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El 10 de junio de 2020, en debate en la plenaria del Senado, junto con Gustavo Petro, Iván Cepeda, Wilson Arias, Antonio Sanguino y José Aulo Polo, rechazamos que Iván Duque hubiera autorizado la operación en Colombia de tropas del Comando Sur de los Estados Unidos, la fuerza armada que defiende los intereses norteamericanos en las Antillas y el Centro y Sur de América. Y rechazamos que esas tropas pudieran usar el territorio nacional contra Venezuela (Ver enlace).

Fueron dos los principales argumentos que dimos. El de la total inconveniencia. Porque esas tropas violaban la soberanía de Colombia y nuestro derecho a autodeterminarnos y porque por principio rechazamos que extranjeros pudieran agredir desde nuestro territorio a Venezuela o a cualquier país, violencia que además podía incendiar a Colombia. Y por la abierta ilegalidad de la decisión de Duque. Porque ningún artículo de la Constitución nacional permite que operen en el país tropas extranjeras y porque el 173 solo acepta su “tránsito” por el territorio nacional –pero sin operar militarmente–, y solo luego de que el gobierno le hubiera pedido autorización al senado y que este se la hubiera otorgado, permiso que Duque nunca tramitó.

De otra parte, el 11 de agosto de 2009, junto con los senadores Gloría Inés Ramírez y Gustavo Petro, en debate en la plenaria del senado, rechazamos la decisión de Álvaro Uribe de autorizar la construcción de siete bases de guerra de Estados Unidos en Colombia, capaces de atacar, con poderosos aviones, a todos los países del continente. Las razones de ese repudio, que contó con un gran respaldo nacional, fueron las mismas esgrimidas contra la intentona de Iván Duque (Ver enlace).

Esta controversia concluyó cuando la Corte Constitucional nos dio la razón al declarar inconstitucional la autorización de Álvaro Uribe. Señaló que bases militares extranjeras solo podían construirse en Colombia con la previa aprobación de una ley –y no por una simple decisión presidencial– y después que esa ley hubiera sido revisada y aprobada por la Corte Constitucional.

Pero a pesar de estas historias, Gustavo Petro acaba de comprometerse con Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, a autorizar que operen en la Amazonia colombiana helicópteros militares norteamericanos, violando la soberanía y la Constitución de Colombia, despropósito que Petro presentó envuelto en demagógico y pueril ambientalismo (Ver enlace).

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Para completar la posición inaceptable de Gustavo Petro en asuntos de guerra y soberanía, el 10 de septiembre vinieron al fuerte de Tolemaida militares de la OTAN –la Organización del Tratado del Atlántico Norte–, aparato construido por Estados Unidos para promover, mediante la fuerza, sus intereses en Europa y el resto de mundo (Ver enlace). Respaldó así el presidente Petro la muy equivocada decisión de Iván Duque de poner el ejército de Colombia al servicio de una fuerza armada que actúa en representación de intereses extranjeros.

Empeorando su gran error, Gustavo Petro se hizo elegir por los colombianos en nombre de un cambio democrático –que en este caso equivale al peor de los continuismos–, sin que le anunciara al país que tomaría estas decisiones.

Y las mantuvo ocultas porque, de haberlas anunciado en su campaña, seguramente no habría sido presidente de la República. Porque en Colombia cae muy mal que se viole la soberanía y porque, con sano nacionalismo, cada vez se entiende más que las necesarias relaciones internacionales no deben ser entre países ganadores y perdedores.