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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: ELN

Papá de Luis Díaz está en manos del ELN

De manera sorpresiva y después de cinco días de incertidumbre la delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de diálogos de paz con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) dio a conocer que Luis Manuel Díaz, papá del futbolista Luis Díaz, fue secuestrado por el grupo guerrillero.

«Hemos tenido conocimiento oficial de que el secuestro perpetrado el pasado 28 de octubre, en Barrancas, departamento de La Guajira, del que fueron víctimas Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, padre y madre del jugador de fútbol Luis Fernando Díaz Marulanda, fue perpetrado por una unidad perteneciente al ELN», señala el comunicado del Alto Comisionado de Paz.

 

El gobierno le exige al ELN la liberación del papá de Luis Díaz y responsabiliza al grupo guerrillero por cualquier cosa que atente contra la vida del secuestrado.

«Le recordamos al ELN que el secuestro es una práctica criminal, violatoria del Derecho Internacional Humanitario, y que es su deber en el desarrollo del actual proceso de paz, no solo dejar de ejecutarla, sino además eliminarla para siempre», recalca el Alto Comisionado de Paz.

Con respecto al cese al fuego la delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de diálogos de paz con el ELN señaló que presentará este caso al Mecanismo de Monitoreo y Verificación vigente

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“Un monstruo grande” que se alimenta de almas de niños y niñas

Esta semana ocupó gran parte de la agenda mediática, la violencia desatada en territorio palestino luego de un ataque del grupo armado Hamás, que violó todos los límites del derecho de la guerra, cobrando la vida de civiles indefensos y desatando la respuesta desproporcionada del Estado terrorista de Israel, dando continuidad a los planes expansionistas de quienes le gobiernan. Asesinatos de civiles indefensos, masacres, secuestros, delitos todos de lesa humanidad, marcan una guerra territorial, alimentada por los odios y los egoísmos, bajo el pretexto del amor a Dios. “Un monstruo grande” que se alimenta de almas de niños y niñas, y que exige para su terminación, que la comunidad internacional garantice prontamente la instalación de una mesa de diálogo que haga posible el reconocimiento de los dos Estados, que ahogue los extremos terroristas de ambas partes, que promueva un cese al fuego bilateral urgente, y brinde garantías a la vida, la cultura y la permanencia en el territorio de judíos, cristianos y palestinos, entre otras espiritualidades.

Mientras líderes políticos criollos e internacionales, y algunos periodistas opinaban, condenaban, o atizaban los odios, en Colombia pasaron casi desapercibidos los avances internos en materia de construcción de paz. La mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN, por primera vez sesiona en Colombia, más precisamente en Bogotá, demostrando el alto nivel de confianzas que las partes han alcanzado y los avances indiscutibles de este proceso de diálogo. En medio de las críticas destructivas de quienes, desde la comodidad de sus amplias salas de recibo, ven crecer sus arcas gracias a la guerra, la delegación de diálogo del ELN recorre el país, informando y consensuando con sus estructuras los avances y compromisos adquiridos; cosa parecida realiza la delegación del Gobierno Nacional y los miembros del Comité Nacional de Participación-CNP, instancia encargada de construir la metodología amplia de participación que se aplicará a partir de marzo de 2024.

 

Favorecido por el cumplimiento evidente y sin precedentes del Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional con esta organización insurgente, el CNP convocó y realizó el primer encuentro consultivo nacional con los llamados medios de comunicación alternativos, y avanza en los preparativos para nuevos encuentros de sectores sociales y empresariales, así como de encuentros territoriales. Evitando al máximo, contaminarse de la contienda electoral y previniendo cualquier tipo de exclusión, se preparan para realizar, a partir de la primera semana de noviembre, sendos encuentros sectoriales y múltiples pre-encuentros territoriales. Los trabajadores y trabajadoras organizados y no organizados, las víctimas del conflicto armado, las y los exiliados, los gremios económicos, las y los jóvenes, las organizaciones campesinas, los pueblos étnicos, entre otros, tendrán la posibilidad de proponer mecanismos de participación efectiva de la sociedad para superar el conflicto armado con el ELN.

De otro lado, se realizó en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, la primera reunión formal de la mesa de diálogo establecida entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC. Lo que algunos señalaron como un revés para el gobierno, no fue otra cosa que el reconocimiento mutuo de que se está dialogando y de que se avanza en la instalación, a partir de este 16 de octubre, de una nueva sesión de conversaciones, que debe escuchar a las organizaciones sociales y que debe avanzar rápidamente hacia un Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal.

Se reconocieron las delegaciones, se examinaron los intereses de cada una de las partes, se avanzó en los aprendizajes propios de un escenario que tiene como objetivo, ponerle fin a la confrontación armada, darle paso a una etapa que permita abordar las causas que originan el conflicto y pactar prontamente, las acciones para superar dichas causas. Esta nueva mesa de diálogo, prontamente deberá entregar los protocolos de cese al fuego, las formas y mecanismos de participación de la sociedad, y en general las rutas para abordar la agenda previamente pactada; sin embargo, mientras esto avanza, es imperativo que se asuma un compromiso ético de cara a la sociedad colombiana, que detenga los ataques a los pueblos étnicos, el reclutamiento de menores y los asesinatos de los firmantes de los acuerdos de paz.

Así mismo, se escuchan voces desde la llamada Farc-Nueva Marquetalia, que dan cuenta de su interés por aportar a la construcción de la paz y a la salida negociada del conflicto armado. Tendrán que darse los pasos necesarios, tanto jurídicos como políticos, para que esta disidencia que retomó las armas luego de firmar el acuerdo de 2016, encuentre los espacios que les permita transitar por el sendero de la paz. Deberán sus comandantes, dar muestras de querer avanzar, ya sea ordenando a sus combatientes un cese al fuego unilateral, o desescalando la intensidad del conflicto, prohibiendo a sus frentes, cualquier tipo de hostilidad contra la población civil.

La paz avanza también en las ciudades, de eso dan cuenta, las mesas de diálogo con las estructuras de crimen organizado que se adelantan en Medellín, Cali, Quibdó, Buenaventura. Estos espacios de diálogo socio-jurídico se mantienen en medio de las dificultades y de los señalamientos politiqueros de quienes, intentado de sacar ventaja electoral, le acusan de estar fraguando supuestos planes para terminar con la vida de algún candidato. Se promueven encuentros en las comunas, se avanza en pactos de no agresión entre las bandas armadas, y se va poco a poco, instalando la ruta definitiva que hará posible que el presente y el futuro de gran parte de la juventud urbana, no sea la delincuencia.

Finalmente, también se escuchan buenas noticias desde los esfuerzos de paz en la Sierra Nevada. Según algunos informes de líderes y lideresas locales, se avanza en la formalización de diálogos con el grupo conocido como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Ojalá, este nuevo esfuerzo cuente con el respaldo de toda la sociedad y así, ir configurando el mapa complejo de transformación del conflicto armado colombiano, con todos los actores involucrados.

La paz prospera, a tal nivel que el Secretario General de las naciones unidas, António Guterres, en su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que comprende entre el 27 de junio al 26 de septiembre de 2023, reconoce que el primer año de la administración del Presidente Gustavo Petro “brindó la oportunidad de renovar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y de emprender acciones decisivas para cumplir esas promesas”. “El año también ha servido —resalta— para poner en marcha otras iniciativas igualmente ambiciosas en el marco de la política de paz total del Gobierno”.

Ante este panorama, el deber de la sociedad es rodear con más entusiasmo y decisión los esfuerzos de paz, exigir el respeto a la vida y la permanencia en el territorio de líderes y lideresas, promover el Cese al Fuego Multilateral y emprender acciones que llamen la atención del Clan del Golfo y el Gobierno nacional, para que se decidan, sin más excusas, a dar los pasos necesarios que hagan posible, la instalación formal de una mesa de diálogo socio-jurídico para abordar soluciones a las  causas y consecuencias de esta confrontación, pero en especial, para progresar en el desmonte de las estructuras armadas, de las rutas de comercio de drogas ilícitas y de lavado de activos.

La sociedad tiene hoy una gran oportunidad si participa masivamente en las elecciones del 29 de octubre. La paz requiere que, el pueblo elija personas comprometidas con la reconciliación y la democracia, con la defensa de los Derechos Humanos, que luchen contra la corrupción, la pobreza, la injusticia y la inequidad. La paz integral y total, no solo es responsabilidad del Gobierno Nacional, es también un deber y un derecho de la sociedad, de los gobernantes y políticos locales. De nada vale que el Gobierno de Gustavo Petro, logre un acuerdo de paz con cada grupo armado, si los gobernantes locales, acompañados de los y las concejalas, edilesas y diputadas, no se juntan a este esfuerzo. Ciudades como Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Villavicencio, Neiva, Pasto, Montería, Sincelejo, Popayán, Arauca, Apartadó, Ocaña, Caucasia, Barrancabermeja, entre otras, requieren avanzar por los caminos de la paz, la gobernabilidad transparente y participativa. Esfuerzos que deben estar ligados a la promoción e instalación de Cultura de Paz, de lucha contra las violencias de género, intrafamiliar, contra niños, niñas y adolescentes, y la inversión en programas que garanticen un presente y un futuro próspero para la juventud.

Luis Emil Sanabria D.

Grupos ilegales convierten el Sur de Bolívar en campo de batalla

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana por  al incremento de acciones de la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en el sur del departamento de Bolívar.

La población más afectada con estos hechos violentos según el organismo de control son  las comunidades de los cascos urbanos, veredas y corregimientos de los municipios de Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales y Arenal.

 

De acuerdo con la Defensoría, «los tres grupos se están disputando el control territorial, el manejo de las economías ilícitas y las rentas criminales, como las derivadas de la extorsión«.

 

Correlaciones y causalidades. La paz total bajo la lupa

Esta semana tuve una amable discusión en X con el exministro de salud, Alejandro Gaviria que puede ayudar a arrojar luz sobre un tema complejo, como la política pública de paz del presente gobierno y la política de seguridad, junto con sus diversos resultados. En el debate hoy hay una premisa casi incuestionable y es que la Paz Total ha causado la presente ola de violencia, lo que es impreciso y conduce a error. Voy a tratar de explicar con algunos datos por qué no es verdad que los incrementos de la violencia son consecuencia de la paz total y que el ejército no está actuando.

La primera variable que quiero analizar es el tamaño y la expansión de los grupos armados. En 2018, el país contaba con 18 estructuras, mientras que en 2022 esta cifra había aumentado a 41, con capacidad de operar y causar daño en 281 municipios. Para 2023, estos 41 grupos se redujeron a cuatro grandes agrupaciones: el ELN, las AGC o Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y el EMC, junto con dos grupos de menor capacidad, los Pachenca. Es importante destacar que, tanto en tiempos de guerra como de paz, resulta más manejable lidiar con seis objetivos en lugar de 41. Sin embargo, es alarmante que en Colombia se haya experimentado un crecimiento tan drástico en tan pocos años. ¿Cómo llegamos a eso?

 

Hay algo que es verdad y es que la ley de Paz Total, tal y como se pasó en el congreso creó el incentivo perverso del “politicómetro” para los grupos armados ilegales, que no causó la oleada de violencia pero contribuyó a reforzar la presión violenta de los grupos sobre las organizaciones sociales y reforzar el reclutamiento y la utilización de población mientras relajaban los principios de distinción entre civiles y combatientes. Esa es la razón por la cual mayoritariamente se ha asesinado a liderazgos indígenas y de comunidades étnicas, que son sustancialmente fuertes y organizadas. Una especie de “si no eres mía, no eres de nadie” para las organizaciones sociales que contribuyó a mantener al alza el asesinato de líderes y lideresas.

En 2022, hubo 180 casos en 12 meses; en 2023, ya van 123 en 9 meses. Analizando trimestres, los casos bajaron a medida que avanzaban las negociaciones, especialmente donde operaba el ELN tras el cese al fuego, de 44 en octubre 2022 a 35 en marzo, según el importante conteo de Indepaz. Sin embargo, en abril, con la ruptura del cese por el Estado Mayor Central y el paro minero de las AGC, subieron a 46 en junio. El 82% de los casos los involucra, pero no hay mesas de diálogo con ninguno de ellos.

Otras variables también se comportan de forma similar. En número de municipios afectados por masacres tenemos: 16 para el 2018, 38 para el 2019, 66 para el 2020, 73 para el 2021, 74 para el 2022 y 51 para el 2023, a septiembre según datos de Indepaz. En número, los años con mayor ocurrencia fueron el 2020 y el 2021 con 91 y 95 casos respectivamente. En lo corrido del 2023 van 64 masacres al 18 de septiembre.  

En cuanto a los departamentos afectados por la violencia, el Cauca lidera la lista con disputas en curso, pero no es el único. También el Chocó, Norte de Santander y Antioquia enfrentan graves problemas, incluyendo confinamiento y restricciones en la ayuda humanitaria. En estos lugares, se observa una variedad de violencias dirigidas hacia el control territorial y poblacional. En todos estos departamentos, el ejército ha llevado a cabo campañas que, en algunos casos, han provocado respuestas de estos grupos armados, tal como lo han expresado en comunicados públicos, como en el caso de las AGC y su promoción del paro minero. Esto contradice la idea de que el ejército no está tomando medidas. En el Cauca, la ofensiva militar ha impulsado al EMC a sembrar más minas y a aumentar la violencia contra civiles, en un intento de ejercer un «disciplinamiento social» y causar daño a las fuerzas de seguridad. Además, debido a las fluctuaciones económicas relacionadas con la coca, buscan expandir su control en el cañón del Micay y adentrarse aún más en la minería ilegal. Este es el epicentro de la actual disputa.

Entonces, ¿por qué la narrativa pública establece una correlación tan fuerte entre la Paz Total y la situación actual? Mi hipótesis es que el gran error del gobierno fue lanzar una política tan ambiciosa en un momento de tantos cambios significativos sin considerar la capacidad de las fuerzas y la institucionalidad para lograr la paz. Esto explica por qué existe una mayor atención en este gobierno en comparación con el anterior. Las expectativas eran elevadas, y hay más denuncias en la mesa debido a la esperanza de ser escuchadas. Y adicional a lo anterior, hay hoy más sectores políticos preocupados por la violencia, lo que nunca había pasado.

La conclusión puede ser la siguiente: No, la paz total no es la responsable del incremento de la violencia, pero tampoco ha contribuido seriamente a su disminución. Esperemos que una mejor articulación entre seguridad y paz pueda llevarnos a buen puerto. Hay que tomar decisiones. ¿Una mayor acción del ejército contribuiría a disminuir la violencia? No necesariamente. ¿Presionaría al grupo armado para forzar una tregua en la mesa de negociación que se instalará? Definitivamente. No es una decisión fácil, pero no tomarla es aún peor.

Laura Bonilla

Lafaurie y Valencia Cossio piden un alto al fuego entre ELN y las disidencias

Los negociadores de paz del gobierno de Gustavo Petro con el ELN (José Félix Lafaurie), y con las disidencias Estado Mayor Central (Fabio Valencia Cossio).

Tanto Lafaurie como Valencia Cossio consideran que es necesario un cese al fuego entre esos dos grupos armados ilegales, quienes no han dejado de atacarse mutuamente, incrementando la incertidumbre y el miedo en la población, especialmente en departamentos como el Cauca.

 

“Aunque un acuerdo de cese al fuego con el Gobierno es necesario y urgente, no lo es menos un acuerdo entre grupos armados que se encuentran adelantando negociaciones de paz, pues lo contrario no se compadece con la voluntad de paz, que es inherente a un proceso de negociación para alcanzar la paz”.

De acuerdo con los dos negociadores, “sí estos grupos combaten entre sí, afectando a la población civil, generarán la intervención de la Fuerza Pública produciendo “incidentes” que se registran en los mecanismos de monitoreo”.

Grupos ilegales se enfrenta en el Cauca

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para varios municipios de Cauca y Valle del Cauca por enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la guerrilla Segunda Marquetalia, por un lado, y el Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por otro.

 

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha emitido la alerta 31 de 2023 por «graves afectaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario». La alerta se aplica a los municipios de Miranda y Corinto en Cauca y Pradera y Florida en Valle del Cauca.

La alerta explica que la población civil se ha visto afectada por los combates entre estas fuerzas, que han provocado un aumento de violencia en la región y han sido acompañados por acciones directas contra las comunidades, incluyendo ataques indiscriminados, atentados, homicidios selectivos y masacres.

Además, los grupos armados utilizan la violencia, amenazas e intimidaciones para obligar a la población civil a «colaborar» con ellos, destaca el defensor del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo también advierte que el riesgo se extiende a líderes y defensoras de Derechos Humanos, comunidades, autoridades indígenas y campesinas, presidentes de Juntas de Acción Comunal, menores de edad y jóvenes, firmantes del Acuerdo de Paz en reincorporación, población estigmatizada socialmente y servidores públicos.

Por todo ello, el defensor del Pueblo pide a las autoridades tomar medidas efectivas que permitan proteger los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en estas zonas y garantizar la seguridad de la población civil.

Gobierno y cúpula militar niegan tener conocimientos de posibles atentados al fiscal Barbosa

El Gobierno y la cúpula militar de Colombia negó que tuviesen conocimiento de un supuesto plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para atentar contra el fiscal general, Francisco Barbosa, así como contra el general Eduardo Zapateiro y la senadora uribista María Fernanda Cabal.

 

«Se concluye que hasta el día 4 de agosto de 2023, fecha en que el Ejército Nacional tuvo acceso a la información sobre la posible intención de atentado contra los mencionados ciudadanos, ni éste ni ningún otro organismo de inteligencia tuvo conocimiento de las intenciones señaladas en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación», ha dicho el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Esto se produce después de una reunión entre el Ministerio de Defensa, la cúpula militar y la Dirección Nacional de Policía. En el comunicado, aseguran que «la fuente que suministró la información a la Fiscalía» es «la misma que entregó los datos al Ejército».

La Procuraduría de Colombia abrió pesquisas contra el comandante del Ejército, el general Luis Ospina, por haber supuestamente ocultado dicho plan tras haber sido informado por los servicios especiales del Ejército de estas intenciones de atentar contra Barbosa hasta dos meses antes de que se filtraran las amenazas.

Según la información recabada por la Fiscalía, cinco altos mandos de la guerrilla se reunieron en Venezuela para orquestar el plan, si bien desde el ELN negaron el complot y afirmaron que todo forma parte de una estrategia para «crear confusión» y enturbiar las negociaciones de paz con el Gobierno.

 

Gobierno colombiano y ELN inician ciclo de diálogos en Venezuela

Las delegaciones del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han iniciado este lunes el cuarto ciclo de negociaciones de paz en Caracas, Venezuela, enfocado en la población civil afectada por el conflicto.

El representante de la delegación del Gobierno colombiano, Otty Patiño, subrayó que durante este cuarto ciclo, que se prolongará hasta el 4 de septiembre, las partes empezarán «a escuchar en vivo y en directo las voces de las víctimas».

 

Por su parte, el representante de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, aseguró que hay una convicción para lograr una solución política al conflicto, por lo que ha instado a seguir trabajando para que haya «más confianza de la sociedad colombiana» en el proceso.

El Gobierno y la guerrilla retomaron en noviembre de 2022 las conversaciones como parte del plan de paz total anunciado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, logrando en un primer momento ciertos alivios humanitarios en algunas de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.

Ya en febrero de 2023 y después de que el ELN desmintiera que se hubiera alcanzado un alto el fuego bilateral, el segundo ciclo se celebró en Ciudad de México, en donde el Gobierno aceptó reconocer a la guerrilla como «organización armada rebelde» y se lograron «avances» de cara a la tan ansiada tregua.

Finalmente, tras una ampliación del tercer período de diálogo, el pasado 15 de julio se dieron a conocer nueve documentos pactados entre las partes, que incluyen el de Rol de la Mesa de Diálogos de Paz en el cumplimiento del Acuerdo del cese al fuego bilateral, el de Protocolo complementario al mandato del Mecanismo de Monitoreo y Verificación para el cese al fuego y el de Rol de la Iglesia católica en el mecanismo de monitoreo y verificación.

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Petro se reúne con el fiscal general de la Nación

El presidente de la república, Gustavo Petro, se reunió en la Casa de Nariño con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para tratar las preocupaciones por las amenazas que pesan sobre la vida del jefe del ente investigador.

El Gobierno acordó redoblar el esquema de seguridad de Barbosa y la de su familia, y que de esta se encargarán las Fuerzas Militares.

 

Barbosa  entregó detalles a Petro sobre las tres fuentes que tiene la Fiscalía sobre los planes que estaría fraguando el ELN para atentar contra su vida y que tuvieron como lugar de partida Venezuela.

 

«Amenazas contra el fiscal podrían corresponder a un sabotaje a proceso de paz con el ELN», dice el Alto Comisionado para la Paz

El Comisionado de Paz, Danilo Rueda, dijo que una de las hipótesis que se estudian al interior del Gobierno Nacional frente a las amenazas denunciadas por el fiscal general de un supuesto plan de parte del ELN para atentar contra su vida, es la de un posible saboteo al proceso de paz con esta guerrilla.

“El hecho de que el ELN haya manifestado públicamente que no es responsable y que la fuente de información haya quedado en funcionamiento, pone dudas y plantea hipótesis que tienden a señalar que hay un saboteo a los avances de paz con el Ejército de Liberación Nacional”, indicó.

 

El funcionario explicó que la información se encuentra en proceso de análisis y verificación sobre este hecho.

Dijo además que se va avanzar en el ciclo actual que de acuerdo a sus declaraciones, “es muy corto”.

Venezuela investigará rumor de atentado a fiscal de Colombia

El Gobierno de Venezuela ha ordenado este miércoles investigar las denuncias sobre el supuesto uso del territorio venezolano por parte de varios miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para perpetrar un ataque contra el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, informaciones que Caracas considera que tienen el objetivo de «intentar minar el proceso de paz».

«Ante la serie de rumores, que con dudosa intención son esparcidos en Colombia, y que intentan construir una matriz de opinión del uso de nuestro territorio con fines de generar inestabilidad y acciones terroristas, se ha ordenado una exhaustiva y transparente investigación que establecerá la verdad», reza un comunicado de publicado por el ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, en su perfil de la red social X.

 

La Fiscalía de Colombia había denunciado que el ELN, que se encuentra en alto el fuego con el Gobierno de Gustavo Petro, estaría formando en Venezuela a miembros del grupo armado para llevar a cabo un atentado contra Barbosa, extremo que ha sido negado por la delegación de paz de la guerrilla.

En este sentido, el Gobierno venezolano ha exhortado a Bogotá, así como a países y organizaciones garantes del proceso de paz, «a continuar respaldando los compromisos adquiridos en función del plan de paz total, y echar por tierra cualquier intento de sabotearlo, así como rechazar cualquier intención de sugerir la posibilidad de que se esté usando nuestro territorio para estos inverosímiles planes».

«La República Bolivariana de Venezuela rechaza cualquier intento de entorpecer la salida pacífica que finalmente se vislumbra en el horizonte a décadas de conflicto armado en Colombia y de sufrimiento de su pueblo, al tiempo que reafirma su compromiso de seguir contribuyendo y sumando activamente en proceso de paz total», ha agregado Gil.

Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz en Colombia ha «rechazado cualquier amenaza o plan para atentar contra la vida del fiscal general», ha reconocido «el rol constructivo» de Venezuela en el proceso de paz con el ELN, así como su «transparencia e idoneidad», y ha pedido que la investigación se resuelva «con celeridad».

«La manifestación pública del ELN negando su responsabilidad en el presunto plan de atentado cuestiona la veracidad de la información entregada por la fuente», ha agregado el Alto Comisionado, que indica que «este hecho, sumado a otros, nos da indicios de que existen intenciones de saboteo a los avances a la Mesa de Diálogo de Paz».

Barbosa, que ha sido crítico con el plan de ‘paz total’ del presidente Petro, ha denunciado ya en ocasiones anteriores hostigamiento a funcionarios del Ministerio Público en varias regiones de Colombia.

Las delegaciones del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del ELN encargadas de llegar a un acuerdo de paz pactaron el 9 de junio en La Habana un alto el fuego bilateral a nivel nacional y de seis meses de duración, que ha recibido el halago de Naciones Unidas, que destacó «los continuos esfuerzos de Colombia para ampliar la paz mediante el diálogo».

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A la cárcel integrante del ELN por atentado a una base militar

Miguel Ángel González Aponte, alias Miguel presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue enviado a la cárcel por su posible responsabilidad en los atentados terroristas a la base militar San Jorge de Saravena (Arauca), el pasado 3 y 13 de marzo, en el que resultó herido un oficial del Ejército Nacional.

González Aponte tendrá que enfrentar cargos por los delitos homicidio en grado tentativa agravado y rebelión. No aceptó cargos.

 

De acuerdo con la investigación, González Aponte habría sido el encargado de colocar varias de las cargas explosivas instaladas en los dos ataques.

 

ELN niega plan de atentado contra el fiscal Barbosa

Después de que este martes la Fiscalía publicara que tres fuentes oficiales le suministraran información sobre un plan de atentado en contra del fiscal general Francisco Barbosa por parte del ELN (Ejército de Liberación Nacional), la guerrilla negó tal información.

«Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN», explicó desde su cuenta de X la delegación del ELN, que se encuentra negociando con el gobierno de Gustavo Petro.

 

Las fuentes que reseña la Fiscalía sobre el supuesto atentado vendrían de las Fuerzas Militares, el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación y de la Policía Judicial.

«En el pasado mes de julio se llevó a cabo una reunión en Venezuela entre cinco altos mandos del ELN. En dicho país, se estaría realizando una capacitación a integrantes de ese grupo armado organizado para producir un atentado con francotiradores, bajo la coordinación de alias ‘el Rolo’, cabecilla de un frente urbano del ELN», explicó la Fiscalía.

El ente acusador añade que se han movido transacciones por 3 mil millones de pesos y que esta cifra sería similar al recaudo con el que el ELN hizo el atentado a la Escuela de Policía General Santander en 2019. Por su parte, desde el ELN afirman que este es un sabotaje de la Fiscalía y reseñó la situación que concluyó en la orden de captura a Nicolás Petro, hijo del presidente, se dio para desviar la atención del inicio al cese al fuego entre el estado colombiano y la guerrilla.

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ELN se adjudica retención de dos miembros de Clan del Golfo

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció la captura de dos paramilitares del Clan del Golfo, y ofreció a la comandancia nacional de Colombia y a los delegados de la mesa de diálogo para la paz la entrega de ambos prisioneros.

«El día miércoles 2 de agosto (…) fue capturado un paramilitar del Clan del Golfo de nombre Alexis Chocho Chamacuro, quien en su labor de motorista en el Bajo Calima realizaba tareas de inteligencia y recolección de información para alias ‘Careniña’, comandante del Clan del Golfo», explicó el ELN, según un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

 

«Ese mismo día a las 6.00 hora local, fue capturado (…) Eiler Lizalda, quien cumplía órdenes de alias ‘Manuel’, comandante del Clan del Golfo, su función era realizar tareas de vigilancia y reconocimiento para movilizar miembros (…), en su poder se encontró un revólver calibre 38″, continúa el comunicado.

Además, el ELN ha asegurado que ambos han reconocido su pertenencia a este grupo paramilitar a pesar de que sus respectivas comunidades han insistido en que se tratan de líderes sociales, y que uno de ellos incluso pertenece a la guardia indígena, aunque se tratan de «afirmaciones totalmente falsas» por las «pruebas que existen en su contra».

El Clan del Golfo, heredero de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se había mostrado interesado inicialmente en participar en diálogos de paz con el Gobierno e incluso el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció en diciembre un alto el fuego con vistas a acercar posturas con éste y otros grupos.

Sin embargo, Petro terminó descartando una posible tregua ante la continuación de la actividad de este grupo, que sigue por tanto siendo objeto de operaciones de las autoridades colombianas.

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Se silencian los fusiles, se escuchan los pensamientos

Este pasado tres de agosto, se convirtió en una fecha especial para la vida y para la construcción de un país del tamaño de nuestros sueños. Un país en paz, en donde sus habitantes podamos dirimir nuestras diferencias acudiendo a la palabra, al acuerdo o a la democracia. En esta fecha se instalaron y se iniciaron dos componentes importantes del proceso de diálogo que se adelanta entre el Gobierno nacional y las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional – ELN.

Uno de estos acuerdos preliminares, tantas veces exigido por el pueblo afectado directamente por la confrontación, es el llamado Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, que durante los próximos 180 días, silenciará los fusiles de la confrontación, que por casi 60 años, mantiene el Estado y estas guerrillas; y de otro lado, se instaló el Comité Nacional de Participación- CNP, instancia que convocó a 30 sectores de la sociedad con 81 delegados y delegadas, para que diseñe de forma participativa, durante los próximos seis meses, la metodología de participación social que convocará la voluntad de las colombianas y colombianos, que quieren construir paz y lograr un gran pacto nacional, que señale el camino de la equidad, la justicia social y el desarrollo.

 

En el recinto de La Carpa de Corferias, en pleno Corazón de Bogotá, con la presencia de cientos de personas, provenientes de todos los rincones del país y de múltiples organizaciones, se dieron cita las delegaciones de diálogo del Gobierno Nacional y del ELN; cada una de estas personas, haciendo alarde, con justa razón, de la importancia de lo que hasta la fecha se ha acordado. Y es que, con esa guerrilla, nunca antes se habían llegado a firmar acuerdos tan importantes, que hacen prever que el camino que se retomó en diciembre del año pasado, dando continuidad a lo alcanzado en el gobierno del expresidente Juan M Santos, y que estuvo cargado de incertidumbres y desconfianzas, empieza a mostrar resultados concretos, que la sociedad debería, disponerse a rodear sin vacilaciones.

Se silencian los fusiles, se escuchan los pensamientos, la palabra crece y el diálogo construye soluciones, amores y afectos. La palabra se toma el conflicto político, social, económico y armado, los cañones se enfrían y las balas abandonan los proveedores, para que el entendimiento, la deliberación y la vida ocupen el lugar en la sociedad, del que nunca debieron ser desalojados.

Habló el presidente Gustavo Petro, reafirmando como Presidente de la República, Jefe de Estado y firmante del acuerdo de paz de 1990 con el M-19, su voluntad de paz y la decisión gubernamental de continuar avanzando por ese camino, habló el comandante Pablo Beltrán, del ELN, ratificando el discurso rebelde, pero cargado de frases esperanzadoras sobre el futuro de paz, también se dirigió al país el jefe negociador del gobierno, el también firmante de paz del M-19, Otty Patiño, con su tono pausado y profundo señaló la importancia de los acuerdos y los avances del proceso, hablaron Monseñor Héctor Fabio Henao, en representación de la iglesia Católica y Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, ambos en calidad de garantes del proceso.

Los hombres que, en otrora, han sido los protagonistas absolutos de los discursos, tuvieron que cederles la palabra a las mujeres, no tantas como quisiéramos; la comandanta Consuelo Tapias del ELN, muy de civil y ostentando sus raíces afrodescendientes ratificó el compromiso eleno de avanzar hacia la paz, lo mismo desde la orilla del gobierno hizo otra mujer afrodescendiente, la delegada Nigeria Rentería, y en representación del CNP y del Comité Nacional de Paz, la palabra fue regalada por Yolanda Perea, lideresa afrodescendiente, víctima del conflicto armado. Nos hablaron las mujeres, nos hablaron desde el corazón de las dadoras de vida, defendiendo la vida. Nos ratificaron que la paz es posible, que el amor es posible y que las diferencias se pueden solucionar pacíficamente, si nos disponemos a escuchar al otro y a la otra, no para imponer nuestras ideas, sino para construir juntanzas creadoras de paz.

Pero más allá de la reseña de los y las protagonistas de tarima y sus discursos, lo más importante de este especial evento, fue el entusiasmo que cientos de personas desplegaron en el recinto. Se mezclaron las palabras, los gritos, los olores y los abrazos de ministros y ministras, exministros y exministras, ex negociadores de paz, militares, policías, guerrilleros y guerrilleras, exguerrilleros, académicos, comunales, sindicalistas, exiliadas, jóvenes, gais, lesbianas, mayoras y mayores de los pueblos étnicos, guardias indígenas, campesinas y cimarronas, autoridades  y representantes de diversas confesiones religiosas, periodistas, artistas, campesinas y campesinos, edfensores de Derechos Humanos, empresarios, y en general, constructoras y constructores de paz.

Con ese torrente importante de amantes de la paz y la felicidad, de defensoras y defensores de la vida, se le entregó a las y los delegados del Comité Nacional de Paz, la inaplazable tarea de construir un mecanismo de participación social para la paz y de cautivar a la mayor cantidad de colombianos y colombianas, para que entre todos y todas, en todas las ciudades y veredas, en los barrios y universidades, en las oficinas y los estadios, se le de una nueva oportunidad a la paz, a las transformaciones pacíficas de las causas que originan y retroalimentan el conflicto, a la palabra empeñada, al acuerdo cumplido, a la verdad y la reconciliación.

Vienen seis meses de cese al fuego, que posibilitarán al mismo tiempo, la realización de consultas, reuniones, encuentros territoriales y sectoriales, pedagogías y documentos. Meses de deliberaciones y acuerdos, hasta poder entregar al país, un documento con una metodología lo suficientemente consensuada, amplia, generosa, innovadora y transformadora, una propuesta lo suficientemente responsable, que nos enamore de la esperanza y mantenga por el sendero del cambio. Será a partir de marzo del 2024, que se empezará a aplicar este mecanismo, pero desde este mismo momento, todas las organizaciones, instituciones, y la ciudadanía debe aprestarse a realizar encuentros, a fortalecer sus coordinaciones territoriales, regionales y subregionales, a movilizarse y desatar la mas amplia iniciativa por la paz.

 

Luis Emil Sanabria D.