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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: EPS

¿Por qué la Corte Constitucional anuló intervención a la EPS Sanitas?

En una decisión de alto impacto para el sistema de salud colombiano, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejó sin efectos tres resoluciones con las que la Superintendencia Nacional de Salud había ordenado la intervención forzosa de la EPS Sanitas. La Corte amparó el derecho al debido proceso de la entidad promotora de salud, concluyendo que la actuación de la Superintendencia —entonces liderada por Luis Carlos Leal— representó un grave atropello a las garantías procesales de la segunda EPS más grande del país, con más de 5,7 millones de afiliados.

La intervención comenzó el 2 de abril de 2024, cuando la Superintendencia ordenó la toma inmediata de los bienes, haberes y administración de Sanitas. Esta decisión fue corregida el 10 de abril del mismo año y prorrogada el 6 de abril de 2025 por un año adicional. Sin embargo, la Corte consideró que estos actos administrativos vulneraron los derechos fundamentales de la EPS, al no garantizar un proceso justo y transparente.

 

Además de los efectos inmediatos sobre Sanitas, el fallo podría tener repercusiones en otras intervenciones similares, como la de la Nueva EPS, que fue asumida por el Gobierno en una movida que concentró la prestación de servicios de salud de la mayoría de colombianos en manos del Estado. La Nueva EPS cuenta con 11,5 millones de afiliados, por lo que las implicaciones del fallo podrían extenderse a toda la arquitectura del sistema de aseguramiento en salud.

El fallo también llega en un momento crítico, dado que Colombia enfrenta demandas ante tribunales de arbitraje internacionales por presuntas violaciones a tratados de inversión, derivadas de lo que se ha calificado como “tomas hostiles” de empresas del sector salud con participación extranjera. La nulidad de la intervención podría ser utilizada como argumento en defensa del Estado colombiano en estos litigios.

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Finalmente, la Corte remitió el expediente a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que reconoce la salud como un derecho fundamental. Con esto, se abre una nueva etapa de vigilancia judicial sobre la política de intervención estatal en el sistema de salud, mientras sectores políticos, económicos y sociales analizan las implicaciones de este fallo sobre la sostenibilidad y gobernanza del sistema de salud en Colombia.

Junta Médica Nacional pide investigar posibles irregularidades en las EPS

A través de un comunicado de prensa la Junta Médica Nacional expresó su preocupación por los recientes informes emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y la ADRES y pidió a los entes de control y autoridades judiciales investigar a fondo para dar tranquilidad a los usuarios del sistema de salud.

En los informes basados en los estados financieros de las EPS para los años 2023-2024, se evidencia irregularidades significativas y posibles actos de corrupción. Entre los hallazgos más graves se encuentran cobros indebidos; crecimientos anómalos en consultas médicas, servicios radiológicos, tratamientos oncológicos y servicios domiciliarios sin mejoras en la capacidad instalada; y sobreprecios en medicamentos.

 

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La Junta Médica Nacional pide a la ciudadanía mantenerse al tanto y exigir las debidas responsabilidades tanto fiscales como judiciales por posibles malos manejos en los recursos públicos de la salud.

La Superintendencia de Salud denuncia a cuatro EPS por posibles hechos de corrupción

La Superintendencia de Salud denunció posibles irregularidades en el manejo de las entidades prestadoras de salud (EPS) conocidas como Coosalud EPS S.A. y a tres EPS intervenidas: Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S., Asmet Salud EPS S.A.S., y Emssanar EPS S.A.S., localizadas en las ciudades de Cartagena, Cali, Popayán y Pasto.

De acuerdo con la entidad, se habrían presentado manejos turbios tras la posible injerencia de Mario Andrés Urán en la administración y manejo de los recursos de la salud en estas EPS.

 

La Supersalud encontró posibles irregularidades en la gestión de los recursos de salud, como confabulación liderada por un particular, el señor Mario Andrés Urán, para la postulación y direccionamiento de contratos a las mismas IPS por parte de las 3 EPS intervenidas, a través de su cargo de asesor en la EPS Coosalud (no intervenida).

También encontró hechos que llamaron la atención como la concentración de pagos en ciertas IPS sin la debida justificación de estos y en detrimento del giro de recursos a otras entidades de salud; pago a terceros para la ejecución de funciones propias de los agentes interventores generando sobrecostos en la intervención; solicitud de autorización previa por parte de los interventores al señor Mario Andrés Urán para la postulación de los giros directos de los recursos; favorecimiento de unos laboratorios y marcas especificas a través de un plan de compra presuntamente direccionado por el señor Mario Andrés Urán con Indira Ocando y Tony Negrette y además, solicitud de perfilamiento a funcionarios de la Superintendencia Nacional de
Salud, atentando contra su seguridad, integridad física y mental, además de interferir en sus funciones dentro de la entidad.

La denuncia fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, el 22 de octubre por el entonces superintendente de Salud. Luis Carlos Leal.

Protocolo Inhumano

Mis palabras no traerán de vuelta a nuestro padre, ni cambiarán lo sucedido con él, ni con tantos otros pacientes adultos mayores a quienes se les impuso un protocolo médico del hospital por encima de un protocolo humano y compasivo con sus últimos días y alientos de vida, pero sí pueden ser una base para abordar el tema del envejecimiento en las políticas públicas y darle la prelación que requiere.

A nivel normativo es específico el mandato constitucional contenido en el artículo 46. También, lo es lo dispuesto en la ley 1251 del 27 de noviembre del año 2008, que, dictó “normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores”. Además, a nivel Convencional se cuenta con la promulgación el 10 de septiembre del año 2020, de la ley 2055 por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores”, adoptada en Washington el 25 de junio de 2015. Esto a manera de destacar algunas de las herramientas normativas con que cuentan las personas mayores.

 

Asimismo, en repetidas ocasiones se ha pronunciado la Corte Constitucional sobre los adultos mayores como sujetos de especial protección y el criterio jurisprudencial en ese sentido es uniforme en cuanto a garantías de protección de derechos fundamentales de vida digna, salud y familia.

A pesar de la existencia del Consejo Nacional de Adulto Mayor como órgano consultivo del Ministerio de la Protección Social que además tiene la función de la inspección y vigilancia del estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley 1251, no es palpable en la práctica lo dispuesto a nivel normativo, como tampoco lo es que exista una política nacional de envejecimiento y vejez. Y, mucho menos que exista un plan de atención institucional enfocado en el adulto mayor y sus necesidades, pues la atención hospitalaria infortunadamente pareciera que está más enfocada en la enfermedad, que en el ser humano.

Nuestro padre de 75 años fue ingresado en un hospital por urgencias cerca a su casa y después remitido a otro sin ni siquiera tener en cuenta el lugar de su domicilio. Una vez allí, desconcertado y temeroso por haber dejado su hogar, hicieron que se llevaran su ropa, lo dejaron en pañales y el médico le dijo que debía entender que no estaba en un hotel. Pese a su situación no recibió ningún apoyo psicológico cuando su mayor temor era que le iban a quitar su calidad de vida. Manifestó su deseo de abandonar el hospital y le dijeron que de hacerlo no recibiría ningún tipo de atención médica.

Estuvo nueve días hospitalizado restringido con visitas de dos horas diarias, sin permitirle ni siquiera tener a la mano un teléfono para hablar o ver a sus seres

queridos antes de ser intubado. Únicamente conocíamos de su condición 24 horas después de haberle visto y la única llamada que recibimos del hospital fue el día que falleció. Nos dijeron que estuvieron junto a él, pero ni por respeto o consideración sus ojos fueron cerrados, afortunadamente no permitimos que no nos lo dejaran ver, porque hasta eso nos querían imponer, y pudimos cerrar sus ojos, darle un último beso y las gracias por todo lo vivido junto a él.

Esperamos que se hagan los controles necesarios y se revisen los protocolos de hospitales y clínicas para los adultos mayores, y se incorpore plenamente el derecho humano y vital al amor y a la dignidad que tienen todas las personas que están pasando sus últimos días en un hospital y no en el calor de su hogar a estar acompañados plenamente por un cuidador de su casa, sin restricciones de horarios. Que se brinden los medios adecuados y plenos para que se abra un canal de comunicación eficiente entre los médicos y los familiares de los pacientes, sin que esa información sea limitada y restringida, sino por el contrario amplia y suficiente.

Ojalá los médicos equilibraran la ciencia y la humanidad, partiendo de la base que detrás de la enfermedad está un ser humano y una familia a quienes la vida se les vio completamente trastocada, cuyo sufrimiento, incertidumbre y dolor es más importante en su condición humana, que un protocolo hospitalario contrario a su dignidad .

Katherine Saldarriaga Osio

El ministro de Salud respalda las investigaciones de la Contraloría a las EPS

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud reafirmó su decisión de apoyar las investigaciones de la Contraloría General de la República sobre las actuaciones de algunas entidades prestadoras de salud con los recursos del sector.

La entidad coincide con lo expresado por el ente de control de fiscal cuando asegura que «si una EPS utiliza los recursos de una vigencia determinada para cubrir obligaciones de vigencias anteriores, es evidente que NO se constituyeron las reservas técnicas necesarias».

 

«Esto constituye un incumplimiento de sus deberes legales como administradores del aseguramiento, afectando gravemente el derecho fundamental a la salud de los afiliados. Como resultado, el Ministerio apoya, en calidad de víctima, la continuación de las investigaciones y procesos destinados a la recuperación de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud», señala el comunicado de la Contraloría.

El Ministerio de Salud recordó que La gestión adecuada de las reservas técnicas es crucial porque impide que los recursos públicos con destinación específica, recibidos en una vigencia determinada, se utilicen para hacer pagos de vigencias pasadas.

El ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, interpuso una acción popular contra las EPS que incumplen con el deber de constituir reservas técnicas la cual fue admitida.

Las EPS se gastaron la plata de la salud en clases de yoga

Esta semana la Contraloría General de la República reveló un nuevo informe sobre el mal uso que hicieron las EPS de los recursos públicos durante la pandemia. En un momento donde todo el pueblo colombiano estaba preocupado por hacer frente a la emergencia, las EPS vieron la oportunidad perfecta de utilizar el dinero de la gente para su beneficio personal, dejando claro la insostenibilidad de un negocio en donde la administración de lo público se le deja a los privados.

En el año 2020 las personas dejaron de solicitar varios servicios médicos, por obvias razones. A esto se le debe sumar que el Gobierno de la época, teniendo que hacer frente al Covid-19, destino un adicional de 41 billones de pesos para el sistema de salud con el objetivo de que no se utilizaran recursos de la UPC para la pandemia de manera tal que hubiese dinero suficiente para cubrir todos los servicios en salud no relacionados con el tratamiento del coronavirus.

 

Bajo este escenario de una menor cantidad de eventos en salud atendidos y dinero extra disponible es que afirma la Contraloría que las EPS tuvieron para la vigencia 2020 un remanente de más de 11 billones de pesos de la UPC, es decir, 11 billones de pesos provenientes de la cotización para salud que hacen los trabajadores y los impuestos que pagan las personas para financiar el sistema de salud.

Al ser la UPC un recurso proveniente del Presupuesto General de la Nación las EPS tienen la obligación de someterse al principio de anualidad que le aplica a cualquier entidad que maneje recursos públicos. Este principio dicta que el dinero que no se haya gastado en la vigencia debe ser devuelto al Tesoro Público, no puede ser utilizado para un propósito distinto al que fue asignado ni puede ser retenido por la entidad.

No obstante, las EPS que se han acostumbrado a tratar lo público como si les perteneciera decidieron que estaban por encima de la ley, que esos más de 11 billones que no ejecutaron en atención en salud no los tenían que devolver sino que los podían utilizar para solventar sus negocios particulares.

Dice la Contraloría en su informe que al menos 6 billones de pesos los utilizaron para pagar deudas que tenían con proveedores y prestadores de servicios de salud, deudas que de ningún modo pueden ser pagadas con la plata de la UPC pues esta tiene una destinación muy específica, que es la atención en salud. Les correspondía a las EPS como empresas privadas que son poner su propio capital para cumplir con compromisos adquiridos, pero les pareció mucho más conveniente utilizar el dinero de la gente y no tocar el bolsillo propio.

Pero eso no es lo peor, hay $5.3 billones de pesos que están embolatados. Cinco veces la totalidad del contrato de Centros Poblados sobre los cuales no hay claridad cómo se gastaron, aunque sí indicios de que fue para todos menos para la atención en salud de la gente. Por ejemplo, en el caso de la Nueva EPS se destinaron 40.000 millones de pesos para pagar honorarios de ejecutivos, clases de yoga, pautas radiales, entre cualquier otra cosa menos las necesidades de los pacientes.

El informe de la Contraloría ayuda a entender por qué las EPS prefieren decir que salen del sistema antes de aceptar su transformación, puesto que tratan lo público como su caja menor. ¿Dónde más van a conseguir un negocio en donde no tienen que poner plata propia para sus gastos, sino que pueden utilizar la de los colombianos?

La estructura actual del sistema de salud es insostenible, se fundamenta en unos actores privados que actúan con ánimo de lucro pero sin arriesgar su propio capital, utilizando para sostener sus gastos particulares el dinero de la gente. Es por esto que se necesita una reforma a la salud, en donde quede claro que el manejo de los recursos públicos le corresponde al Estado, no a unos intermediarios financieros.

Alejandro Toro

Petro anuncia sesión permanente con las EPS

El presidente de la república, Gustavo Petro, anunció una sesión permanente con las empresas promotoras de salud que han mostrado la disposición para convertirse en gestoras de salud.

«Hemos acordado con las EPS una sesión permanente de trabajo de 100 horas, partiendo de una base, y es que se necesita reforma a la salud”, anunció el presidente Gustavo Petro Urrego en su cuenta de la red X.

 

El mandatario precisó que “este espacio será de concertación para buscar una salida a la crisis que durante décadas se ha llevado al sistema de salud”. Las reuniones de trabajo del Gobierno Nacional con las EPS comenzarán este lunes 15 de abril.

El anuncio se produce horas antes de que los presidentes de las diferentes comisiones del Senado de la República tomen una decisión frente al recurso de apelación interpuesto por el senador Wilson Arias para revivir el trámite del proyecto de la reforma a la salud.

Wilson Arias denunció a cinco partidos políticos por supuestamente recibir dineros de algunas EPS

El senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, denunció a cinco partidos políticos luego de hacer una revisión a los aportes que estos recibieron por parte de empresas privadas para la campaña de 2022.

De acuerdo con el congresista, los partidos de la U, Liberal, Centro Democrático, Conservador, Alianza Social Independiente, estarían impedidos para participar en la discusión de la reforma a la salud porque estos habrían recibido ayudas económicas de algunas EPS.

 

https://twitter.com/wilsonariasc/status/1774082475066568906

El Centro Democrático recibió 35 millones de pesos de la extranjera y dueña de Sanitas, Keralty y 302 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de la EPS Salud Bolívar. El partido de la U recibió 19 millones de la empresa Organización Sanitas Internacional y 68 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de la EPS Salud Bolívar. ASI recibió 10 millones de la empresa extranjera y dueña de Sanitas, Keralty, y 12 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de la CPS Salud Bolívar”, señaló el senador del Pacto Histórico.

Dijo además, “el partido conservador recibió aportes por 112 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de la EPS Salud Bolívar. El partido liberal recibió 10 millones de la extranjera y dueña de Sanitas, Keralty y 72 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de la CPS Salud Bolívar”.

Arias recordó que la ley 1474 de 2011 prohíbe a las EPS aportar dinero a las campañas electorales, mucho más si estos vienen de empresas o entidades extranjeras.

¿SURA administrando a SAVIA Salud?

Con el inicio del periodo parlamentario se reinicia el debate de la reforma a la salud, ya cursó dos debates en la Cámara de Representantes, ahora le corresponde al Senado debatir y, muy probablemente, aprobar está importante reforma.

A grandes rasgos, la reforma a la salud propone transformar estructuralmente el sistema de salud, enfocar los esfuerzos en la prevención de la enfermedad, recuperar la capacidad resolutiva de los profesionales de la salud, terminar con la intermediación financiera de los servicios de salud que permitía que las EPS con dineros de todos los colombianos hicieran negocios financieros que les generaban utilidades a ellas, pero empobrecían a las clínicas y hospitales del país.

 

Esta semana, la EPS Sura, una de las más importantes del país, manifestó su intención de convertirse ser la EPS piloto de la reforma a la salud. Esta es una excelente noticia para el pais, sobre todo cuando hay un consenso en los graves problemas generados por el actual sistema de salud.

Aprovechando esta excelente noticia, quisiera promover una propuesta para solucionar la crisis que atraviesa la EPS Savia Salud, EPS de propiedad de la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia y COMFAMA, la cual tiene nada más y nada menos que 1,7 millones de afiliados y que en los últimos años viene atravesando una crisis financiera que ha afectado también a hospitales mayoritariamente públicos y regionales por el no pago oportuno de sus servicios, lo que hace que la gente más pobre tenga un peor servicio de salud. Ya que la EPS Sura ha manifestado su voluntad de actuar como gestora, podría actuar en la misma modalidad asumiendo la operación de SAVIA.

La propuesta es clara, que los socios de SAVIA, se comprometan con vigencias futuras para el pago de los 800 mil millones de pesos que se requieren para pagar las deudas de la EPS con la red hospitalaria de Antioquia. El gobierno nacional también podría contribuir con un aporte, especialmente con la red pública: MetroSalud, Hospital General y hospitales de los municipios, y SURA administraría por completo a SAVIA cobrando un porcentaje por esta administración.

Dicen los expertos en el tema que la única forma de que Sura pudiera tomar esta operación sería en una negociación de la UPC ( unidad de pago por capitación) la cual es muy baja y no hay forma financiera de que con esos ingresos se pague la operación, pero para efectos de este piloto quizá se podría hacer una excepción.

Un punto final de la idea tendría que ver con que en este piloto se determine la obligatoriedad de que Sura como administradora de Savia continúe firmando contratos con la red pública en proporciones equitativas con la red privada para que de esta manera el régimen contributivo y el subsidiado puedan tener un servicio igualitario y óptimo.

Esteban Restrepo

Sanción de la Procuraduría a tres exgerentes de la EPS Manexca en Córdoba

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a tres gerentes generales de la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento -Córdoba y Sucre “Manexka EPS-I”, por la pérdida sistemática de recursos de la entidad y del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Las personas destituidas por el Ministerio Público son Siria Sabina Pérez Riondo (2015-2016), Otoniel Jerónimo Roqueme (2016) y Ledis del Carmen Ortega Guzmán (2016-2017). 

 

El Ministerio Público en su fallo explicó: «los exgerentes autorizaron, en proporción, el uso de los recursos del Régimen Subsidiado en Salud en gastos administrativos, operacionales y compra de activos lo que conllevó a que no se destinaran, para las señaladas vigencias, más de $ 3.100 millones, en beneficio de los afiliados. La Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) transfirió en 2015 y 2016 a Manexka EPS-I más de $ 266 mil millones, cifra que al ser contrastada con los gastos de administración superó los topes en $3.113.657.436 respecto al 8 % previsto en el señalado sistema».

La Procuraduría señaló además que el daño patrimonial ocasionado con esta conducta superó los $ 22.600 millones para los años 2015 y 2016.

¿Dónde está la plata?

Con el insistente interrogante ¿dónde está la plata? el analista financiero Vicente Calvo puso el dedo en la llaga sobre el incumplimiento sistemático de las EPS de la principal condición habilitante para su funcionamiento: la constitución y actualización de las reserva técnicas y su inversión en activos líquidos que garanticen el pago oportuno de las obligaciones de las EPS con las IPS, que son las clínicas, hospitales, laboratorios y demás servicios de apoyo a la garantía del derecho de la salud de sus afiliados y afiliadas.

Por tratarse de una condición habilitante para el aseguramiento en salud, la principal función de las EPS, su incumplimiento es de suma gravedad. Pero más grave aún es que los informes de la Superintendencia de Salud muestran que desde 2016, la mitad de las EPS vienen incumpliendo.

 

Pues bien, el 21 de diciembre pasado, el contralor general en funciones, Carlos Mario Zuloaga, dio unas primeras respuestas a los interrogantes planteados desde varios la sociedad civil y el gobierno sobre el destino de los dineros públicos que por valor superior a los 80 billones de pesos manejan las EPS. Dichas respuestas provocaron la presentación de una inusual acción popular por parte del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en salvaguarda del patrimonio público, la moralidad administrativa y el derecho a la salud.

Y no es para menos. Los hallazgos preliminares de la Contraloría permiten concluir que los fondos de la Unidad por Capitación (UPC) parecen haber sido utilizados por algunas EPS para aumentar el patrimonio de sus dueños en vez de garantizar la salud de sus afiliados. En otros casos, previa autorización administrativa, el gobierno les ha permitido pagar deudas antiguas en vez de atender pacientes, como fue caso del Decreto 995 de 2020, dictado durante la pandemia. Veamos los hallazgos del análisis técnico de quince EPS realizado por la Contraloría:

  1. El plan de inversiones de las reservas técnicas de dichas EPS asciende a apenas $4.9 billones, menos de una tercera parte de los $15.6 billones que exigen los requisitos de habilitación financiera.
  2. Algunas EPS han girado anticipos, léase préstamos sin intereses, a IPS de propiedad del propio grupo empresarial, grave indicio de desvío de fondos en función del conflicto de intereses que constituye la integración vertical.
  3. También han utilizado las reservas en rubros no autorizados como el pago de multas impuestas por la DIAN y la Superintendencia de Salud.
  4. Hay dos casos de grave incumplimiento: Famisanar contrató el 45% de los servicios con su propia red cuando la norma la limita a un máximo de 35% y la Nueva EPS facturó en 2022 servicios por $2.3 billones, pero realizó pagos por $3.8 billones, una suma $1.5 billones superior a lo facturado que será objeto de un proceso de responsabilidad fiscal.

Los hallazgos fiscales que sustentan la acción popular justifican la realización de una auditoría forense de los usos y destinos de los dineros públicos confiados a las EPS y el levantamiento del velo corporativo del complejo andamiaje de los grupos empresariales que las agencian. Solo uno de estos registra ganancias en sus distintas empresas por $600 mil millones en 2022, pero paradójicamente, la EPS que paga las cuentas de las IPS con las que está integrada verticalmente, perdió $200 mil millones. Sin lugar a duda, debemos preguntar con el ministro de Salud y la acción popular, ¿dónde está la plata? y la Contraloría prestar su plena colaboración a la justicia para esclarecer el interrogante.

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Procuraduría ordenó a MinSalud pago de presupuestos máximos a las EPS

La Procuraduría General fue contundente para ordenar al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, el giro de los recursos de los presupuestos máximos de los meses de noviembre y diciembre para la vigencia 2023 a las EPS.

Hasta el momento, el ente de control se encontró con que hay pago inoportuno y que en octubre pagaron solamente los meses de julio, agosto y septiembre.

 

«La entidad requirió la programación para la realización de las mesas técnicas y participativas que tiene como objeto la revisión y discusión jurídica, técnica y financiera que permita determinar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) para la vigencia 2024″, señaló la Procuraduría.

También le pidieron a Jaramillo «conocer la fecha en la que se efectuará el reconocimiento de los ajustes para la vigencia 2022, debido a que, a la fecha no se han llevado a cabo y pone en riesgo la salud de millones de colombianos».  

La Procuraduría insiste en que estas actuaciones desde el Ministerio de Salud vienen afectando el derecho fundamental a la salud de los colombianos y por esto hace el llamado.

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Ultimátum de la Supersalud a Sanitas

La Superintendencia de salud solicitó al representante legal de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, un informe de las acciones desplegadas para garantizar la prestación de los servicios de salud.

De acuerdo con el órgano de control, «con corte a 29 de octubre de 2023, la EPS tiene 837 reclamos de sus afiliados relacionados con falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, a los que no les ha dado solución de fondo».

 

«La entidad señaló que requiere al directivo de la EPS Sanitas para que despliegue de inmediato las acciones necesarias para superar la situación manifestada por cada uno de los peticionarios, en atención a la existencia de un peligro inminente para la vida e integridad física de los usuarios”, dice el documento.

La Supersalud asegura que Sanitas a la fecha suma 30.236 reclamos por la no entrega de medicamentos, contra la EPS Sanitas, a nivel nacional, sin que se les haya otorgado alguna solución a los usuarios.

El informe reveló que Sanitas es segunda EPS por cantidad de medicamentos sin entregar, «la EPS Sanitas tenía 4.322 medicamentos reportados como pendientes de entrega».

El documento de la Superintendencia de Salud revela que la mayor cantidad de usuarios afectados los registra Nueva EPS con 460.879 (31.5%), EPS Sanitas registró 277.158 (19%), EPS SURA con 184.563 (13%), Emssanar 178.006 (12%) y Savia Salud 89.530 (6%). Estas 5 EPS suman el 81.5% del universo, es decir 1.190.136 afiliados afectados por la No entrega de 4.018 medicamentos.

Ministro de Salud asegura que el Gobierno atenderá a los pacientes si hay alguna EPS que cierre

El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que los recursos para financiar el sistema de salud son suficientes,  se pagan a tiempo y que  el incremento del 16.23% para el Pago por Capitación (UPC) de 2023 se calculó con la información que reportaron las propias EPS, a partir de las frecuencias de uso y los costos de los servicios que prestaron en 2022, y el aumento de la inflación.

Jaramillo fue enfático en asegurar  que el Gobierno paga por anticipado y que lo ideal sería que a las IPS les pagaran de esta manera.

 

¿En dónde se están quedando esos 4 millones de pesos, si se mueren los niños? ¿Qué se está haciendo con ese dinero con el cual estamos todos contribuyendo?, reclamó.

Recordó  además que el Presupuesto General de la Nación asignado para el sector salud en la presente vigencia se incrementó en un 25% comparado con el año anterior, pasando de 40.3
billones a 50.59 billones de pesos.

En cuanto a la posible contingencia que se podría presentar por las alertas lanzadas en los últimos días por Sanitas, Compensar y Sura, aseguró que el Gobierno estará presente para atender a los pacientes que lo requieran.

«Lo que nos corresponde a nosotros es aplicar un plan de contingencia, señaló inmediatamente decirle a todos los usuarios, que las clínicas que quieran trabajar con nosotros les vamos a pagar directamente desde la Adres”, sostuvo.

“Las EPS no pueden desatender a los usuarios y pacientes con la excusa de que no hay recursos porque el Gobierno no tiene deudas pendientes con las EPS. Por lo tanto, si a un colombiano no se le prestan los servicios, lo invito a que radique su queja ante la Superintendencia Nacional de Salud porque desde el Gobierno del cambio seguimos financiando la atención en salud de todos los colombianos”, puntualizó el ministro Jaramillo.