A estas alturas, la interpretación central de la coyuntura internacional ya no admite ambigüedades, pues el petróleo (y por extensión, la energía que sostiene la industria bélica y tecnológica) constituye el eje real del proyecto de poder de Donald Trump, aunque sus recientes declaraciones contra Colombia, pronunciadas ante la prensa internacional con un tono que mezcla desdén moral y pulsión imperial, no deben leerse como exabruptos aislados ni como simples provocaciones electorales. Son, más bien, piezas coherentes de una doctrina que vuelve a colocar a América Latina en la condición de “patio trasero”, funcional a los intereses estratégicos de Washington.
Cuando Trump afirma que Colombia está “liderada por un hombre enfermo” y sugiere que el país es complaciente con la producción de cocaína, el mensaje no es únicamente retórico. Se trata de una narrativa que legitima, ante su electorado y ante sus aliados, una política de intervención selectiva bajo el ropaje de la lucha contra el narcotráfico. Esa coartada (conocida y reiterada) permite justificar presiones económicas, sanciones diplomáticas e incluso acciones de carácter militar, sin que el verdadero objetivo quede expuesto en sentido de asegurar el control de los flujos energéticos y de los mercados estratégicos en el hemisferio occidental.
En ese contexto, la aparente obsesión de varios gobiernos latinoamericanos con la renta del narcotráfico revela una profunda miopía geopolítica. Mientras los carteles continúan creyendo que la cocaína es el negocio más rentable del planeta, Trump y su entorno han dejado claro que el verdadero poder se juega en el terreno minero-energético (que no entienden, ni entenderán los narcos) , reforzado ahora por corporaciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial que alimentan la logística, la información y la capacidad predictiva de la industria militar. Es allí donde se define la correlación de fuerzas con los únicos actores que realmente inquietan a Washington: Rusia, China e Irán.
No resulta casual que los mensajes más agresivos del trumpismo se dirijan hacia esas potencias, ni que en los últimos años, se hayan normalizado operaciones militares de alto impacto simbólico y tecnológico. La señal es inequívoca desde los Estados Unidos cuando en época de Trump se preparan para una competencia de largo aliento por la hegemonía global, y para ello necesita asegurar energía abundante, barata y políticamente controlable. Por parte de América Latina debemos anotar que vuelve a ser útil en el radar actual del tablero internacional por sus riquezas en hidrocarburos, minerales estratégicos y corredores logísticos, así sus miopes mandatarios no lo valoren, pero es la realidad.
Es en este punto donde la política exterior del gobierno de Gustavo Petro entra en una zona de riesgo evidente. La llamada “Paz Total”, al privilegiar el diálogo sin resultados verificables con estructuras armadas profundamente imbricadas en economías criminales transnacionales, se percibe desde Washington como una desviación de la línea dura que exige la doctrina Trump. La cercanía política e ideológica con el régimen de Nicolás Maduro, señalado reiteradamente por su connivencia con redes de narcotráfico y grupos armados, agrava esa percepción y debilita la posición estratégica de Colombia.
Desde una perspectiva fría (que es la única que opera en la geopolítica real), el problema no es moral sino económico y de poder. El narcotráfico sigue siendo un negocio social y políticamente ilegítimo a escala global. No ha alcanzado, ni parece cercano a alcanzar, el grado de tolerancia que hoy tienen industrias como el alcohol o el tabaco. Apostar, directa o indirectamente, por su normalización coloca a cualquier Estado en una posición de desventaja frente a un orden internacional que, con todas sus contradicciones, continúa penalizando severamente esa economía ilícita.
De allí que la advertencia sea clara en persistir en una política ambigua frente a los carteles y sus aliados regionales que no solo tensiona la relación con Estados Unidos, sino que deja a Colombia mal ubicada en la gran disputa que se libra entre potencias; toda vez que en un escenario de escalada imperial, los márgenes de autonomía para países en vía de desarrollo (o mejor medianos) se reducen drásticamente, y los errores estratégicos se pagan caros, a veces durante décadas.
Conviene concluir con una advertencia que Colombia no puede darse el lujo de ignorar: el negocio de Donald Trump no es la cocaína, sino el petróleo, la energía y el control de los recursos que permiten movilizar su gigantesco aparato militar, naval, aéreo y nuclear, base material de la promesa formulada a su electorado bajo el lema “America First”. En esa lógica, el discurso antidrogas no constituye un fin en sí mismo, sino un instrumento funcional para disciplinar territorios, reordenar alianzas y asegurar ventajas económicas y geopolíticas en un mundo inmerso en una abierta competencia por la hegemonía.
Persistir, entonces, en una política exterior ambigua, ideologizada o desconectada de esa realidad coloca a Colombia en una posición de vulnerabilidad estratégica innecesaria. La prudencia que hoy se reclama al presidente Petro (incluida la posibilidad de encauzar esta tensión por vías institucionales, como la convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con los expresidentes) no debe interpretarse como un gesto de sumisión, sino como un ejercicio de inteligencia estatal frente a la comprensión adecuada del tablero, anticipar los movimientos del poder y actuar con sensatez para evitar que el país quede atrapado entre discursos morales y decisiones ajenas. En el escenario que se está configurando, la retórica puede satisfacer convicciones internas; solo una lectura fría del interés nacional permitirá preservar márgenes reales de autonomía y estabilidad.
Luis Fernando Ulloa
