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El gobierno del presidente Petro ha transcurrido durante un año y medio, un periodo en el cual la sociedad colombiana ha cuestionado el modelo de desarrollo del país, preguntándose cómo debe promoverse y hacia dónde deben orientarse los incentivos para que Colombia siga avanzando. Los recursos públicos ¿deben destinarse a los jóvenes reclutados por el mundo del crimen organizado o las organizaciones narco-terroristas, o deberíamos promover a los colombianos que siempre actúan correctamente, aquellos que están dispuestos a trabajar arduamente, emprender y salir adelante? Son ciudadanos que han tomado la decisión libre de regir sus destinos, actuando dentro de la legalidad, en un país donde el crimen a menudo resulta ser una actividad lucrativa, llegando al punto de que el gobierno esté considerando establecer un salario para los bandidos.

En mi opinión, es fundamental apostar por la defensa de la propiedad privada, la igualdad ante la ley y el respeto irrestricto al proyecto de vida de los demás. Estos principios generan importantes incentivos que fomentan la creatividad y promueven el espíritu emprendedor. En Colombia, el desafío es considerable. Mantener una alta tasa de tributación desincentiva la actividad empresarial. Emprender no es una tarea sencilla: nos enfrentamos a un sistema tributario complejo y a una regulación laboral excesiva, donde incluso tareas aparentemente simples como el pago de horas extras se vuelven complicadas debido a requisitos como la autorización especial del Ministerio del Trabajo, certificados de la ARL, manifestaciones sindicales, entre otros, lo que parece más bien un obstáculo autoimpuesto.

Los recursos del Estado deberían dirigirse hacia los colombianos que deseen emprender, estudiar e incluso aquellos que aspiren a adquirir su primera vivienda. Además, deberían orientarse hacia las empresas que inviertan en la capacitación de sus empleados, en maquinaria, tecnología, transformación digital y en organizaciones comprometidas con la reducción de su huella de carbono. El Estado también debería garantizar seguridad, justicia y, por qué no soñar, una carga impositiva más ligera.

Sin embargo, el gobierno actual adopta una postura diametralmente opuesta en cuanto a los incentivos, al flexibilizar el concepto de lo que hoy conocemos como crimen. No hacemos ningún favor al imperio de la ley al llamar «retención» a lo que es claramente un secuestro. Aunque la terminología cambie, la persona seguirá secuestrada al final del día. Al no condenar de manera inequívoca este acto repudiable y al no actuar con firmeza contra sus perpetradores, ¿no estaríamos incentivando estos comportamientos delictivos en la sociedad? Esta postura indulgente podría tener graves consecuencias, es casi como otorgar una patente de corso, una invitación a delinquir.

Personalmente, prefiero adoptar una postura firme y entender el problema de la criminalidad desde la teoría de la elección racional. El individuo responde a ciertos incentivos, como la severidad de la pena, la posibilidad de ser descubierto y el beneficio que pueda obtener del acto delictivo. Estos son factores que explican el comportamiento humano. Por lo tanto, necesitamos más cárceles de máxima seguridad, una justicia decidida y recursos para establecer el imperio de la ley, así como respaldar y defender la actuación contundente de las fuerzas del orden.

La izquierda ha comprendido que al sacar a la gente de la pobreza y permitirles acumular un patrimonio que defender, por ejemplo, al montar su propia empresa, tendrán un incentivo para frenar el avance del estado. Empezarán a querer tomar decisiones por sí mismos y cuestionar la intervención política excesiva en sus vidas. Sentirán el peso de un socio que se apropia violentamente de la riqueza que generan los individuos y las empresas, un socio que nunca considera suficiente y cuyos incentivos lo llevan a gastar y gastar, como si el estado no pudiera quebrar, como si ese dinero no tuviera un origen, ya que esa vaca lechera siempre produce más. Y aquí estamos, con un crecimiento del 0,6% o incluso en recesión si no se considera la actuación del gobierno, dependiendo de cómo se mire.

Por todo esto, los invito a reflexionar, porque en esta vida no podemos tenerlo todo. ¿Queremos promover el crimen o el respeto por las normas? ¿Apostamos por un estado grande o por la iniciativa privada? ¿Vamos a promover a los criminales o a los empresarios, la propiedad privada o la expropiación? Estas son algunas de las decisiones fundamentales que frenarán o promoverán el desarrollo y sentarán las bases de la libertad para emprender.

Santiago Echeverri