Tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 51 José María Ortega del Ejército ubicaron un laboratorio empleado para el procesamiento de pasta base de coca en la vereda La Unión, municipio de Calamar, Guaviare.
En el lugar se encontraron 4 canecas plásticas de 200 litros con ACPM, que suman un total de 800 litros; 5 canecas plásticas de 200 litros con hoja de coca procesada, para un total de 1000 litros; 18 canecas de 20 litros de gasolina, para un total de 360 litros; 19 arrobas de hoja de coca y diferentes precursores para la elaboración de los alcaloides.
De acuerdo con el Ejército, esta incautación representa una afectación de aproximadamente 90 millones de pesos mensuales, con una capacidad de producción y almacenamiento de 30 kilos de pasta base de coca al mes.
Recuerdo mi época de niñez donde hablar del Ejercito nacional significaba un respeto inmenso para todos los colombianos, representaba un motivo de orgullo pertenecer a la institución y que en la juventud para muchos jóvenes más que una obligación legal que imponía el estado para enlistarse, era un sueño poder servir a la patria.
“Patria, Honor y Lealtad” son las premisas que exaltan las bases de nuestro ejército, pero que poco a poco se han visto empañadas por pequeñas acciones que generan gran desilusión para aquellos que todavía guardamos la esperanza de un Colombia mejor.
En semanas pasadas se conoció el caso del General Olveiro Pérez, aquel que utilizó a su esquema de seguridad para temas no propiamente militares, los utilizó para (lavar ropa, barrer la casa y otras labores domésticas), y es que para uno poder dimensionar lo grave de la situación primero tiene que ponerse en los zapatos de los soldados, personas que anhelaron ingresar al ejército, que se prepararon para llegar a ser profesionales con el sueño de servir a su patria, defender la soberanía y proteger a la población civil, todo esto para terminar haciendo un trasteo o acomodando el mercado de un superior, y con esto no quiero decir que estas acciones sean deshonrosas, por el contrario son labores en las que todos deberíamos colaborar en el hogar, pero que no son propias para realizar en una profesión de tan alto valor y que no cumplen con la misionalidad de las mismas.
Ahora bien, abordando situaciones que pueden controlarse a otras que lastimosamente ya no, hace unos días, El cabo tercero Francisco José Pardo Olivero, suboficial del Ejército Nacional, se quitó la vida con su arma de dotación en la base militar de Facatativá, todo esto por el presunto acoso de su superior, al que no le gustaba que fuera costeño, y es que lo preocupante de la ocurrido resulta ser la displicencia en el actuar del Ministerio de Defensa, pues el 23 de marzo del presente año el joven envió una carta donde relata lo que está sucediendo e indica los detalles del acoso del que era víctima y que termino en este trágico desenlace.
Finalmente, este escrito es solo un llamado a que los órganos de control den un vistazo a esta situación, a que los soldados que atraviesan una situación similar denuncien y hagan visible los tratos que reciben por parte de sus superiores, pues ante el silencio solo tenemos más impunidad solo así finalmente prevalecerán los derechos y virtudes con las que cuenta nuestro Ejército Nacional, y cumpliendo todo lo anterior en un futuro las noticias sean más alentadoras a las que estamos informando el día de hoy.
En las últimas horas, en la vereda Guayabal del Municipio de Labranza Grande, en límites entre Boyacá y Casanare, tropas de la Décima Sexta Brigada y el Gaula Militar Casanare, durante su desplazamiento son atacados por integrantes del Frente José David Suarez, del ELN y en legítima defensa las tropas reaccionan al ataque. Como resultado de esta acción se logra recuperar de manera exitosa a dos menores de edad.
Con esta acción militar se puede establecer que estas estructuras armadas continúan con el reclutamiento ilícito de menores de edad. Quedando en evidencia la flagrante violación a los Derechos Humanos y la infracción al Derecho Internacional Humanitario.
En el desarrollo de la operación se logró incautar armas largas, un arma corta, proveedores para fusil con munición, proveedores para pistola con munición, material de intendencia y equipos de comunicaciones, así como la destrucción de cuatro minas antipersonales instaladas en lugar de los hechos.
El material de guerra fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para iniciar con su proceso de judicialización.
— ConfidencialColombia (@confidencialcol) June 24, 2024
El militar fue secuestrado el 23 de junio, en la vereda Coropoya, municipio de Solano, departamento de Caquetá, donde integrantes del Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC) retuvieron una embarcación sobre el río Caquetá, que cubría la ruta Puerto Arango hacia la Tagua, Putumayo, donde abordaron al uniformado y a su familia.
Los hechos ocurrieron el 23 de junio, en la vereda Coropoya, municipio de Solano, departamento de Caquetá, donde integrantes del Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC) retuvieron una embarcación sobre el río Caquetá, que cubría la ruta Puerto Arango hacia la Tagua, Putumayo, donde abordaron al uniformado y a su familia.
El Ejército instauró la respectiva denuncia en contra del EMC por el secuestro de nuestro soldado profesional y de su familia. «Este repudiable hecho es una violación a los derechos humanos e infracción a las disposiciones del derecho internacional humanitario, así como un grave delito catalogado como crimen de lesa humanidad», dice el comunicado.
Soldados de Ejército Nacional lograron la ubicación de dos refinerías ilegales, tres piscinas artesanales y dos válvulas ilícitas, las cuales evidencian el hurto de crudo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, en la zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.
El hallazgo se produjo en la vereda Campo Seis, donde se hallaban dos refinerías ilegales y dos piscinas, las cuales tenían la capacidad para hurtar, procesar y almacenar más de 15.000 galones de crudo. Es de resaltar que en estos lugares, de manera ilícita, luego de robar el petróleo, este se procesaba para convertirlo en combustible artesanal conocido como «pategrillo», el cual es utilizado en la producción de cocaína.
En la segunda operación, los militares ubicaron dos válvulas ilícitas conectadas a la línea de transferencia de la Estación Norte, y una piscina más, donde se almacenaban más de 20.000 galones del hidrocarburo hurtado. De acuerdo con la valoración de expertos en el campo ambiental, el daño ecológico es devastador y la recuperación de los ecosistemas podría tardar cientos de años.
En el lugar, los soldados encontraron cinco taladros industriales, un martillo taladro industrial, brocas industriales de perforación y abundante material explosivo que utilizaban para detonaciones en el socavón. Este material era empleado para la extracción ilegal del mineral, y estaba afectando considerablemente el ecosistema y las fuentes hídricas.
Es de resaltar que con este importante resultado se atacan las actividades mineras que afectan la capa vegetal. Además, se logra detener el daño a la fauna y flora del sector y evitar posibles derrumbes causados por los socavones realizados por estos sujetos para llevar a cabo sus actividades ilegales.
En lo corrido del 2024, los soldados de la Cuarta Brigada, en operaciones militares contra el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, han capturado a 56 personas e incautado 223 kg de explosivos, 410 metros de mecha y cordón detonante, 421 detonadores, 17 dragas, 197 unidades, entre maquinaria y equipos, y se han encontrado 5 socavones, todo ello utilizado en esta actividad ilícita.
Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario a Oscar Iván Guaque Herrera, capitán activo del Ejército Nacional, como presunto responsable de exigirles dinero a tres hombres privados de la libertad a cambio de no ser trasladados a establecimientos carcelarios por fuera del área metropolitana del Valle de Aburrá.
De acuerdo con la investigación judicial realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el capitán habría abordado a tres hombres en sus celdas y les habría exigido 5, 6 y 4 millones de pesos, respectivamente, a cambio de no ser trasladados a un centro carcelario por fuera del Valle de Aburrá o no ser extraditados. El uniformado habría recibido un total de 4 millones de pesos por parte de las familias de las tres víctimas.
Los hechos ocurrieron entre el 2 de septiembre y el 28 de octubre de 2023 en las instalaciones de la Cuarta Brigada donde Guaque Herrera tenía como función, conseguir los cupos ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
En desarrollo de operaciones militares, tropas del Ejército Nacional lograron la captura de quien sería alias Grande, presunto cabecilla de comisión de la Estructura Urías Rondón, del Comando Coordinador de Occidente.
La captura de alias Grande se llevó a cabo en el casco urbano del municipio de Policarpa, Nariño, cuando las tropas se encontraban realizando labores de control territorial y seguridad en el sector.
Este sujeto estaría realizando sus actividades ilegales bajo las orientaciones del cabecilla de finanzas alias Majiño, y también sería su mano derecha, teniendo como zona de injerencia los municipios de cordillera del departamento de Nariño, desde donde se encargaba de gestionar ayudas para la estructura.
Así mismo, es señalado de ser el responsable de los asesinatos selectivos y otras acciones criminales en los corregimientos de Llorente, La Guayacana y El Diviso, del municipio de Tumaco, y zona rural de Barbacoas; de igual manera, por sus conocimientos en manejo de explosivos se le han atribuido ataques con este tipo de artefactos a las tropas desplegadas en estos sectores y a integrantes de la policía nacional.
las tropas en coordinación con los demás organismos de socorro y la unidad de Gestión del Riesgo, llegaron al punto con el fin de apoyar a las familias afectadas en labores de rescate, recuperación de enseres y evacuación a sitios seguros para evitar riesgos ante la emergencia.
«Estamos brindado un apoyo para la comunidad que enfrenta un desastre por una inundación que se presentó como consecuencia de las fuertes lluvias en el territorio», dijo el teniente coronel, Jorge Alexander Ramírez Flórez, comandante del Batallón Nueva Granada.
Este resultado operacional se logró luego de un combate sostenido contra este grupo armado en el sector de Mina Gorila, ubicado en el municipio de Montecristo, sur de Bolívar. Así mismo, se logró la incautación de cinco fusiles, más de 1200 cartuchos de diferentes calibres, 12 proveedores, 2 artefactos explosivos y material de intendencia, armamento utilizado para el accionar delictivo de esta Subestructura.
En otra operación militar, el Gaula Tolima de la Sexta Brigada, en un trabajo interinstitucional con la Fiscalía 5.ª Especializada y coordinado con la Policía Nacional, logró la captura de seis presuntos integrantes del GDO Los Chorotas.
Luego de una ardua investigación de casi dos años, se logró la captura de estos sujetos, quienes al parecer participaron en el homicidio de cuatro miembros de una familia el 24 de mayo de 2022 en la vereda Calarcá de Tetuán, corregimiento de Calarma, en el municipio de Chaparral. Entre las víctimas se encontraban dos líderes sociales y un menor de edad.
Los sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de homicidio, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y concierto para delinquir.
El Ejército Nacional emitió una alerta ante una posible amenaza terrorista con carrobomba en cinco ciudades del país con la idea de afectar algunas instalaciones de policía y de las Fuerzas Militares.
Según un documento del Ejército Nacional, los ataques estarían dirigidos contra instalaciones de la fuerza pública y se perpetrarían con una camioneta Ford Explorer color gris, de placas IGR178.
Las ciudades en las que estaría planeado el ataque Tunja, Bogotá, Armenia, Ibagué y Chaparral. Las autoridades locales, junto con las Fuerzas Militares y de Policía se encuentran analizando la información para tomar decisiones al respecto y salvaguardar la vida de miles de ciudadanos.
Uniformados del Ejército Nacional capturaron en flagrancia de dos sujetos que tenían en su poder 3 pistolas, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.
En el momento de realizar la verificación de un vehículo, se pudo evidenciar que los sujetos transportaban 3 pistolas, proveedores, munición, 2 cargadores de radio comercial, celulares, 2 cuadernos con información de posibles controles ilegales y una carta de la comunidad dirigida al ELN, por unas posibles agresiones a la población civil.
El vehículo, al parecer había sido hurtado y sería utilizado para delinquir en el Catatumbo.
Los sujetos y el material fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.
Una operación militar en los departamentos del Valle del Cauca y el Huila permitió la captura de dos presuntos integrantes de la Estructura Teófilo Forero, conocidos como alias Chicharra y alias Dilan.
Se trata de alias Chicharra cuenta con una trayectoria delictiva de 10 años, y habría pertenecido anteriormente a grupos armados en el departamento del Cauca. Este sujeto sería el responsable del cobro de exigencias económicas a través de panfletos extorsivos a comerciantes, ganaderos, transportadores y población civil en los departamentos del Caquetá y Huila.
Mientras que alias Dilan, explosivista de esta estructura, estaría atemorizando a la población civil con el uso indiscriminado de artefactos explosivos, intimidando a quienes se negaban al pago de extorsiones por parte de este grupo armado.
Estos sujetos, con orden de captura vigente, deberán responder ante las autoridades competentes por los delitos de homicidio, extorsión, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Luego de Consejo de Seguridad Extraordinario en Popayán, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, recalcó que las acciones terroristas perpetradas por el autodenominado Estado Mayor Central en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca son una respuesta a las operaciones militares y policiales con contundencia que ha adelantado la Fuerza Pública en contra de esta organización criminal.
#ATENCIÓN El ministro de Defensa Iván Velásquez asegura que los ataques de las disidencias en el Cauca no se dan por debilidad de la Fuerza Pública sino como respuesta a las acciones militares contundentes en el territorio #Cauca@mindefensapic.twitter.com/dqx49gAjOq
— ConfidencialColombia (@confidencialcol) May 21, 2024
Por su parte el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció que en los próximos días las fuerzas militares desarrollarán una fuerte ofensiva contra los grupos irregulares en esta zona del país. Dijo además que, debido a la situación de orden público de este territorio, el subdirector general de la Policía permanecerá en el Cauca al frente de las operaciones.
Al término del Consejo de Seguridad en Popayán, el Gobierno anunció una recompensa de 500 millones de pesos por información que permita la captura de los máximos cabecillas del frente Jaime Martínez de las EMC.
