El canal de Panamá, una importante vía de 82 kilómetros de largo que cruza el istmo panameño y por la que pasa en torno al 6 por ciento del comercio mundial, se ha convertido recientemente en el centro de todas las miradas después de que el flamante presidente estadounidense, Donald Trump, haya amenazado con tomar el control del estratégico paso, construido por Estados Unidos en el siglo XX.
La vía, creada artificialmente y que conecta el océano Atlántico con el Pacífico, es conocida por su complejo sistema de esclusas, que permiten el paso de las embarcaciones. El canal actúa como piedra angular del transporte marítimo global y permite a unos 14.000 buques cruzar la zona cada año en vez de realizar difíciles y largos viajes a través del cabo de Hornos.
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Este viaje llevaría a las embarcaciones modernas unas dos semanas, mientras que cruzar el canal, que sirve de enlace vital entre los citados océanos, puede llevar tan solo unas diez horas de media. De acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá, durante el año 2022 atravesaron la vía un total de 13.489 buques, lo que supone un promedio de 37 barcos diarios. Desde su inauguración en 1914 han transitado por el canal más de un millón de barcos.
El canal de Panamá comenzó a construirse en el año 1903, poco después de la formación de la República de Panamá tras su separación de Colombia, y las obras duraron más de una década. Se estima que unas 56.000 personas de una treintena de países participaron en las labores de construcción, si bien unas 5.600 murieron durante estos trabajos.
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Aunque Panamá otorgó a Estados Unidos los derechos necesarios para operar la vía, esta acabó pasando a manos panameñas tras años de protestas, disturbios y una breve ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países, precisamente por las disputas sobre el control del canal.
Desde su apertura en 1914 hasta el año 1977, la vía marítima estuvo controlada por Estados Unidos, pero posteriormente, mediante los Tratados de Torrijos-Carter, Estados Unidos fue cediendo este control a Panamá hasta su retirada completa y efectiva más de 20 años después, en 1999.
Estos tratados garantizaron que Panamá obtendría el control del canal tras ese mismo año, poniendo fin al control estadounidense. Así, los pactos llevan los nombres de los dos firmantes: el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter y el comandante de la Guardia Nacional de Panamá, el general Omar Torrijos.
El primero de estos documentos garantiza la «neutralidad» del paso y refleja el «derecho permanente» de Estados Unidos de defender el canal ante cualquier amenaza existente, mientras que el segundo consolida su traspaso a las autoridades panameñas. Así, quedó reconocida la soberanía de Panamá sobre la llamada Zona del Canal, la cual quedaba sujeta a la legislación panameña pasándose a llamar Área Canalera.
La administración del canal quedaba de esta forma en manos de una agencia del gobierno estadounidense, cuya junta directiva pasó a estar integrada por cinco estadounidenses y cuatro panameños, todos nombrados por Washington.
Entre los años 2007 y 2016 se llevó a cabo un proceso de expansión que permitió introducir esclusas más grandes para el paso de buques de mayores dimensiones, con la vista puesta en lograr una cadena de suministros más eficiente.
Tarifas y control
Trump, conocido por su actitud imprevisible y sus polémicas declaraciones, ha puesto sobre la mesa ahora la posibilidad de recurrir a «medidas de presión militares o económicas» para poder controlar el canal de Panamá o, entre otras cuestiones, el archipiélago de Groenlandia.
Según el magnate, Panamá cobra a Estados Unidos «tarifas exorbitantes» por hacer uso de la vía marítima, cada vez sujeta a una mayor influencia de China. Es por ello que Trump ha arremetido contra el Gobierno panameño, al que señala por cobrar «tarifas ridículas» a un país que ha sido «extraordinariamente generoso» con el país centroamericano.
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Durante un discurso dado a principios de enero, el republicano afirmó que, de no cumplirse el espíritu del acuerdo entre los dos países, se exigirá la devolución del canal, unas declaraciones que han sido rechazadas por las autoridades de Panamá. Sin embargo, el propio tratado señala que el canal debe mantener su neutralidad, lo que implica que el Gobierno no puede aplicar exenciones o medidas más laxas a barcos de determinada bandera, ni siquiera la estadounidense.
El ministro de Exteriores panameño, Javier Martínez Sacha, ha afirmado que la soberanía del canal «no es negociable» y que se trata de una «conquista irreversible». La situación, que ha llevado a países como China a reivindicar la «neutralidad» de la vía naval y la soberanía panameña, ha llevado al presidente del país, José Raúl Mulino, a asegurar que «cada metro cuadrado del canal y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo».
Trump no es el primer político estadounidense que se opone a la soberanía panameña sobre el paso. En 1976, un año antes de la firma de los tratados Torrijos-Carter, el candidato republicano a la Casa Blanca, Ronald Reagan, afirmó que el verdadero propietario de la zona del canal era el pueblo estadounidense.
Ahora, el aumento de las tarifas para atravesar la zona se debe en gran medida a la fuerte sequía, que ha reducido el nivel del agua y pone en peligro el correcto funcionamiento del sistema de esclusas. Asimismo, el Gobierno panameño ha limitado la cifra de buques que atraviesan la zona para lograr una disminución del impacto medioambiental.
Estados Unidos, seguido de China y Japón, es el principal cliente del canal, y casi el 72 por ciento de la carga que pasa por él proviene o se dirige a puertos estadounidenses. La mayor parte de las mercancías que atraviesan la zona son productos derivados del petróleo, grano, carbón, crudo, vehículos y comida enlatada, entre otros.
Presencia China
Trump ha asegurado que la presencia de China ha aumentado en la zona y ha apuntado incluso al despliegue de soldados del gigante asiático, quienes estarían «operando» el canal desde las sombras.
Esto ha llevado a Mulino a rechazar tajantemente estas palabras: «no hay soldados chinos en el canal». «El canal no está controlado ni por China, ni por la comunidad europea, ni por Estados Unidos ni por ninguna otra potencia», ha dicho. Asimismo, ha afirmado que todo el mundo «es libre de visitarlo».
No obstante, dos de los puertos de entradas al canal están gestionados por la compañía Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, una cuestión que ha hecho saltar las alarmas en territorio estadounidense. Washington considera que Panamá y China han ido acercándose durante los últimos años, especialmente después de que el Gobierno panameño decidiera cortar sus relaciones diplomáticas con Taiwán para sumarse a la iniciativa económica china de la Franja y la Ruta.
