron una acción pública de inconstitucionalidad contra la figura de los traslados por protección,  reformada por el artículo 40 de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Los demandantes consideran que la medida es usada por la Policía de manera “generalizada, arbitraria y sin cumplir las condiciones mínimas establecidas”, y que se estaría utilizando para “violentar la libertad personal, restringir la protesta social y violar  derechos humanos”.

Según Cancino, “la Policía Nacional, entre el 28 de abril y el 25 de mayo de 2021,  realizó 4.846 traslados por protección en todo el país; 268 de ellos fueron realizados en Bogotá”.

Cancino explicó que “a través de la figura del traslado por protección la Policía Nacional puede privar de la libertad a una persona hasta por 12 horas para proteger su vida o integridad o la de terceros. A pesar del aparente carácter protector de la medida, defensores de derechos humanos y diversas autoridades, como la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han constatado que la aplicación de ésta ha vulnerado los derechos humanos”.

En la exposición de la demanda se asegura que las causales del traslado por protección, “son extremadamente ambiguas y carentes de elementos objetivos, permitiendo la coexistencia de múltiples interpretaciones, en los que participarían elementos subjetivos del policía, sobre la realización del traslado. Teniendo en cuenta que, en un Estado de Derecho, la libertad personal es la regla y la restricción es la excepción, las causales deben contener garantías que eviten la arbitrariedad del operador, en este caso de la Policía”.

La demanda señala que solamente habrá lugar a realizar el traslado cuando la Policía agote otras medidas menos restrictivas.

Soñé el concierto “La Resistencia” de César López

En Colombia, la violencia política ha atravesado la historia, incluso, la construcción del Estado, la forma de organización sociopolítica encargada de mantener el orden social se cimentó en la violencia y la exclusión “del otro”.

Tal como lo dicen académicos como Mauricio García Villegas y Julieta Lemaitre, la Constitución de 1991 aspira a superar este pasado de violencia, exclusión y pobreza, por medio de la consagración de una serie de derechos fundamentales, incluyendo derechos sociales. Sin embargo, siguiendo al profesor Jorge Carvajal, “el nuevo orden mundial ha colocado como agenda prioritaria la lucha contra el terrorismo, en su discurso privilegia la seguridad sobre el sistema de garantías judiciales que fundamental el Estado constitucional”.

En Colombia, el uribismo se ha encargado de implementar ese nuevo orden autocráticoAnte la violenta construcción del Estado colombiano, como en la violencia política chulavita de los 40, la violencia paramilitar de los 80 y 90, y la reciente “seguridad democrática”, la respuesta ha sido la resistencia.

El sur del país ha resistido al narcotráfico y al militarismo, como Santurbán ha resistido a los intereses extractivistas y los indígenas del Parque Nacional han resistido el abandono del Estado.

El pasado 20 de abril, asistí al concierto La Resistencia de César López. Fueron tres horas de pura fuerza colectiva, puesto que artistas y víctimas de graves violaciones de derechos humanos hicieron del arte una apuesta por la transformación: la resistencia hecha arte.

Para Wittgestein, filósofo alemán, la ética y la estética están relacionadas, ya que ambas experiencias implican una determinada manera de ver el mundo. Doris Sommer, artista y profesora de Harvard, asegura que la educación cívica es necesariamente estética: “Sin belleza, sin arte, sin debates en torno a lo que no importa, estamos atrapados en la jaula de hierro de la razón y en la razón podemos morir como mártires.”

En ese sentido, el arte tiene la capacidad para reconocer y tejer desde angustias profundamente estéticas, por lo que tiene todo el sentido para tramitar nuestros dolores, para recomponer la vida, para con-mover y re-mover el alma. El arte toca hondamente el alma y nos hace ciudadanos, nos permite dolernos con el dolor del otro.

El próximo 7 de agosto nos liberaremos del gobierno de Iván Duque y de su Estado de seguridad que ha devuelto los falsos positivos e hizo trizas la paz. Colombia debe coparse por conciertos de esperanza y resistencia. El 20 de abril asistí al concierto La Resistencia de César López y fue un sueño

Por nuestros ríos corre dolor y sangre  

Las últimas noticias nos alertan de que no hay ningún territorio seguro en Colombia y lo más preocupante es que el Estado no garantiza el Artículo 11 de la Constitución “el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte”. En nuestro Estado perece que se incumple día tras día este artículo de nuestra Carta Magna. Por ejemplo, en Bogotá, el Estado no pudo cuidar a los niños pequeños que perdieron la vida en Ciudad Bolívar por la explosión en el CAI de Arborizadora Alta. Nos horroriza pensar que el Estado en algunos casos, es el que asesina, como lo que presuntamente sucedió el 28 de marzo, cuando so pretexto de un operativo militar, la Fuerza Pública asesinó a 11 personas en Puerto Leguízamo en la Vereda El Remanso.

Las investigaciones y reportajes rigurosos de Catalina Oquendo y Alfredo Molano son muy claras al respecto: . “No es usual que decidan hacer una operación en medio de civiles (…) la probable implantación de prendas y armas de uso privativo del Ejército para hacerlos pasar como guerrilleros es preocupante. A la escena llega la Fiscalía 5 días después y de la mano del Ejército, eso preocupa (…) una vez terminó el combate, los tuvieron encerrados en los lugares en donde ellos se refugiaron. Ellos pensaban que era la guerrilla, el Ejército se presentó como la guerrilla, ellos no llevaban insignia, iban de negro, es decir, había una intención de disfrazar la escena”, anotó Alfredo Molano. Por su parte la periodista Catalina Oquendo escribió que “conoció imágenes que muestran cómo al menos uno de los cuerpos, el del menor de edad, Brayan Santiago Pama, fue movido en la escena en dos oportunidades.

En una fotografía se le ve en tierra, boca arriba y vestido de jean, camiseta negra y en medias, junto a otro cuerpo. A sus pies se observan tres armas largas. En otra imagen ya aparece dentro de un bote, sin armas; y en una tercera, se ve en el mismo bote con un fusil sobre su cuerpo. En otras, se observan chalecos camuflados limpios sobre los cuerpos con sangre.”

El hecho es horroroso, el hecho nos duele profundamente porque en Colombia el Estado no garantiza la vida. Pero no podemos sólo referirnos al hecho sin decir nada de la forma en que fue presentado por parte del Gobierno Nacional. Y tenemos que decirlo, ésta nos indigna. Desde su cuenta oficial de twitter, el presidente Duque advirtió que se había “neutralizado” a 11 integrantes de disidencias de las FARC y que se había capturado a 4 criminales. Lo cual, gracias a una investigación periodística de Vorágine, El Espectador y Cambio se desmiente, como ya lo mencionamos: al parecer las fuerzas Militares manipularon cadáveres de civiles para hacerlos parecer combatientes.

Lo anterior también fue denunciado por la OPIAC (La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana), que advirtió que el Ejército había asesinado a ocho civiles, incluyendo a un gobernador indígena y a un adolescente de 16 años, y los había presentado como bajas en combate. Según las investigaciones periodísticas, el lugar de los hechos no es un campamento guerrillero sino que se trata de un caserío, en donde se encontraron casas con camas y una escuela. El día de la masacre, según cuentan habitantes del lugar, se estaba celebrando un bazar que había sido convocado desde el 14 de marzo y que serviría para recoger fondos para financiar algunas necesidades que el Estado no cubre, como lo son por ejemplo, el mejoramiento de vías.

Nos rompe el corazón la muerte de personas inocentes en el Putumayo, Jamundí, Maní (Casanare), en la Zona Bananera del Magdalena, en Colón Génova, Quibdó, Manaure, Ciudad Bolívar y en toda Colombia. Según la Jurisdicción Especial de Paz, los civiles asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate son 6.402, y debemos seguir contando porque al parecer esto no ha cesado. Y ante el dolor, nos preguntamos por qué se están haciendo estos “operativos militares” ¿Qué mensaje quiere dejar el Estado en este territorio?¿Por qué se quiere aterrorizar al pueblo de esta manera?¿Por qué 40 militares llegaron vestidos de negro y usando capuchas?

Las consecuencias de este tipo de hechos sin lugar a dudas es el miedo, el horror de al menos 50 campesinos que habitaban allí y que no quieren regresar. ¿Qué pasará con ellos? ¿Quién los cuida y quién les garantiza que si vuelven a sus territorios no van a perder la vida? Es indignante y doloroso el panorama para estas personas y para el país. Nos solidarizamos con el dolor de todas las víctimas de esta guerra, el Estado debe ser ejemplo de legalidad, construcción de paz y profundización de la democracia.

Merecemos verdad y no seguir llorando muertes de ciudadanos victimas de esta guerra irracional. Tenemos derecho a cambiar el miedo por esperanza

¿Cuál es la propuesta de seguridad ciudadana que requiere Bogotá?

“Apreciados bogotanos, nuestra ciudad y nuestras familias están bajo amenaza criminal y terrorista (…) criminales y organizaciones terroristas de todo tipo tienen a Bogotá como su principal objetivo”, con esa tajante sentencia la Alcaldesa de Bogotá inició su anuncio en el que le informa a la ciudadanía sobre las 10 medidas que tomó para combatir los problemas de la seguridad en la ciudad.

Entre estas 10 medidas anunció la prohibición de acompañantes (parrilleros) de motos durante tres días de la semana: jueves, viernes y sábado en el horario de 7 pm a 4 am.

Tal anuncio ha provocado durante esta semana diferentes movilizaciones y protestas por parte de los conductores y pasajeros de motos de la ciudad, quienes han alegado legítimamente que esto restringe su derecho a la movilidad y el desarrollo normal de sus actividades productivas, y que además esta restricción que los perjudica enormemente, y que, por supuesto no fue dialogada con ellos, no va a reducir los problemas de seguridad de la ciudad.

Y es que, en efecto, un estudio reciente del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes demostró que, aunque en 19 ciudades del país se han implementado medidas para prohibir los acompañantes de las motos con el propósito de reducir el crimen, no hay evidencia empírica que demuestre que estas medidas son efectivas.
En particular, el estudio demuestra que en los casos en que ha habido restricciones horarias a los parrilleros (como en la propuesta de la Alcaldesa), lo que ha sucedido es que las acciones criminales se han trasladado a otras horas del día, pero que, en definitiva, los índices de criminalidad no cambian sustancialmente.

Entonces, al evidenciar el fracaso anunciado de este tipo de medidas, ¿cuál debe ser el enfoque de la política de seguridad ciudadana en Bogotá? La propuesta que hemos defendido y que ha mostrado ser exitosa en esta ciudad es que la política de seguridad debe basarse en un enfoque de cultura ciudadana.

Esto quiere decir, emprender acciones de política que (1) posibiliten la creación de confianza en la ciudad, entre los integrantes de la sociedad y entre la sociedad y sus instituciones; y (2) fomenten la regulación individual, social y legal de las acciones y comportamientos violentos que son el motor de la inseguridad ciudadana.

Esto implica instituciones, funcionarios públicos y ciudadanos admirables, dialogantes, que hacen y cumplen acuerdos, que están dispuestos a aceptar llamados de atención de otros y reparan sus errores. Eso implica también ciudadanos e instituciones que rechazan tajantemente la violencia, que dan ejemplo con sus acciones, que toleran y fomentan la diversidad y que participan activamente a través de diferentes tipos de expresiones -artísticas, por ejemplo- en la construcción y apropiación de su ciudad para atajar las expresiones violentas.

Pero también implica, en presencia de estructuras de crimen organizado, una institucionalidad audaz, capaz de hacer un diagnóstico a profundidad sobre las estructuras del crimen en la ciudad, que entienda los motivos y los propulsores de las acciones violentas de esas organizaciones.

Eso es también una institucionalidad abierta y dialogante, que haga acuerdos ciudadanos por la vida, que establezca vasos comunicantes con las universidades, con las organizaciones defensoras de los derechos humanos, con la comunidad, para entender el delito y los factores que desencadenan la violencia.

En cualquier caso, las medidas extremas y prohibitivas no son sostenibles en el tiempo; no solucionan las causas que estructuran y promueven el delito y la violencia en la ciudad. Necesitamos un enfoque que se base en la confianza, en el diálogo y en el respeto de la vida.

El Día del carro compartido en Bogotá: una apuesta audaz de movilidad sostenible basada en la cultura ciudadana

A principios de esta semana radicamos en el Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo para crear el Día del carro compartido en Bogotá, una jornada pedagógica que incentiva el uso compartido del vehículo particular y que busca, en el mediano plazo, reducir sosteniblemente la congestión vehicular en la ciudad.

De acuerdo con el Índice Global de Tráfico que mide la congestión vehicular de vehículos particulares en más de 1.000 ciudades en el mundo, Bogotá fue la ciudad más congestionada del mundo durante el año 2020[1], un hecho absolutamente escandalizador.

La alta cantidad de automóviles particulares que circulan en la ciudad es una de las causas fundamentales de este fenómeno. Esto debido a que las personas que se transportan en carro particular ocupan un mayor espacio vial que las personas que se transportan por otros medios de transporte.

De acuerdo con información oficial, la ocupación promedio de un vehículo particular en la ciudad es de 1.2 personas por vehículo, mientras que en un bus del SITP, por ejemplo, se movilizan en promedio 60 personas por trayecto.

Además, según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) el número de carros particulares ha crecido en Bogotá a una tasa promedio anual del 7% desde el 2008 hasta el 2018, pasando de 911.793 carros en 2008 a 1.764.105 carros, es decir, casi el doble de carros particulares en 10 años.

La alta congestión vehicular produce múltiples efectos negativos en la calidad de vida[2]. La congestión vehicular agudiza la contaminación ambiental a través del aumento de la polución y de los gases de efecto invernadero, y un alto grado de polución tiene efectos negativos directos en la salud humana, así como el aumento de los gases de efecto invernadero profundizan la crisis climática.

El carro compartido es sin duda una respuesta a la congestión vehicular. Diferentes estudios realizados en ciudades de Europa, Asia y Estados Unidos han demostrado que el uso del carro compartido reduce la compra de carros particulares y su uso, y por esa vía se genera una reducción de la congestión vehicular.

En particular, nuestra iniciativa se basa en una estrategia que apela al liderazgo de los agentes culturales de la ciudad y que pone en el centro el papel transformador de la cultura ciudadana, la acción colectiva, la confianza y la cooperación ciudadana.

En ese sentido, una de las principales apuestas de esta iniciativa es el desarrollo de acciones pedagógicas lideradas por entidades del sector cultura de la ciudad que con el apoyo de organizaciones civiles y colectivos de artistas buscan conmover a la ciudadanía sobre la importancia, los beneficios y la viabilidad del uso compartido del vehículo particular.

Otra apuesta es la construcción de redes de confianza para que los habitantes de la ciudad puedan compartir su vehículo privado, a partir del desarrollo de un aplicativo móvil que permita la interacción de ciudadanos y la realización de viajes multi-destino.

También se contempla dentro de la estrategia la construcción de alianzas entre empresas, instituciones educativas y entidades del Distrito para que se incentive al interior de estas organizaciones el uso de carro compartido, y para que se utilice a favor de la estrategia los conocimientos y experiencias que estas organizaciones tienen sobre el tema.

En definitiva, necesitamos apuestas audaces como esta para superar los problemas de movilidad en la ciudad, que apelen a la acción colectiva, a la confianza y a la cooperación de la ciudadanía, el principal agente transformador de la realidad en Bogotá.

[1] Global Traffic Scorecard | INRIX Global Traffic Rankings

[2] CEPAL (2003). Congestión de tránsito. El problema y cómo enfrentarlo. Santiago de Chile.

¿Es el porte de armas la solución para la inseguridad ciudadana?

El más reciente informe de la Cámara de Comercio de Bogotá, reveló un aumento de 5 puntos porcentuales en los ciudadanos víctimas de algún delito, pasando de un 15 % en 2019 a 20 % en 2021.

El estudio dice que mientras en el año 2019 el 44 % de los ciudadanos calificaba a su barrio como seguro, para 2021 esta percepción disminuyó y se ubicó en el 30 %.

El atraco es la modalidad más empleada en el hurto a personas (27 %) y el celular el dispositivo más hurtado con un 78 %. El elemento que más utilizaron los agresores fue el arma blanca (40 %). Se destaca el aumento en el uso de armas de fuego para cometer este delito, pasando de 17 % en 2020 al 23 % en 2021.

Ante este panorama han surgido propuestas como la del candidato a la Cámara de Representantes, Daniel Orozco, de legalizar el porte de armas como medida para reducir los índices de inseguridad en ciudades como Bogotá.

“Esto garantiza el derecho a la legítima defensa”, dijo el candidato del Centro Democrático en diálogo para Confidencial Colombia y Pronto Noticias.

En contraposición está la opinión del concejal mockusiano de la Alianza Verde, Diego Cancino, quien considera que para enfrentar el problema de la inseguridad en Bogotá, no se puede pretender entregarle un arma a cada ciudadano para que ejerza la justicia por mano propia.

Reviva el debate en Entre Periodistas, alianza entre ConfidencialColombia.com y ProntoNoticias.com

Escucharon nuestra voz, no nos pusieron tapabocas: Consejo de Estado anuló la elección de Alejandro Motta, consejero de la CAR

El pasado 10 de febrero en fallo de única instancia el Consejo de Estado anuló la elección de Luis Alejandro Motta Martínez como representante de las Entidades sin Ánimo de Lucro (ONG) ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), por haber sido postulado por una ONG que “no cumplía con los requisitos para participar en el proceso de elección de sus representantes ante el Consejo Directivo de la CAR y, por tanto, no tenía derecho de presentar candidaturas, en los términos del artículo 2 de la Resolución 606 de 2006”.

El señor Luis Alejandro Motta ha sido representante de las ONG ante el Consejo Directivo de la CAR desde el año 2000. Como lo denunciamos públicamente a finales de 2020 y en marzo de 2021 ante la Fiscalía General de la Nación, al parecer, Luis Alejandro Motta y Andrés Iván Garzón, quien también ha estado en el consejo directivo de la CAR hace más de 20 años, fueron reelegidos para el periodo 2019-2023 de manera irregular a través de un carrusel de ONG.

Para confirmar este presunto “carrusel”, revisamos cada una de las ONG que votaron por Motta y Garzón y encontramos que, además de las 14 ONG de Pacho que denunciamos en noviembre de 2020 que se encuentran registradas en el mismo barrio, el mismo patrón se replica en otras ONG que votaron por estos señores. De las 112 ESAL que votaron por Garzón y Motta, 40 ONG, una tercera parte (35.7%) siguen el mismo patrón. Esto sucede en los municipios de Pacho (25), Bogotá (7), Fusagasugá (5) y Girardot (3).

Además del domicilio registrado, nos llamó poderosamente la atención los siguientes patrones que siguieron las ONG que votaron. De las 112, 42 ONG (37,5%) fueron registradas en el año 2000 y, de esas, 34 fueron registradas en el mes de septiembre del año 2000. Es decir: una de cada tres ONG registradas se creó de un momento a otro antes de las elecciones del 2000, época en la cual no debían cumplir con el requisito de 4 años de antigüedad. Incluso se encontraron coincidencias en el día de registro ¡Curiosamente coincide con el tiempo que llevan los consejeros en la CAR!

Por otro lado, analizando la/os presentantes legales de las 112 ONG, encontramos que 39 (34,8%) tienen concentrada su representación en 18 personas (es decir, que hay personas que son representantes legales de dos o más ONG). También, se encontró una correspondencia entre las personas que aparecen como representantes legales de múltiples ONG, pero además participan en las juntas directivas de otras. Evidenciamos que 33 representantes legales ocupan cargos en las juntas directivas de 53 ONG (47.32%). Tanto la ONG que postuló al señor Motta como la que postuló a Garzón hacen parte de esas ONG que comparten redes de representantes y miembros de juntas directivas.

Asimismo, encontramos que, de las 112 ONG, al menos 59 presentaron al Comité Evaluador, el cual habilitaba su participación en la elección, informes de actividades ambientales con un contenido similar. En algunos casos los informes eran idénticos y en otros se presentó el mismo contenido, pero alterando el orden de las palabras.

La decisión que tomó el Consejo de Estado es el primer paso para develar con claridad todas las conductas y personas que han girado alrededor de estas elecciones. Además, es un precedente que impone un cambio en las dinámicas de corrupción en la CAR. Esperamos que esta decisión impulse la denuncia que radicamos ante la Fiscalía General de la Nación, así como nuevas decisiones en otras instancias.

Como lo advierten diversas organizaciones ambientales, es posible que se vuelva a presentar esta dinámica fraudulenta en los procesos de elección ante el Consejo Directo de la CAR. Por ello, hacemos un llamado para que se verifique y se haga veeduría al próximo proceso de elección. No podemos permitir que se sigan avalando estas prácticas, ni que las ONG sean representadas por personas que no tienen ningún interés en salvaguardar y proteger el ambiente en todas sus dimensiones.

No más atajos y mucho menos con los recursos públicos que deben cuidar los recursos ambientales.

Tumban elección de miembro directivo en la CAR Cundinamarca

El Consejo de Estado tumbó la elección de Luis Alejandro Motta como representante de las organizaciones ambientales ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional (CAR).

Motta fue elegido durante 20 años siguiendo el mismo esquema de presentarse como candidato de entidades sin ánimo de lucro, que según lo hallado por la Sección Quinta del alto tribunal, existían personas que hacían parte de la junta directiva de muchas organizaciones a la vez.

El concejal de Bogotá, Diego Cancino, quien fue uno de los primeros en poner la voz de alerta, calificó el fallo como “un triunfo de las organizaciones ambientales y de la sociedad civil”.

“Denunciamos las múltiples irregularidades que se viene presentando en la elección de consejeros y quienes al parecer montaron un carrusel con empresas de papel para atornillarse en ese cargo”, señaló.

Las revelaciones hablan de 112 organizaciones que votaron por Luis Alejandro Motta para el cargo de representantes de las ONG ante el Consejo Directivo de la CAR, accediendo al puesto de manera fraudulenta.

Estas entidades sin ánimo de lucro se encuentran registradas en la misma dirección, algunas en los municipios de Pacho (25), Bogotá (7), Fusagasugá (5) y Girardot (3).

El período de Motta al frente de la CAR Cundinamarca, vencía en el 2023.

 

Transmilenio ¿un escenario civil de transporte o un teatro de violencia autoritaria?

El pasado 2 de febrero, junto con la concejala Susana Muhamad y el ex referente de derechos humanos de la Alcaldía Local de Kennedy, Cristian Cabrera, denunciamos que el Portal Américas fue utilizado por la Policía Nacional para realizar detenciones ilegales y posibles torturas. Lo más grave del asunto es que esta práctica se dió el 29 de abril de 2021, un día después del inicio del Paro Nacional, y no el 3 de mayo, como lo aseguró la Policía Nacional y la empresa Transmilenio.

En la noche del 3 de mayo, el ciudadano Diego Luna se encontraba en el sector e inició una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, mostrando lo que ocurría. Este video evidencia que Diego Luna solamente estaba grabando lo ocurrido, cuando fue abordado por un agente de Policía y uno del ESMAD, quienes, según el video, golpean al joven. Posteriormente, el video registra cuando el joven es obligado a pasar por un torniquete del sistema de Transmilenio, él pregunta por qué le hacen esto si solamente estaba caminando y grabando. Estando dentro del Portal, el video registra a más miembros de la Policía y a otros jóvenes. En un momento, Diego Luna dice “¿por qué hay gas acá, por qué hay gas acá?”. A los pocos segundos, los policías le inician una requisa a Diego Luna. Cuando le piden que guarde el celular, la transmisión se corta. Tiempo después se reinicia la transmisión y se ve Diego Luna fuera del Portal y con la cabeza ensangrentada. Una persona que lo acompaña dice “lo entraron al Portal, en el Portal están gaseando a la gente, le rompieron la cabeza”.

El video de Diego Luna se viralizó en redes sociales, por lo cual la empresa Transmilenio, la Inspección General de la Policía y la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron que entre la noche del 3 de mayo y la madrugada del día siguiente hubo diez personas detenidas (nueve hombres y una mujer) dentro del Portal Américas ¿Cuántas denuncias de violaciones de derechos humanos han sido negadas por las instituciones al no contar con registros audiovisuales o fotográficos? De hecho, según el entonces Gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, este fue “un hecho único en la historia del sistema”.

Precisamente, esta duda se incrementa con el relato de Cristian Cabrera, ex referente de derechos humanos de la Alcaldía de Kennedy, y quien realizaba seguimiento en terreno durante el Paro. Según Cristian, lo ocurrido el 3 de mayo en el Portal Américas no fue “un hecho único en la historia”, sino que este ya había empezado, al menos, desde el 29 de abril. En la noche del 29 de abril, en un chat creado para atender los derechos humanos durante el Paro y en el que participaban varias entidades distritales, se registró que la Policía había detenido a nueve personas, incluyendo a un menor (quien fue liberado en poco tiempo, al conocerse su edad), y las condujeron al interior del Portal. Según los chats que muestra Cristian, esa situación fue informada al Centro de Comando, Control y Comunicaciones (C4), del que hace parte la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana.

Por otra parte, la Personería de Bogotá ha confirmado que esta práctica contraria a los derechos humanos también ocurrió el 19 de mayo de 2021 en el Portal Suba; y hay indicios que indican que iniciaron en el Paro del 21N (21 de noviembre de 2019). Es urgente que la Policía Nacional asuma su responsabilidad institucional y tome medidas para que no se repitan estos hechos. De igual forma, Luis Ernesto Gómez, quien se desempeñó como secretario de Gobierno en aquella época, y Felipe Ramírez, otrora Gerente de Transmilenio, deben explicarle a la ciudad por qué no denunciaron estos hechos y cuál fue su actuación para evitar la repetición.

Este es un nuevo hecho que justifica realizar una reforma estructural a la Policía. Las violaciones a los derechos humanos, como esta, deben ser investigadas y juzgadas por la justicia ordinaria, no por la justicia penal militar. La formación en derechos humanos no debe limitarse a charlas impartidas en salones de clase, sino que estos conocimientos deben implementarse en terreno. Sin embargo, la reforma impulsada por el gobierno de Iván Duque, así como su ley de seguridad ciudadana, van por el camino contrario.

Distrito fue el primero en denunciar casos de abuso policial en TransMilenio: Luis Ernesto Gómez

Tras conocer la denuncia de los concejales Susana Muhamad y Diego Cancino, en la que confirman las torturas a las que uniformados de la Policía habrían sometido a jóvenes manifestantes en los portales de TransMilenio, en el marco del Paro Nacional en 2021, el jefe de Gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, aseguró que la administración fue la primera en responder y atender, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno, las denuncias de abuso de autoridad y práctica violatoria de los derechos humanos durante esa jornada de movilizaciones.

“Como todos los bogotanos y colombianos los saben, fuimos los primeros en denunciar estos hechos no solo ante los órganos del control del orden distrital y nacional, sino también ante instancias internacionales”, señaló el Jefe de Gabinete.

Sobre los hechos, el vocero de la administración distrital, informó que el día 3 de mayo de 2021 la Alcaldía Mayor de Bogotá convocó a la Comisión de Derechos Humanos con la presencia de distintas organizaciones de Derechos Humanos para recibir y tramitar ante las diferentes instancias de control, más de 115 denuncias de abuso policial.

Ese mismo día se conoció el caso del joven Diego Luna, quien denunció haber sido agredido y violentado por miembros de la fuerza pública al interior del Portal de las Américas.

Personalmente acudí al lugar junto con el entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Óscar Gómez Heredia; atendimos y escuchamos la denuncia del joven, acompañamos su proceso en un centro de salud y, adicionalmente, le brindamos toda la oferta institucional para instaurar las denuncias correspondientes e identificar a los responsables”, manifestó el Vocero Oficial.

Adicionalmente, se tomaron medidas inmediatas para evitar que se repitieran hechos de abusos, como la instalación de 22 Comisiones Verificadoras de Derechos Humanos en Centros de Traslado por Protección, URI y puntos críticos de la protesta, desde el 4 de mayo. Adicionalmente se instaló un Puesto de Mano Unificado en el Portal Américas con la presencia de todo el Distrito.