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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Drogas ilegales

Las drogas no son “progresismo”

En los últimos tiempos nos han querido vender la historia de que las drogas no son un veneno, que no destruyen vidas, que llevan a la felicidad y otra sarta de falsedades. Hay quienes incluso se atreven a decir que representan “progresismo”, el siglo XXI, el libre albedrio y la garantía de derechos. 

Sin embargo, y ante todas estas falacias que nos han querido imponer en la sociedad, debemos reaccionar con contundencia y proteger a los niños, niñas y adolescentes, quienes son los que mayores riesgos corren. Tenemos a un gobierno nacional que es permisivo, en el que lo malo es bueno y lo bueno es malo. A través de este tipo de discursos se engaña a diario a cientos de personas, incluso por medio de la televisión pública.

 

Tan es así que las cifras no mienten y lo llevo al plano de Bogotá. Aquí tenemos alarmantes casos de menores de edad afectados por las drogas y el alcohol. Como consecuencia hay hogares destruidos, en búsqueda de ayuda y luchando por rescatar a esos seres queridos que han caído en estos venenos.

La ciudadanía debe saber que entre el 2020 y lo que llevamos de este 2024 se han registrado 10.686 atenciones a menores de edad en servicios de salud del distrito por trastornos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas. Localidades como Kennedy, Puente Aranda, Bosa, y Fontibón son las que reportan mayor número de casos. 

Recientemente conocí el testimonio de una madre que lucha por sacar a sus dos hijos del abismo de la drogadicción, pues en un abrir y cerrar de ojos fueron envueltos por supuestos amigos que los sumergieron en ese mundo.

Y es que en la capital del país los jóvenes entre los 14 y los 17 años son los que reciben el mayor número de atenciones por consumo de drogas o alcohol. Ante esta realidad, que no se puede tapar o esconder, insisto en que en los entornos escolares se deben brindar garantías. El Distrito tiene la enorme responsabilidad de enfrentar a los jíbaros, de mejorar la seguridad en este tipo de espacios y de brindar jornadas de sensibilización. 

Sin embargo, siento gran preocupación al constatar la falta de voluntad y desidia que muestra una secretaría como la de Educación a la hora de incorporar programas pedagógicos. No han querido sacar adelante una Semana de Prevención al Consumo, a diferencia de otras entidades que sí tienen las ganas y reconocen la problemática que tenemos. Tampoco asisten a las mesas de trabajo que se les convoca para hablar de estos asuntos.

No se trata de un capricho, hay es que aceptar la realidad. En Bogotá hay menores de cinco años de edad que deben ser atendidos por consumo de alcohol, las subredes de salud reportan 1.483 atenciones de este tipo en los últimos cinco años. Es escandaloso.

Recientemente, desde el Distrito anunciaron el programa “Entornos Escolares Inspiradores”, pues bien, yo los invito a que prioricen los temas de consumo de drogas y alcohol que precisamente son cada vez más frecuente en esos espacios. Hay que ponerse la camiseta, ya que el gobierno que dice ser del cambio no tiene el más mínimo interés en afrontar este problema.

Andrés Barrios Bernal

Policías: ¿para perseguir consumidores o ladrones?

Por: Esteban Restrepo

Remontémonos a los años 20 en Estados Unidos, cuando la intención de purgar la sociedad de los vicios del alcohol culminó en aumento del crimen organizado y una alarmante falta de control sobre la calidad de las bebidas. Aquel intento fallido de prohibición desató más problemas de los que buscaba resolver, dando lugar finalmente a un enfoque de regulación que logró crear en todo el mundo una industria gigante alrededor de los licores y estandarizó los procesos para evitar riesgos mayores riesgos en la salud pública.

 

Hoy Colombia se encuentra en una encrucijada comparable. Recientemente, el gobierno tomó la decisión de derogar un decreto que imponía multas a los consumidores de drogas, con el propósito de enfocar la inteligencia y la fuerza del Estado hacia la desarticulación del narcotráfico y no desgastar el aparato policial en la fácil: la persecución de jóvenes para la incautación de pequeñas dosis, procedimientos que ocupaban incluso horas a los policías, mientras los hurtos y extorsiones en las ciudades iban en aumento.

No obstante, debemos ser claros: apoyar la derogación de este decreto no es sinónimo de aprobar el consumo de drogas. Se trata de reconocer que la prohibición no ha dado los resultados esperados. Las estadísticas son contundentes, según Naciones Unidas, en el mundo hubo un incremento del 23% en el consumo de drogas en la última década.

En Colombia, el consumo de estupefacientes entre los jóvenes ha aumentado un 10% en solo dos años, según el Observatorio de Drogas de Colombia. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estima que más de 500,000 muertes al año están directamente relacionadas con el uso de drogas, y el Banco Mundial señala que el narcotráfico representa hasta el 1% del PIB global, financiando la criminalidad y perpetuando la guerra en países como el nuestro.

Estamos entonces al borde de un nuevo capítulo, uno en el que Colombia podría dejar atrás los viejos guiones y apostar por tramas diferentes. Tirar la toalla con las políticas de prohibición no es rendirse, es reconocer que el tablero de juego ha cambiado y que es hora de mover las piezas de manera más inteligente. Despenalizar no es sinónimo de alentar el consumo. Es momento abrir la puerta a conversaciones más sinceras y soluciones más humanas.

Nota relacionada: «La dosis personal no puede ser objeto de multa»: Néstor Osuna, ministro de Justicia

¿Qué está pasando con la cocaína en Colombia?

En el último año, el precio de la hoja de coca se ha reducido sustancialmente (60%), generando una crisis económica en las regiones cocaleras. La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) identificó los siguientes factores frente al fenómeno: i) sobreoferta de la producción; ii) cambio en las estructuras de carteles debido a captura de líderes narcotraficantes; y iii) Negocios más rentables como el oro, el carbón o el platino por parte de los grupos ilegales. Otra hipótesis considera que hay un cambio en los hábitos de consumo de droga en Estados Unidos, especialmente, el fentanilo, las metanfetaminas, los opiáceos, entre otras, razón por la que la demanda de cocaína haya disminuido y, con ella, su precio.

Entretanto, un estudio publicado el mes pasado por Indepaz presenta otra perspectiva de la reducción del precio de la hoja de coca: sumado a la sobreoferta, existe agudización de disputas por el control territorial y del mercado, generando inseguridad en los compradores de pasta base y cocaína; al tiempo que se registra un incremento en el costo de los insumos, especialmente de la gasolina, indispensables para la producción.

 

Algunos campesinos en Nariño, por ejemplo, han decido guardar “terrones” de pasta o base de coca esperando venderlos cuando los precios mejoren. En regiones del Cauca se presenta una crisis económica en eslabones de la cadena productiva de mercado cocalero, como “el de la tienda”, “el de la cantina”, “el del transporte”, etc. En el Catatumbo, ya no hay trabajo para los “raspachines”, población que se incrementó con la migración venezolana.

Por otra parte, la Política de Seguridad y Defensa establecida por el gobierno de Gustavo Petro establece, entre sus pilares, el fortalecimiento de la fuerza pública, en especial en el tema de inteligencia, para luchar contra las organizaciones delincuenciales especialmente en temas como incautación de insumos, destrucción de laboratorios y el control de ríos y mares para evitar la salida de narcóticos.

El “Gobierno del Cambio”, por intermedio del ministro de Defensa (Iván Velásquez), ha señalado que la nueva política de lucha contra las drogas no girará en torno a la erradicación forzada porque no es efectiva, sino que se concentrará en cerrarle el paso a las organizaciones criminales y en capturar a los dueños del negocio y las finanzas criminales. Esta comunicación la dio a conocer el ministro en respuesta al zar antidrogas de Estados Unidos, Rahul Gupta, quien afirma que existen niveles récord de cultivos en Colombia y que estos son una amenaza no solo para Estados Unidos, sino para otros países. Corroborando la información del zar antidrogas, la ONU (en estudio publicado a finales de 2022) estableció que el cultivo de coca se ha expandido en un 43%, llegando a la cifra de 204.000 hectáreas cultivadas, la más alta en la historia de nuestro país.

Las otrora noticias de incautación de toneladas de cocaína ya no son el pan de cada día en Colombia. Los últimos informes noticiosos establecen que las incautaciones se registran en Europa; el 28 de junio, en el puerto de Algeciras (España) incautaron 6.5 toneladas del alcaloide camuflada en bananos embarcados desde Colombia y Ecuador. Las pocas incautaciones que han sido conocidas en la prensa son de transporte interno, beneficiando el microtráfico, como sucedió esta semana con un cargamento de 50 kilos incautado por la policía en Bucaramanga, procedentes de Pamplona, Norte de Santander.

Con la nueva política antidrogas se espera incrementar el número de incautaciones, más que la de hectáreas erradicadas. Para 2023, la cifra de incautación de droga que espera incautar el gobierno de Gustavo Petro es de 832 toneladas, superando las de años anteriores, que fueron de 671 toneladas en 2022 y 669 en 2021. Sin embargo, los datos no favorecen al gobierno; mientras que entre enero y mayo de 2022 la administración Duque incautó 312 toneladas, en el mismo periodo de 2023 el gobierno Petro ha incautado 257, una reducción del 18% (https://bit.ly/3JAu5mo). Fuentes no oficiales señalan que el cambio en la cúpula de las Fuerzas Militares generó el cierre de varias rutas de exportación del alcaloide para Europa y Estados Unidos, razón por la que se ha reducido el número de incautaciones. Sin embargo, analistas de WOLA manifiestan que la oferta de cocaína se ha mantenido en ciudades como Nueva York y varias de Europa y, por consiguiente, su precio no se ha incrementado.

En este marco, surgen varias dudas: ¿La crisis en el mercado de la cocaína obedece a cambios en el consumo de drogas de algunos países o a transformaciones en la dinámica del conflicto armado que reconfiguró rutas de tráfico y estrategias de guerra? ¿Se ha reducido la exportación de cocaína para suplir el mercado interno? ¿En qué fallaron programas de sustitución planteados por el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las FARC en 2016? ¿Qué ha hecho el actual gobierno en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y el mejoramiento en las condiciones de vida del campesinado?

Lo importante, por el momento, es que el gobierno inicie proyectos de sustitución productiva y planes de seguridad alimentaria con familias que dependen del cultivo de coca en Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Catatumbo, pues es un drama social el que están viviendo estos campesinos.

Maylor Caicedo

PhD en Historia Universidad Nacional de Colombia. Profesor-Investigador de la Universidad La Gran Colombia y el Colegio Mayor de Cundinamarca.