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Etiqueta: Dina Boluarte

Congreso peruano declara a López Obrador «persona non grata»

El Congreso de Perú ha aprobado una resolución por la que ha declarado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ‘persona non grata’ tras sus declaraciones hacia la presidenta peruana, Dina Boluarte.

López Obrador calificó a Boluarte de «usurpadora», razón por la cual la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano ha aprobado –con once votos a favor, tres abstenciones y uno en contra– esta resolución, según detalla ‘La República’.

 

El mandatario mexicano ha rechazado en numerosas ocasiones la detención del expresidente Pedro Castillo, en prisión desde diciembre de 2022, y ha expresado dudas sobre la legitimidad del actual Gobierno peruano.

Además, cuando el Congreso presentó la moción, López Obrador consideró que ser declarado ‘persona non grata’ «para mí es hasta un timbre de orgullo que los que actúan de esta manera» lleguen a esta decisión. También ha pedido a las autoridades peruanas que se dediquen a convocar elecciones «para que el pueblo de Perú decida» pero que «no (actúe) así, acusando al presidente mexicano».

Anuncian manifestaciones contra el gobierno de Boluarte

Las organizaciones sociales de la región de Puno, en el sur de Perú, han anunciado este lunes nuevas protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte con el fin de aumentar la presión contra la presidenta del país.

El líder del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú (Sutep), César Tito Rojas, ha explicado que los dirigentes sociales han acordado detener la medida actual, que limita las protestas a los martes, para llevar a cabo una estrategia que haga notar la contundencia de las manifestaciones, informa ‘La República’.

 

«Seguramente ya los dirigentes populares, sociales, sindicales van a comenzar a encaminar reuniones, asambleas, para que (el acuerdo de protestas) pueda tener la contundencia a nivel de la región de Puno», ha declarado.

Así, los dirigentes de estas organizaciones han acordado protestas que involucran a toda la región de Puno y organizar una nueva marcha con dirección a la capital peruana, Lima, donde se manifestaron hace unos meses miles de personas, procedentes de regiones de todo el país, para pedir la renuncia de Boluarte.

Entonces, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en diversos puntos de la ciudad, así como la quema de mobiliario urbano, el cierre de parte del transporte público, y el lanzamiento por parte de la Policía de gases lacrimógenos en un esfuerzo por apaciguar los disturbios.

Este anuncio se produce días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyera en su último informe sobre la crisis política en Perú que se cometieron «graves violaciones» de los Derechos Humanos durante las protestas contra Boluarte, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Puno.

La CIDH ha señalado que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme y que se registraron varios episodios en los que se ejerció un uso excesivo de la fuerzas. Así, en Lima, Ica, Arequipa y Cuzco, «la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza».

Con motivo de la destitución y detención del expresidente Castillo el pasado 7 de diciembre, miles de personas salieron a las calles a protestar contra las nuevas autoridades encabezadas por Dina Boluarte. La represión de las movilizaciones dejó cerca de 60 personas muertas, entre ellas un policía, casi mil heridos y decenas de detenidos.

Congreso peruano declara inoportuna la denuncia constitucional contra Boluarte

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú ha declarado improcedente la denuncia constitucional contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por las muertes ocurridas durante las recientes protestas antigubernamentales.

Once de los congresistas han votado a favor del informe de calificación en el que se plantea declarar improcedente el recurso, cinco en contra y tres se han abstenido, según ha informado el periódico ‘El Peruano’.

 

El informe explica que durante el período indicado en el mismo se produjeron «diversos actos de violencia contra las fuerzas del orden y en perjuicio de la infraestructura pública» y que existe «un marco legal para las actuaciones de las fuerzas militares y policiales durante los estados de emergencia».

Según el escrito, «los hechos ocurridos desde el 7 de diciembre del año pasado hasta febrero se encuentran en proceso de investigación en el Congreso y en el Ministerio Público, por lo cual no se define aún la responsabilidad de algún funcionario en ellos».

En este contexto señala que al «no determinarse en la denuncia fehacientemente si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes militares y policiales, ni demostrarse que esto habría sido conocido por los funcionarios denunciados, no podrían establecerse responsabilidades en ellos», como se plantea en la denuncia.

Del mismo modo, indica que «no procede acusar a los funcionarios denunciados por las opiniones que vertieron sobre las protestas y su probable financiamiento, ya que opinar no constituye delito».

La respuesta de los cuerpos de seguridad a las manifestaciones ocurridas en abril de este año se saldaron con al menos 49 personas muertas por acción directa de la Policía y 11 en otros hechos violentos y más de un millar de heridos, según datos confirmados por la Defensoría del Pueblo de Perú. El resto de fallecidos en el marco de estas protestas habrían muerto como consecuencia de los bloqueos de carreteras, ascendiendo en total a más de 60 fallecidos.

Informe de la CIDH es rechazado por Boluarte

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha rechazado las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha establecido que se cometieron «graves violaciones» de los Derechos Humanos durante las protestas contra la presidenta en diciembre de 2022.

Boluarte ha afirmado que en Perú son «respetuosos de las libertades fundamentales incluida la protestas pacifica que está consagrada en nuestra Constitución», reiterando que el Estado valora y se adhiere a los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.

 

En dicho informe, ha afirmado durante una rueda de prensa, hay cuestionamientos «que no compartimos pero respetamos». «Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas», ha añadido.

Además, ha destacado que la CIDH reconoció que el Estado «tiene un marco legal que protege el derecho a la protesta y regula el uso excepcional de la fuerza con estándares internacionales».

También ha señalado que las recomendaciones que propone la CIDH –que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para investigar estos hechos y compensar de manera completa a las víctimas– son medidas que ya ha puesto en marcha su Gobierno.

«Se creó una Comisión multisectorial que tiene a su cargo la atención integral de los deudos y heridos que sufrieron heridas de gravedad», ha sentenciado Boluarte.

El informe de la CIDH ha analizado los episodios de violencia y represión policial que se cometieron durante las protestas que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre –el mismo día en el que el expresidente Pedro Castillo fue destituido y apresado– y el 23 de enero, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Puno.

La represión de las movilizaciones dejó cerca de 60 personas muertas, entre ellas un policía, casi mil heridos y decenas de detenidos.

Fronteras peruanas en estado de emergencia debido a la situación migratoria

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha declarado el estado de emergencia en varios departamentos del país, en las fronteras con Ecuador, Brasil y Chile, para reforzar el control de fronteras ante los migrantes que traten de entrar en el país.

Tras una reunión del Consejo de Ministros, la presidenta ha anunciado además que las Fuerzas Armadas colaborarán con la Policía Nacional en el control de fronteras para «mantener el orden interno», según ha afirmado durante una rueda de prensa, en declaraciones recogidas por la agencia Andina.

 

En concreto, la presidenta ha planteado una reforma constitucional «para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera».

«Esta medida permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de nuestras fronteras con la finalidad de preservar el orden interno y los derechos constitucionales de la población», ha asegurado la mandataria.

El estado de emergencia afectará a los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna.

Además, Boluarte ha informado de que se exonerará de multas económicas a algunos de los migrantes que se encuentren en el país: «La amnistía solo tiene un periodo de 6 meses, no seremos tolerante con mayor ampliación de este plazo y solo aplica a los extranjeros que ingresaron de manera regular y que por diferentes motivos han devenido en irregular».

La medida se da después de que durante los últimos días cientos de personas hayan tratado de cruzar la frontera sur que Perú comparte con Chile, en su gran mayoría venezolanos que tratan de volver a su país a pie.

Ministros de Boluarte fueron investigados por delitos fiscales

Tres de los cuatro nuevos ministros que protagonizaron la última crisis de gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, han declarado en su declaración jurada como nuevos miembros del gabinete haber sido investigados por asuntos fiscales en el pasado.

El nuevo titular de Justicia, Daniel Maurate, ha explicado que si bien no tiene sentencias judiciales por delitos dolosos o culposos, sí ha estado incluido en investigaciones fiscales, ya archivadas. Sin embargo, no ha especificado a qué casos se refiere y en la declaración estos detalles quedan cómo «pendientes».

 

Esos casos archivados a los que se refiere datan de 2006 y 2008. El primero por presunta colusión y peculado, abuso de autoridad y usurpación de funciones, mientras que el segundo respondía a una denuncia por presunta negociación incompatible, utilización indebida de recursos y falsa declaración en la contratación de servicios de asesoría legal externa, informa ‘El Comercio’.

Su llegada al gabinete de Boluarte no ha estado exenta de polémica, pues poco después de su nombramiento ha salido a la luz la supuesta relación que habría mantenido como algunos implicados en el caso ‘Cuellos Blancos’, en el que varios funcionarios judiciales están acusados de corrupción.

«Los he conocido antes que se supieran estos temas de los audios y todo lo demás, tan pronto pasó eso, no tuve relación. Si los jueces encuentran responsabilidad, hay que sancionarlos severamente», dijo el lunes en relación a tres de los acusados, Edwin Oviedo Pichotito, Alberto Chang y Antonio Camayo.

Pos su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Varela Bohórquez, ha confirmado en su declaración también haber sido objetivo de investigaciones por un presunto delito de colusión, también archivada, de la que no ha ofrecido más detalles.

En lo que respecta a la nueva ministra de Educación, Magnet Márquez Ramírez, ha señalado que sí ha tenido o tiene investigaciones fiscales en marcha, si bien no ha precisado si ya fueron archivados y que queda «pendiente» ofrecer más detalles.

Se proponen «medidas inmediatas» para enfrentar la crisis migratoria en Perú

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, ha señalado este miércoles que el Gobierno andino aplicará «medidas inmediatas» para resolver la crisis migratoria registrada en las fronteras del país.

«Vamos a tomar medidas inmediatas para garantizar esa seguridad e integridad de los peruanos respecto de esta política migratoria que, a razón desde la perspectiva del gobierno, no ha estado preparado para poder albergar a tantos ciudadanos, que muchos de ellos han venido a contribuir de manera lícita y legítima con la prosperidad de nuestro país», ha explicado en declaraciones a la emisora RPP.

 

Otárola ha indicado, en referencia a la política migratoria del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que «el Estado tiene que estar preparado con la provisión de servicios públicos esenciales para recibir a tantas personas, muchas de las cuales han venido a cometer delitos al país».

Así, ha señalado que el Ejecutivo de Dina Boluarte está preparando un dispositivo intersectorial para «resguardar la seguridad nacional y de los extranjeros que se encuentren legalmente registrados en el país».

Mientras, el ministro del Interior peruano, Vicente Romero, ha indicado que solicitará a las Fuerzas Armadas que contribuyan con la seguridad en algunas de las fronteras del país.

Sin embargo, Romero ha hecho hincapié en que «en el momento que comenzaron a ingresar una buena cantidad (de migrantes), no se está permitiendo ingresar a quien no está debidamente documentado».

«Ahora, invocamos a aquellos que quieren regresar a su país, estamos viendo la forma (de) cómo transportarlos hasta la frontera, de buena manera, que eso sería lo importante», ha agregado el ministro.

También ha mencionado que están trabajando para brindar ayuda humanitaria a personas vulnerables, como niños. «No podemos dejar de atender a aquellas personas que lo necesitan», ha afirmado.

Expresidente peruano es sancionado por publicar una carta en Twitter

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú ha impuesto una sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo con el exterior, después de que publicara en enero una carta en la red social Twitter en la que aseguraba ser «prisionero político» del Gobierno de Dina Boluarte.

El INPE ha señalado que el 26 de enero de 2023 inició un procedimiento administrativo disciplinario a Castillo «por la comisión de una presunta falta disciplinaria».

 

«Culminado el proceso administrativo disciplinario, el Consejo Técnico Penitenciario del establecimiento penitenciario de Barbadillo –donde se encuentra recluido– determinó se disponga la sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones con el exterior, por el periodo de 15 días», reza un comunicado.

El organismo ha especificado que esta medida implica la restricción de las visitas de familiares y amistades durante el periodo antes señalado, aunque «no impide el ingreso de sus abogados en ejercicio de su derecho a la defensa ni su participación en audiencias jurisdiccionales».

Además, el expresidente tiene otro proceso administrativo disciplinario en su contra, anunciado en febrero, después de que brindase desde prisión una entrevista a un medio español.

Castillo publicó una carta en la que se consideraba prisionero político de la actual mandataria, la que fuera su vicepresidenta durante su mandato, y la responsabilizó de las muertes de los manifestantes en las protestas antigubernamentales que se sucedieron durante semanas en el país, exigiendo la liberación del expresidente, elecciones adelantas y el cese de Boluarte.

Pedro Castillo se encuentra interno en la cárcel de Barbadillo, a las afueras de Lima, desde el pasado 17 de diciembre, después de que el Poder Judicial dictaminara prisión preventiva tras el anuncio realizado el 7 de diciembre de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.

Abogado de Boluarte aludió sobre los fallecidos en las protestas

El abogado de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha insinuado que es posible que las víctimas mortales de las protestas que el pasado diciembre se sucedieron por todo el país, y por las que se investiga a la mandataria, podrían haber sido «provocadoras de la situación en la que mueren».

En una entrevista con la cadena TV Perú, el abogado, Joseph Campos, ha afirmado que las más de 60 muertes durante los disturbios deberán revisarse «caso por caso», añadiendo que «incluso puede ser, aunque parezca paradójico, que la víctima misma haya sido la provocadora de la situación en la que muere».

 

En este sentido, ha asegurado que puede tratarse de casos de legítima defensa por parte de los agentes de las Fuerzas de Seguridad al ser atacados por manifestantes, y ha negado que su clienta, Boluarte, sea la responsable de las muertes: «Salvo Hitler, que era un autoritario y un dictador y él dirigía su guerra (…), los políticos solo escriben una orden».

«(El) cómo se implementa esa orden, lo hace alguien formado para ello», ha añadido, derivando la responsabilidad en los policías y militares encargados de la respuesta armada esos días, y calificando las acusaciones contra la presidenta de «ataque político».

En enero, la Fiscalía General de Perú abrió una investigación contra Boluarte, así como contra tres miembros de su Ejecutivo, para esclarecer la muerte de 28 civiles durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre.

Además, recientemente el Ministerio Público andino impulsó un equipo especial encargado de investigar los presuntos delitos y vulneraciones a los Derechos Humanos durante las protestas.

«Graves violaciones de los derechos humanos», acusación de la ex primera ministra peruana a Boluarte

La ex primera ministra de Perú Mirtha Vásquez (2021-2022) ha acusado este domingo a la presidenta del país, Dina Boluarte, de haber cometido «graves violaciones de Derechos Humanos», al tiempo que ha pedido rendición de cuentas por su responsabilidad.

Vásquez ha señalado que, aunque la mandataria «ahora se niegue a salir del Gobierno, en algún momento tendrá que responder por estos hechos», según ha declarado en el Encuentro Nacional de Víctimas del Régimen de Dina Boluarte, que se ha celebrado en la región de Puno.

 

En este sentido, ha subrayado la importancia del evento, que ha calificado de «muy significativo», por la necesidad «de evidenciar que hubo una política autoritaria que determinó la muerte de ciudadanos», según ha recogido el periódico andino ‘La República’.

Además, ha considerado que Boluarte «se está aferrando al poder pese a que ya no tiene legitimidad», consolidándose «en un Gobierno autoritario» sin «independencia de poderes», algo «fundamental para el estado de Derecho».

«Es inaudito que no quieran vacar a una presidenta después que es responsable de la muerte de más de 70 personas por ejercer una protesta», ha declarado en referencia a los parlamentarios que no votan a favor de una moción de censura de la mandataria en el Congreso.

Dina Boluarte llegó al poder en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, que actualmente se encuentra en la cárcel, en el marco de las investigaciones por presunto delito de rebelión, después de anunciar la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.

También está acusado de liderar una organización criminal destinada a cometer diversos actos de corrupción, incluidos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

«Quienes dieron un golpe de Estado pretenden debilitar un gobierno legítimo», Dina Boluarte

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha sostenido este miércoles que aquellas personas que «dieron un golpe de Estado» son las que están tratando de debilitar su gestión desde que accedió al Gobierno tras la destitución de Pedro Castillo.

«No permitiremos que quienes dieron un golpe de Estado, hoy pretenden debilitar un Gobierno legítimo y constitucional que trabaja por Perú», ha señalado la mandataria, según ha recogido la emisora andina RPP.

 

Boluarte ha sostenido que el país debe dejar atrás «la confrontación estéril», así como «las maniobras políticas con intereses subalternos que solo buscan desestabilizar la institucionalidad y la democracia».

En este sentido, ha agregado que espera el apoyo de las fuerzas democráticas, las instituciones y las organizaciones sociales que creen en la democracia».

INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA

La Presidencia de Perú ha comunicado también que «Boluarte, como demócrata y respetuosa de la autonomía de las instituciones, saluda que la Fiscalía haya iniciado una investigación respecto a declaraciones de personas del entorno de Pedro Castillo sobre supuesto financiamiento a la campaña electoral».

«Las investigaciones harán que las personas que vienen declarando en los medios de comunicación respondan con la verdad, entreguen las pruebas y señalen quiénes y cómo recibieron supuestos aportes y cómo estos fueron administrados», reza un comunicado.

El Ministerio Público anunció este martes que investigará tanto a Boluarte como al expresidente Pedro Castillo, acusados de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal durante la campaña electoral de Perú Libre en 2021.

Fiscalía peruana investiga a la presidenta Dina Boluarte

La Fiscalía de Perú ha anunciado este martes que investigará a la presidenta del país, Dina Boluarte, por presunto delito de organización criminal.

El Ministerio Público ha informado de que tanto Boluarte como el exmandatario Pedro Castillo y el empresario Henry Shimabukuro están siendo investigados por haber presuntamente cometido delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal durante la campaña electoral de Perú Libre en 2021.

 

Esta pesquisa supone una ampliación de la investigación ya abierta por parte de la Justicia peruana contra el dirigente de Perú Libre Vladimir Cerrón, informa el periódico ‘La República’.

Shimabukuro, exasesor de Palacio de Gobierno, reveló horas antes que había entregado a la Fiscalía una serie de pruebas de conversaciones de WhatsApp con Boluarte que demostrarían las coordinaciones que realizaba –junto a intermediarios– durante la segunda vuelta de las elecciones generales.

Manifestantes en Perú advierten de una «guerra civil»

Miles de personas de la comunidad indígena aimara continúan protestando este martes en la región de Puno, en el sur de Perú, exigiendo la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, así como nuevas elecciones, y han denunciado que si continúa enviando al Ejército se desencadenará una «guerra civil».

«Nosotros no nos vamos a cansar. Para nosotros la huelga continúa. Para nosotros no hay diálogo. Lo único que queremos es que Dina Boluarte renuncie», ha reclamado David Yujra, portavoz de la sociedad civil de la provincia de Puno.

 

«Pese a que han matado a 21 de nuestros paisanos, ahora quieren humillarnos más enviándonos militares. Cada vez nos están provocando más. Seguiremos, pase lo que pase», ha remarcado Yujra, según ha informado el diario ‘La República’.

La huelga indefinida en Puno, que comenzó el 4 de enero, un mes después de la detención del expresidente Pedro Castillo por intentar cerrar el Congreso, cumple 48 días. En los próximos días, miles de personas de las trece provincias de la región tienen previsto nuevamente marchar juntas a la capital, Lima.

Este lunes 20 de febrero, miles de ciudadanos de las diferentes provincias de esta región del altiplano peruano reanudaron las protestas, reuniendo acerca de 20.000 aimaras en la capital homónima de la región de Puno.

Desde la detención de Castillo a principios de diciembre tras intentar cerrar el Congreso, se han venido registrando numerosas protestas en todo el país, dejando el luctuoso balance de casi 60 muertos por la represión ejercida por militares y policías de las manifestaciones.

Entre acusaciones de terrorismo, los manifestantes exigen la salida de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas, un proceso constituyente para reformar la Carta Magna y la liberación de Castillo.

Por el momento, el Congreso ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en la fecha para el adelanto de elecciones. Boluarte, que vería con buenos ojos acudir a las urnas durante el segundo semestre de 2023, ha descartado insistentemente presentar su renuncia, pues según sus palabras no ayudaría a resolver la crisis.

Se posterga el adelanto electoral en Perú

El Congreso de Perú ha rechazado de nuevo una propuesta de adelanto electoral llevando a una nueva suspensión del pleno, lo que pospone hasta este viernes el debate sobre la convocatoria de elecciones en 2023.

Con 48 votos a favor, 75 en contra y una abstención, el Parlamento andino ha rechazado el proyecto de ley de reforma constitucional para el adelanto de elecciones y la realización de un referéndum para una Asamblea Constituyente, tal y como lo habría propuesto la formación a la que pertenecía el expresidente Pedro Castillo, Perú Libre, ha informado la emisora RPP.

 

Tras esta votación tuvo lugar una reconsideración presentada por el parlamentario Flavio Cruz (Perú Libre), que tampoco procedió con 47 votos a favor, 78 en contra y una abstención.

Previo a ello, con 12 votos a favor, 113 en contra y 0 abstenciones, el pleno del Congreso rechazó votar por separado el adelanto de elecciones 2023 y el referéndum para una Asamblea Constituyente previstos en el dictamen de Perú Libre.

Además, poco después de empezar el debate, los congresistas han desestimado otro proyecto sobre el adelanto de elecciones presentado por los diputados Alejandro Cavero y Adriana Tudela, de Avanza País, con 53 votos a favor, 70 en contra y dos abstenciones.

El texto reflejaba el cambio de mandato de los representantes para julio de este año, así como una disposición para realizar un referéndum para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, según ha informado la citada emisora.

El rechazo de las tres propuestas se da un día después de que la presidenta peruana, Dina Boluarte, anunciara que iba a presentar un proyecto de ley para la convocatoria anticipada de elecciones en vistas al bloqueo de la cámara legislativa peruana.

La propuesta legislativa, aprobada en el Consejo de Ministros, dispone que la presidenta de la República convoque elecciones generales para elegir al próximo jefe o jefa de Estado, así como a los congresistas, el 8 de octubre de 2023.

Perú está sumido en una profunda crisis política después de la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 de diciembre la disolución del Parlamento andino y la instauración de un Gobierno de excepción.

Tras la detención del exmandatario, decenas de miles de personas han salido a protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria urgente del elecciones presidenciales. Más de 60 personas han perdido la vida en los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Ministro de Defensa del Perú insiste al Congreso adelantar las elecciones

El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, ha vuelto este jueves a instar al Congreso a que halle una solución y se ponga de acuerdo acerca de una fecha para convocar elecciones anticipadas, una vez la presidente, Dina Boluarte, propusiera octubre de 2023, después de los fallidos intentos anteriores.

«Por favor, escuchen a la ciudadanía, tenemos que salir de esta crisis que se está presentando y está en manos del Congreso tener una solución para el desarrollo y bienestar de nuestro país», ha recalcado Chávez ante los medios de comunicación, según recoge la agencia de noticias Andina.

 

En ese sentido, ha expuesto que si bien el Congreso tiene una «alta responsabilidad» en relación a este asunto, por lo que debería esforzarse en lograr un acuerdo por el bien del país, con su propuesta de adelanto de elecciones del 8 de octubre de este año, el Gobierno ha buscado «dar una posible solución».

Por otro lado, se ha referido también a los últimos hechos violentos que se produjeron en las manifestaciones que desde hace semanas vienen copando las calles de las principales ciudades del país y ha pedido «celeridad» en las investigaciones sobre la muerte de Víctor Santisteban en las pasadas protestas en Lima.

Chávez ha mencionado que las imágenes que publicaron algunos medios en las que se puede ver a Santisteban caer después de que un policía disparara de manera indiscriminada un proyectil de gas lacrimógeno contra una multitud tienen que ser «evaluadas» con «celeridad» para poder depurar responsabilidades

La necropsia indica que la muerte de esta persona se produjo por el impacto de un «elemento contundente» en el cráneo. Santisteban es una de las casi 60 víctimas mortales que se han registrado en Perú como consecuencia de la cuestionada represión policial de las protestas, en las que se reclama la salida de Boluarte, la puesta en libertad del expresidente Pedro Castillo y nuevas elecciones.