El 6 y 7 de noviembre de 1985, el Ejército colombiano retomó el control del Palacio de Justicia masacrando a más de 100 personas y desapareciendo a muchas otras. Las víctimas de los hechos ocurridos llevan cerca de 40 años buscando la plena satisfacción de sus derechos a la verdad y la justicia. La semana pasada se avanzó un paso más hacia ese objetivo tan anhelado con la decisión del 16 de marzo de 2023 de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de excluir de su competencia al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales. La decisión, aunque tardía, es justa y esperada.
Recordemos los antecedentes: el 24 de septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 35 años de prisión al general Arias Cabrales por la desaparición forzada de Luz Mary Portela León, Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández y David Suspes Celis. Encarcelado, el General se sometió a la JEP en calidad de agente del Estado e integrante de la Fuerza Pública, con el fin de resolver su situación jurídica con el proceso y condena de la Corte Suprema de Justicia, es decir, con el fin de buscar beneficios jurídicos y evitar cumplir la sentencia. La Sala de Decisión de la JEP profirió la Resolución 1571 del 15 de mayo de 2020, con la cual aceptó el sometimiento de Arias Cabrales, y le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada.
Las víctimas se opusieron a la resolución de la JEP y apelaron. Pero el 21 de julio de 2022, el órgano de cierre de la JEP la confirmó y aceptó el sometimiento de Arias condicionado a la realización de un aporte pleno a la verdad. Además, le concedió la libertad, y ordenó a la Sala de Decisión que lo citara a una audiencia de aporte a la verdad para evaluar las contribuciones y ejercer un juicio de prevalencia jurisdiccional orientado a determinar si el compareciente satisfacía las exigencias para mantenerse en la JEP y avanzar en el trámite de beneficios transicionales.
Fue así que el 5 de agosto de 2022, Arias Cabrales fue convocado con su abogada a la audiencia única de aporte a la verdad, en el marco del proceso dialógico con la participación de los intervinientes especiales, para que suministrara los aportes efectivos y definitivos a la verdad. Esta se realizó el 17 y 18 de enero de 2023, de manera pública, con la participación presencial y virtual de las víctimas, sus representantes legales y la delegada del Ministerio Público. La audiencia tenía por objeto establecer si el General debía continuar en la JEP, o por el contrario, dada la actitud hasta entonces contumaz de Arias Cabrales de no decir la verdad, el proceso debería ser remitido a la justicia penal ordinaria para que continúe la ejecución de la condena a 35 años de prisión.
La JEP le concedió la palabra a las víctimas a fin de requerir al General sobre la verdad. Sandra Beltrán Hernández, hermana de Bernardo Beltrán Hernández, trabajador de la cafetería del Palacio de Justicia, le dijo: […], hoy me encuentro y me pregunto cómo ha podido usted vivir casi 38 años, con el conocimiento de lo ocurrido con nuestros familiares, en cuanto a su retención, tortura, desaparición y posteriormente asesinatos, señor Arias hoy le vamos a contar y a refrescar algo que el mundo entero ya conoce, una verdad demostrada judicialmente (…)”. Se refería a la sentencia del 14 de noviembre de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia que declaró la responsabilidad del Estado colombiano por haber incurrido en la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Seguidamente María del Pilar Navarrete Urrea, esposa de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, empleado de la cafetería del Palacio de Justicia, lo requirió: “(…) señor Arias Cabrales esperamos la verdad, 38 años, 38 años esperando que usted nos diga la verdad, (…) él (Héctor Jaime) tenía 4 hijas, de 5, 3 y 2 años, y una que tenía tan solo 7 meses en el momento de la desaparición (…), con apenas 20 años tuve que asumir la búsqueda por lugares que jamás nadie se va a imaginar, todos los días en medicina legal, todos los días buscando a Héctor Jaime Beltrán y a sus compañeros de trabajo por 32 años, hasta que encontraron algunos de sus restos, (…)”
El representante de las víctimas, Eduardo Carreño Wilches, del Colectivo de Abogados/as José Alvear Restrepo, manifestó que en “los videos que se aportaron al proceso y que revelan cómo salen vivos, magistrados, los trabajadores de la cafetería, son absolutamente contundentes”. Le hizo ver al General que “esta es la última oportunidad que tiene para que diga la verdad, pero la verdad íntegra, de lo que pasó”. Le recordó que en el proceso ordinario, se encuentran las grabaciones incidentales de los militares en las que se advierte que Arias Cabrales emitía las órdenes a sus subalternos.
Ni las exigencias de las víctimas, ni el recordatorio del abogado, hizo que Arias Cabrales contara la verdad. Fue tan evidente el incumplimiento, que el 19 enero de 2023, la Procuradora Judicial conceptuó ante la JEP solicitando la revocatoria de la aceptación de sometimiento “[…] ante la clara y evidente falta de compromiso con los fines del Sistema Integral de Paz y, en particular, con los derechos de las víctimas a conocer la verdad.” La JEP compartió en su decisión del 16 de marzo pasado lo conceptuado por el Ministerio Público, referente a la actitud “indolente con las víctimas e indiferente con el objetivo de la diligencia”, y que “sus respuestas lejos de hacer aportes a la verdad, resultaron en varias ocasiones revictimizarles y ofensivas con las víctimas.”
La JEP consideró que no hubo un sincero compromiso con el esclarecimiento pleno de la verdad por parte del general Arias, al negar su responsabilidad en direccionar y liderar las acciones de las unidades desplegadas en el Palacio de Justicia para retomar el control y garantizar el orden público en ese sector de la capital. Se mostró ajeno al seguimiento y control de las instrucciones impartidas al personal de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINTE, en la operación. Ignoró las sentencias en su contra que lo señalan en todo momento de ejercer el mando de las operaciones desarrolladas al interior del Palacio de Justicia y de los lugares aledaños como la Casa del Florero. Estas fueron dirigidas por sus subalternos, los tenientes coroneles Edilberto Sánchez Rubiano e Iván Ramírez Quintero, oficiales de menor rango y jerarquía militar al general Arias Cabrales, quienes en virtud del “Plan Tricolor 83” le debían respeto, subordinación y acatamiento de sus órdenes. Por lo anterior, tenían el deber mantenerlo informado de lo que se hacía en la Casa del Florero. Por último, Arias Cabrales no dio información sobre la responsabilidad de otros militares, agentes de la Policía Nacional y civiles.
Dadas estas circunstancias, la JEP expulsó de su jurisdicción especial al general Jesús Armando Arias Cabrales ya que “no realizó aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985”. Decisión esperada por los familiares de las víctimas, sus representantes, la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Ahora, la JEP pasará la actuación al Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá́, para que el general Arias Cabrales cumpla el resto de su condena. Para las víctimas, queda pendiente la verdad del General, pero está en firme un cierto grado de justicia.
Adenda: El 15 de marzo de 2023, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 40 años de prisión impuesta el 13 de octubre de 2021 por el Tribunal Superior de Bogotá al coronel Edilberto Sánchez Rubiano, el mayor Óscar William Vásquez Rodríguez, y los sargentos Ferney Ulmardin Causayá Peña, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Luis Fernando Nieto Velandia, integrantes del B-2 de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército Nacional en Bogotá, comandada por el general Jesús Armando Arias Cabrales. Contra esta decisión no procede ningún recurso. El Tribunal Superior de Bogotá deberá hacer efectiva la privación de libertad de los cinco condenados. El único que pide pista en la JEP, por ahora, es el mayor Vásquez Rodríguez. Veremos qué pasa.
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