La semana pasada varios medios de comunicación me preguntaron por el cese al fuego con el Estado Mayor central. Yo dije, y me sostengo, que la decisión del presidente Petro de suspenderlo fue una buena decisión, en tanto no se contaba con una mesa instalada, un equipo negociador, y una verificación basada en unos pocos puntos de no agresión entre el Estado y el grupo. Seamos sinceros, este grupo no estaba en guerra contra el Estado, sino en expansión de su control territorial. Sin embargo, el Estado Colombiano tiene que estar preparado porque va a iniciar una campaña militar para mostrarse más grandes de lo que son, lo que en la práctica indica más confinamiento y más asesinato de líderes y lideresas sociales, como lo muestra nuestro más reciente informe en PARES.
Somos muchas las personas que desde el análisis y el seguimiento hemos tratado de aportar a la paz en Colombia. Algunas hemos pagado altos costos – como el exilio – por denunciar los entramados de la política y su profunda relación con la violencia organizada, y otras personas no pueden contar la historia. Fueron asesinadas, sistemáticamente durante más de cuatro décadas. También cuando investigamos hace veinte años la parapolítica, fueron los violentos quienes nos señalaron, amenazaron y hostigaron. El comunicado del Estado Mayor Central es más de lo mismo: terminamos siendo quiénes analizamos la violencia y no quiénes la producen los responsables de ella. No se olvide que se trata de un grupo en armas, refiriéndose a civiles.
Sí hay un tufillo en el proceso de paz total de querer omitir información y análisis que les recuerde que existe el Derecho Internacional Humanitario, que la guerra tiene mínimos y que hay comunidades que están sufriendo en medio de sus embates de crecimiento territorial. Y sobre todo que el reclutamiento de menores y su posterior asesinato es un crimen de lesa humanidad, independientemente de cómo lo justifiquen. Esa voz, la voz de las denuncias ha protegido a poblaciones y comunidades durante muchos años de los abusos de los violentos, que hoy están completamente desaforados. En eso, tuvo toda la razón el presidente en llamar a la sensatez en el esfuerzo de paz. Hay cosas que el Estado no puede pasar por alto.
Contrario a las acusaciones, la mayor parte de analistas o “intelectuales” como nos han llamado, hemos defendido la permanencia de las mesas. Lo que esperamos es que en medio de una negociación se hagan explícitos los límites. Ese fue el problema fundamental del cese al fuego. Este grupo, compuesto de muchos otros, cesaron operaciones entre ellos para unificarse en una sola estructura, pero iniciaron guerras para ampliar su control. No necesariamente en contra de otros grupos armados, también lo hicieron incrementando su fuerza militar en contra de las comunidades que habitan sus territorios, amenazando a las bases sociales que no quisieron someterse y asesinando a los líderes y lideresas – especialmente los indígenas – que se opusieron al incremento desmedido del reclutamiento.
Un grupo en expansión necesita dinero, armas y gente. Tres cosas básicas para garantizar su supervivencia. Al no tener el control absoluto de la economía incrementaron la extorsión – como lo muestran todas las cifras de fuentes oficiales y también de fuentes primarias – el control de economías menores y la presión para obtener recursos y gente. Sea la coca, sea la minería ilegal, sea la vergonzosa economía de la trata y esclavitud de personas que controla el clan del golfo en el Urabá, sea el contrabando, sea la violencia sicarial. A eso, le complementa la amenaza en 166 municipios de afectar las elecciones, terminando de hundir la ya precaria democracia local.
Por eso, la primera regla del Estado en una negociación con un grupo similar tiene que ser parar la expansión. Y en esto la fuerza pública juega un papel fundamental. Por supuesto que la presencia del Estado debe ser integral, pero hoy no hay posibilidad alguna de avanzar en ello si al menos no se detiene la expansión de los grupos. Y eso no es guerrerismo, sino mera sensatez. La izquierda necesita combinar efectivamente el anhelo de paz con la política de seguridad. En esto el presidente puede y debe llamar a la unidad nacional.
Durante la semana que pasó, una de nuestras investigadoras más lúcida y brillante estuvo reportando balaceras cada día, ante el rompimiento de una tregua, situación que pudo ser evitada con una acción más efectiva del Estado. Su valentía nos inspira a no callar.
